La justicia no llega para las familias de las víctimas de los falsos positivos
Yesid Quiroga.
Los más de 2000 falsos positivos son una tragedia de la seguridad democrática. En este período de reflexión los retomamos para que no olvidemos fácilmente a los que han perdido la vida en medio del absurdo conflicto armado.
“Madre he ahí a tu hijo”. Esta palabra que pronunció Cristo para entregarle a Juan el cuidado de María la escucharon más de 2200 madres de Colombia en una circunstancia igual de adversa, luego de extrañas desapariciones les dijeron que sus hijos habían muerto en combates con el Ejército porque engrosaban filas guerrilleras. La verdad fue que varias unidades militares con ayuda de paramilitares se dedicaron a reclutar, asesinar y reclamar recompensas y vacaciones.
Para Jaime Zuluaga, miembro de la Asamblea Permanente por la Paz, es lamentable la posición del presidente de la República de minimizar los hechos y manifestar como en otros casos que se trata simplemente de errores o montajes contra las Fuerzas Militares orquestados por organizaciones de derechos humanos o abogados defensores de éstos.
Las evidencias fueron recabadas por el propio delegado de las Naciones Unidas, Philip Alston, quien luego de entrevistar a los familiares de las víctimas y a las autoridades colombinas determinó que existió una acción sistemática de las Fuerzas Militares que segó la vida de personas humildes, gente de la calle, jóvenes desempleados, discapacitados mentales y hasta soldados que estaban de permiso. Todos fueron presentados como guerrilleros arreglados en muchos casos con uniformes, sin agujeros de bala, y botas de caucho, sin medias en zonas de despiadado calor.
Jaime Zuluaga afirmó que en Colombia el Gobierno y las Fuerzas Militares deben asumir claramente su responsabilidad en los crímenes que se venían y se vienen cometiendo y que de acuerdo a la Fiscalía superan los 2000, aunque según otras versiones pueden existir más.
Hoy esas madres lloran a sus hijos y esperan justicia porque los militares implicados no fueron procesados antes del vencimiento de términos, esperan reparación porque el Gobierno no permitió que ley de víctimas contemplara la indemnización por vía administrativa por crímenes de Estado y anhelan que algún día el Gobierno responda por la violación a los Derechos Humanos de tantos colombianos.
