Foto: David Campuzano
Las dos compañías aportantes explotan la caña de azúcar.La política agraria de Santos: Fase superior del “modelo malayo” colonialista
La política agropecuaria de Juan Manuel Santos es la continuación del neoliberalismo aplicado en el agro en la última década del siglo XX y del programa de “empresarización del campo” promovido en los dos gobiernos de Álvaro Uribe.
Aurelio Suárez Montoya / abril de 2011
La apertura en el campo conllevó cuatro grandes secuelas. La primera fue la pérdida de la seguridad alimentaria nacional, como consecuencia de las importaciones anuales de cerca de diez millones de toneladas de alimentos básicos y productos del agro; la segunda, el aumento de la concentración de la tierra merced a lo cual 0,4% de los propietarios, que tiene más de 500 hectáreas, controlan 65% de la tierra, mientras 85%, con menos de 20, posee sólo el 9%; la tercera, fue el arrinconamiento de la economía campesina, con menor participación en la producción y en el área de siembra, y reducida a unos pocos renglones; y, la cuarta, el envilecimiento y la explotación del trabajo rural, cuya remuneración en 66% de los casos es inferior al salario mínimo, incluso los asalariados de las grandes plantaciones.
En cuanto al programa agrario uribista, desde 2002 se decidió “la transición desde una agricultura con énfasis en cultivos sustitutivos de importaciones y orientada al consumo interno, hacia una con predominio de cultivos competitivos tanto en los mercados domésticos como en los externos”. Esa decisión se remarcó al tenor de la negociación de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. Luego de fijarse una agenda agroexportadora, centrada primeramente en productos tropicales, incluidos los de biomasa para agrocombustibles, se definió la gran propiedad como el centro de tal proyecto.
Los verdaderos fundamentos de su modelo rural fueron revelados en afirmaciones del ministro Arias: “Si esto no es con empresarios invirtiendo en el campo no lo sacamos adelante”. O de Uribe: Necesitamos “haciendas de 40, 45 mil hectáreas” para convertirlas en zonas francas y “traer maquinaria sin arancel ni IVA”, con una “tarifa de renta de 15%; no de 33%”. Y se esclarecieron más a la luz del debate sobre el intento de cambio de destinación de la granja Carimagua: para desplazados, con cultivos de pan coger o para grandes empresas con palma de aceite. O el debate sobre Agro, Ingreso Seguro, que demostró la inicua distribución de los recursos estatales con subsidios a favor de los más poderosos. A partir de estos hechos, el senador Jorge Robledo llamó “modelo malayo” a “la ultraespecialización en bienes de exportación. Malasia produce cantidades inmensas de aceite de palma, en plantaciones de cien mil hectáreas en promedio, pero importa toda su comida”.
Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación
El programa de Santos, difundido en su campaña, encadenó con las herencias de Uribe. El punto 63 señaló: “Fomentaremos cultivos de pan coger, de tal manera que el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias sea acompañado de tierra para alimentar la población circundante”; y el 69: “Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF)”.
No se necesitó mucho para saber a qué agricultores se refería. Su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lo explicó: “El gobierno estudia otras posibilidades para superar la restricción de la UAF cuando se trate de baldíos, como la cesión del usufructo por períodos determinados, no la propiedad, que continuaría en cabeza de la Nación. El contrato de usufructo permite incluir obligaciones como la construcción de infraestructura intrapredial a cargo del usufructuario, y permite que el Estado asigne también parcelas a la población campesina, para vincularla a cadenas productivas con los empresarios”. O: “Ese es el tipo de proyectos grandes, también asociados a la agricultura que también tenemos ahora la ocasión de mirar con visión. Y hacer entre otras cosas compatibles, gran agricultura empresarial también en convivencia con asociaciones de suministradoras socias de pequeños y medianos campesinos que allí se pueden asentar”.
Santos electo reiteró ante la comunidad financiera mundial que el agronegocio, con la minería y la infraestructura, serían sus sectores claves; y conocidos analistas, como Salomón Kalmanovitz, han apuntado que “el gobierno de Santos continúa con la política del anterior gobierno en este sentido: se trata de replicar la experiencia del cercado brasileño, basado en enormes propiedades”.
La política de gran plantación es extensiva a extranjeros. Lo que se inició en el periodo de Uribe regirá en el de Santos. El grupo israelí Merhav ya tiene, entre tierras propias y contratos de usufructo, diez mil hectáreas en Pivijay (Magdalena) para producir etanol con base en caña con mecanización, sin corteros. La Compañía Agrícola de la Sierra, chilena, se apresta a una explotación forestal de largo plazo en 36 mil hectáreas en el nordeste antioqueño; la Altillanura, en Meta y Vichada, es codiciada por consorcios foráneos. Hay inversiones, anunciadas y en curso, para más de 100 mil hectáreas. Cargill planea una de 25 mil; Maggi de Brasil y Grobo de Argentina, sendas de doce mil. El Grupo Mónica (brasilero-argentino) tiene cuatro mil quinientas y ya se favoreció 3.500 millones de pesos de Agro Ingreso Seguro.
En la lista de posibles inversionistas hay compañías del agronegocio como el Grupo Ingacot, de Argentina, que está en el Magdalena Medio, y “arrendará tierras para cultivos en la zona norte del departamento de Antioquia y en el sur de Córdoba”. Existen proyectos de gran plantación del grupo AVAL, en palma, madera y arroz; del GEA (Sindicato antioqueño) vinculado a 25 mil hectáreas del proyecto Fazenda del operador Aliar y a once mil doscientas en los Montes de María en reforestación, a través de Cementos Argos y otras empresas más que reciben financiación nacional e internacional. El Grupo Santodomingo, “se enfocará en soya y maíz, cultivados en la altillanura colombiana… el propósito es promover entre los agricultores de la zona la siembra de estos granos… El negocio no es tener tierras propias, sino alquilar algunas y comprar los granos a terceros… la construcción de barcazas que transportarán el grano por el río Meta…fusionar los almacenes de depósito Almacenar y Almagran, para convertir la nueva compañía en el operador logístico más grande del país”. Una noticia ruidosa ha sido que “inversionistas chinos están interesados en comprar 400 mil hectáreas en la altillanura para sembrar granos”.
El acaparamiento de tierras es una tendencia global a la que Uribe y Santos se han plegado. Un documento del Banco Mundial, “Generando interés global sobre la tierra de cultivo”, identifica tres grupos de actores que están demandando tierra. (Véase recuadro).
El Banco Mundial estima en 123 millones de hectáreas la cantidad de tierra cultivable disponible en el planeta y clasifica por distintos tipos los países con tales reservas. Colombia es similar a Brasil y Argentina, con tierras aptas disponibles y potencialidad en sus rendimientos. En los países en desarrollo, el incremento de tierra en producción es de cinco millones de hectáreas al año, mientras en los desarrollados cayó en dos. Los precios de los bienes agrícolas, transados en las lonjas bursátiles, en particular palma de aceite, colza, caña de azúcar, forestales, soya, maíz y girasol estimulan el acaparamiento de tierra y cultivos a gran escala. Se prevé que en 20 años se requerirán 47 millones de hectáreas adicionales y, como en los países industrializados decaerán en 27 millones, en el Sur deberán cultivarse 74.
Se reconoce que la tendencia es hacia la gran plantación porque, entre otras, sus operadores “pueden estar capacitados para acceder a los mercados financieros globales donde el capital es más barato que en los domésticos”. Ese modelo permite la práctica de formas sofisticadas de especulación, como la de compañías que, con capital financiero, desarrollan cultivos con tierra en arriendo y contratos con operadores de maquinaria pagados con rentas fijas o equivalentes en producto. “Formas innovadoras”, que se sugiere multiplicarlas en Colombia, donde se calcula que hay disponibles y no cultivadas 4,97 millones de hectáreas.
El Banco recomienda enganchar a las familias campesinas en este paquete, como productores “atados” a la gran plantación; como “socios” que entregan la tierra al operador y reciben dividendos o una renta anual; o como beneficiarios de las compensaciones que se entreguen a las comunidades por las tierras estatales recibidas en concesión. Con tales recomendaciones, se comprueba que las propuestas de Santos y sus funcionarios, incluido el agronegocio como locomotora de la economía, no son más que la repetición de las ideadas por el Banco Mundial.
Se asemeja esta agricultura a la que los europeos implantaron en sus protectorados en África a comienzos del siglo XX. El elemento nuevo es el capital financiero, incorporado como factor determinante, que busca nichos para su abundante liquidez y las bajas tasas de interés que rigen en los grandes centros. Es, como decía Francisco Mosquera: “Diseminarse por el mundo o perecer, la rapiña o la asfixia. El imperialismo pretende curarse de todos sus males instaurando el sistema colonial… El florecimiento de los negocios imperialistas en Colombia presupone que ésta continúe sumida en el semifeudalismo y la miseria”.
Los TLC reforzarán la recolonización del agro
La política agropecuaria de Santos, formulada por el Banco Mundial, se acompaña de los TLC con Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Mercosur, Chile y otros más. Así lo dijo el ministro de Agricultura: “El TLC con Estados Unidos surtió todos los trámites internos requeridos… Desde su plena aprobación en Colombia, no se han presentado razones de carácter objetivo, subjetivo o de orden legal que ameriten su renegociación total o parcial, lo cual incluye el capítulo agrícola, motivo por el cual esta Administración no considera pertinente renegociar o modificar el TLC con Estados Unidos, en todo o en parte”. El mismo Santos señaló que el propósito es “tener un vigoroso desarrollo rural, que prepare a las economías campesinas para competir con éxito y aprovechar los TLC con Canadá, con la Unión Europea y con Estados Unidos”.
Ese anuncio cae como sentencia de muerte a la cadena láctea nacional. Está evaluada la enorme lesión que el TLC con Estados Unidos propina a las producciones de cereales, oleaginosas, granos, frutas y hortalizas, carne de pollo y cerdo y aun las que causará a la ganadería; pero el daño acumulado con el de la Unión Europea y Mercosur que le vendrá a la leche se plasmará en un diluvio de productos lácteos sobre este renglón, que hoy es autosuficiente.
Cálculos mínimos estiman que el efecto de estos tratados, si comenzaran en 2012, significará la importación de 25% de la producción colombiana de leche en polvo, mantequilla y quesos más los estragos que causará el lactosuero, subproducto utilizado como sucedáneo para toda clase de mezclas lácteas perversas. La quiebra de centenares de miles de ganaderos, 65% de los cuales tienen menos de ocho reses, se dará con los TLC que Santos implementa. Bajo ese esquema sobrevivirán, como lo dicen los documentos oficiales, sólo hatos de “talla mundial” y la derrota de los lecheros llevaría a la agricultura campesina y mediana a una fase terminal para abrir paso a la gran plantación de tipo colonial, eje de la política agraria santista.
Restitución subordinada al Fisco, al agronegocios y al mercado de tierras
En el marco de la política agropecuaria, colonialista y de TLC, está inmerso el proceso de restitución de tierras a las familias desplazadas por la violencia, despojadas de sus propiedades y posesiones desde 1991, según la versión aprobada en la Cámara de Representantes. En un primer acto, se publicitó como Ley de Tierras, dando sensación de una Reforma Agraria con visos de justicia distributiva, pero, en un segundo momento, se convirtió en proyecto de Restitución de Tierras, de justicia reparativa. El ministro Restrepo lo aclaró: “Un gran programa de clarificación de los derechos legítimos de propiedad es la mejor defensa de esos derechos, a condición de que sea para todos… El proyecto de Ley de Restitución de Tierras es respetuoso, en grado sumo, del Estado de derecho y de los tenedores de buena fe exenta de culpa”. Así sosegó la incertidumbre de algunos en torno a una modificación sustancial del régimen de propiedad vigente en el campo.
Cuando permanecía la Restitución como cuerpo aparte de la Ley de Víctimas, se definió en la exposición de motivos “que el gobierno colombiano quiere cumplir” los mandatos de la Corte Constitucional y de las normas de Derecho Internacional Humanitario. O sea, el establecimiento de un sistema de justicia transicional que garantice el derecho a la reparación de 460 mil familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, a quienes se les sustrajeron en las dos últimas décadas tres millones de hectáreas, de distintas formas, y en no pocos casos con complicidad de las instituciones, en regiones declaradas como prioritarias por el estado de violencia generalizada.
Incluso así, el objetivo reparador no parece consumarse a cabalidad. Tanto en la exposición de motivos como en estudios correspondientes, se asevera que “la mayoría de los desplazados no desea retornar”. A eso deben agregarse las condiciones actuales de tenencia de los predios, a partir de “la presunción legal por vicio de consentimiento”, que van desde las que se hallan abandonadas hasta las que se encuentran en manos de tenedores de buena fe, pasando por las de quienes adquirieron “derechos sobre tierras despojadas, o aprovechando la inferioridad de aquellos sometidos al terror organizado”. Para cada caso operarán mecanismos específicos, incluidas la extinción de dominio o la indemnización en TES “a plazos determinados, para hacerlos fiscalmente posibles”.
En un tercer acto la Restitución fue incluida como capítulo de la Ley de Víctimas, concordando supuestamente con lo dispuesto por la Corte y cuyo resultado final sería el levantamiento de un nuevo catastro rural que incluya las titulaciones derivadas de la reparación. Con esto se concreta una de las bases centrales para “dar transparencia al mercado de tierras”, como lo dicta el Banco Mundial, en consonancia con el programa general de “interés global por la tierra de cultivo”, del cual, bajo esa óptica, la Restitución es subsidiaria.
Las mayores sombras recaen sobre la “viabilidad” fiscal del programa. De un costo inicial de 70 billones se bajó a 45 en diez años y ya se advirtió que los montos “no se acercan siquiera a los topes de una reparación integral previstos en la legislación y que han sido tasados en cerca de 67 billones de pesos, el 10 por ciento del PIB”. Más aún, se añade que “de los 45 billones que el Estado dice estar dispuesto a desembolsar tan sólo 11 o 12 billones tienen realmente la categoría de reparación a la luz de la jurisprudencia internacional y de la propia Corte… Ofrecer salud y educación a alguien por ser víctima de la violencia”, “es cobrarle doble” derechos ya previstos.
De sobrepeso, la disponibilidad para la Restitución se supeditaría a la reforma constitucional que prescribe la “sostenibilidad fiscal como principio”. Según Iván Cepeda: “Los artículos 5 y 13 del proyecto introducen este criterio, que recorta drásticamente la pretendida reparación. El proyecto además deja a discreción del Gobierno fijar los montos de la indemnización de las víctimas por la reparación administrativa, limita algunas de las modalidades de la indemnización por vía judicial - lo cual es un claro retroceso-, y no establece la restitución patrimonial para quienes han sido despojados de tierras”. Los propósitos de esa restricción son explicados por la periodista María Isabel Rueda: “A partir de esta Ley, tendremos un marco legal para fijar esos montos”, anticipando que “a su vez, permitirá algo invaluable, como es ponerle orden y disciplina al pago de condenas al Estado por parte de los jueces, vía tutela”. Por esto, intituló su escrito “Por mal que salga, sale bien”.
El cuarto acto de la Restitución se presentó con la declaración del ministro Restrepo al avisar que en ciertos casos podía adelantarse sin ley: “Para abril próximo, 130. 487 familias habrán recibido o legalizarán la tenencia sobre 312 mil hectáreas en ‘áreas emblemáticas que ya están localizadas’ y en las que el despojo fue sistemático. Después de un primer barrido nacional… identificaron 184 casos de campesinos que fueron beneficiarios de Reforma Agraria y que por presiones tuvieron que dejar sus propiedades… Será una restitución directa (el Gobierno anulará actuaciones oficiales ilegítimas) y por tanto no se requiere esperar a la aprobación de las leyes de Tierras y Víctimas… El Gobierno legalizará 2.631 baldíos y la propiedad de comunidades indígenas y afros sobre 51 zonas. Unas 38 mil fincas incautadas a narcos y grupos ilegales serán usados, por primera vez, para ayudar a campesinos sin tierra”.
La Restitución de tierras, que se presenta como el proyecto rural insignia del gobierno de Juan Manuel Santos, está subordinada a tres limitantes: la política fiscal, incluidos quienes quieran vender sus tierras recuperadas al Estado colombiano, que deben someterse al pago en Títulos de Tesorería, TES; la dinámica del mercado de tierras, como sujetos de impuesto predial y complementarios, tal como lo dicta el Banco Mundial; el agronegocio para quienes retornen o deseen mantener su propiedad, pues podrán ser “sus socios”, bajo “esquemas de usufructo”.
Esto último, según Santos, consiste en un “ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan. Ellos merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales… el mercado de capitales de inversión no debe mirar a los campesinos como vendedores de tierras baratas, sino como prósperos propietarios, que pueden asociarse en buenos términos con importantes inversionistas” Tales afirmaciones han sido ratificadas por funcionarios del gobierno al perorar que “el mercado de capitales ayudará a doblarle el espinazo al feudalismo” o que “aquí hay una posibilidad para que el mercado de capitales ayude a dinamizar las locomotoras… incluso en titularizaciones del sector agropecuario”.
Lo anterior se complementa con otros análisis, como el de Darío Fajardo, que ubica la Restitución atravesada por “la denominada extranjerización de tierras agrícolas en países de África, Asia y América Latina, en la cual grandes empresas de economías poderosas, China entre ellas, adquieren derechos en esas naciones para desarrollar extensos proyectos de producción de alimentos y materias primas para sus mercados” y, en consecuencia, acota que “ante las propuestas gubernamentales cabe escepticismo”.
Todo puede terminar igual o peor que la Ley 200 de 1936, con la cual se le ha llegado a comparar. En su vigencia, “el proceso de parcelación iniciado durante la administración Olaya Herrera y que continuó después de expedida la Ley 200, tuvo un impacto reducido sobre la propiedad rural. Todas las parcelaciones que se realizaron en el país hasta 1940 favorecieron a poco más de 20.000 propietarios, distribuyendo unas 430.000 hectáreas. El número de propietarios favorecidos equivalía a sólo el 3.2% de los dueños y al 6.5% de los arrendatarios y colonos registrados en el Censo de población de 1938 en el sector agropecuario”. Por ahora, el panorama parece igual o más sombrío, para infortunio del reconocimiento al justo derecho de Restitución que les cabe a millones de de familias desplazadas.
¿Quién demanda la tierra?
“En el lado de la demanda hay tres grupos de actores: un primer grupo, incluye gobiernos de países que estaban iniciando inversiones cuando, especialmente en la crisis alimentaria de 2007 y 2008, se preocuparon por su incapacidad para proveer comida a partir de recursos domésticos. Un segundo grupo de jugadores relevantes y entidades financieras, que encuentran atractivos en las inversiones basadas en tierra, las que incluyen probablemente valorización con un margen por encima de la inflación, y la proyección de asegurar retornos desde la tierra para un largo plazo, algo de gran importancia para los fondos de pensión con extenso horizonte. Aunque los mercados de tierra son algo ilíquidos, algunos de los inversionistas en activos también pueden beneficiarse desde pasos para desarrollar el funcionamiento de los mercados de tierras y, en algunos casos, usar técnicas cuantitativas sofisticadas para identificar tierras subvaloradas. El tercero grupo, con una mayor concentración en los procesos del agro y en los avances técnicos que favorecen operaciones a escala; operadores tradicionales agrícolas o agroindustriales o comercializadores que pueden tener un incentivo para expandir la escala de operaciones o para integrarse hacia delante o hacia atrás y adquirir tierra aunque no siempre a través de compras”. Fuente: Banco Mundial, “Rising Global Interest in Farmland”, p.10, septiembre 7 de 2010.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article5672
