¿UTILIZACIÓN DE GASTOS RESERVADOS PARA FINANCIAR FALSOS POSITIVOS?

El PDA exige al Contralor General investigar a fondo la utilización de Gastos Reservados para financiar falsos positivos
Jueves 30 de abril de 2009

 El PDA observa con preocupación la posibilidad de que los crímenes de Estado denominados “falsos positivos” puedan haber sido financiados bajo la figura de los “gastos reservados”.

 Esto es, dineros públicos que, de acuerdo a declaraciones del Contralor General de la República, podrían haber sido utilizados en unidades militares para pagar por la información que ha llevado a la muerte de más de 1.500 colombianos.

 La presunta utilización de recursos que provienen de los impuestos de todos los contribuyentes para asesinar compatriotas es una afrenta a la nación.

El Polo Democrático Alternativo observa con preocupación la posibilidad de que los crímenes de Estado denominados “falsos positivos”, ocurridos de manera recurrente en los últimos años y descubiertos a la luz pública recientemente, puedan haber sido financiados bajo la figura de los “gastos reservados” vigentes por la ley 1097 del 2 de noviembre de 2006.

Los “gastos reservados” son apropiaciones presupuestales para la financiación secreta de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Esto es, dineros públicos que de acuerdo a declaraciones del Contralor General de la República, podrían haber sido utilizados en unidades militares para pagar por la información que ha llevado a la muerte de más de 1.500 colombianos.

Para el Polo esta es una situación a todas luces inadmisible. No solamente es una atrocidad el crimen cometido por autoridades nacionales en personas inocentes con el fin de mostrar resultados, sino que la presunta utilización de recursos que provienen de los impuestos de todos los contribuyentes para asesinar compatriotas es una afrenta a la nación.

De acuerdo con palabras recogidas de las declaraciones del Contralor Turbay, las unidades militares en Ocaña habrían pagado entre 750 mil y 1 millón 250 mil pesos por información que llevó a la muerte de 11 jóvenes de Bogotá y Soacha que aparecieron reportados como dados de baja en combate. El Polo espera que el anuncio de la Contraloría de que creará una unidad especial para investigar estos hechos se concrete en una rápida y contundente respuesta a la duda que nos genera a los colombianos y colombianas esta posibilidad. Máxime cuando, de acuerdo con la ley 1097, solamente una auditoría de la Contraloría General de la República tiene la potestad de acceder a la información acerca de tales gastos en inteligencia y contrainteligencia.

De igual manera, el Polo exige al Contralor General la presentación al país de un informe de auditoría acerca de la destinación que han tenido tales recursos, pues aunque estos dineros no están sujetos a las normas y procedimientos previstos en el estatuto de contratación estatal, y la información sobre su uso goza de reserva legal por 20 años, no se puede admitir que en un Estado de Derecho se proteja el delito cometido por funcionarios estatales sin que existan sanciones.

De otra parte, el PDA exhorta a la Fiscalía General de la Nación a dirigir todos sus esfuerzos para que los militares que han sido encontrados culpables o cómplices de ejecutar los “falsos positivos” sean investigados y juzgados por la justicia ordinaria, pues no puede entenderse como un castigo ejemplar por estos crímenes, el simple llamado a calificar servicios.

Carlos Gaviria Díaz Carlos Bula Camacho

Presidente Secretario General

Bogotá, 29 de abril de 2009