A la calle a rechazar las bases al servicio del ImperioMiércoles 29 de julio de 2009
Nadie puede engañarse con el sentido del tratado militar con Estados Unidos que incluye la cesión de bases navales y aéreas colombianas, entre 3 y cinco, con la excusa de proseguir la acción antiterrorista y antinarcóticos. El conocido estilo secreto, de espaldas a la opinión, con versiones cambiantes y evasivas, confirma la perversidad del proyecto. No hay transparencia posible cuando el fin es reafirmar una postura en contravía de las tendencias autonomistas, críticas en lo social y lo político y de intención reformadora que ganan espacio en el continente. La contención de los procesos democrático nacionalistas se ha convertido en un propósito de la seguridad nacional de los Estados Unidos. El sector más recalcitrante del imperialismo intenta retrotraer la rueda de la historia. El actual gobierno colombiano se ha instalado en la tendencia de la contrarreforma, sin inocencia y sin pudor.
Tres o cinco bases, no es un problema de cantidades. Dos de ellas, son navales, aptas para albergar, reaprovisionar y servir de escala a los navíos de la IV Flota, puesta en servicio hace un año para el control, vigilancia y amenaza del continente. La principal base aérea, Palanquero, en el centro del país, es un punto de dominación sobre el territorio y el espacio aéreo. Los contingentes gringos del Plan Colombia han pelechado en Tres Esquinas (Putumayo) y la base de Larandia (Caquetá), en pleno corazón amazónico. Los ubicados en la base de Cañolimón (Arauca) han servido de coordinación de la atalaya sobre territorio venezolano. Si Manta era un enclave en la soberanía de Ecuador, Uribe entrega un país entero al propietario de una política de Estado, externa y superpuesta al Estado colombiano y al pleno derecho de autodeterminación de su pueblo. A esa política externa le interesa la prolongación indefinida de la guerra civil en el país. Le interesa y ha promovido la exportación del conflicto interno colombiano a los países vecinos. Es muy probable, entonces, la certidumbre de que nuestro territorio y nuestros mares puedan ser las plataformas de aventuras agresivas en el continente. Los primeros y peor perjudicados serán los propios nacionales colombianos, si no actúan enérgicamente frente a ese pandemónium.
No se trata de una improvisación o arranque improvisado del Uribe. Es la continuación lógica del Plan Colombia en dos aspectos: la confusión expresa de antinarcóticos y antiterrorismo dentro de una línea contrainsurgente; y la culminación del intento del Comando Sur de recuperar su presencia geopolítica en el área estratégica aledaña a Panamá, de donde tuvo que salir como resultado de los tratados Torrijos-Carter. No se trata de un préstamo transitorio (diez años) sino de los referentes de una ocupación potencial: el Comando Sur maneja la información satelital en tiempo presente de todo lo que se mueve, se comunica o actúa en nuestro territorio, la que usa y manipula antes de suministrarla, tasada y a cuenta gotas, al ejército colombiano. Hace algo más de un siglo el pueblo colombiano derrocó la dictadura de Rafael Reyes quien pretendía entregar los puertos al control naval estadounidense so pretexto de la vigilancia del canal de Panamá, entonces en construcción.
Uribe quiere su reelección a todo trance y a cualquier costo. Quiere mostrarse como el “azote de dios” contra los pueblos. Ningún otro gobierno del continente, por reaccionario que sea, se ha prestado a semejante papel. El vergonzoso servilismo que exhibe en este gesto de sumisión extrema es la más clara demostración de que el país necesita un cambio urgente de la orientación política del poder.
