LA CORTE CONSTITUCIONAL SE HA convertido en el estrecho túnel por donde puede pasar o se puede trancar —Dios ilumine a los Honorables Magistrados— el embuchado del referendo.

Uno de los argumentos del ponente, doctor Sierra Porto, en contra de la impopular trapisonda es que los organizadores de la recolección de firmas se volaron los topes de financiación. Los ricos, por tanto, podrían en adelante —como lo han hecho siempre, digo yo— “terminar apropiándose de la voluntad popular ciudadana”. Un togazo por la cabeza a Uribe. La financiación de las campañas electorales se rige por idéntico principio constitucional: hay límites de financiación para impedir que la plata se lleve en los cachos a nuestra manipulada democracia. Es un hecho constatado que la propaganda electoral es cada día más costosa y que los políticos no tienen empacho alguno en apelar al dinero de cualquier origen, en cualquier cantidad y usando cualquier subterfugio para financiarse.

Pero poco o nada se ha hecho para impedir que el Estado, y en particular el Poder Ejecutivo, costee su propia propaganda con los dineros públicos. Basta mirar los periódicos, escuchar las emisoras o ver la televisión: la pauta oficial es aplastante. El caso más patético es el del gobernador del Valle. Sabido es que su imagen ha sido asociada al narcotráfico. Cierta o no esa relación, la gente tiene la sensación de que algo huele mal por ahí. Y el Gobernador se ha dedicado a mejorar su imagen personal metiéndoles el oro y el moro a los medios nacionales y locales. Uribe ha hecho lo mismo con base en idéntica premisa y con un resultado hasta ahora similar. Cifras hay, aunque las escamoteen. Según Ibope, solamente los departamentos gastaron en 2009 la bicoca de $20.000 millones en propaganda. Sobresalen el Valle, con $6.276 millones; Boyacá, con $4.400 millones; Quindío, con $2.000 millones. En realidad, estas son sumitas, porque los presupuestos de ministerios, institutos descentralizados, Congreso, Fiscalía, Contraloría, etc., deben sumar varios millones de millones. El secreto del Estado de opinión es, pues, simple: plata. Razón por la cual el Presidente y su cuadrilla de asesores se permiten andar de emisora en emisora, de cadena en cadena, de canal en canal haciendo campañas electorales gratuitas montadas en el caballito de la insostenible Emergencia Social que, por lo demás, la Corte también podrá tumbar. ¿Quién le niega un favorcito a un pautante como ese? ¿Cómo podría el Gobierno contrarrestar manifestaciones de protesta tan masivas y justas como las que tuvieron lugar el jueves pasado en todas las ciudades del país, si no fuera apelando al uso arbitrario y abusivo de los medios, con mensajes parcializados, sibilinos que desconocen con cinismo la Ley de Garantías?

La cosa va más allá: ¿puede el medio opinar libremente sobre actos de gobierno cuando un porcentaje importante de su negocio depende del dinero oficial? No. Es evidente y lógico que las empresas mediáticas no pueden coger, como se dice, la lonchera a patadas. La censura hoy por hoy no se ejerce ya por medio de tijeretazos y allanamientos, sino a través de la administración de la pauta. Es el caso de Cambio, donde a la desaforada codicia por el dinero de Planeta se sumó la ya fatigante ambición de Juan Manuel Santos y la peligrosa paranoia de José Obdulio. El efecto alcanza, por supuesto, a los periodistas. Como ha pasado, para no ir muy atrás, con Claudia López y Javier Darío Restrepo, echados de El Tiempo y de El Colombiano, respectivamente, por criticar al Gobierno. Eso lo sabe todo el mundo.

La pauta publicitaria de origen oficial está en mora de ser reglamentada en su cuantía y en su función. No podemos seguir permitiendo que con el dinero de los impuestos se continúe falsificando y corrompiendo la voluntad popular. Así como existen topes a las contribuciones para las campañas electorales, debería haber topes a las inversiones publicitarias del Estado. La ponencia del magistrado Sierra, de ser adoptada por la Corte, sepultaría el referendo y, de paso, dejaría herida de muerte la doctrina craneada originalmente por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, bautizada por José Obdulio “Estado de opinión”.