Corrupción y crisis política: con 'c' de capitalismo
Joel Sans Molas.
El escándalo por la corrupción, que ya iba creciendo en los últimos meses, ha tomado unas dimensiones mayúsculas con el estallido del caso Bárcenas. El conjunto de casos es ya incontable: en los dirigentes del PP del País Valencià y Baleares, la trama Noos de Urdangarían, el caso Pallerols-Treball de Unió Democràtica, el alcalde Bustos de Sabadell del PSC, los EREs del PSOE en Andalucía y la imputación del secretario general de CiU Oriol Pujol.
La multiplicación de casos de corrupción debe entenderse a la luz de las políticas que han regido el Estado español las tres últimas décadas: el neoliberalismo y la burbuja inmobiliaria. Las políticas neoliberales de garantizar desde el estado el buen funcionamiento de los negocios y de privatizar los sectores públicos ha intensificado las conexiones directas entre la política y el mundo empresarial. Las puertas giratorias entre los dos mundos son frecuentes para muchos dirigentes de los principales partidos. A su vez, la burbuja inmobiliaria y las políticas para incentivarla desde los gobiernos ha terminado por potenciar la corrupción en todas las instituciones, especialmente en los ayuntamientos con las recalificaciones de terrenos para la construcción.
No es ninguna sorpresa que el origen de buena parte de las donaciones ilegales que recibió el PP fueran por parte de empresarios de la construcción. Tres constructoras (FCC, Sacyr y OHL) dieron hasta un millón de euros, concentrados en los momentos previos a las elecciones generales de 2004 y 2008. Un millón de euros puede parecer mucho, pero a cambio, estas empresas recibieron concesiones de obras por valor de 6.600 millones de euros, un negocio redondo.
Pero, además, las causas de la corrupción se encuentran en el mismo capitalismo. La intensa competencia en el mercado lleva a los empresarios a usar todos los medios posibles en todo el mundo para tomar ventaja a los rivales. La corrupción es un medio más, un resultado lógico de este proceso. La competencia y el papel del estado en la economía nos dirige ahí continuamente. Hay unos intereses cruzados: los políticos lo usan para financiar el partido enriquecerse personalmente y asegurarse un buen cargo en la empresa después de la actividad parlamentaria, y los empresarios para asegurar una buena cuota de mercado con concesiones públicas y legislación que les favorezca. La corrupción es simplemente el caso más grosero de la relación entre estos dos ámbitos.
No hay que olvidar que durante el siglo XIX los primeros gobiernos electos bajo el capitalismo eran gobiernos de ricos y para ricos. La conquista del sufragio universal y de mayores mecanismos de control institucional han sido un avance pero ha creado también el espejismo que el estado es una institución neutral. Nada más lejos de la realidad, ya que el estado es el poder político creado para gestionar y garantizar los intereses de la clase dirigente.
En el Estado español esto se vio claramente en el franquismo donde la corrupción y las redes clientelares estaban en la base del poder político: un régimen de defensa directa de los intereses de la burguesía. La forma como se hizo la Transición, amnistiando los dirigentes del franquismo, también ha promovido una cultura institucional de la impunidad.
Crisis política
La multiplicación de casos de corrupción debe entenderse a la luz de las políticas que han regido el Estado español las tres últimas décadas: el neoliberalismo y la burbuja inmobiliaria. Las políticas neoliberales de garantizar desde el estado el buen funcionamiento de los negocios y de privatizar los sectores públicos ha intensificado las conexiones directas entre la política y el mundo empresarial. Las puertas giratorias entre los dos mundos son frecuentes para muchos dirigentes de los principales partidos. A su vez, la burbuja inmobiliaria y las políticas para incentivarla desde los gobiernos ha terminado por potenciar la corrupción en todas las instituciones, especialmente en los ayuntamientos con las recalificaciones de terrenos para la construcción.
No es ninguna sorpresa que el origen de buena parte de las donaciones ilegales que recibió el PP fueran por parte de empresarios de la construcción. Tres constructoras (FCC, Sacyr y OHL) dieron hasta un millón de euros, concentrados en los momentos previos a las elecciones generales de 2004 y 2008. Un millón de euros puede parecer mucho, pero a cambio, estas empresas recibieron concesiones de obras por valor de 6.600 millones de euros, un negocio redondo.
Pero, además, las causas de la corrupción se encuentran en el mismo capitalismo. La intensa competencia en el mercado lleva a los empresarios a usar todos los medios posibles en todo el mundo para tomar ventaja a los rivales. La corrupción es un medio más, un resultado lógico de este proceso. La competencia y el papel del estado en la economía nos dirige ahí continuamente. Hay unos intereses cruzados: los políticos lo usan para financiar el partido enriquecerse personalmente y asegurarse un buen cargo en la empresa después de la actividad parlamentaria, y los empresarios para asegurar una buena cuota de mercado con concesiones públicas y legislación que les favorezca. La corrupción es simplemente el caso más grosero de la relación entre estos dos ámbitos.
No hay que olvidar que durante el siglo XIX los primeros gobiernos electos bajo el capitalismo eran gobiernos de ricos y para ricos. La conquista del sufragio universal y de mayores mecanismos de control institucional han sido un avance pero ha creado también el espejismo que el estado es una institución neutral. Nada más lejos de la realidad, ya que el estado es el poder político creado para gestionar y garantizar los intereses de la clase dirigente.
En el Estado español esto se vio claramente en el franquismo donde la corrupción y las redes clientelares estaban en la base del poder político: un régimen de defensa directa de los intereses de la burguesía. La forma como se hizo la Transición, amnistiando los dirigentes del franquismo, también ha promovido una cultura institucional de la impunidad.
Crisis política
La indignación por los casos de corrupción es sólo la última oleada de las diferentes olas de desprestigio de los pilares fundamentales por el régimen institucional español: los principales partidos, la banca, la democracia parlamentaria, la monarquía, el sistema judicial ...
No hay duda de que el escándalo por la corrupción se mezcla con la actual crisis económica del capitalismo: los acusados de haberse enriquecido a sus anchas han sido los grandes predicadores de la austeridad. Cuando hay seis millones de personas sin trabajo pensar en los millones de euros que se han repartido los dirigentes del PP y el presidente del gobierno indica con claridad en qué tipo de sociedad vivimos. Los casos de corrupción ponen luz sobre las grandes diferencias sociales y muestra cómo la sociedad está dividida en clases. No es de extrañar que el presidente del PP Balear, Bauzà, se haya mostrado reticente a que los dirigentes del PP hagan pública la declaración de la renta ya que permite "comparaciones entre ricos y pobres".
La crisis política está clavada también en los principales partidos políticos, que pagan sus políticas de austeridad con un derrumbe en la intención de voto. Según una encuesta de El País del 3 de febrero el PP perdería un 45% de sus votos respecto a las elecciones generales y el PSOE continuaría su descenso. Los dos partidos juntos no llegarían al 50% de los votos, cuando desde 1977 se habían mantenido en torno o por encima del 70%. IU sube hasta el 15,3%, un nivel histórico. Sin embargo, por el otro extremo UPyD crece hasta el 13,6.%. Esto último indica el peligro de una respuesta populista de "salvar España", de sólo centrarse en el problema de la corrupción y en el exceso de cargos públicos, un camino que abre la puerta para el crecimiento de las propuestas fascistas.
Inestabilidad y movilización
La bolsa española cayó un 3'77%, el mayor descenso desde septiembre, y la prima de riesgo volvía a subir. Era un movimiento preventivo de los inversos financieros, que temían la inestabilidad política. Está claro que los especuladores no deben tener un problema moral en la corrupción pero sí les preocupa que la magnitud de la tragedia interfiera la capacidad de acción del gobierno. Como decía el analista financiero de Broker ETX Capital, Ishaq Siddiquihi: "un inminente final para Rajoy y su partido podría enterrar las medidas de recortes y de consolidaciones de presupuestos que están en marcha". Pero el lunes por la mañana Merkel daba un apoyo tácito a Rajoy y el martes las bolsas ya volvían a subir. Y es que, a diferencia de Berlusconi, del que la Troika forzó la salida del gobierno para poner el tecnócrata Mario Monti, el PP de Rajoy sí acata con obediencia las políticas de austeridad y tiene una sólida mayoría parlamentaria.
No parece por tanto muy probable que la Troika y los grandes empresarios presionen a este gobierno. La estabilidad es una necesidad para el sistema, aunque sea con corruptos de por medio, unas elecciones llevarían a un sistema de partidos inaudito, sin bipartidismo y con mucha más inestabilidad, acercándonos al caso griego. Por lo tanto Rajoy y el PP lo deben negar todo. Rajoy no debe convocar elecciones ni dimitir. Hay que esperar que la tormenta amaine y cruzar los dedos hasta las próximas elecciones generales.
Las protestas continuadas que se están haciendo frente a las sedes del PP tienen la virtud del impacto inmediato, de traducir en movilización el sentimiento de millones de personas y de combatir el sentimiento de impotencia. Estas protestas tienen paralelismos con las que estallaron tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Ambas respondiendo a mentiras flagrantes de los políticos y se producen poco después de movimientos masivos, entonces el movimiento antiguerra, ahora el 15M. La diferencia es que entonces estaba a dos días de unas elecciones generales, ahora faltan casi tres años.
Para hacer caer este gobierno hará falta una ofensiva movilizadora muy grande. Las protestas ante las sedes del PP, como el 15M en su momento, "La Caixa és Mordor" en Barcelona o el "Rodea el Congreso" en Madrid, tienen la dificultad de mantener la movilización en el tiempo. Por eso será importante conectar la indignación que se palpa de nuevo en las calles con la lucha contra los recortes, conectar la protesta espontánea en la calle con la organización en los centros de trabajo y con la fuerza que ha mostrado la clase trabajadora en las tres huelgas generales que ha habido desde el inicio de la crisis.
El gobierno del PP sólo aguanta porque la suma de sus diputados es mayor que el resto de partidos. En todos los terrenos, institucional, político, económico y moral, está haciendo quiebra. Y eso, en sólo un año y dos meses de gobierno es el único récord que se puede anotar. El gobierno del PP es un muerto viviente, hay que alzarnos desde el mundo de los vivos para echarlo y plantear en el proceso una alternativa que vaya más allá de un recambio de gobierno y que apunte contra el mismo sistema que causa crisis y corrupción.
Joel Sans Molas es miembro de En lluita.
http://enlucha.org/site/?q=node/18323
