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PUJAS POR EL VIEJO Y NUEVO ORDEN

En el Continente, la contradicción se encona

Por: Carlos Gutiérrez

Le Monde Diplomatique

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Palanquero (Colombia). Palmerola (Honduras). Manta (Ecuador): con la indudable cuenta de cobro que hará el Pentágono por su cierre. Con bases militares, la disputa polí tica se ahonda en nuestro continente. Incluso, como novedad, hasta en el seno del poder de los Estados Unidos.

No sorprende. Era un vaticinio del año electoral en curso* y al cual se suman nuevos ingredientes: uno de ellos, el militar –de la mano de Estados Unidos y su vertiente del Pentágono que añora a Bush. Como son testigos los resultados, en la mayoría de los comicios realizados durante 2009, la izquierda, en sentido general, dio cuenta de sus adversarios: Guatemala, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia (referendo por la nueva Constitución). En estos y otros países de la región, sus sociedades y su memoria urgen, esperan y desean cambios.

Panamá y la consulta legislativa en Argentina fueron dos lunares en esa tendencia de giro político, que debiera ser refrendada en las elecciones presidenciales por llevarse a cabo en Uruguay (octubre 25, ver “Mujica propone reinventar el capitalismo”, pág. 12) y Chile (diciembre 11). Todo indica, sin duda, un resultado a favor de Evo Morales en Bolivia (diciembre 6). El giro a la izquierda que gana y profundiza su ángulo por toda América Latina, aunque sin grados de ruptura –conceptuales y estructurales de un calado sistémico, de raíz, contra el capitalismo–, sí desliza y conmueve a la región. Crea un terreno movedizo para el mercado cautivo y la hegemonía política que hizo tradicional la potencia del Norte.

En efecto, el poder estadounidense, a la cabeza del capital transnacional, sin moral ni resignación alguna defiende sus espacios, ya de conquista, ya cedidos por gobiernos abyectos hace más de un siglo. Todavía hoy, la Casa Blanca, su Secretaría de Estado y el Pentágono se afincan en los postulados del llamado ‘consenso de Washington’, con su significado de desnacionalización de los proyectos de industria de los países de la periferia y de reforzamiento de la división internacional del trabajo, por la vía del mandato de la banca multilateral o de los tratados de ‘libre comercio’, con diplomacias y ayudas militares abiertas o ‘encubiertas’ con diferente intensidad.

Más allá de lo estrictamente formal, las loas y las críticas que los grandes conglomerados de comunicación hacen de unos y otros gobiernos de América Latina, proyectan luces sobre los límites y los riesgos de un proceso de cambio que en esta América vive sus años de infancia. Y como tal, sin madurez y sin personalidad teórica, sometido a intensas disputas internas con los poderes parcialmente desplazados, y sin total decisión en pos de un rumbo que en realidad rompa con las herencias y la tradición. Un marco que expone este proceso de cambio, en lo poco o lo mucho en que avanza hasta ahora, a profundas debilidades y al riesgo de reversión por la escala de contraofensiva de la derecha. O su extravío.

Como es evidente, ante los nuevos acontecimientos del continente, Estados Unidos no está ni quedó paralizado. Si bien su reacción en un primer momento no fue oportuna ni activa –abrumado por la creciente inconformidad de los migrantes, su deterioro comercial y el papel patrón de su moneda, y por sus prioridades militares en África y Asia–, ahora su respuesta es múltiple. Teje, estimula la reacción de la derecha por doquier.


El movimiento de sus fichas responde ahora a la reorganización de un plan estratégico para garantizar su supervivencia global como potencia o imperio, con unos pasos obligados de reacomodo regional que incluyen el despliegue militar; con los complementos en tierra y aire, de la reactivación de la IV Flota, que hacen evidentes sus intenciones de control y dominio sobre el extenso territorio americano, como también su opción por la rápida movilidad aérea militar hacia el continente africano (para lo cual es indispensable la dotación y la infraestructura con las cuales contarán en la Base de Palanquero, como pivote). Dos muestras tenemos a disposición:

  1. La ofensiva de la dirigencia colombiana contra sus vecinos (cambio en la naturaleza de 10 bases militares), que, además de prolongar la vía militar del conflicto interno y alinderarse sin cuestionamiento alguno a la “estrella polar” en su geoestrategia militar, no deja dudas sobre el papel de alfiles que han aceptado jugar en la región.
  2. Sin dejar dudas, el golpe de Estado en Honduras recuerda que, en asuntos de dominio, economía y política, nada definido hay en América Latina.

La intensa disputa chilena en curso para las elecciones presidenciales de diciembre próximo, así como en Brasil para los comicios que tendrán lugar el 3 de octubre de 2010, y en ese mismo mes la elección en Venezuela de la próxima Asamblea Nacional, reafirman esta realidad.

Injusticia estructural y mundo del trabajo

No es un secreto para nadie que las transformaciones más profundas en una sociedad se dan únicamente cuando cuajan en la cultura. Puede ser que haya medidas políticas de gran impacto; puede que haya cierre de unos espacios y apertura de otros en la economía, pero, si unas y otras acciones no afectan la cotidianidad de sus poblaciones, ello se explica porque no se ha vivido ruptura alguna.

Los cambios no se llevarán a cabo sin resistencia. El modelo económico dominante, con patrocinio y entronque transnacional, hace sentir su peso. Quienes lo sostienen están en condiciones de reprimir u obstaculizar la soberanía y la independencia de la mayoría de las naciones. Emiten sanciones. Amenazan. Cortan o niegan créditos. Cursan demandas ante los organismos multilaterales por supuestas o reales violaciones al ‘libre mercado’. Por consiguiente, con la excepción de acciones necesarias e inmediatas contra el analfabetismo y la extensión del servicio médico de atención primaria, así como de relevos burocráticos en los Estados y de orientación del gasto nacional –que palian el hambre y el desempleo pero que no los enfrentan–, las medidas económicas y políticas de transformación estructural no se conocen hasta ahora en ninguno de los procesos de cambio en marcha. Salvo en el caso de Bolivia –que limitó la propiedad agraria.

Tampoco se destacan medidas diferentes del ejercicio presidencialista del poder –que retarda la promoción de las autonomías sociales y su protagonismo directo, de poder o de representación desde sus bases. En las políticas sociales es igual: sin excepción, aunque con distintas bases filosóficas, tanto en Venezuela y Brasil como en Argentina, Ecuador y Bolivia, la política pública es similar a la de países como Colombia, Perú o México. Es decir, un asistencialismo con virus de ‘clientelismos’, sin industrialización propia, derivado –como se sabe– de los mandatos tecnocráticos del comercio capitalista y sus ofertas, y de la banca multilateral.

Pero, además, en todos estos países la iniciativa o el peso de la economía descansan en manos privadas, con los efectos negativos que tiene que padecer la población de sectores como el bancario, cada vez más parasitario, realidad que ni siquiera es distinta en Venezuela, a pesar del cúmulo de estatizaciones llevadas a cabo en el curso de los últimos años. ¿Puede entonces una sociedad de nuevo tipo convivir con altos indicadores de injusticia estructural? ¿Cómo obrar para romper esa característica? La respuesta está en el mundo del trabajo.

Un mundo quebrado, con creciente desregulación y proliferación de contratos a término fijo que niegan las conquistas en seguridad social –con indicadores de desempleo cercanos a los dos dígitos en los países del centro– por la todavía no superada crisis económica y financiera internacional, sin posibilidades de regresar a su viejo modelo del Estado de Bienestar. El reto estratégico y prioritario de estas sociedades en la vía del cambio es, por tanto –desde la crisis económica y financiera global misma, con su alto costo de la energía y de los alimentos–, superar el mundo del trabajo aún existente.

Dar pasos entonces en este Sur hacia un pacto Estado-trabajadores-sociedad, por medio y a través del cual, además del tema de los salarios, su escala y su renta básica en una nueva distribución del ingreso nacional, las horas de trabajo, la dirección de las empresas, la gestión y la planeación de la producción, etcétera, se defina un qué hacer humanista con los bienes estratégicos de cada nación; con los recursos que la sociedad requiere proteger; y, por supuesto –en el camino de una seguridad alimentaria–, para el cómo proceder con el medio ambiente, y cómo superar la relación marcadamente antropocéntrica que facilita el desastre que hoy conocemos y sufrimos en la naturaleza. Es decir, por su conducto, cómo superar el desaforado modelo consumista y con sello estadounidense que encajona ideológica, mentalmente, a toda la humanidad.

Haría falta un nuevo pacto que permita revisar el tema de la participación social en el diseño y los aprendizajes de planificación de las políticas de Estado. Con una reflexión de todo lo entendido como democracia (representativa o participativa) que ponga en marcha, sobre el piso de sus conclusiones, una redistribución de la riqueza nacional que de verdad le abra espacios a una democracia real (de justicia e igualdad), así como a nuevas formas de participación social en las que se prioricen novísimas formas de gobierno, sin clientelismos de ningún color y con las cuales el ciudadano sea mucho más que un simple voto.

Esto es lo mínimo que el Sur debe encarar si de verdad se asume con radicalidad la exigencia social de cambio. Transformación, a la vez, que no podrá llevar a cabo un solo país por cuenta y riesgo propios. Como enseña la experiencia internacional, el cambio de modelo económico, político y social no es factible sino a través de procesos globales que confronten los mandatos del capital, reglamentados mediante códigos que priman sobre las leyes y los códigos nacionales.

En fin, girar en un ángulo más profundo, anticapitalista, antisistémico, para ser consecuentes con los procesos de cambio demandados por la mayoría de las sociedades de la región en las elecciones, implica romper con heredadas formas políticas. No proceder así es dejar la puerta abierta para un regreso:

  • bien por vía de la derrota electoral –como inconformidad no resuelta y como castigo de los ciudadanos por hacer lo mismo que los otros;
  • bien por la mano militar de los Estados Unidos y sus aliados –dispuestos ahora sobre un teatro de operaciones que en pocos minutos puede cubrir todos los flancos, en busca de un efecto que varíe el apoyo electoral, como sucedió en Nicaragua a finales de los años 80 del siglo XX con el sandinismo.

La disputa es múltiple, tanto en cada país como en el conjunto de la región. Con tamaño y potencial industrial, Brasil reclama transformaciones en el poder y el dominio regionales. A la par, el ALBA, con la iniciativa de Venezuela y el aporte de capital humano de Cuba (médicos, maestros, medicamentos gratis, instructores deportivos, y ejemplo de conciencia nacional y resistencia), constituye una realidad pujante, entre el continente y el Caribe, que amplía su efecto y contrarresta sectores de opinión a favor de medidas radicales contra la preponderante acumulación de capital y la fuerza de su costumbre.
La ciudadanía exige cambios. En política, la iniciativa no se le puede dejar al contrario, y hoy la derecha del continente (Uribe, Micheletti, etcétera, con sus métodos y agentes violatorios de la legalidad internacional y del DIH) tiene bríos.

* “América Latina 2009, año electoral”. Le Monde diplomatique edición Colombia, número 75, p. 3.


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