La represión no distingue edad ni género. (Foto: teleSUR)
Persistiendo en una política de brutal represión, el régimen oligárquico de Santos y sus aúlicos, vienen reeditando las acciones más antidemocráticas y despóticas de todos los tiempos en Colombia contra los campesinos cafeteros, paperos, cebolleros, mineros, camioneros y sectores sociales que vienen rechazando valientemente la quiebra y los efectos de sus políticas neoliberales de "tratados de libre comercio". Como no ha funcionado la tradicional táctica del chantaje, el garrote, la criminalización, la división, el desespero por apaciguar la protesta los ha llevado al límite de aplicar técnicas usadas por la bota militar sin consideración persiguiendo en sus casas a los campesinos y sus familias.
Comisiones gubernamentales van y vienen tanto en los departamentos de Boyacá, Nariño, centros de las más fuertes protestas y bloqueos, y Meta, Antioquía, Tolima entre otros, con el ánimo de negociar con algunas dádivas para debilitar el movimiento, cuestión que tampoco le ha dado resultado.
Comisiones gubernamentales van y vienen tanto en los departamentos de Boyacá, Nariño, centros de las más fuertes protestas y bloqueos, y Meta, Antioquía, Tolima entre otros, con el ánimo de negociar con algunas dádivas para debilitar el movimiento, cuestión que tampoco le ha dado resultado.
Lo cierto es que cada día se suman más contingentes de campesinos y sectores populares al paro y el rechazo al tratamiento como criminales de nuestros campesinos y trabajadores es generalizado. Igualmente la respuesta del gobierno ha sido la de reforzar operativos militares con mayores efectivos en los puntos que consideran críticos, sin aceptar dialogar con la mesa de unidad que coordinan los diferentes sectores sociales en paro.
Nota de Redacción Boletín Emancipación Obrera. E.O.
Primer informe Misión de verificación de situación de derechos humanos en Boyacá
El día de hoy 24 de agosto de 2013, partió desde Bogotá una misión humanitaria conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos en el Departamento de Boyacá, en momentos en que se desarrolla el paro nacional agrario y que surgen denuncias por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública.
En su paso por los primeros cinco municipios la Misión ha recibido un gran número de denuncias, informes y material probatorio que da cuenta de excesos en el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía, agentes de cuerpos de inteligencia e integrantes de la Policía Nacional. La Misión ha podido verificar la ocurrencia de violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos de los pobladores boyacenses y de los participantes del Paro Agrario. A esto se suma la participación directa de agentes de estos cuerpos de seguridad en la comisión de actos vandálicos.
De acuerdo a la información recibida y lo que esta Misión ha verificado, denunciamos que los pobladores de los municipios visitados padecen de la implantación de un Estado de Excepción no declarado, actualmente se encuentran suspendidas las garantías y derechos de quienes se encuentran en ellos, son múltiples las denuncias y llamados de urgencia que estamos recibiendo en los momentos en que se redacta este comunicado (9:30 p.m.) que da cuenta de ello. Así mismo de las reuniones sostenidas con autoridades civiles, órganos de control, organizaciones sociales y pobladores en general hemos tenido conocimiento que se han desarrollado reuniones entre altos mandos de la Policía y las autoridades municipales, en las cuales se les ha puesto en conocimiento de las denuncias que estas últimas han recibido, sin que la Policía dé respuestas a los requerimientos de las autoridades administrativas, limitándose a anunciar que en estos momentos se encuentran cumpliendo órdenes del nivel nacional.
A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.
De manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión y que serán objeto de un completo informe que se dará a conocer al finalizar su visita de verificación:
Disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, principalmente en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá.
Heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD.
Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos.
Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa el cuerpo de los pobladores.
Ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.
El lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos.
El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos.
La identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario en Boyacá.
La detención masiva y arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento.
El saqueo, robo de dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el acompañamiento de miembros de la SIJIN, incluso en la capital del departamento.
La ocupación de bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas.
El uso de ambulancias para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica.
Ante esta situación, las Organizaciones que conformamos la Comisión de Verificación de derechos humanos
ALERTAMOS
Que ante la falta de escenarios de concertación y diálogo en los que se escuche a los campesinos, sumado a las directrices de reprimir violentamente las manifestaciones, ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades.
SOLICITAMOS URGENTEMENTE
El acompañamiento y verificación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como su intermediación para que se abran espacios eficaces de interlocución y diálogo con las comunidades.
De igual manera, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que acompañe y verifique los hechos aquí denunciados y solicite al Estado colombiano cesar cualquier tipo de agresión contra manifestantes y pobladores del departamento de Boyacá.
EXIGIMOS
De las autoridades judiciales y organismos de vigilancia y control, que se inicien de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de derechos humanos.
HACEMOS UN LLAMADO URGENTE
A los medios masivos de comunicación para que visibilicen la grave situación ocasionada por la represión indiscriminada contra la población civil del departamento de Boyacá y divulguen SIN CENSURA lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La Misión de Verificación de Derechos Humanos está conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz. Apoya: la Mesa de Derechos Humanos de Tunja.
http://colectivodeabogados.org/Primer-informe-Mision-de
CUT exige que cese la brutal represión del Gobierno de Santos contra protesta social
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la brutal y despiadada represión, de que son víctimas las numerosas manifestaciones , movilizaciones y acciones que los campesinos, productores agropecuarios, camioneros, estudiantes y pobladores adelantan en todo el país; golpizas sin límites, atropellos inusitados, allanamientos y saqueos, detenciones arbitrarias, y muchas formas más de represión e intimidación que la fuerza pública aplica, por orden del presidente Juan Manuel Santos, hechos reveladores que los colombianos han visto por los medios de comunicación, que dejan al desnudo su carácter autoritario y déspota .
El Paro Nacional Agropecuario, del transporte y mineros ha demostrado, tanto por sus reclamaciones como por su lucha la justeza de sus peticiones, lo cual le ha merecido el respaldo y simpatía de vastos sectores de la población. Los señalamientos y descalificaciones hechas por el gobierno han sido rebatidos suficientemente por los manifestantes y representantes gremiales, todas las voces solidarias exigen del gobierno que cese la represión y se atiendan debidamente las reclamaciones de los distintos sectores que se han movilizado.
La CUT reitera su respaldo al Paro Nacional que se adelanta, exige del gobierno la pronta negociación y solución favorable a las peticiones de los reclamantes, el cese inmediato al tratamiento de criminales y bandidos que les está dando a las gentes laboriosas, que ante el daño ocasionado por las políticas santistas y el incumplimiento de los acuerdos pactados que los llevan a la ruina total, han obligado a la movilización y uso del derecho a la protesta. Igualmente llamamos a toda la población a seguir respaldando y solidarizándose con estos sectores emblemáticos del trabajo y la producción nacional, su lucha es nuestra lucha, por la soberanía económica y alimentaria, contra los Tratados de Libre Comercio y el derecho a la protesta.
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA
Presidente
TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario General
Persiste represión de Policía Antidisturbios en Paro Nacional de Colombia
De manera injustificada, la Policía Antidisturbios de Colombia (Esmad) detiene a jóvenes en sectores de Tunja, en el departamento de Boyacá. (Foto: Dennise Ayala)
En el departamento colombiano de Nariño se ha reportado la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que lleva a cabo acciones de represión en contra de los agricultores que mantienen un paro indefinido. teleSUR
Los participantes del Paro Nacional en Colombia manifestaron a los corresponsales de teleSUR que han sido víctimas de represión policial, detención de manifestantes y violentos enfrentamientos por parte de la Policía Antidisturbios (Esmad).
Miles de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia se desplegaron en la nación luego de que los bloqueos y las protestas de los campesinos colombianos se propagaran en todo el país en el marco del paro nacional que se desarrolla.
Unos 200 mil agricultores realizaron el bloqueo de 18 carreteras, lo que ocasionó el aislamiento del departamento de Boyacá (centro).
En las redes sociales, el pueblo de Tunja (capital del Departamento de Boyacá) denunció cómo las fuerzas públicas del Estado y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) interrumpieron en los barrios Santa Inés y 15 de mayo y detuvieron a jóvenes que se encontraban jugando fútbol en una cancha de la zona, de igual forma lanzaron bombas lacrimógenas.
El representante a la Cámara por Boyacá, Carlos Andrés Amaya, publicó en su cuenta de twitter que denunciaría “con toda la contundencia todos los abusos del ESMAD en el Congreso y en organismos de control #NoImpunidadESMAD #TienenQuePagar”.
Seguidamente escribió “Favor ayuda para recopilar pruebas, no son suficientes vídeos, necesitamos información del lugar donde fue y hora. aquí http://on.fb.me/14nW13M”.
El enlace lleva a un grupo en Facebook que busca reunir la mayoría de pruebas de todos los abusos del Esmad y toda la fuerza pública en contra del pueblo, con el fin de presentarla ante los organismos competentes.
El Gobierno, por su parte, reiteró el rechazo al empleo de la violencia, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, señaló que conocía de la situación, “sabemos que han habido actores ajenos a la protesta social que se han apropiado de ella y la están debilitando”, por lo que esperan que cuanto antes se logren acuerdos y se desista de las vías de hecho.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, informó que tres campesinos se encontraban heridos por la represión policial del Esmad en la vía Pasto-Ipiales del departamento de Nariño.
Agregó que la Policía colombiana destruyó ventanas de viviendas y golpeó a campesinos que participan en el Paro Agrario en ese departamento.
Los gremios participantes en el Paro Nacional en Colombia han denunciado que son víctimas de represión por parte de la fuerza pública colombiana desde que se iniciaron las protestas y manifestaciones el pasado lunes en distintos puntos del país.
En seis días de protesta han sido detenidos 175 manifestantes y hay decenas de heridos en todo el país debido a la acción de la fuerza pública colombiana
teleSUR-KP
