El CNE declaró inválidas las firmas que respaldan el referendo reeleccionista pues la financiación de su recolección violó los topes establecidos por la Ley.
El proceso contra Luis Guillermo Giraldo, representante de los promotores del referendo reeleccionista, podría terminar en una condena penal.
El Consejo Nacional Electoral declaró inválidas las firmas que respaldan el referendo reeleccionista y decidió elevar pliego de cargos a los promotores de la iniciativa, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, por la violación de los topes de dinero para la financiación de la campaña de recolección de firmas.
La noticia se conoció este jueves pasadas las 10 de la noche. Con esta decisión se pone fin a más de un año de espera por una decisión de fondo sobre la investigación del proceso de recolección de firmas.
La decisión fue tomada por dos conjueces, Carlos Mario Isaza (liberal) y Felipe Pérez (de Cambio Radical) de una terna en la que se abstuvo de pronunciarse Manuel Pretelt de la Vega (conservador). Los tres habían sido elegidos al azar, según el mecanismo establecido por el Consejo Nacional Electoral, para pronunciarse sobre la ponencia hecha por el magistrado José Joaquín Vives.
Esta ponencia indicaba que sí se habían violado los topes permitidos por la Ley para la financiación de la iniciativa popular que busca habilitar al presidente Álvaro Uribe para que pueda aspirar a un tercer período presidencial.
En un principio, cinco magistrados de nueve que integran la Sala Plena habían votado a favor de la ponencia. Pero según la norma, la mayoría la integran dos terceras partes del total del número de magistrados razón por la cual el CNE decidió nombrar conjueces para dirimir el conflicto.
Según explicó el conjuez Isaza,los conjueces decidieron hacer una revisión de todo el proceso y encontraron que la financiación de firmas fue un proceso que violó a todas luces las garantías exigidas por la Constitución. "El proceso fue violatorio de las condiciones de plenas garantías que exige el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución", dijo este jueves.
La decisión del CNE impide que el Registrador Nacional expida el certificado sobre la financación, lo que deja sin uno de los requisitos legales al referendo reeleccionista.
La falta de ese ccertificado seguramente será una de las consideraciones que el magistrado Humberto Sierra Porto tenga en cuenta para valorar la constitucionalidad de la Ley que convoca a referendo y que en este momento es evaluada por la Corte Constitucional.
Como el fallo del Consejo dice que todo el proceso es inválido, hay una alta probabilidad de que la Corte declarará inexequible la Ley. Y más siendo el ponente Sierra Porto, un magistrado que en sus sentencias ha demostrado que le pone especial cuidado a los temas procesales, y no solo a los contenidos.
