Existe una verdad incómoda en todo esto. Más allá de los argumentos a favor o en contra del uso estadounidense de bases militares en Colombia. Del derecho colombiano de suscribir acuerdos de cooperación con quien le dé la “soberana gana”. Y de la injusticia de que, mientras Brasil negocia la construcción de un submarino nuclear con Francia, Venezuela realiza compras millonarias de armamentos y juegos de guerra con Rusia, y todos aumentan su gasto militar, Colombia es el único país que ha sido llamado al banquillo. La responsabilidad del embrollo que enfrenta Colombia no recae ni en Chávez ni en Correa (ni en las Farc), sino en los gobiernos colombiano y de Estados Unidos. El primero por su falta de transparencia y las inconsistencias en sus explicaciones, y el segundo por su silencio.

La gira realizada por el presidente Uribe, la semana pasada, para aliviar las dudas que tienen sus homólogos suramericanos no logró despejar el debate. El argumento de que la expansión de la cooperación militar con Estados Unidos es necesaria, para mejorar el combate al narcotráfico y la insurgencia armada, contradice los supuestos éxitos que Colombia ha reportado en ambos frentes. Además, no es claro cómo hacer “más de lo mismo” —y en siete bases— para corregir las deficiencias comprobadas de la “guerra contra las drogas”. Aun reconociendo que el interés de Bogotá en una mayor presencia estadounidense se relaciona con los problemas internos del país, el de Estados Unidos no se conoce todavía. Si bien el consejero de Seguridad Nacional, Jim Jones, reconoció que el acuerdo con Colombia podría haberse explicado mejor desde el principio, los únicos pronunciamientos que Washington ha hecho hasta ahora no ayudan. Reiterar que Estados Unidos no va a instalar bases militares en nuestro país —que es apenas consecuente con su estrategia actual de seguridad— no equivale a aclarar cómo encaja el tema de las bases dentro de su política frente a América Latina y el mundo en general.

Con la decisión de no cumplir la cita en Quito, Uribe desperdició una oportunidad más para esclarecer su posición a “puño limpio” frente a sus críticos. Otra se va a perder en la reunión de ministros del Consejo Suramericano de Defensa. A la cumbre presidencial extraordinaria en Argentina hay demasiado en juego para que Uribe no asista. Aunque Obama no tiene por qué mandar a nadie, sería sensato hacerlo, ya que una discusión “cara a cara” puede ser la única forma de salir de este difícil impasse.

Haber evitado una condena de los demás miembros de Unasur era el resultado más predecible de la reunión del lunes. Estar contra la pared, más dependiente que nunca de Washington, aislada de gobiernos que deben ser sus aliados y al borde de una “guerra comercial” e incluso un enfrentamiento violento con dos países limítrofes, son tan sólo algunos de los costos que ha tenido que pagar Colombia para esta victoria pírrica.

* Profesora titular Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes