ECONOMÍA COLOMBIAN A: BALANCE Y PERSPECTIVAS
Ni mayor equidad ni más y mejor calidad del empleo
Orlando Ortíz Medina
DesdeAbajo Edición 187
Más allá de la propaganda diaria, los datos son elocuentes: la economía colombiana no copa las expectativas proyectadas desde el alto Gobierno.
Por si hay duda, los datos son elocuentes: el 2012 terminó con una fuerte desaceleración. En su segundo semestre el crecimiento económico terminó con una cifra inferior a la esperada, y con tendencias que no dejan de ser preocupantes sobre lo que podría ser su desempeño para el 2013, en un entorno que muestra signos, en lo nacional e internacional, de incertidumbre e inestabilidad.
En el ámbito internacional no se advierten signos claros de llegar a una recuperación sostenida de la crisis de los países de Europa y los EEUU, a los que sin duda se encuentra atado nuestro dinamismo y crecimiento económico, así por parte de algunos sectores se afirme que frente a ella estamos blindados.
En el ámbito interno, el crecimiento del tercer trimestre del 2012 presentó una contracción del 0,7 por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y un incremento de tan solo el 2,1 por ciento, contra el 7,5 por ciento obtenido en el mismo periodo del 2011. El crecimiento total acumulado al mes de septiembre fue del 3,9 por ciento, cifra que se espera se mantenga al final del año, contra un pronóstico inicial de alrededor del 5 por ciento que fue el pronosticado (1).
Pero más sintomático es el hecho de que los indicadores al mes de septiembre reafirman la tendencia de los últimos años, de una economía cuyo crecimiento sigue sostenido sobre el protagonismo del sector minero, cuyos efectos adversos sobre los otros sectores son de sobra conocidos, como consecuencia de la presión revaluacionista que el mayor ingreso de divisas produce sobre la tasa de cambio: la conocida Enfermedad Holandesa. (VerBernardo García, p. 10).
En efecto, mientras que al mes de septiembre de 2012 el crecimiento del sector minero fue de 7,2 por ciento, el sector agropecuario lo hizo a una tasa de apenas el 2,1 por ciento, la construcción al 0,6 por ciento y la industria manufacturera decreció en -0,1 por ciento. Datos elocuentes, aún si se tiene en cuenta que los últimos de estos sectores son los que por décadas han tenido el mayor potencial generador de empleo, contra un escaso y casi nulo del sector minero y de hidrocarburos.
De mantenerse este perfil productivo, la economía estará cada vez más lejos de alcanzar la meta de superación de las elevadas cifras de desempleo estructural, que aún se conservan alrededor del 10 por ciento; pues si bien el 2012 dejó ver al respecto una leve reducción, 1,6 puntos entre noviembre del 2011 y del 2012, el resultado se desdibuja por la presión hacia arriba de las tasas de informalidad, que ya bordean el 65 o 70 por ciento del total del empleo generado en la economía.
Economía prospera y boyante, una de las más importantes de América Latina, dice el Gobierno. Pero todo indica que su confianza será efímera, pues de mantenerse el ritmo que traen las cifras, las perspectivas para el 2013 no pueden ser las más optimistas, cuando se augura un crecimiento que en el mejor de los casos no irá más allá de 3,5 por ciento o 4 por ciento; es decir, con una economía en la que seguirá aplazada la posibilidad de lograr no sólo índices más elevados y sostenidos de crecimiento, sino también de una mejora en la cantidad y la calidad del empleo, y en general de las condiciones de vida en especial de las personas de más bajos ingresos.
Más para los ricos
Lo anterior pese a que fue precisamente con la idea de superar estas situaciones que el año cerró con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Una reforma en la que el empeño del Gobierno estuvo dirigido a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, justamente con el ya mítico argumento de que es la manera de estimular la generación y formalización del empleo, además de lograr que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad.
Lo cierto es que el texto finalmente aprobado estuvo lejos de cumplir con el requisito de progresividad que demanda el actual sistema de tributación para el logro de mayor equidad en Colombia, y tampoco son convincentes los argumentos sobre los que se soporta la idea de que se avanzará hacia una mayor y mejor calidad del empleo.
En el primer caso, porque lo que se hizo fue acordar una serie de medidas que terminaron aumentando las ventajas de los grandes capitales y los sectores de más altos ingresos, a quienes no sólo se les mantuvo los regímenes de excepción sino que se les otorgaron beneficios adicionales. En el segundo, porque no es del todo cierto el argumento de que una mejora en la cantidad y la calidad del empleo dependa estrictamente de las condiciones de la oferta, en este caso de los costos de la mano de obra, sino de la configuración de un perfil productivo que promueva y estimule efectivamente el crecimiento de la demanda agregada en la economía.
Se estableció, así, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25 por ciento para las personas jurídicas, y una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasaron del 29,5 al 16 por ciento. Se redujo asimismo el impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y a la venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos fueron disminuidos del 30 por ciento al 10 por ciento en el caso de venta de sociedades y del 10 por ciento en el caso de venta de activos. Gabelas para los más pudientes, que son los que al fin y al cabo incurren en este tipo de transacciones.
No se tuvo en cuenta en cambio las modificaciones que se requiere hacer al pago del impuesto predial, uno de los más regresivos y en donde se protege particularmente a los grandes propietarios, muchos de ellos de tierras improductivas, con todo lo que implica como freno al desarrollo rural o la concentración del suelo urbano. No hubo tampoco modificación sobre el elevado valor de pensiones de que goza un pequeño grupo de privilegiados, las cuales se mantuvieron exentas, lo que significa que serán ellos los que continuarán apropiándose de la mayor porción de los recursos que por este rubro se causan al Estado.
En el caso de la reducción de los parafiscales como alternativa para la generación y formalización del empleo, lo que seguro harán los empleadores será aprovechar los nuevos diferenciales a favor para incrementar aún más sus márgenes de ganancia. Por demás, porque así sea menor el costo que les corresponde asumir, continuarán considerándolo como una carga onerosa para sus empresas, y porque no hay tampoco imperativos que les exija compensar las atenciones que a través de la reforma les ha hecho el Estado.
Pero lo más probable es que en el mediano o corto plazo el Estado tendrá que afrontar los costos de la reforma, en particular por cuenta de la disminución de los parafiscales, lo que afectará los ingresos con que hasta el 2012 se financiaba el Sena, el Icbf y se aportaban recursos para la salud. No menos por la reducción del impuesto a la renta, que pesará seguramente sobre otros gastos del Estado y que, como suele suceder en el marco de las medidas neoliberales que han orientado las reformas de los últimos años, terminará afectando, de manera especial, los gastos sociales.
Lo anterior, aun con el supuesto de que dichos costos serán nivelados con los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el de la Contribución de Renta Empresarial para la equidad CREE, que tendrá un monto que equivale al 8 por ciento del valor final de las utilidades obtenidas por las empresas, que en teoría compensa los ocho puntos menos que se dejan de cobrar por concepto del impuesto a la renta.
Lo que no se advierte es que, al estar atados a las utilidades, la certeza sobre la obtención de estos recursos deja un elevado grado de incertidumbre: ¿qué pasa si en condiciones adversas como las que se presagian las empresas no llegan a reportar utilidades, o al menos no dentro de los márgenes esperados por el gobierno? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Qué efectos se espera sobre el tan buscado equilibrio fiscal? y, para ello, al final, ¿quién pagará los platos rotos?
Otro elemento que contradice el espíritu de la reforma fue la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravará la renta de personas naturales, con montos entre el 5 y el 16 por ciento, de acuerdo con el valor de sus ingresos. Aunque se asigna a éste cierto tono de progresividad, lo cierto es que aumentó sobre todo los gravámenes para los asalariados de sectores medios, carga impositiva que al final terminará reflejándose en una mayor contracción de la demanda, y que en términos de progresividad es contrasentido cuando al mismo tiempo se desmontaron gravámenes a los sectores de más altos ingresos.
No queda duda, entonces, como siempre, el gobierno de turno favorece a los más ricos. De manera que, ni mayor equidad ni opciones todavía claras de más y mejor calidad del empleo para este y los próximos años.
DesdeAbajo Edición 187
Más allá de la propaganda diaria, los datos son elocuentes: la economía colombiana no copa las expectativas proyectadas desde el alto Gobierno.
Por si hay duda, los datos son elocuentes: el 2012 terminó con una fuerte desaceleración. En su segundo semestre el crecimiento económico terminó con una cifra inferior a la esperada, y con tendencias que no dejan de ser preocupantes sobre lo que podría ser su desempeño para el 2013, en un entorno que muestra signos, en lo nacional e internacional, de incertidumbre e inestabilidad.
En el ámbito internacional no se advierten signos claros de llegar a una recuperación sostenida de la crisis de los países de Europa y los EEUU, a los que sin duda se encuentra atado nuestro dinamismo y crecimiento económico, así por parte de algunos sectores se afirme que frente a ella estamos blindados.
En el ámbito interno, el crecimiento del tercer trimestre del 2012 presentó una contracción del 0,7 por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y un incremento de tan solo el 2,1 por ciento, contra el 7,5 por ciento obtenido en el mismo periodo del 2011. El crecimiento total acumulado al mes de septiembre fue del 3,9 por ciento, cifra que se espera se mantenga al final del año, contra un pronóstico inicial de alrededor del 5 por ciento que fue el pronosticado (1).
Pero más sintomático es el hecho de que los indicadores al mes de septiembre reafirman la tendencia de los últimos años, de una economía cuyo crecimiento sigue sostenido sobre el protagonismo del sector minero, cuyos efectos adversos sobre los otros sectores son de sobra conocidos, como consecuencia de la presión revaluacionista que el mayor ingreso de divisas produce sobre la tasa de cambio: la conocida Enfermedad Holandesa. (VerBernardo García, p. 10).
En efecto, mientras que al mes de septiembre de 2012 el crecimiento del sector minero fue de 7,2 por ciento, el sector agropecuario lo hizo a una tasa de apenas el 2,1 por ciento, la construcción al 0,6 por ciento y la industria manufacturera decreció en -0,1 por ciento. Datos elocuentes, aún si se tiene en cuenta que los últimos de estos sectores son los que por décadas han tenido el mayor potencial generador de empleo, contra un escaso y casi nulo del sector minero y de hidrocarburos.
De mantenerse este perfil productivo, la economía estará cada vez más lejos de alcanzar la meta de superación de las elevadas cifras de desempleo estructural, que aún se conservan alrededor del 10 por ciento; pues si bien el 2012 dejó ver al respecto una leve reducción, 1,6 puntos entre noviembre del 2011 y del 2012, el resultado se desdibuja por la presión hacia arriba de las tasas de informalidad, que ya bordean el 65 o 70 por ciento del total del empleo generado en la economía.
Economía prospera y boyante, una de las más importantes de América Latina, dice el Gobierno. Pero todo indica que su confianza será efímera, pues de mantenerse el ritmo que traen las cifras, las perspectivas para el 2013 no pueden ser las más optimistas, cuando se augura un crecimiento que en el mejor de los casos no irá más allá de 3,5 por ciento o 4 por ciento; es decir, con una economía en la que seguirá aplazada la posibilidad de lograr no sólo índices más elevados y sostenidos de crecimiento, sino también de una mejora en la cantidad y la calidad del empleo, y en general de las condiciones de vida en especial de las personas de más bajos ingresos.
Más para los ricos
Lo anterior pese a que fue precisamente con la idea de superar estas situaciones que el año cerró con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Una reforma en la que el empeño del Gobierno estuvo dirigido a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, justamente con el ya mítico argumento de que es la manera de estimular la generación y formalización del empleo, además de lograr que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad.
Lo cierto es que el texto finalmente aprobado estuvo lejos de cumplir con el requisito de progresividad que demanda el actual sistema de tributación para el logro de mayor equidad en Colombia, y tampoco son convincentes los argumentos sobre los que se soporta la idea de que se avanzará hacia una mayor y mejor calidad del empleo.
En el primer caso, porque lo que se hizo fue acordar una serie de medidas que terminaron aumentando las ventajas de los grandes capitales y los sectores de más altos ingresos, a quienes no sólo se les mantuvo los regímenes de excepción sino que se les otorgaron beneficios adicionales. En el segundo, porque no es del todo cierto el argumento de que una mejora en la cantidad y la calidad del empleo dependa estrictamente de las condiciones de la oferta, en este caso de los costos de la mano de obra, sino de la configuración de un perfil productivo que promueva y estimule efectivamente el crecimiento de la demanda agregada en la economía.
Se estableció, así, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25 por ciento para las personas jurídicas, y una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasaron del 29,5 al 16 por ciento. Se redujo asimismo el impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y a la venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos fueron disminuidos del 30 por ciento al 10 por ciento en el caso de venta de sociedades y del 10 por ciento en el caso de venta de activos. Gabelas para los más pudientes, que son los que al fin y al cabo incurren en este tipo de transacciones.
No se tuvo en cuenta en cambio las modificaciones que se requiere hacer al pago del impuesto predial, uno de los más regresivos y en donde se protege particularmente a los grandes propietarios, muchos de ellos de tierras improductivas, con todo lo que implica como freno al desarrollo rural o la concentración del suelo urbano. No hubo tampoco modificación sobre el elevado valor de pensiones de que goza un pequeño grupo de privilegiados, las cuales se mantuvieron exentas, lo que significa que serán ellos los que continuarán apropiándose de la mayor porción de los recursos que por este rubro se causan al Estado.
En el caso de la reducción de los parafiscales como alternativa para la generación y formalización del empleo, lo que seguro harán los empleadores será aprovechar los nuevos diferenciales a favor para incrementar aún más sus márgenes de ganancia. Por demás, porque así sea menor el costo que les corresponde asumir, continuarán considerándolo como una carga onerosa para sus empresas, y porque no hay tampoco imperativos que les exija compensar las atenciones que a través de la reforma les ha hecho el Estado.
Pero lo más probable es que en el mediano o corto plazo el Estado tendrá que afrontar los costos de la reforma, en particular por cuenta de la disminución de los parafiscales, lo que afectará los ingresos con que hasta el 2012 se financiaba el Sena, el Icbf y se aportaban recursos para la salud. No menos por la reducción del impuesto a la renta, que pesará seguramente sobre otros gastos del Estado y que, como suele suceder en el marco de las medidas neoliberales que han orientado las reformas de los últimos años, terminará afectando, de manera especial, los gastos sociales.
Lo anterior, aun con el supuesto de que dichos costos serán nivelados con los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el de la Contribución de Renta Empresarial para la equidad CREE, que tendrá un monto que equivale al 8 por ciento del valor final de las utilidades obtenidas por las empresas, que en teoría compensa los ocho puntos menos que se dejan de cobrar por concepto del impuesto a la renta.
Lo que no se advierte es que, al estar atados a las utilidades, la certeza sobre la obtención de estos recursos deja un elevado grado de incertidumbre: ¿qué pasa si en condiciones adversas como las que se presagian las empresas no llegan a reportar utilidades, o al menos no dentro de los márgenes esperados por el gobierno? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Qué efectos se espera sobre el tan buscado equilibrio fiscal? y, para ello, al final, ¿quién pagará los platos rotos?
Otro elemento que contradice el espíritu de la reforma fue la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravará la renta de personas naturales, con montos entre el 5 y el 16 por ciento, de acuerdo con el valor de sus ingresos. Aunque se asigna a éste cierto tono de progresividad, lo cierto es que aumentó sobre todo los gravámenes para los asalariados de sectores medios, carga impositiva que al final terminará reflejándose en una mayor contracción de la demanda, y que en términos de progresividad es contrasentido cuando al mismo tiempo se desmontaron gravámenes a los sectores de más altos ingresos.
No queda duda, entonces, como siempre, el gobierno de turno favorece a los más ricos. De manera que, ni mayor equidad ni opciones todavía claras de más y mejor calidad del empleo para este y los próximos años.
La ruta
No, si no se asume que lo que se requiere es, por un lado, decisiones políticas sobre reformas que lleven, en verdad, a revisar las condiciones de inequidad que siguen pesando sobre la sociedad colombiana: alta concentración de la propiedad de la tierra, subutilización o uso inadecuado de la misma; persistencia de estructuras tributarias regresivas, bajos niveles de remuneración para los sectores asalariados, etcétera; que se reflejan, sin duda, en el desempeño y el balance de su desenvolvimiento económico.
Por otro, medidas encaminadas a diversificar la base productiva nacional, que promuevan el desarrollo de la industria manufacturera y de sectores como el de la construcción, infraestructura, agrícola y pecuario; que lleven a reversar el proceso de reprimarización en que ha estado sumida la economía en lo últimos años, debido al protagonismo del sector minero, con las consecuencias adversas ya referidas.
Respecto de esto último, es urgente la revisión y reorientación al destino de la inversión extranjera, de manera que no continúe esterilizando el crecimiento económico y llevando a la parálisis de los sectores en los que se suele tener las mayores expectativas de crecimiento sostenido y con mayor potencial generador de empleo.
Hay que dar este giro. El país no puede seguir anclado a la dependencia de sus recursos naturales cuyos efectos, además, sobre el sistema medioambiental y las dinámicas sociales de las regiones, en las que predominan, han sido igualmente inconvenientes.
Si el dogma neoliberal es el que sigue deambulando sobre las cabezas de nuestros rectores de política económica: libre mercado, apertura indiscriminada, bajos salarios, recorte del gasto social del Estado, preeminencia de los intereses del sector privado, ojalá extranjero, etcétera, las perspectivas de mejoramiento seguirán siendo inciertas y la idea de una sociedad más justa, equitativa y en paz serán otra quimera.
* Orlando Ortíz Medina es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado durante varios años en proyectos de Derechos Humanos y como consultor independiente en diferentes áreas de investigación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos con comunidades urbanas y rurales de diferentes regiones del país.
1 http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2013/indicadores_coyunturales_ene5_2013.pdf
http://www.desdeabajo.info/ediciones/periodico/item/21363-ni-mayor-equidad-ni-m%C3%A1s-y-mejor-calidad-del-empleo.html
