Polo se pronuncia sobre crisis de la salud y la reforma
La gravedad de la crisis en el Sistema de Salud ha tenido efectos nocivos para todos los sectores de la población. El modelo de intermediación financiera e integración vertical adoptado hace 20 años, ha fracasado. Ahora pretende ser maquillado por el Gobierno y por los congresistas de la Unidad Nacional, con una reforma que no responde a las necesidades de los colombianos. En razón de ello, la Bancada del Polo Democrático y el Comité Ejecutivo Nacional rechazan enfáticamente la reforma y han adoptado la decisión de votarla negativamente por las siguientes razones:
La prestación de los servicios de salud a los pacientes continúa en franco deterioro, con su secuela de enfermedades evitables, muertes prematuras, dilaciones y negaciones de los procedimientos y no entrega de medicamentos. El Sistema de Salud, administrado por las EPS, establece toda suerte de barreras para que los enfermos no puedan acceder a los servicios a que tienen derecho. Tampoco se ha desarrollado una política pública de prevención y atención primaria que mejore la calidad de vida de la población y ahorre recursos al Sistema.
Situación financiera. En cuanto al tema financiero, la situación no puede ser peor. "El sector de la salud se quebró", manifestó el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el 27 de septiembre pasado, al responder sobre las deudas que por 14,4 billones de pesos tienen las EPS y el sistema de salud con 5.010 clínicas, hospitales y proveedores del país. Muchas entidades ya han dejado o dejarán de prestar servicios a la mayoría de las EPS que se encuentran en estado de franca iliquidez. Las IPS que han contratado servicios por capitación y a las que les pagan fraudulentamente sólo una parte de la misma, restringirán aún más los servicios con trágicas consecuencias para los enfermos y sus familias. Todas las entidades de salud perderán una parte muy importante de su cartera, la cual ya es irrecuperable.
Situación de los trabajadores de la salud. Los efectos también los padecen los trabajadores de la salud a quienes se les continúa negando el derecho a tener estabilidad laboral, salario digno y formación profesional continua. A los médicos se les restringe la autonomía en el diagnóstico y en la formulación y tienen que enfrentar el dilema ético de atender debidamente al paciente o proceder a prestar servicios sin la autorización de las EPS que las niegan arbitrariamente, incluso para servicios incluidos en el POS.
Apropiación ilícita de recursos. Numerosas denuncias revelan el desvío y apropiación ilícita de los billonarios recursos con destinación constitucional y legal específica a la salud por parte de las EPS y otras entidades, con el consentimiento de funcionarios en los Ministerios y en las Superintendencias, constituyendo la mayor defraudación al patrimonio público en la historia nacional. Hasta ahora, muchos de esos fraudes permanecen ocultos sin organismo de fiscalización que los investigue.
Sin sistema de información. Insólito que después de 20 años, el Sistema de Salud carezca de información centralizada que sirva como registro e instrumento de análisis y decisiones. La información es recogida arbitrariamente por las EPS y manipulada de acuerdo con sus particulares conveniencias. El ejemplo más dramático es el FIDUFOSYGA, que manejó la mayor fiducia del país (unos 25 a 30 billones anuales) y que carece de base de datos confiable que permita conocer las cuantías de lo recaudado y de lo pagado. A la fecha no han podido entregar las cuentas del contrato finalizado hace meses. El desastre de registro es total, en lo financiero, en lo administrativo y en los temas de atención en salud y salud pública. En esa consentida catástrofe informática y contable se soportan muchas defraudaciones a los recursos públicos, sin vigilancia administrativa por la Superintendencia Financiera, que hasta este momento no se ha dado por enterada del desastre informático de sus vigiladas.
Ausencia de control. A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud ha permitido que los recursos públicos captados por las EPS para atender el POS con destinación específica, los manejaran administrativa y contablemente como “Activos” o “Ingresos Propios”, mecanismo financiero y de contabilidad que viola todos los criterios técnicos, las normas legales y la ortodoxia contable, y consintió su usufructo como si fueran recursos propiedad de las EPS, lo que ha servido para el enriquecimiento patrimonial de sus empresas y para la derivación y el enriquecimiento ilícito e incausado de sus socios.
Precios exorbitantes de los medicamentos. Otra forma de exacción de los recursos del Sistema y de la población, a través de los gastos de bolsillo, es el precio inusualmente elevado de los medicamentos, que superan los de los demás países de la región. Ya se han evidenciado los mecanismos que manejan las multinacionales farmacéuticas para imponer sobreprecios en los medicamentos y la utilización de ciertos especialistas que actúan como comisionistas de las mismas. Con la permisividad y beneplácito del Gobierno Nacional, que no regula los precios en la cadena de producción, distribución y venta de los productos farmacéuticos registrados en el mercado.
Riesgos Laborales. Similar situación se evidencia en el Sistema de Riesgos Laborales, donde las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL- se han apropiado de los billonarios recursos públicos parafiscales cuya destinación legal específica atiende el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Omiten la vocación social y pública de los recursos que pagan los empresarios y contratistas individuales de Colombia, convirtiendo las contribuciones a este Sistema, de hecho, en un impuesto que pagan todos los empresarios y contratistas a favor de las aseguradoras, afectando la competitividad del sector productivo.
La reforma no soluciona los problemas y fallas señalados.
En estas lamentables condiciones que afectan a todos los colombianos, el Gobierno del Presidente Santos propone una nueva reforma que no soluciona ninguno de los problemas señalados ni en los servicios de salud, ni en las condiciones que generan la enfermedad, ni en la administración de los recursos, ni en la recuperación de las decenas de billones ilícitamente apropiados. Se limita a rebautizar las mismas instituciones sin ofrecer los cambios requeridos como son la eliminación de la intermediación financiera por parte de las EPS ahora “Gestoras”, mantener y profundizar la integración vertical, limitar los servicios del POS, ahora MiPlan, y al acceso a la tutela y la no eliminación de las barreras de acceso a los servicios que seguirán en manos de las EPS rebautizadas Gestoras de la Salud (sic.)
En cuanto a los recursos, lo que pretende la propuesta gubernamental es hacer lícita la apropiación de los billonarios recursos públicos por parte de las EPS, al autorizarles la apropiación de excedentes que logren acumular con el incentivo de reducir las autorizaciones de servicios del nuevo Fondo SaludMía que reemplaza al Fosyga y abrir el camino para purgar hacia atrás las ilegales desviaciones y apropiaciones de los dineros públicos por parte de los accionistas y ejecutivos de las EPS.
Fondo SaludMía. Con el manejo artificioso del fondo fiduciario que propone, revestido de “control estatal de los recursos”, pretende el Gobierno legalizar la apropiación de los remanentes de lo que le nieguen a los pacientes, distribuyéndolos al final del período, omitiendo la Constitución, la Ley y el acervo jurisprudencial de las Altas Cortes que definen que los excedentes siguen siendo recursos públicos con destinación específica.
Integración vertical. La iniciativa gubernamental continúa permitiendo la llamada “integración vertical”, o “integración empresarial corporativa” que se ha evidenciado como una de las mayores fuentes de sobrecostos, de desviación de recursos y de negación de servicios. Con respecto a las entidades del Estado, no cabe hablar de integración vertical puesto que el Estado es uno solo. Y con las entidades privadas, el interés general indica que toda forma de integración vertical o corporativa debe ser eliminada a la mayor brevedad.
Las “Gestoras”: Coctel peligroso de funciones que deberían estar separadas y de incentivos perversos. En el modelo que promueve el Ingeniero Alejandro Gaviria Uribe, las “gestoras” son una suerte de miscelánea pues serán en parte “aseguradoras”, pero también serán “administradoras”, y “ayudarán en el recaudo” y “obtendrán una parte de la UPC por anticipado” y “coordinarán las redes”, también “harán auditoría” sobre las mismas redes que “conforman” y “contratan”, siendo al mismo tiempo “propietarias de las redes primarias de servicios”, y al final del período “distribuirán los remanentes” que no se hayan gastado en la atención de los pacientes.
Barreras de acceso. En el modelo que impulsan con incremento salarial y renovado entusiasmo los congresistas de la Unidad Nacional, vuelve el tema de las restricciones en la atención a los pacientes, imponiendo un POS restringido, ahora con más limitaciones que antes. Tema sobre el cual ya incluyeron normas en la aprobada Ley Estatutaria, asunto que deberá analizar la Corte Constitucional y que abogamos para que sea inadmitida.
La deuda de los $14.4 billones. La enorme deuda de las EPS con clínicas y hospitales ha sido tolerada por el Gobierno de Uribe, y por el Gobierno de Santos, por sus ministros y superintendentes, sin excepción. Hasta ahora, no se ha iniciado un juicio de responsabilidades políticas y penales frente a los funcionarios que han permitido esta situación. Sólo hay unos juicios fiscales en lento desarrollo, obstaculizados desde el mismo Estado por las redes de los cooptados por los desfalcadores de los recursos públicos. Seremos todos los colombianos los que tendremos que responder por esas gigantescas depredaciones.
Conflictos de interés. Ahora se hace público que las EPS han financiado a varios congresistas y a partidos políticos, conformando unas mayorías congresionales vinculadas con la intermediación financiera, asunto que se ocultó al votar la ley estatutaria. Y tenemos también a muchos funcionarios del Gobierno Nacional comprometidos con las EPS y a un Presidente de la República que las ampara y protege.
La salud sigue siendo mercancía. ¿Dónde quedó el derecho? Finalmente, manifestamos a la opinión pública nacional que con la reforma que auspicia el Gobierno del Presidente Santos y la utilidad como eje del Sistema, la salud deja de ser un derecho fundamental, mantienen el conjunto de las perversiones que alejan al enfermo de los servicios con múltiples y artificiosas restricciones que han generado enfermedades y muertes evitables, ocasionado el deterioro y cierre de nuestros hospitales y creado el enriquecimiento de los piratas de la salud, nacionales y extranjeros.
Ante el inocultable naufragio del Sistema de Salud, y la nefasta propuesta de reforma que hace curso en el Congreso de la República, el Polo Democrático Alternativo manifiesta su abierta oposición a la misma, la cual no será votada por nuestra bancada.
Expresamos nuestra confianza en que el gran movimiento social por la defensa del derecho fundamental a la salud se movilice en todas las formas posibles para que podamos gestar un modelo de salud que atienda verdaderamente las necesidades de todos los colombianos.
CLARA LÓPEZ OBREGÓN GUSTAVO TRIANA
Presidenta Secretario General
Reforma a la salud .- Gloria Inés Ramírez y otros seis senadores denuncian que la nueva reforma a la salud es otro engaño al pueblo
Por: Camilo Raigozo .- Notimundo
Los senadores Gloria Inés Ramírez, Parmenio Cuellar, Mauricio Ospina, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Enrique Robledo, Jorge Eliécer Guevara y Camilo Romero, firmaron una constancia ante la plenaria del Senado, objetando el texto aprobado por la mayoría gobiernista sobre la nueva ley de reforma a la salud.
“Lo primero que debemos decir es que el articulado aprobado en el presente proyecto de ley y sus acumulados ahondan la privatización del servicio, la intermediación financiera y mercantilización del derecho a la salud, y no resuelve ninguno de los problemas que originaron la crisis”, dice la constancia.
Aducen que continúa el mismo esquema ya que empresas intermediarias, que apenas en teoría garantizan unas determinadas prestaciones de salud definidas en un Plan de Beneficios a cambio de una contraprestación económica que no solo se mantiene sino que se aumenta para garantizarles a los negociantes de la salud la multiplicación de sus ganancias.
También criticaron la “ambigüedad” en el Plan de Beneficios porque de nuevo dejarán por fuera muchas de las tecnologías y servicios requeridos por las personas, por lo que, en la práctica, la situación seguirá igual o peor que ahora.
El documento afirma que el acceso al servicio de salud sigue dependiendo de la capacidad de pago del cliente, no del paciente.
“Por 20 años de transitoriedad, continuará la segmentación entre pobres y ricos, por la permanencia de los regímenes contributivo y subsidiado, con la excusa de que la Reforma Tributaria se quedó corta en garantizar la financiación de un solo régimen”, dice el texto.
Así mismo observaron que las nefastas Entidades Promotoras de Salud, EPS, siguen siendo las mismas, solo que les cambian el nombre por el de Gestores de Servicios de Salud.
“El proyecto de ley está diseñado para que las EPS se transformen en Gestores, que podrán no sólo gestionar los servicios de Mi-Plan, sino también los de la cobertura complementaria y los de la medicina prepagada”, afirma entre otras cosas la constancia.
A continuación el texto íntegro de la constancia que dejaron los siete senadores:
La nueva reforma a la salud, otro engaño al pueblo para favorecer a los negociantes
Constancia
Nos permitimos dejar constancia ante la Honorable Plenaria del Senado de la República de nuestra oposición al Proyecto de Ley 210/2013 Senado, “por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” y sus acumulados, por las siguientes razones:
Es ampliamente sabido que el derecho a la salud atraviesa una profunda crisis estructural que, a nuestro juicio, fue originada por la ley 100 de 1993, que despojó a la salud de su carácter de derecho fundamental y la convirtió en un negocio del capital financiero.
Lo primero que debemos decir es que el articulado aprobado en el presente proyecto de ley y sus acumulados ahondan la privatización del servicio, la intermediación financiera y mercantilización del derecho a la salud, y no resuelve ninguno de los problemas que originaron la crisis.
Nuestras objeciones al texto aprobado son múltiples, pero de ellas destacamos las siguientes:
Continuidad del mismo esquema.
El Sistema de Salud continuará operando bajo el mismo esquema de unas entidades intermediarias que apenas en teoría garantizan unas determinadas prestaciones de salud definidas en un Plan de Beneficios a cambio de una contraprestación económica que no solo se mantiene sino que se aumenta para garantizarles a los negociantes de la salud la multiplicación de sus ganancias.
Ambigüedad en el Plan de Beneficios.
No es cierto que se vaya a eliminar la lista explícita de bienes y servicios en salud y que sólo habrá una lista de exclusiones, queriendo significar que prácticamente todo estará cubierto, excepto algunas cosas plenamente justificadas.
El proyecto trae unos criterios ambiguos que de nuevo dejarán por fuera muchas de las tecnologías y servicios requeridos por las personas, por lo que, en la práctica, la situación seguirá igual o peor que ahora.
Entre ellos figuran los que no estén catalogados por la autoridad competente como servicios y tecnologías en salud o que no hayan sido autorizados por la misma y sobre los que no haya evidencia técnica o científica de su seguridad, eficacia y/o pertinencia clínica.
Barreras de acceso al servicio de salud
El acceso al servicio de salud, pese a los principios de igualdad y equidad que se mencionan formalmente, sigue atado a la capacidad de pago; adicionalmente y por 20 años de transitoriedad, continuará la segmentación entre pobres y ricos, por la permanencia de los regímenes contributivo y subsidiado, con la excusa de que la Reforma Tributaria se quedó corta en garantizar la financiación de un solo régimen.
Permanencia de las EPS en el Sistema
Aunque les cambien el nombre de Entidades Promotoras de Salud –EPS por el de Gestores de Servicios de Salud, lo cierto es que el proyecto de ley está diseñado para que aquellas se transformen en Gestores, que ahora podrán no sólo gestionar los servicios de Mi-Plan sino los de la cobertura complementaria y los de la medicina prepagada.
Es muy grave que la condición que les imponen de estar al día con las obligaciones del Sistema, no establezca que por ello deba entenderse el pago efectivo del pasivo con sus propios recursos, pues lo que se observa es que desde la Ley 1608/12 se viene allanando el camino para que-el Estado con recursos de todos los colombianos, a través, por ejemplo, de la subcuenta del Fosyga, de los excedentes de rentas cedidas o de cuentas maestras, entre otros, se subrogue el pasivo que tienen las EPS con las IPS, sin exigirles ningún esfuerzo ni definir mecanismos claros y efectivos para que paguen las deudas.
La propuesta del Gobierno no contempla causales de inhabilidad para que las EPS puedan transformarse en Gestores, basadas, por ejemplo, en haber sido sujetos de medidas administrativas especiales, en el número de tutelas interpuestas por servicios POS,-en la baja calificación de los usuarios, en recobros indebidos, etc., enviando de esta manera el mensaje negativo de que la ineficiencia, los delitos contra el patrimonio público y, en últimas, negociar con la salud, paga.
El otro negocio, que es la llamada “integración vertical”, que les posibilita a las EPS multiplicar sus ganancias y es causa de muchos problemas, tampoco se elimina por completo y apenas se le introducen algunas modificaciones, de manera que queda vigente para el nivel básico de atención en salud.
Participación social nula y ausencia de transparencia en los procesos
La participación social es nula, lo que incidirá negativamente en la transparencia de los procesos. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que el órgano de administración más importante del sistema; Salud-Mía, se encargará de la afiliación, recaudo y distribución de aproximadamente 40 billones de pesos.
Sin embargo, la junta directiva quedará bajo el control del Gobierno Nacional, con tan solo dos participantes de los entes territoriales.
Como si lo anterior fuera poco, se exceptúa a la Unidad del Régimen de Contratación Administrativa de Salud-Mía del cumplimiento de las normas vigentes sobre contratación pública,-por lo que sus procesos contractuales podrán hacerse sin las garantías de transparencia, concurrencia, objetividad, eficiencia, etc., que deben cumplir las licitaciones públicas.
Tampoco estará sujeta al proceso de selección objetiva, al concurso de méritos, etc., no obstante la enorme cantidad de recursos que va a manejar. A ello se suma que los gerentes de las ESE seguirán siendo nombrados a dedo por el gobierno central o territorial, según el caso.
En tales condiciones, no es de extrañar que en ninguna parte del proyecto se mencione a los pacientes o usuarios, porque para la tecnocracia neoliberal lo importante no son los seres humanos, sino los negocios, y los negocios tienen sentido en la medida en que produzcan ganancias.
A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que conforman la Alianza Nacional por la Salud, en la elaboración del Proyecto de ley 233 de 2013, refrendado por varios congresistas, quienes proponían un nuevo modelo de salud descentralizado,-el proyecto fue negado en primer debate por la bancada gubernamental y se quedaron por fuera de esta reforma aspectos sustanciales, como la superación de las barreras de acceso, la implementación de un sistema de salud pública renovado y de atención primaria en salud integral,-la eliminación de la intermediación, los requerimientos de los pueblos indígenas en materia de salud, la inclusión de principios favorables a los usuarios, como el pro hómine, y la descentralización de los recursos de la salud.
Como consecuencia, no cabe duda de que los grandes beneficiados de esta reforma serán los mercaderes de la salud, que seguirán cosechando grandes dividendos, al tiempo que la crisis estructural que ella padece,-quedará sin resolver y volverá a manifestarse más temprano que tarde. Se trata de la deplorable repetición de la historia de fracasos de todas las reformas que se han hecho desde la funesta ley 100 de 1993.
El problema de la salud no es de falta de recursos, sino de desvío de los mismos por la intermediación, con base en la lógica mercantil de que como se trata de un negocio privado este debe producir las mayores ganancias posibles.
Para nosotros, como para la inmensa mayoría de los colombianos, la salud es un derecho fundamental y su reconocimiento efectivo es indispensable para la satisfacción de otros derechos,-por lo que se requiere que cualquier reforma sea objeto de una elaboración que incluya a todos los sectores y opiniones autorizadas que conocen del tema y que, por lo mismo, pueden aportar soluciones a los problemas.
En consecuencia, reiteramos nuestro voto negativo al articulado que compone la reforma a la salud, por cuanto consideramos que la crisis de la salud no se resuelve con la “redefinición” del sistema de salud, ya que lo que el país necesita es un nuevo sistema democrático,-basado en principios de carácter público, solidario, sin intermediación financiera, con equidad y calidad, que elimine el carácter mercantilista, rescate la salud como un derecho humano fundamental y garantice que todos los colombianos puedan tener acceso a una atención oportuna, de calidad y en condiciones dignas.
Así mismo, deploramos que por privilegiar los intereses de los negociantes de la salud el Congreso pierda una nueva oportunidad de resolver la crisis que casi todos los días cobra valiosas vidas de nuestros compatriotas.
Cordialmente:
GL0RIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República
JORGE ELIÉCER GUEVARA
Senador de la República
PARMENIO CUELLAR
Senador de la República
LUIS CARLOS AVELLANEDA
Senador de la República
CAMILO ROMERO
Senador de la República
MAURICIO OSPINA
Senador de la República
