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Un tsunami amenaza a la U. Pública
LIBARDO VARGAS CELEMIN
Profesor Asociado UT
lcelemin@ut.edu.co
Profesor Asociado UT
lcelemin@ut.edu.co
El Gobierno nacional presentó la Propuesta de Reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se regula el servicio público de la Educación Superior, con el objeto de que se realice una discusión y se llegue a un consenso, cosa que dudamos, por cuanto la estrategia oficial siempre ha sido la de posar de demócrata y decir que escuchó a los interesados, pero las decisiones ya han sido tomadas antes de los debates.
Las reformas que se plantean resultan coherentes con las exigencias que ha hecho la banca multilateral y que aquí se vienen implementando con todo el servilismo posible. Se trata de controlar por todos los medios la llamada "calidad de la educación" que se reduce simplemente a procesos de evaluación: pruebas saber, pre saber, saber 11, para la educación básica y media, lo mismo que saber pro (antiguos Ecaes). De igual manera institucionalmente se exige autoevaluación, registro calificado, acreditación de calidad y demás controles que sólo buscan "vigilar y castigar".
Con argumentos que esgrimen la necesidad de tener una normatividad actualizada, el Gobierno habla de ampliar la cobertura, fomentar y fortalecer la investigación, ampliar fuentes de recursos y lograr la movilidad docente y estudiantil. Lo anterior pareciera un gran propósito, sino supiéramos que en su discurso siempre están ocultas segundas intenciones.
El documento afirma que se garantizará la autonomía universitaria y que se velará por la calidad de la educación, a través de "la suprema inspección y vigilancia de la educación superior". Lo anterior resulta contradictorio por cuanto la sacralización del control y la vigilancia impiden el pleno desarrollo de la autonomía e instauran un régimen donde sólo es posible una educación universitaria instrumental que atienda las necesidades del mercado y además establezca alianza con los particulares en los llamados "proyectos productivos".
Según el Gobierno, establecer que las universidades se conviertan en instituciones con ánimo de lucro, no es privatizarlas, sino hacerlas competitivas y "esto no significa privatizar, sino invertir". Este eufemismo corrobora que se trata de arrasar el principio de que la universidad pública es una institución que tiene por objeto "un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado", y se propugna porque sean empresas que den excedentes económicos, independiente de alcanzar una formación integral que haga de los egresados, ciudadanos capaces de crear e innovar en todos los campos de la dimensión humana.
La reforma a la Ley 30 es el verdadero tsunami que amenaza hacer desaparecer a la universidad pública colombiana, si no asumimos su defensa desde todas las esferas de la sociedad y levantamos los muros, voces y acciones que impidan el paso desbastador de la arremetida oficial.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/40934-un-tsunami-amenaza-a-la-u-publica.html
