El engaño pensional
Eduardo Sarmiento
La reforma pensional de la Ley 100 constituye uno de los grandes fracasos de la historia del país.
Basada en la información de otros países, la administración de César Gaviria estableció el sistema privado de pensiones y a regañadientes accedió a mantener la modalidad de prima media del ISS.
Hasta ese momento operaba con el sistema público solidario de prima media (pensiones se cubren con las cotizaciones de los afiliados). La relación pensionados-cotizantes era de 1 a 9, el sistema no tenía mayor problema para mantener mesadas correspondientes al 75% del ingreso promedio. El ISS, con cotizaciones entre 7 y 10%, operó durante décadas con ingresos superiores a los egresos.
La reforma se fundamentó en los estudios de Fedesarrollo y DNP. Decían que la modalidad de capitalización estaba en capacidad de ofrecer beneficios superiores al 75% del ingreso promedio del ISS (prima media). Se montó tamaña propaganda invitando a la gente a pasarse a los fondos privados (AFP) prometiendo mayores beneficios que en el sistema público. La apertura de los fondos estuvo acompañada de una avalancha de afiliados alentados con falso señuelo. Mostré que las AFP con el sistema de amortización empleado no garantizaban pensiones de más de 25% del salario promedio.
El balance no podía ser más absurdo. El sistema público se quedó con los pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos privados. A tiempo que el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación pensionados-cotizantes, las AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no tenían clientes, los movilizaron al sector financiero. Los beneficios del sistema privado resultaron tres veces menos que el público. Como en los últimos años aparecieron liquidaciones de los primeros pensionados que lo confirmaron en carne propia, se desató un regreso masivo a la prima media. De mantenerse la tendencia, el sistema público terminaría recuperando a los afiliados y los fondos privados se extinguirían.
La reforma propuesta por el Gobierno consiste en pasar las cotizaciones correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un subsidio a los cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por encima del salario mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad.
Lo grave es que no guarda relación con la realidad nacional. El país está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de los pensionados. La relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7, lo que permitiría operar con la cotización actual de 13% y reconocer el 75% del salario promedio. En Europa es de 1 a 3 y tiende de 1 a 2.
El Gobierno, en lugar de reconocer el fracaso del sistema de privatización, profundizar sobre las causas y transformarlo a la luz de la experiencia, enfila baterías para evitar el naufragio. La propuesta salva a las AFP a cambio de minimizar la modalidad de prima media y reduce el subsidio del presupuesto, pero no toca los grandes problemas, como las pensiones privilegiadas sin fundamento financiero de los altos funcionarios del Gobierno, las cortes y el Congreso, la baja cobertura y los escasos beneficios de las AFP.
Basada en la información de otros países, la administración de César Gaviria estableció el sistema privado de pensiones y a regañadientes accedió a mantener la modalidad de prima media del ISS.
Hasta ese momento operaba con el sistema público solidario de prima media (pensiones se cubren con las cotizaciones de los afiliados). La relación pensionados-cotizantes era de 1 a 9, el sistema no tenía mayor problema para mantener mesadas correspondientes al 75% del ingreso promedio. El ISS, con cotizaciones entre 7 y 10%, operó durante décadas con ingresos superiores a los egresos.
La reforma se fundamentó en los estudios de Fedesarrollo y DNP. Decían que la modalidad de capitalización estaba en capacidad de ofrecer beneficios superiores al 75% del ingreso promedio del ISS (prima media). Se montó tamaña propaganda invitando a la gente a pasarse a los fondos privados (AFP) prometiendo mayores beneficios que en el sistema público. La apertura de los fondos estuvo acompañada de una avalancha de afiliados alentados con falso señuelo. Mostré que las AFP con el sistema de amortización empleado no garantizaban pensiones de más de 25% del salario promedio.
El balance no podía ser más absurdo. El sistema público se quedó con los pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos privados. A tiempo que el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación pensionados-cotizantes, las AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no tenían clientes, los movilizaron al sector financiero. Los beneficios del sistema privado resultaron tres veces menos que el público. Como en los últimos años aparecieron liquidaciones de los primeros pensionados que lo confirmaron en carne propia, se desató un regreso masivo a la prima media. De mantenerse la tendencia, el sistema público terminaría recuperando a los afiliados y los fondos privados se extinguirían.
La reforma propuesta por el Gobierno consiste en pasar las cotizaciones correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un subsidio a los cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por encima del salario mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad.
Lo grave es que no guarda relación con la realidad nacional. El país está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de los pensionados. La relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7, lo que permitiría operar con la cotización actual de 13% y reconocer el 75% del salario promedio. En Europa es de 1 a 3 y tiende de 1 a 2.
El Gobierno, en lugar de reconocer el fracaso del sistema de privatización, profundizar sobre las causas y transformarlo a la luz de la experiencia, enfila baterías para evitar el naufragio. La propuesta salva a las AFP a cambio de minimizar la modalidad de prima media y reduce el subsidio del presupuesto, pero no toca los grandes problemas, como las pensiones privilegiadas sin fundamento financiero de los altos funcionarios del Gobierno, las cortes y el Congreso, la baja cobertura y los escasos beneficios de las AFP.
http://www.elespectador.com/opinion/columna-405187-el-engano-pensional
