Mico contra la paz
Miércoles 6 de mayo de 2009
Daniel García-Peña denuncia en su columna de El Espectador, la existencia de un artículo dentro de la reforma política que echa por la borda todas las negociaciones de paz realizadas hasta el momento.
"Este texto, que fue aprobado hace unos días por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora pasa a la plenaria para cursar el sexto de los ocho debates requeridos para su aprobación definitiva, significa, nada más ni nada menos, echar para atrás los acuerdos de paz de comienzos de los años noventa con el M-19, el Epl, el Quintín Lame, el Prt y la Corriente de Renovación Socialista. Y para rematar, decretar la muerte política a quienes fueron cobijados por los indultos de ese entonces", afirma García-Peña.
Esta semana, la aplanadora uribista hará hasta lo imposible para sacar adelante su agenda legislativa, que se reduce básicamente al referendo reeleccionista y la reforma política, sacrificando todo lo demás, incluyendo la Ley de Víctimas.
Pero mientras buena parte de la opinión se ha centrado en los intríngulis del referendo, de manera subrepticia ha venido aprobándose en la reforma política un mico con hondas repercusiones sobre los procesos de paz que se han realizado en el pasado, así como las posibilidades de paz en el país hacia el futuro.
El artículo cuarto del proyecto de acto legislativo, que modifica el artículo 122 de la Constitución, establece que: “…no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo… por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales…”.
Este texto, que fue aprobado hace unos días por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora pasa a la plenaria para cursar el sexto de los ocho debates requeridos para su aprobación definitiva, significa, nada más ni nada menos, echar para atrás los acuerdos de paz de comienzos de los años noventa con el M-19, el Epl, el Quintín Lame, el Prt y la Corriente de Renovación Socialista. Y para rematar, decretar la muerte política a quienes fueron cobijados por los indultos de ese entonces.
Antonio Navarro no podría seguir siendo gobernador de Nariño, ni Gustavo Petro senador ni candidato presidencial. Hasta Rosemberg Pabón y Carlos Franco tendrían que renunciar a sus cargos en el gobierno de Uribe. Independientemente de estar de acuerdo o no con las posiciones políticas de ellos, o las de miles más de sus compañeros, todos hemos sido testigos de que le han jugado limpio al país.
La posición del Gobierno había sido ambigua. El año pasado, mientras el proyecto hacía trámite en el Senado, el ministro Fabio Valencia, quien como negociador de paz en el Caguán conoce bien los alcances de estas materias, tomó distancia de la autoría del texto en cuestión, insinuó que se trataba de un error y se comprometió a revisar el asunto.
Ahora sí es claro que error no es. El actual gobierno, con su jefe máximo a la cabeza, nunca ha escondido su desdén por los procesos de paz del pasado, ni por la Constitución que éstos contribuyeron a producir.
Es válido preguntarse sobre el alcance del delito político en el nuevo contexto nacional y mundial y es positivo que la sociedad colombiana y la justicia internacional sean cada día más exigentes frente a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Pero una cosa es abrir el debate público sobre asuntos de tanta trascendencia. Otra, muy diferente, es promover, prácticamente a escondidas, semejante mico que no sólo reversa los procesos de paz del pasado, sino que, aún más grave, hacia el futuro cierra todavía más la salida negociada al conflicto armado en Colombia, ya de por sí bastante embolatada.
