Imagen: http://colombia.indymedia.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=58316&g2_serialNumber=2
La reforma de la Ley 30 de 1992: Una agresiva avanzada del modelo neoliberal por el control del botín de la acumulación flexible en la educación[1]
Miguel Antonio Espinosa Rico[2]
Especial para Boletín EMancipación Obrera
El neoliberalismo, aún en su inocultable crisis global, hace visible que la misma no se produce con similar intensidad ni manifestaciones en todos los momentos ni en todas las escalas espaciales. En uso de la gradualidad con que se ha venido implantando en las diferentes sociedades del mundo, el modelo utiliza también las más disímiles herramientas para el logro de su propósito final: someter a todas las naciones y oprimir a todos los pueblos del mundo, extrayendo hasta la última gota de su aporte impuesto a la acumulación capitalista.
A poco más de tres décadas de iniciar la última e irreversible crisis del capitalismo global, tal como lo sentenciara Marx, desafora sus ansias de pervivencia, hundiendo sus garras en el sacudido y exangüe cuerpo de sus víctimas, por más de dos siglos y tantas décadas expoliadas.
En sus coletazos mortales, pisa el acelerador de la explotación desmedida y salvaje sobre las sociedades dependientes, a costa de las cuales espera obtener una reposición de energías que le permitan existir por más tiempo al comando de las acciones de dominación de la sociedad del mundo entero.
De la sistemática aplicación de la dupla estratégica desmonte del Estado Nación – Privatización; apertura económica-apertura democrática, iniciada en Colombia con claridad desde finales de la década de los 80 del Siglo XX, ha pasado a la entrega paulatina de todos los activos del Estado, y por lo tanto del pueblo de Colombia, a los monopolios trasnacionales, que en contubernio con las apátridas oligarquías nacionales han configurado una republiqueta administrada extraterritorialmente por aquellos y, como ahora se denuncia por todos los medios periodísticos nacionales e internacionales, convirtieron al país en un paraíso de mafias del narcotráfico, mafias de cuello blanco y una camada de numerosos traquetos y testaferros, infiltrados e incrustados en todos los niveles del gobierno, incluidas sus fuerzas armadas.
Desdibujado y ausente un proyecto alternativo nacional, por la debilidad de la izquierda y el accionar desafortunado y errático de una insurgencia desacreditada y comprometida con acciones ajenas al movimiento social, el país entró en el camino peligroso de una confrontación en la que ninguno de los actores ha tenido ni tiene aún la posibilidad de someter al otro, pero sí de causar daño, dolor y muerte a los sectores civiles, cada vez más ajenos a la misma.
Mientras esto ha sucedido, el capitalismo ha actuado arteramente, imponiendo la flexibilización laboral y el consecuente debilitamiento cuando no la liquidación del sindicalismo por sustracción de materia; la tercerización de las economías urbanas y la consecuente desindustrialización; el vaciamiento del campo por la vía del desplazamiento forzado, encargado al paramilitarismo aupado y acompañado por el gobierno y sus fuerzas armadas; la privatización de todas las empresas del Estado, con el consecuente despido e indemnización de trabajadores, arrojados a un mercado del trabajo inexistente; conversión de los derechos fundamentales a la educación, la salud y el agua potable, en servicios públicos, con lo que no solo elimina estos derechos sino que facilita la más criminal acumulación del capital en unos cuantos monopolios, manejados y defendidos por verdaderas y peligrosísimas mafias.
Paradójicamente, mientras se aplicó la apertura económica, a favor del capital trasnacional, claro está, su contraparte, la apertura democrática naufragó en la práctica y apenas se quedó en el registro demagógico del gobierno y la ingenuidad de quienes la abrazaron como garantía ganada en la más neoliberal de las constituciones de América Latina, la Constitución Política de Colombia de 1991.
Si tomáramos tan solo dos ejemplos: la ciudad y el campo, tendríamos la trama del drama contemporáneo en las sociedades dependientes. En el primer caso, el desplazamiento, no solo forzado por actores armados sino también por la pobreza y la marginalidad, contribuye a la expansión urbana, la cual está fríamente administrada y guiada por el capital financiero nacional e internacional que especula a su antojo con la tierra y sus precios, haciendo no solo imposible el acceso de los más pobres al derecho a contar con una vivienda sino esclavizando a quienes asumimos el rol de acreedores del sistema financiero para el acceso a la vivienda. La ciudad actúa así como un teatro de conflictos sociales cuyas manifestaciones más visibles son la segregación socio espacial de las mayorías y el enriquecimiento indebido de un número cada vez más reducido de inversionistas parásitos. Una ciudad cuya función, en el capitalismo contemporáneo, no es otro que facilitar, a través de las políticas urbanas dictadas por el capital, la acumulación de capital, al tiempo que crece en su interior toda clase de desigualdades, pobrezas sociales y ambientales y violencias.
En el segundo caso –el campo- su vaciamiento por vía del desplazamiento forzado, impacta no solo el crecimiento urbano sino que facilita las condiciones ideales para el establecimiento del proyecto político-económico del paramilitarismo asociado a la inversión trasnacional en la gran minería a cielo abierto, la palmicultura, los megaproyectos hidroenergéticos, el agroturismo y los megaproyectos viales.
La expresión de los ministros del neoliberalismo abogando por “más economía y menos Estado” adquieren ahora pleno sentido. Eliminadas las trabas legales, incluida por supuesto la Constitución Política
Que ello es así lo muestran tanto la permanencia como el ocultamiento de los más aberrantes casos de corrupción y de crímenes bajo el gobierno de Uribe, así como la obsecuencia y servilismo del gobierno nacional y la mayor parte de gobiernos territoriales ante las empresas del capital internacional, en contra, principalmente, de la propia Constitución Política y del interés y la soberanía nacional.
Ya, en términos generales, han logrado entregar en manos de mafias privadas las empresas de acueductos, alcantarillados y aseo, tal como ya lo habían hecho con las empresas de energía y más adelante con la salud.
Ahora, de manera abrupta y después de meses de maquinar a la sombra, el presidente Santos salta a la palestra, sacando de la manga de su sacoleva, el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que norma la oferta y la administración de la educación superior.
Convencido como parece estar, que el 82% del Congreso, perteneciente a la coalición uribista, le será suficiente para dar una bofetada a la universidad estatal y a la educación en general, informa más que consultar, que ha llegado el momento de facilitar de manera más expedita, la inversión privada en la educación superior y de invertir la relación entre educación técnica y educación superior universitaria. Es decir, pasar de una relación de aproximadamente 35 vs 65 a por lo menos 45 vs 55, solo en los cuatro años de su gobierno. Tal planteamiento evidencia la manera mentirosa como los gobiernos todos, en todas las épocas, pero sobre todo en las últimas dos décadas, han venido asfixiando a la universidad pública estatal y aumentando los aportes al SENA y los estímulos a la educación superior privada.
En el mismo discurso del presidente se miente al país, al expresar que el aumento de la educación técnica resolverá el problema de la incorporación de la juventud al mercado laboral y a la productividad de la sociedad y la economía nacional. Ello niega que aún si pudiésemos formar a la totalidad de nuestras y nuestros jóvenes, así fuese en carreras técnicas y tecnológicas, ellas y ellos no encontrarían el mercado laboral que de manera mentirosa e infame promete el gobierno. Una sola pregunta nos sacaría de esa trampa demagógica y mediática: ¿Cuántos jóvenes preparados por el SENA están hoy ocupadas y ocupados, dónde y con qué salarios?
El problema del empleo en las sociedades dependientes y aún “desarrollados”, es un problema estructural, asociado a la distribución de la riqueza, a la posesión de los medios de producción, al desarrollo de las fuerzas productivas y a unas relaciones sociales de producción específicas. Pero además, está asociado al tipo de Estado y a su papel en tanto regulador de las tensiones y los conflictos entre todos los actores de la productividad en la sociedad y a la manera como se distribuyen los beneficios de la riqueza producida.
Es mentiroso un gobierno que promete una política de pleno empleo, o cuando menos de empleo, al mismo tiempo que desestimula la producción nacional y se compromete en Tratados de Libre Comercio (TLC), que abrirán aún más nuestras fronteras a mercancías y toda clase de productos externos, que lejos de favorecernos, como está plenamente mostrado, agudizarán aún más la precariedad laboral y la capacidad adquisitiva de la población toda. Los mismos empresarios norteamericanos argumentan, sin vergüenza alguna, que requieren con urgencia el TLC con Colombia, pues de ello depende que puedan superar la crisis de empleo que están viviendo por cuenta del avance de la producción china y de otros países asiáticos, con los cuales ahora su balanza de comercio es negativa. Es decir, ellos necesitan emplear a su gente, aún a costa de generar el desempleo de nuestra gente y la descapitalización de nuestra economía. Entonces, ¿a qué sectores de la “producción” espera enviar el presidente el personal calificado en la formación técnica que espera obligar a ofrecer a la Universidad o costear con recursos del Estado en la educación privada?
Estamos de acuerdo en que la juventud que concluye sus estudios medios pueda ingresar a la educación superior, pero ello debe obedecer a una política de Estado en Educación, la cual no es posible sino mediante la puesta en escena de la plena financiación estatal de la misma. Solo mediante el cumplimiento de los aportes estatales nacionales a la educación superior, tanto a través del SENA como de las universidades, se podrá cumplir la ampliación efectiva de la cobertura con calidad, de la cual tanto se especula en el lenguaje oficial. No se puede ni pensar ni aceptar que transfiriendo fondos del Estado a los oferentes privados, se pueda ampliar la cobertura en ningún nivel de la educación. Para la muestra dos botones de la inconsecuencia y las mentiras de los gobiernos nacional y departamental: con lo que pagaría el Estado por un estudiante pobre en las universidades Javeriana o de los Andes, estudiarían entre 10 y 14 jóvenes de los estratos 1, 2 o 3 en la Universidad Nacionalla Universidad de Ibagué (de la cual es socio fundador), podrían estudiar entre 6 y 8 jóvenes en la Universidad del Tolima. ¿Dónde está la ética de estos gobernantes? Tanto Santos como Oscar Barreto, han estado vinculados a las universidades de los Andes y de Ibagué, respectivamente.
Es necesario apartar la paja de la esencia, en el discurso presidencial sobre el proyecto de reforma, que apenas se empieza a conocer, sobre todo cuando se sabe, por experiencia, que una verdad a medias, como la que expresa el presidente, es en razonamiento lógico, una mentira de fondo. No se trata de insistir en que seremos escuchados y que se respetará la “autonomía” universitaria sino más bien de cómo se garantizará que la universidad pública estatal podrá cumplir con las premisas verdaderas contenidas en las palabras de Einstein de “Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia”. De hecho el discurso oficial redunda en señalar lo costosa que resulta la educación para el Estado, pero nunca se le ha escuchado lo costoso que resulta mantener el aparato de defensa y sus cuerpos armados, tan ineficientes y peligrosos para la seguridad ciudadana; o la corrupción, llevada a su máxima y más escandalosa versión durante los 8 años de gobierno del “señor de las sombras” Álvaro Uribe Vélez.
La hora es pues de reflexiones profundas y sin duda requerirá de la mayor capacidad movilizadora de la comunidad universitaria y de todo el movimiento social. La hora es de defensa de la universidad pública estatal y de una educación que responda a los intereses de la población colombiana, a su derecho a la soberanía y autodeterminación nacional y a la autonomía académica.
[1] Reacción ante el discurso del presidente de Colombia, al presentar el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 sobre la educación superior en Colombia. Texto escrito para Colectivos Libertarios de Emancipación Obrera.
[2] Candidato a Doctor en Geografía. Profesor Universidad del Tolima. Decano ( E ) Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima.
