El país que nos dejó
Por María Jimena Duzán
En estos ocho años colombia pasó a ser el segundo país del mundo con más desplazados internos
Con la venia del presidente Uribe y de los devotos seguidores de la política de seguridad democrática tengo que decir que luego de ocho años de gobierno Uribe es muy poco lo que se puede reelegir de la seguridad democrática.
Basta con mirar lo que está sucediendo en el Ejército colombiano, columna vertebral de esa política. Internacionalmente es un Ejército seriamente cuestionado en el tema de los derechos humanos hasta el punto de que ese ha sido el principal obstáculo para que Uribe no haya podido firmar el TLC con Estados Unidos ni con Canadá. Por si fuera poco, es un Ejército que luego de tantas victorias, termina el uribato sumido en una crisis interna profunda. Tras la exitosa Operación Jaque la cual fue antecedida por una serie de golpes que lograron horadar las entrañas de las Farc, el Ejército ha dejado de combatir y esa decisión ha producido un aumento de los actos terroristas de las Farc en ciertas zonas del país. Según cifras del mismo gobierno en el último año y medio, los ataques más significativos que se han hecho contra las Farc han sido producto de la intervención de la Policía y de la Fuerza Aérea.
Las razones de este paro en el Ejército tienen que ver con fallas protuberantes en la política de seguridad democrática que el gobierno no ha querido aceptar. Fallas que permitieron durante casi seis años prácticas inhumanas como la de camuflar las ejecuciones extrajudiciales de actos contra el terrorismo, asesinando a campesinos inocentes para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. En otro país del mundo este escándalo hubiera tumbado al gobierno y cuestionado seriamente la política de seguridad democrática. Aquí, en cambio, el uribismo la quiere reelegir, como si esos campesinos inocentes tuvieran la culpa de ser pobres, de no tener empleo y de ser en algunos casos la escoria de los barrios marginales.
Luego de ocho años del gobierno Uribe el país tiene el desempleo más alto de América Latina y la peor tasa de participación de la mujer en la vida política y económica del país. Somos el último en el continente en el número de mujeres en el Congreso y se redujo ostensiblemente la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en la rama ejecutiva, en los medios y en la empresa privada. Para colmo, en estos ocho años el país se lo tomó un fundamentalismo religioso que ha ido permeando las instituciones; el mismo que hoy ha convertido en letra muerta la sentencia de la Corte Constitucional por medio de la cual se despenalizó el aborto en tres casos específicos y que tiene en la Procuraduría a una persona como Alejandro Ordóñez, un lefevrista que considera los derechos humanos un invento del comunismo internacional concebido para acabar con el orden natural. Mientras el país veía cómo las cifras de homicidios disminuían, en uno de los logros iniciales innegables de la seguridad democrática -lo propio sucedió con los secuestros-, en el campo se producía una compra masiva de tierras que el país aun desconoce. Ese hecho produjo un incremento en el número de desplazados. En estos ocho años Colombia pasó a ser el segundo país del mundo con más desplazados internos. Durante ese lapso los hijos del Presidente se convirtieron en el epítome de los nuevos empresarios del régimen, con derecho a zonas francas, a exenciones de impuestos y en el epicentro de esa juventud que creció pensando que nuestra democracia era caudillista. En esos mismos años, el campesino que vivía en La Macarena experimentó una mejora sustancial en materia de seguridad, pero no pudo acceder a subsidios agrícolas porque el gobierno los destinó en su gran mayoría a los grandes terratenientes. ¿Qué es lo que queremos reelegir? ¿El derecho de los terratenientes a tener subsidio? ¿Hacer como Tomás y Jerónimo?
En estos ocho años el paramilitarismo mutó y hoy es una mafia poderosa entroncada con el poder local, regional y nacional, cada vez más difícil de detectar, a pesar de los ingentes esfuerzos que hace el general Óscar Naranjo. La política de Justicia y Paz no logró acabar con el paramilitarismo porque dejó intactas sus estructuras de poder y aunque ha logrado brindar un porcentaje mínimo de verdad -hoy son muchas las víctimas que han encontrado el cuerpo de sus seres queridos-, en materia de reparación y de justicia ha dejado una tremenda frustración. Las posibilidades de que una nueva vorágine de violencia se vuelva a repetir son aterradoramente altas.
Este es el país que nos dejó Uribe. Sin infraestructura vial, sin satélite, sin nuevos canales y con una corrupción aceitada desde el poder que va a ser muy difícil de derrotar en las urnas. Reelegir esto sería la hecatombe.
