CRIC acusa al Gobierno Nacional de tener estrategia para producir cisma en el movimiento indígena
Según el Cric, el Gobierno desconoce los procesos sociales indígenas y sus implicaciones.
El 21 de marzo, cerca de 3.000 indígenas de las comunidades Nasa reunidos en el Coliseo Cubierto La Estancia de Popayán, expresaron su contento cuando el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció que, con base en el principio de la libre asociación, el Gobierno reconocía a la organización que representaban y les daba la bienvenida. Un sonoro aplauso y gritos entusiastas resonaron en el recinto.
Ese mismo día, la naciente asociación, la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas del Cauca, Opic, hizo su primer pronunciamiento. Manifestó su apoyo irrestricto a la seguridad democrática del presidente Uribe y además se fue lanza en ristre contra el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. "No queremos dividir sino fortalecer a los pueblos indígenas -señaló Rogelio Yonda, uno de sus líderes-. Apoyamos al Gobierno y aplaudimos todas sus políticas".
Pero mientras en el Coliseo de Popayán todo era celebración, en el seno del Cric había indignación. La decisión del Gobierno de reconocer a la Opic fue calificada como "aberrante" pues, a su juicio, el objetivo es romper la unidad de los pueblos indígenas. Para el Consejo Regional del Cauca resulta paradójico que el Gobierno que, según ellos, ha desconocido los procesos sociales indígenas, ahora se presente como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la Opic.
Según el Cric, el Gobierno no podía reconocer la nueva organización porque, pese a que sus miembros son en su mayoría indígenas, no cuenta con el aval de un cabildo. "No sé con qué intención pero el Gobierno está violando las leyes - asegura Feliciano Valencia, consejero mayor del Cric-. Una organización indígena debe tener respaldo de los cabildos, y la Opic no lo tiene, y además muchos de los que asistieron al acto fueron engañados, no sabían a lo que iban".
Los reclamos del Cric tienen el respaldo de varios cabildos que aseguran que la Opic es una organización promovida por el Gobierno y que no nació, como debía ser, de las entrañas del movimiento indígena sino de una política oficial. "Es una cortina de humo que busca opacar las exigencias de los grupos indígenas -asegura Gelmis Chate Rivera, cabeza de algunos resguardos indígenas de Tierradentro, Cauca-. El Gobierno lo que quiere es tener asociaciones que defiendan sus intereses, y no organizaciones críticas que denuncien atropellos e incumplimientos".
El Gobierno responde a estos cuestionamientos con el argumento de que el hecho de que haya indígenas que estén de acuerdo con sus políticas no significa que sean ni idiotas útiles ni marionetas y que todos los colombianos, no importa su condición, clase, religión, sexo, raza, tienen el derecho de asociación. "Así no cumplan con el Decreto 1088 de 1993 que regula a las comunidades indígenas, los miembros de la Opic pueden unirse en una asociación sin ánimo de lucro y después cumplir con ese requisito -dice Pedro Posada, director de Etnias del Mininterior-. No podemos impedir la libre asociación".
Pese a lo que dice el Gobierno, muchas comunidades indígenas temen que la estrategia utilizada en el Cauca se extienda a otras regiones y le quite legitimidad al movimiento indígena que, en los últimos años, ha logrado protagonismo, reconocimiento e importantes conquistas en materia de derechos y reivindicación social. La pregunta ahora es si el Gobierno está jugando al "divide yreinarás".
