Hacinamiento y recorte de docentes, la política del MEN en el país
Yesid Quiroga.
En la edición pasada les mostramos como las matrículas en el país han descendido por culpa del desempleo, sin embargo, esta situación ha llevado a que el Gobierno hacine estudiantes y traslade docentes a zonas rurales.
En la edición pasada les presentamos como el desempleo influyó para que muchos padres no matricularan a sus hijos o no los enviaran al colegio en los primeros días, por ello, esta semana se profundizó en el tema y se verificó que el Gobierno aprovechó la situación para fusionar cursos, violar los derechos de los niños al hacinarlos inhumanamente y tener argumentos para decir que sobran maestros.
Para cumplir su objetivo el Ministerio de Educación sacó una guía para incrementar el número de niños por maestro y por aula y así disminuir la planta docente por cada institución, sin tener en cuenta el Decreto 3020 de 2002 que es una norma vigente y en la cual se contemplan los parámetros para determinar estos guarismos.
El caso del colegio Francisco Julián Olaya de la Mesa, Cundinamarca, demuestra la ilegalidad del procedimiento, aquí el rector admite que el Ministerio les impuso la guía.
Según Gustavo Padilla, rector del Colegio Francisco Julián Olaya, por orden de los superiores se aplica lo que establece el Ministerio y no la Norma 3020, por lo que es pertinente aclarar que el Gobierno con estas medidas puso de punta de lanza a muchos rectores, jefes de núcleo y alcaldes, un ejemplo es el alcalde de la Mesa quien a pesar de respaldar a los maestros no puede hacer nada para evitar esta situación, porque las decisiones ya vienen organizadas desde arriba.
Como la guía incrementó a 35 el promedio de niños por grupo en primaria y a 40 en bachillerato, en este colegio fusionaron cursos, lo que generó que sobraran seis maestros, los cuales fueron trasladados a otros municipios para evitar la contratación de nuevos educadores.
Gustavo Padilla afirmó que aunque algunos docentes quedaron en el mismo municipio en Anatoli y la Esperanza otros fueron trasladados a Cota, por lo que hizo un llamado para que se considere a los padres de familia, los docentes y los mismos rectores.
Aunque el rector dice que no fue culpa de los directivos, nadie entiende porque acataron tan fácilmente la guía, si tenían el Decreto 3020 como soporte jurídico para oponerse. Los estudiantes que hoy sufren las consecuencias cuestionan al Gobierno y a los rectores.
Jairo Alarcón, estudiante de undécimo grado del Colegio Francisco Julián Olaya, manifestó que esa decisión les ha traído muchos problemas, ya que los docentes deben sacarlos después de mediodía porque el calor es insoportable, lo que ha traído como resultado que la calidad de la educación y el rendimiento bajen porque los docentes deben lidiar con hasta 50 personas dentro de un salón.
El sindicato de educadores de Cundinamarca asegura que los traslados son ilegales porque se basaron en una simple guía, tuvieron en cuenta la cifra de matriculados del año pasado y durante febrero los niños que migraron de un municipio a otro empezaron a llegar a las instituciones.
Para Jorge Cortés, fiscal de ADEC, al iniciar febrero en Cundinamarca se tenían matriculados 242.301 niños, pero al final del mes se detectó un aumento significativo pues la cifra de estudiantes matriculados subió a 263.288. A esto se suma que la matrícula con relación al año anterior es deficitaria en unos 12 mil niños, con motivo del recorte que a las transferencias tendrá el departamento este año, de ahí que el hacinamiento de estudiantes en las aulas implicará necesariamente una reducción de docentes.
Este desorden no sólo se vive en Cundinamarca sino en el resto de departamentos, un grupo de maestros afiliados a ADEC le solicitó al Procurador que intervenga inmediatamente ante el Ministerio de Educación y haga cumplir la ley.
