Siervos sin tierra
Desplazados del sur de Bolívar fueron desalojados a la fuerza el pasado 3 de septiembre de este terreno en San Jacinto. Foto: Federico Ríos / Cambio
En Chocó, en el Bajo Atrato, empresas como Urapalma-Palmura, Asibicon, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Tuqueka, Selva Húmeda y Fregni Ochoa S.A. acudieron al apoyo de paramilitares y a la suplantación de líderes y miembros de la comunidad para hacerse, mediante dolosas maniobras jurídicas, a cerca de 35.000 hectáreas que el Gobierno les había asignado a las comunidades afro-colombianas con títulos de propiedad que indicaban que eran "inembargables, imprescriptibles e inajenables".
En Santa Rosa, sur de Bolívar, paramilitares del Bloque Central Bolívar recurrieron a amenazas y asesinatos para obligar a abandonar sus parcelas a quienes vivían cerca de una mina de oro, y de esa manera se apoderaron de ellas y de la zona aurífera. Desde el 19 de septiembre de 2006, cuando fue asesinado el líder minero Alejandro Uribe, ningún campesino ha vuelto a la región.
En Chigorodó, Urabá, centenares de campesinos perdieron sus tierras y tuvieron que dejarlas porque, sin saber cómo ni cuándo, sus fincas aparecieron a nombre de testaferros de las Auc. Por ejemplo, mediante falsificación de firmas y huellas digitales, se apoderaron de La Esperanza, propiedad de una cooperativa. "Un paramilitar conocido como 'Palillo' le quitó al representante legal de la finca las escrituras y días después paramilitares se apoderaron del terreno y lo tuvieron arrendado a nombre de otra persona".
En Sucre y Magdalena grupos paramilitares han presionado a propietarios de predios hipotecados o a punto de ser embargados para que vendan o transfieran los derechos de propiedad. En muchos casos pagan por debajo del precio comercial, en otros obligan a transferir los derechos de propiedad.
En algunas regiones se han presentado casos como el de un predio en Córdoba que fue adjudicado por el Incoder a un grupo de familias desplazadas, pero que luego Acción Social le tituló a un grupo de reinsertados de las Auc y acudió a la fuerza pública para que hiciera el desalojo.
Estos y otros casos que investigan las autoridades y que fueron documentados por el grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ilustran en buena parte cómo 5,5 millones de hectáreas de tierra fueron arrebatadas a sus dueños por los grupos violentos. Esas tierras están hoy en poder de nuevos propietarios, mientras sus verdaderos dueños -entre tres y 3,5 millones de personas- viven la tragedia del desplazamiento y conservan pocas esperanzas de recuperarlas porque algunos de los que intentaron hacerlo fueron eliminados. El caso de Yolanda Izquierdo, asesinada el 31 de enero de 2007, es emblemático de esta situación.
"Es conocido que los narcotraficantes, los grupos armados, y ciertas élites que han hecho alianzas con esos grupos, además de los tradicionales terratenientes, se han quedado con la tierra -dice el economista Absalón Machado, director de la investigación "El despojo de tierras y territorios", del Grupo Memoria Histórica-. Para qué y por qué se han adueñado a la fuerza de esos terrenos es la preocupación".
La contrarreforma
La tierra se ha convertido en instrumento estratégico del conflicto. Para unos -terratenientes, empresarios del campo-, el objetivo es de inversión hacia el futuro por su papel en la seguridad alimentaria y en la producción de biocombustibles. "Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Urabá, Chocó, Putumayo y el Magdalena Medio son zonas críticas por su riqueza en biodiversidad para la explotación de recursos naturales", asegura Machado. Para otros -grupos armados, narcotraficantes...- el propósito es repoblar zonas con sus familias y simpatizantes, asegurar corredores de movilidad y sembrar coca. Eso está ocurriendo en Chocó, los Llanos y Córdoba.
La violencia es el principal medio de despojo. La población se ve obligada a dejar la tierra y a huir para salvar la vida. Pero en múltiples casos, los victimarios acuden a maniobras jurídicas para adquirir formalmente los derechos de propiedad.
La investigación del Grupo Memoria Histórica confirma las conclusiones de otras investigaciones previas que evidencian la ausencia o el fracaso de políticas de reforma agraria y cómo el conflicto ha producido una contrarreforma que ha concentrado la propiedad de la tierra. Como dice el investigador Alejandro Reyes Posada en su libro Guerreros y campesinos (Editorial Norma, 2009): "El paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura comercial y campesina".
La pregunta es si el proceso de Justicia y Paz podrá, algún día, dar alguna respuesta a los desplazados o si tendrían que vivir para siempre como los condenados de la tierra.
Formas del despojo
- Amenazas directas e indirectas contra la vida.
- Destrucción de documentación oficial.
- Compraventa forzada.
- Ocupación y apropiación de predios estatales.
- Arrendamiento con o sin contrato.
- Contratos de usufructo.
- Despojo por vía de hecho administrativa.
- Despojo por vía de hecho judicial.
- Falsificación de títulos de propiedad y escrituras.
- Embargo y remate de propiedades abandonadas.
- Intercambio y usufructo de propiedades.
- Abandono y apropiación sin transacción comercial.
- Usufructo del predio sin apropiación.
- Compra de derechos de propiedad mediante la adquisición de hipotecas y deudas.
