Víctima de su propio invento
Claudia López
Foto Semana.com
El debate de hoy en el Senado de la República, por cuenta de la zona franca concedida a los hijos del Presidente, es sustancial. Fieles a las enseñanzas de su padre, Tomás y Jerónimo no asistirán al debate. Ellos solo van a los ministerios a gestionar sus negocios, pero no van al Congreso a responder por ellos. Saben que evadir el debate lo minimiza y que gozan, también, de la prerrogativa de escoger si responden o no por sus actuaciones públicas.
Además del evidente uso de su posición privilegiada para enriquecerse a punta de concesiones estatales, la discusión debería concluir qué hacer para poner en cintura a avivatos como Tomás y Jerónimo, que son los más populares, pero ciertamente no los únicos. El blog del ex director del Dane César Caballero, en el portal www.lasillavacia.com, ofrece una oportuna reflexión al respecto. Unos jovencitos apenas graduados que, sorpresivamente, y supongamos legítimamente, se ganan una fortuna en un negocio, ¿qué tratamiento tributario recibirían? Según el ex director del Dane, ese afortunado ingreso podría recibir el tratamiento de ganancia ocasional, por la cual tendrían que pagar un impuesto hasta del 42 por ciento del afortunado e inesperado beneficio.
Esa no es la única perspectiva aplicable. La ley colombiana establece que el mayor valor de la tierra derivado de actuaciones públicas no pertenece únicamente al suertudo propietario del lote, sino a toda la comunidad. Sobre ese mayor valor, el suertudo propietario debe pagar hasta un 50 por ciento de impuesto de plusvalía al municipio. Los lotes de Tomás y Jerónimo Uribe en Mosquera no subieron de valor por sus inversiones y talento, sino porque una norma pública los pasó de peladero a zona de posible desarrollo, otra norma pública los autorizó como zona industrial, otro decreto los convirtió en zona franca y una inversión pública les atravesará una carretera. El mayor valor adquirido por esos lotes gracias a esas normas e inversiones no les pertenecen solo a Tomás y Jerónimo, sino también al Estado y a toda la comunidad.
Por ello deberían pagar el impuesto de plusvalía sobre el mayor valor adquirido por sus tierras a costillas nuestras.
El editorial de este periódico les solicitó a los "empresarios" Uribe que voluntariamente y de buena gana le regalaran a una fundación la riqueza obtenida por sus lotes gracias a decisiones estatales.
Obviamente, contestaron que no. Se equivocó el periódico en pedirles un favor sobre una cosa que no es voluntaria y privada, sino pública y de ley. Ellos, como los demás especuladores de suelo y prebendas públicas, deben pagar impuestos. Nuestras leyes no criminalizan la especulación, pero sí le imponen altos tributos, justamente para limitarla. Además del impuesto de renta sobre sus ingresos y patrimonio, sobre los lotes de su zona franca, los "empresarios" Uribe deben pagar, o bien el impuesto de ganancia ocasional a la Nación, o bien el de plusvalía al municipio de Mosquera. Negarse a hacerlo sería violar la ley y embolsillarse por completo una fortuna que no es fruto de su trabajo, sino de actuaciones estatales, varias de ellas de subalternos de su padre.
Más allá de este debate, en materia tributaria y fiscal el Gobierno está siendo víctima de su propio invento. De tanto rebajarles los impuestos a los más ricos y a las empresas, enfrenta un déficit de recursos permanentes y sostenibles para financiar la seguridad democrática. En un Estado democrático, todos los ciudadanos tenemos que aportar para cubrir servicios fundamentales, y supuestamente universales, como la seguridad y la justicia. Esos recursos deberían venir de impuestos progresivos y permanentes, no solamente de ganancias o aportes ocasionales. Sin embargo, dado que este gobierno, sistemáticamente, ha disminuido los impuestos a los más ricos y a las empresas, no tiene recursos ni progresivos, ni permanentes, ni sostenibles para cumplir sus obligaciones básicas.
Paradójicamente, hasta la niña consentida del Gobierno, la seguridad democrática, está siendo víctima de la mal llamada confianza inversionista, que debería consistir en que el que invierta en Colombia sepa que debe pagar impuestos ciertos, equitativos y estables, y no en que las rebajas y gabelas dependan de su cercanía con el poder y su apoyo a la reelección del gobernante de turno.
Claudia López
