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NO DISMINUYE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS CON POLÍTICA DE SEGURIDAD URIBISTA


Yesid Quiroga

Mientras el Gobierno Nacional continúa presentando a la opinión pública con bombos y platillos los éxitos de la seguridad democrática, los derechos humanos de los y las maestras a nivel nacional siguen siendo flagrantemente violados si ningún tipo de control.


El trabajo comunitario que desarrollan los educadores colombianos para informar a mujeres, trabajadores y padres de familia de sus derechos, los convierte en blanco de actores armados que defienden intereses económicos y políticos de diversa índole, quienes para acallar las voces que reivindican garantías sociales, equidad y paz, optan por amenazar, desaparecer, desplazar y asesinar.


Con respecto a lo anterior Rafael Cuello Ramírez, Primer Vicepresidente de FECODE, recuerda que en la última década 360 maestros han sido asesinados, 342 amenazados, 50 exiliados y 25 desaparecidos forzosamente, hechos que hasta el momento han quedado en total impunidad pues las investigaciones sobre estas violaciones no han arrojado culpables.


Pero en lo que va transcurrido de 2009 ya se cuentan nueve maestros asesinados y una situación muy preocupante en materia de violación de derechos humanos en los departamentos de Arauca y Valle del Cauca.


Esta situación se agrava con la reaparición de bandas paramilitares, el fortalecimiento de la guerrilla en el sur del país y la falta de mediadas oportunas por parte de las Secretarías de Educación para reubicar a los maestros que denuncian amenazas en su contra.


Rafael Cuello Ramírez manifiesta con gran preocupación la situación que vive el departamento de Caldas donde la Gobernación, la Secretaría de Educación y la alcaldía de Manizales no atienden las denuncias por amenazas de los docentes.

Ante esta escalada violenta contra los educadores colombianos FECODE ha recurrido a la denuncia internacional, gestiona acuerdos de cooperación con el objetivo de rescatar memoria histórica, documentar los casos y exigir verdad justicia y reparación, pero ante todo, pugna por una política de derechos humanos que reivindique el derecho a la vida en Colombia.

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