Desmercantilizar el derecho a la salud
Edición Nro.: 87. eldiplo.info
Por: Carlos Gutiérrez Salud, prevención, sufrimiento o muerte. Los sistemas de salud provocan el debate público por doquier. En Estados Unidos, su actual Presidente, ante la ineficiencia del sistema heredado, con cerca de 50 millones de sus conciudadanos por fuera de la red pública, contra la oposición republicana que representa con eficiencia los intereses de la empresa privada, trata de reorientarlo.
Salud, prevención, sufrimiento o muerte. Los sistemas de salud provocan el debate público por doquier. En Estados Unidos, su actual Presidente, ante la ineficiencia del sistema heredado, con cerca de 50 millones de sus conciudadanos por fuera de la red pública, contra la oposición republicana que representa con eficiencia los intereses de la empresa privada, trata de reorientarlo. Allá, pese a contar con uno de los presupuestos para salud más altos del mundo, sus resultados son precarios –“un sexto de su población no dispone de ninguna protección” (Bulard, pág. 4), su esperanza de vida no va de la mano con la inmensa inyección de recursos que aplican, y la disparidad en el acceso al sistema entre su población –ricos y pobres, blancos y negros– es inocultable.
Y… en países del otrora campo socialista como Rusia, ahora, bajo la impronta neoliberal, ¡cae en 10 años la expectativa de vida!, además, cada uno de sus habitantes tiene que velar por su propia salud. La mano larga a la empresa privada para resolver problemáticas públicas de primer orden, sin resultados apreciables en ninguna parte del orbe, propició que en Inglaterra, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, pese a la gratuidad para la atención básica, se perdiera la calidad del servicio, ¡postergando las citas hasta tres meses! O que en los países de la ya mecionada órbita soviética, se olvidaran del sentido y los logros de la sensibilidad social y lo público, llevando a su población con menos recursos a una total zozobra. Pero volvamos los ojos más cerca:
Cuba, sin lujos, con menos recursos económicos que la mayoría de países del mundo, pero con una mirada integral sobre el tema –educación, prevención, alimentación, gratuidad–, obtiene indicadores que muchos países del llamado primer mundo envidian; en tanto que en Brasil, pese a la inmensidad de su territorio, la financiación estatal y la política pública abre los centros de salud para toda su población, sin otra condición que la de ser nacionales de aquel país. En Colombia, a pesar de importantes sumas de dinero inyectadas desde el Estado al sistema de salud (1), sus resultados son más que precarios para la mayoría de la población, pero muy buenos para las empresas privadas que se dedican al negocio de enfermar y no curar (Sanabria, pág. 6), y de intermediar los recursos públicos. Un problema de calidad de vida, pero también de vida o muerte.
En Colombia, si bien en ningún período de la historia nacional se ha contado con un Sistema Público y Universal de Salud, el que rige en la actualidad menos, no asume a la población como un solo núcleo humano. Por el contrario, lo segmenta y crea varios tipos y diversa calidad en el servicio (los del régimen contributivo, los del régimen subsidiado y los pobres no asegurados). Y, ante esta disparidad, y la preeminencia del lucro sobre el servicio y la violación del derecho inalienable que atañe a la salud de todo ser humano, surgen los jueces como tabla de salvación, como arbitros y garantía para que el ciudadano de a pie sea atendido, fallando año tras año y de manera creciente, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil tutelas, hasta llegar en 2008 a 142.947, como demostración irrefutable de que algo anda mal, muy mal, con la salud (2). Ineficiencia. Reducción en la calidad y en la expectativa de vida son sus consecuencias.
Un resultado frente al cual, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llaman la atención y resaltan que su privatización no es un camino acertado. Pero, de igual manera, la OMS recuerda que la disparidad en las condiciones de vida, que la pobreza, incluso dentro de un mismo país, explica la desigualdad en el acceso al derecho a la salud, y al mismo tiempo, que la aplicación de medidas estimuladas por el neoliberalismo hacen tambalear el sistema público que le da soporte. Su mercantilización no es opción viable ni sensata.
En refuerzo de este diagnóstico, el 66 por ciento de los colombianos de estratos 1 y 2 que habitan en las nueve principales ciudades del país confirma –a pesar de las altas tasas de cobertura de aseguramiento– que su marginación y el nulo acceso a la atención en salud responde a una sola causa: nada más ni nada menos, “falta crónica de recursos económicos”. Esta crisis en el sistema de salud propició que en el 2008 la Corte Constitucional tomara cartas en el asunto: con la Sentencia T-760, exigió correctivos al gobierno nacional. ¿La respuesta oficial?, de Emergencia Social, aviva la hoguera de una problemática que afecta y dificulta la vida de millones de personas, pacientes activos o potenciales, que debe ser resuelta con sentido humano, no con pensamientos de banquero.
La privatización gana
Sin reparar que la negación del derecho a la salud para un importante número de connacionales procede de la visión impuesta desde la Ley 100 de 1993, que avaló el aseguramiento individual, la intermediación de los recursos públicos por parte de las EPS, la segmentación de la población por ingresos, y la propia atomización o el desconocimiento de conceptos fundamentales como vida, felicidad, seguridad, salud, trabajo, atención, prevención, cultura, el gobierno nacional insiste en su vieja e ineficiente fórmula: más dinero, más intermediación.
De acuerdo con su decisión, que no va al centro de los síntomas del cuerpo (cotidianidad, entorno, prevención), y sólo repara en las finanzas, esos recursos tendrían que provenir de los ahorros de la población. Con mano de carterista, determina que los ciudadanos asuman los costos de las enfermedades que requieren exámenes y atención más compleja y de especialistas de la salud –negados en su autonomía–, al amenazarlos con multas si formulan una atención que vaya más allá del autorizado por el nuevo y reducido POS. Además de la mano intrusa, afectados por la disimulada aplicación de una reforma tributaria que graba con nuevos porcentajes el consumo de cerveza y cigarrillo, así como los juegos de azar.
Por parte alguna, se siente la preocupación por el alto número de ciudadanos excluidos del sistema de salud, como por la equidad, la calidad, la integralidad, la eficiencia del sistema, la formación de los profesionales del ramo, los valores, la justicia. Así, el remedio del gobierno –maniobra ante la exigencia de la Corte Constitucional– sale peor que la enfermedad. La agudizará.
El debate
Contrario a los planes del alto gobierno, un importante segmento de la población resultó conmocionada por las medidas de Emergencia Social. Cundió el estupor ante esta decisión. El temor al ver la mano del Estado esculcando los bolsillos, tras los pocos billetes resguardados para responder a los sucesos extraordinarios, la posible vejez o el goce, y la inconformidad de los trabajadores de la salud al ver pisoteada su menguada autonomía, todo esto y mucho más, se juntó para propiciar que las voces de inconformidad se escucharan por todo el país.
El 18 de febrero, como no se veía desde hace mucho, en la mayoría de las principales ciudades, trabajadores y población en general marcharon contra las pretenciones oficiales y por el derecho a la salud. Como bombero, el presidente Uribe salió a justificar las medidas.
Al tiempo que pedía explicaciones al Ministro del ramo por lo decidido, en una maniobra de distracción, a través de la cual quería aparentar que él no sabía del tema o que no estaba al tanto, cuando ¡todos los decretos de la Emergencia Social llevan su firma! A la par, y como acción tradicional del poder, para dividir y reinar, procedió a ofrecer pequeñas concesiones para uno u otro sector de la salud. Pero la maniobra no cuajó.
Dos meses después de expedidos los decretos, la inconformidad social se mantiene. Tiende a transformarse en acelerador y centralizador de la dispersa pero creciente inconformidad social en Colombia, que no es totalmente distraída tras los temas de guerra interna, o de la constante e ininterrumpida maniobra comunicacional proveniente de la Casa de Nariño.
Hacia doce soluciones
Así, el que parecía un tema menor amenaza con traducirse en un factor fundamental en la campaña electoral presidencial que se avecina, y dificulta la reelección uribista en cabeza ajena. Por tanto, el as está del lado de los sectores sociales organizados. Y éstos lo saben.
Para llegar a un nuevo sistema único, público, nacional, de salud, la clave está en generar un proceso por su “desmercantilización” (3), asunto que demanda aprovechar el momento de indignación nacional y configurar una amplia coalición social que logre generar la fuerza política necesaria para avanzar en la construcción de un nuevo modelo, de características humanas como garantía del derecho a la salud. De los sectores organizados se conocen sus propuestas para la crisis de la salud, las mismas que apuntan a un debate y soluciones estructurales que den paso a la creación de un “nuevo sistema único público nacional de salud”, respecto al cual, desde una lectura integral, los movimientos sociales reclaman ponerle fin a la Ley 100 de 1993, y retoman la senda de la salud como un todo, estructurando su propuesta en una docena de elementos, a saber:
Asumir la salud como derecho inalienable, irrenunciable, universal: “todas y todos en cualquier rincón del país tendrán la atención que necesiten, sin necesidad de otra identificación que su condición de ser colombiana o colombiano”; integral: “todas y todos tendrán acceso gratuito a cualquier procedimiento que, siendo necesario para protegerle o recuperarle la salud, se justifique desde el punto de vista médico o humano”; intercultural, al reconocer la diversidad cultural de Colombia con incorporación de todo el saber ancestral de salud de las poblaciones originarias; equidad: “un sistema universal tendrá que lidiar con las profundas inequidades que marcan el acceso a la salud en regiones como el Chocó o el área rural, así como en las periferias urbanas”; con participación social: “de carácter decisorio y vinculante”; con financiamiento garantizado desde el Estado: en un porcentaje inicial nunca menor de la cifra que hoy se gasta, pero con eliminación de la intermediación vía EPS”; con prestadores del servicio de salud: “estatales y no estatales mediados por contratos públicos, con presupuestación anual y sistemas de control social”; con oportunidad y calidad; con participación de todas las esferas del gobierno: “nacional, departamental y municipal”; superando la flexibilización laboral que afecta a todos sus trabajadores (4).
En todo caso, al abordar la definición de los principios que deben regir el nuevo sistema de salud que el país requiere y reclama para dejar atrás el desastre causado por la Ley 100, se debe tener en cuenta que aquéllos “son el resultado de valores que sustentan los aspectos que la gente considera justo, digno, aceptable para sí y para los demás”. Y desde esta lógica, el punto de partida para construir estos preceptos es definir de manera colectiva el contenido de lo “qué entendemos por justo” (5).
Definición necesaria, a la vez, para dar respuesta a una exigencia capital, “el rechazo a hacer de la salud un negocio rentable para unos pocos, porque genera sufrimiento, dolor, discapacidad y muertes evitables, y eso no es tolerable” (6).
1 En Colombia se invierte el 7,3 del PIB en salud; en el Fondo donde están los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Fosyga) hay 6,5 billones de pesos. Colombia: declaratoria de emergencia social. Salvavidas para el negocio de la salud, Le Monde diplomatique Nº 86, febrero de 2009, pp. 4-5.
2 Defensoría del Pueblo. Programa de Salud. La tutela y el derecho a la salud. Período 2006-2008. Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2009.
3 De las propuestas en construcción desde el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social para la configuración de un nuevo modelo de salud en Colombia garante del derecho a la salud, febrero de 2010.
4 íd.
5 íd.
6 íd.
Para la presente editorial se contó con la colaboración
de Mauricio Torres T.
Y… en países del otrora campo socialista como Rusia, ahora, bajo la impronta neoliberal, ¡cae en 10 años la expectativa de vida!, además, cada uno de sus habitantes tiene que velar por su propia salud. La mano larga a la empresa privada para resolver problemáticas públicas de primer orden, sin resultados apreciables en ninguna parte del orbe, propició que en Inglaterra, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, pese a la gratuidad para la atención básica, se perdiera la calidad del servicio, ¡postergando las citas hasta tres meses! O que en los países de la ya mecionada órbita soviética, se olvidaran del sentido y los logros de la sensibilidad social y lo público, llevando a su población con menos recursos a una total zozobra. Pero volvamos los ojos más cerca:
Cuba, sin lujos, con menos recursos económicos que la mayoría de países del mundo, pero con una mirada integral sobre el tema –educación, prevención, alimentación, gratuidad–, obtiene indicadores que muchos países del llamado primer mundo envidian; en tanto que en Brasil, pese a la inmensidad de su territorio, la financiación estatal y la política pública abre los centros de salud para toda su población, sin otra condición que la de ser nacionales de aquel país. En Colombia, a pesar de importantes sumas de dinero inyectadas desde el Estado al sistema de salud (1), sus resultados son más que precarios para la mayoría de la población, pero muy buenos para las empresas privadas que se dedican al negocio de enfermar y no curar (Sanabria, pág. 6), y de intermediar los recursos públicos. Un problema de calidad de vida, pero también de vida o muerte.
En Colombia, si bien en ningún período de la historia nacional se ha contado con un Sistema Público y Universal de Salud, el que rige en la actualidad menos, no asume a la población como un solo núcleo humano. Por el contrario, lo segmenta y crea varios tipos y diversa calidad en el servicio (los del régimen contributivo, los del régimen subsidiado y los pobres no asegurados). Y, ante esta disparidad, y la preeminencia del lucro sobre el servicio y la violación del derecho inalienable que atañe a la salud de todo ser humano, surgen los jueces como tabla de salvación, como arbitros y garantía para que el ciudadano de a pie sea atendido, fallando año tras año y de manera creciente, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil tutelas, hasta llegar en 2008 a 142.947, como demostración irrefutable de que algo anda mal, muy mal, con la salud (2). Ineficiencia. Reducción en la calidad y en la expectativa de vida son sus consecuencias.
Un resultado frente al cual, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llaman la atención y resaltan que su privatización no es un camino acertado. Pero, de igual manera, la OMS recuerda que la disparidad en las condiciones de vida, que la pobreza, incluso dentro de un mismo país, explica la desigualdad en el acceso al derecho a la salud, y al mismo tiempo, que la aplicación de medidas estimuladas por el neoliberalismo hacen tambalear el sistema público que le da soporte. Su mercantilización no es opción viable ni sensata.
En refuerzo de este diagnóstico, el 66 por ciento de los colombianos de estratos 1 y 2 que habitan en las nueve principales ciudades del país confirma –a pesar de las altas tasas de cobertura de aseguramiento– que su marginación y el nulo acceso a la atención en salud responde a una sola causa: nada más ni nada menos, “falta crónica de recursos económicos”. Esta crisis en el sistema de salud propició que en el 2008 la Corte Constitucional tomara cartas en el asunto: con la Sentencia T-760, exigió correctivos al gobierno nacional. ¿La respuesta oficial?, de Emergencia Social, aviva la hoguera de una problemática que afecta y dificulta la vida de millones de personas, pacientes activos o potenciales, que debe ser resuelta con sentido humano, no con pensamientos de banquero.
La privatización gana
Sin reparar que la negación del derecho a la salud para un importante número de connacionales procede de la visión impuesta desde la Ley 100 de 1993, que avaló el aseguramiento individual, la intermediación de los recursos públicos por parte de las EPS, la segmentación de la población por ingresos, y la propia atomización o el desconocimiento de conceptos fundamentales como vida, felicidad, seguridad, salud, trabajo, atención, prevención, cultura, el gobierno nacional insiste en su vieja e ineficiente fórmula: más dinero, más intermediación.
De acuerdo con su decisión, que no va al centro de los síntomas del cuerpo (cotidianidad, entorno, prevención), y sólo repara en las finanzas, esos recursos tendrían que provenir de los ahorros de la población. Con mano de carterista, determina que los ciudadanos asuman los costos de las enfermedades que requieren exámenes y atención más compleja y de especialistas de la salud –negados en su autonomía–, al amenazarlos con multas si formulan una atención que vaya más allá del autorizado por el nuevo y reducido POS. Además de la mano intrusa, afectados por la disimulada aplicación de una reforma tributaria que graba con nuevos porcentajes el consumo de cerveza y cigarrillo, así como los juegos de azar.
Por parte alguna, se siente la preocupación por el alto número de ciudadanos excluidos del sistema de salud, como por la equidad, la calidad, la integralidad, la eficiencia del sistema, la formación de los profesionales del ramo, los valores, la justicia. Así, el remedio del gobierno –maniobra ante la exigencia de la Corte Constitucional– sale peor que la enfermedad. La agudizará.
El debate
Contrario a los planes del alto gobierno, un importante segmento de la población resultó conmocionada por las medidas de Emergencia Social. Cundió el estupor ante esta decisión. El temor al ver la mano del Estado esculcando los bolsillos, tras los pocos billetes resguardados para responder a los sucesos extraordinarios, la posible vejez o el goce, y la inconformidad de los trabajadores de la salud al ver pisoteada su menguada autonomía, todo esto y mucho más, se juntó para propiciar que las voces de inconformidad se escucharan por todo el país.
El 18 de febrero, como no se veía desde hace mucho, en la mayoría de las principales ciudades, trabajadores y población en general marcharon contra las pretenciones oficiales y por el derecho a la salud. Como bombero, el presidente Uribe salió a justificar las medidas.
Al tiempo que pedía explicaciones al Ministro del ramo por lo decidido, en una maniobra de distracción, a través de la cual quería aparentar que él no sabía del tema o que no estaba al tanto, cuando ¡todos los decretos de la Emergencia Social llevan su firma! A la par, y como acción tradicional del poder, para dividir y reinar, procedió a ofrecer pequeñas concesiones para uno u otro sector de la salud. Pero la maniobra no cuajó.
Dos meses después de expedidos los decretos, la inconformidad social se mantiene. Tiende a transformarse en acelerador y centralizador de la dispersa pero creciente inconformidad social en Colombia, que no es totalmente distraída tras los temas de guerra interna, o de la constante e ininterrumpida maniobra comunicacional proveniente de la Casa de Nariño.
Hacia doce soluciones
Así, el que parecía un tema menor amenaza con traducirse en un factor fundamental en la campaña electoral presidencial que se avecina, y dificulta la reelección uribista en cabeza ajena. Por tanto, el as está del lado de los sectores sociales organizados. Y éstos lo saben.
Para llegar a un nuevo sistema único, público, nacional, de salud, la clave está en generar un proceso por su “desmercantilización” (3), asunto que demanda aprovechar el momento de indignación nacional y configurar una amplia coalición social que logre generar la fuerza política necesaria para avanzar en la construcción de un nuevo modelo, de características humanas como garantía del derecho a la salud. De los sectores organizados se conocen sus propuestas para la crisis de la salud, las mismas que apuntan a un debate y soluciones estructurales que den paso a la creación de un “nuevo sistema único público nacional de salud”, respecto al cual, desde una lectura integral, los movimientos sociales reclaman ponerle fin a la Ley 100 de 1993, y retoman la senda de la salud como un todo, estructurando su propuesta en una docena de elementos, a saber:
Asumir la salud como derecho inalienable, irrenunciable, universal: “todas y todos en cualquier rincón del país tendrán la atención que necesiten, sin necesidad de otra identificación que su condición de ser colombiana o colombiano”; integral: “todas y todos tendrán acceso gratuito a cualquier procedimiento que, siendo necesario para protegerle o recuperarle la salud, se justifique desde el punto de vista médico o humano”; intercultural, al reconocer la diversidad cultural de Colombia con incorporación de todo el saber ancestral de salud de las poblaciones originarias; equidad: “un sistema universal tendrá que lidiar con las profundas inequidades que marcan el acceso a la salud en regiones como el Chocó o el área rural, así como en las periferias urbanas”; con participación social: “de carácter decisorio y vinculante”; con financiamiento garantizado desde el Estado: en un porcentaje inicial nunca menor de la cifra que hoy se gasta, pero con eliminación de la intermediación vía EPS”; con prestadores del servicio de salud: “estatales y no estatales mediados por contratos públicos, con presupuestación anual y sistemas de control social”; con oportunidad y calidad; con participación de todas las esferas del gobierno: “nacional, departamental y municipal”; superando la flexibilización laboral que afecta a todos sus trabajadores (4).
En todo caso, al abordar la definición de los principios que deben regir el nuevo sistema de salud que el país requiere y reclama para dejar atrás el desastre causado por la Ley 100, se debe tener en cuenta que aquéllos “son el resultado de valores que sustentan los aspectos que la gente considera justo, digno, aceptable para sí y para los demás”. Y desde esta lógica, el punto de partida para construir estos preceptos es definir de manera colectiva el contenido de lo “qué entendemos por justo” (5).
Definición necesaria, a la vez, para dar respuesta a una exigencia capital, “el rechazo a hacer de la salud un negocio rentable para unos pocos, porque genera sufrimiento, dolor, discapacidad y muertes evitables, y eso no es tolerable” (6).
1 En Colombia se invierte el 7,3 del PIB en salud; en el Fondo donde están los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Fosyga) hay 6,5 billones de pesos. Colombia: declaratoria de emergencia social. Salvavidas para el negocio de la salud, Le Monde diplomatique Nº 86, febrero de 2009, pp. 4-5.
2 Defensoría del Pueblo. Programa de Salud. La tutela y el derecho a la salud. Período 2006-2008. Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2009.
3 De las propuestas en construcción desde el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social para la configuración de un nuevo modelo de salud en Colombia garante del derecho a la salud, febrero de 2010.
4 íd.
5 íd.
6 íd.
Para la presente editorial se contó con la colaboración
de Mauricio Torres T.
