El escándalo que destapó la revista Cambio sobre los subsidios que da el programa Agro Ingreso Seguro todavía no amaina. La gente no se explica cómo una reina de belleza, Valerie Domínguez, pudo haber recibido 307 millones de pesos del erario sin contraprestación alguna para desarrollar un sistema de riego en una finca arrendada pocas semanas atrás a un allegado suyo. Y el asombro aumentó cuando aparecieron casos en los que los miembros de una misma familia recibieron varios subsidios, como ocurrió con dos de las más tradicionales de Magdalena, que terminaron recibiendo más de 5.000 millones de pesos de 'regalo'.
Lo paradójico es que a pesar de la indignación que pueda producir, en el papel nada de eso es ilegal, siempre y cuando se sigan todos los procedimientos a la hora de concursar por esos recursos, como aparentemente ocurrió en los ejemplos mencionados. Lo cual están corroborando los organismos de control. Pero lo que sí hace este caso es poner sobre el tapete la concepción de Estado del gobierno del presidente Álvaro Uribe, en la cual los subsidios desempeñan un papel importante.
No es la primera vez que la política de subsidios de esta administración se pone en tela de juicio. Hace unos meses la polémica se había centrado en las exenciones tributarias que el presidente Uribe dio a los industriales. Por eso un puñado de empresarios dejó de pagar ocho billones de pesos de impuestos el año pasado. A esto se suma las gabelas, también en impuestos, que tienen quienes constituyen Zonas Francas o hacen inversiones hoteleras. Sin contar con los alivios superiores a medio billón de pesos que se entregaron a los floricultores y bananeros para tranquilizar sus bolsillos agobiados por la caída del dólar.
¿Hasta qué punto es efectiva esa política? ¿Está bien diseñada? ¿Es aceptable que el Estado dé este tipo de subsidios a los más privilegiados?
En cuanto a sus resultados, el gobierno siempre ha dicho que el Estado debe incentivar a los grandes para que estos crezcan e irriguen desarrollo en la sociedad. Sin embargo, en la práctica, en el caso de los beneficios tributarios, por ejemplo, no han tenido impacto sobre el empleo.
Pese a que puede ser legal, en un país donde cerca de la mitad de la población es pobre, estos estímulos a los más ricos pueden parecer aberrantes. Más si se tiene en cuenta que esos capitales ya gozan de muchos beneficios. En el campo, por ejemplo, el impuesto a la tierra rural es insignificante, lo que facilita que existan terratenientes con grandes extensiones improductivas. Si esto cambiara, se verían obligados a hacer productivas sus haciendas con sus propios recursos, o las dejarían para que otros lo hicieran.
En términos financieros, además de las gabelas ya mencionadas, sólo en uno de los componentes del programa Agro Ingreso Seguro, que se conoce como el incentivo a la capitalización rural, los medianos y grandes productores han recibido en los últimos tres años 320.000 millones en subsidios, contra 151.000 millones recibidos por los pequeños, que son aquellos que tienen hasta 54 millones de pesos en activos. Esta concentración de beneficios no aguanta ningún análisis cuando se compara con los 8.000 millones de pesos invertidos desde 2002 en los programas de desarrollo agropecuario para sectores marginados del desarrollo como los desplazados y los reinsertados.
El gobierno, por su parte, se defiende mostrando que buena parte de los cuestionados recursos de Agro Ingreso Seguro fueron a dar a los bolsillos de los campesinos. Como en los casos de Nariño y Huila, donde las gobernaciones acompañaron la formulación de proyectos. Y hay quienes también entran en la polémica argumentando que el Estado subsidia a los más pobres con programas como familias en acción, que reparte más de 2,7 millones de mesadas.
La discusión sobre la forma como los recursos de la Nación, vía subsidio, se reparten entre los ciudadanos tal vez no se puede quedar en la visión maniqueísta de ricos y pobres. Pero, por ahora, el gobierno todavía tiene muchas respuestas que dar para explicar esa polémica política.
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