Con la muerte en combate de 11 militares se reabren interrogantes sobre el servicio militar obligatorio
Angélica Chaparro
Equipo desdeabajo
La muerte en combate de 10 soldados regulares y un cabo primero del Ejército Nacional, vuelve a poner en tela de juicio el servicio militar obligatorio.
Mientras el Estado colombiano condena el reclutamiento forzoso (en particular de menores de edad) por parte de los grupos armados ilegales, recurre a esta misma práctica con jóvenes de extracción popular y campesina, a través del servicio militar obligatorio.
Los recientes hechos de ocurridos en inmediaciones entre Panamá de Arauca y Arauquita, donde murieron 11 soldados regulares, son apenas el episodio más reciente de la tragedia que significa el conflicto armado, también para los jóvenes que son llevados a prestar el servicio militar obligatorio y luego son conducidos a zonas de orden público.
En este caso, se trataba de un pelotón de 13 soldados, la mayoría no sobrepasaba los 21 años de edad, que habían iniciado su servicio en junio del 2011 y en septiembre fueron trasladados a Arauca, donde 11 de ellos murieron en medio de un combate con la guerrilla de las Farc. Según un comunicado de la Decima Octava Brigada, los hechos tuvieron lugar hacia las 4:30 p.m. del sábado en jurisdicción del municipio de Arauquita "a 600 metros hacia el sur de la carretera que de Panamá de Arauca conduce a la vereda Puente Lipa".
Los medios de comunicación han difundido ampliamente las declaraciones de familiares de los soldados quienes han denunciado que sus hijos no estaban preparados para estar en una zona de conflicto. Juan José Rodríguez, padre de Mauricio Alejandro Rodríguez, dice que él no estaba en condiciones de prestar el servicio militar. "El era mecánico de motos, de guerra no sabía absolutamente nada, pero así se lo llevaron para Arauca la zona más difícil del país".
Además de ser obligatorio, el servicio militar se ha convertido en la única fuente de trabajo y oportunidades para muchos jóvenes colombianos de escasos recursos, particularmente en el campo. Los familiares del soldado Cristian Camilo Lugo confirmaron “que el joven se fue al Ejército con la ilusión de seguir la carrera militar y conseguir una vivienda digna para su madre y su hermano”.
Marta Ayala, tía del soldado Juan Ovidio Ortiz, dijo que su sobrino "con solo 18 años dejó de cultivar y trabajar en su finca en zona rural de Ibagué, para buscar un mejor futuro para su mamá y hermano".
A demás de ser reclutados obligatoriamente, estos jóvenes son destinados a vigilar la infraestructura de mega proyectos pertenecientes a grandes capitales nacionales y extranjeros, y no a “defender y mantener la soberanía, la independencia y la integridad territorial” que son las funciones del Ejército.
En el caso de Arauquita, los soldados en esta zona se dedican a cuidar el oleoducto Caño Limón – Coveñas, propiedad de la multinacional de origen inglés OXY. El Coronel César Oswaldo Morales Ramírez, Comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, afirmó recientemente que esta unidad militar había frustrado cerca de 17 eventos con explosivos contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca.
Por su parte Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris, indicó que el 82 por ciento de las tropas del Ejército en esta zona, se dedica a cuidar infraestructura petrolera. Se estima que en Colombia hay unos 110 mil soldados regulares dedicados a este tipo de operaciones de control militar del terreno.
La exministra de defensa Martha Lucía Ramírez, señala en su cuenta de twitter: que "el ministro ordene que en las zonas más difíciles en orden público sólo combatan soldados profesionales. ¡No más cuasi niños muertos!"
Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en centrar la discusión sobre el “error táctico” que significó que los jóvenes permanecieran cinco y no dos noches en el sitio donde ocurrió la emboscada guerrillera, y promete apagar el incendio con más fuego: anunciando el envío de más hombres y equipos a la zona.
