Referendo por el agua. Un derecho no reconocido
VIERNES, 27 DE MARZO DE 2009 09:09 EQUIPO DESDE ABAJO
El pasado 17 de marzo, el Referendo por el Agua reinició actividades en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En mora de cuatro debates, 2 millones 100 mil firmas pudieran ser burladas, tomando en cuenta la relevancia que viene dando el Congreso de la República a otros paquetes legislativos –ejemplo de ello, el Referendo de la Reelección Presidencial–, además de la culminación del período legislativo el próximo 20 de junio. La iniciativa popular se puede empantanar, de no ser tomada en cuenta por el Legislativo. Sin embargo, se respira allí un espíritu privatizador. Varios de los senadores y congresistas, en su mayoría de la bancada uribista, privilegian también para el caso del agua la intervención privada sobre la pública. La utopía: que el preciado líquido sea reconocida como un mínimo vital y, por tanto, como un derecho fundamental para quienes habitan en Colombia.
La no explotación privada del recurso, un uso razonable que excluya excesos tarifarios, el agua potable gratuita para todos los sectores sin distingo de estratos, son apenas unas de las razones que vienen esgrimiendo desde el año pasado los motivadores de la propuesta del Referendo por el Agua. En ese entonces, la participación cívica no se hizo esperar. En el segundo semestre de 2008, faltando 10 días para que la propuesta se confinara, había apenas un millón de firmas. Días después, momentos antes de ser presentada, ya se contaba con más de un millón más, para un total de 2 millones cien mil. Esto produjo un estupor que no pudieron ocultar los inversionistas privados.
El supuesto incremento de los costos del déficit, en caso de que el mínimo vital se implemente gratuitamente, en desmedro de la infraestructura pública regional –lo que pudiera implicar elevación de costos para mejoramiento de calidad, en tanto que éstas supuestamente son más caras y menos óptimas–, la preeminencia de otras iniciativas como la reelección presidencial, entre otras, han sido desde entonces los argumentos esgrimidos por los opositores, como forma de desacreditar la iniciativa, y ya son paisaje del ambiente que se dibuja para los debates en la Comisión Primera.
Observados con lupa, tales argumentos son papel cortado con la misma tijera: un gobierno que, apoyado en sus mayorías en el Congreso, orquesta a favor de los inversionistas privados. Así lo enfatizó Rafael Colmenares, director de Ecofondo y vocero del referendo: “El problema que se ha presentado es que el Gobierno, ejerciendo su poder, ha desorientado a la Comisión Primera de la Cámara, creando fantasmas sobre unos costos que no son reales del mínimo vital gratuito, haciendo una gran apología a las bondades de la privatización que no son tales”.
“El dinero no se bebe”
A cambio, se implementan reformas para el sector público del agua. Desde 1994 se impuso una metodología tarifaria que les garantiza su sostenibilidad económica a las empresas privadas, hoy Aguas Barcelona en Cartagena, Vivendi en Montería, Proactiva en Bogotá, entre otras. Desde entonces, se les ha dado carta abierta a éstas para que recuperen costos de administración, operación e inversión, permitiéndoles altas tasas de retorno de capital. Más o menos, los inversionistas logran hoy un 8 por ciento de rentabilidad sobre activos, un 40 de margen operacional y una liquidez del 3,3 (Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, CNDAV).
Tasas de usura, se puede decir de estos márgenes de beneficio. Tanto más cuando se hace conciencia de que los recursos invertidos por el Estado son del 70 por ciento, y del 30 los de los ciudadanos, quienes soportan las inversiones necesarias para mejorar la calidad y cobertura del sistema, mientras los inversionistas se benefician de la infraestructura estatal, cobrando altas cifras y obteniendo una elevada rentabilidad sin mayor contraprestación (íd.).
Entre tanto, según los promotores de la iniciativa, siguen persistiendo déficits considerables en cuanto a cobertura y calidad en muchos municipios del país, en los que se afecta con predominancia al sector rural: fallas en gestión y recursos son los factores determinantes.
El mito de la inversión privada
Se dice que cuando llega inversión privada también lo hacen nuevas infraestructuras tecnológicas, se optimiza la gestión y mejoran los procesos de funcionamiento. Nada más falso. Así lo pone de manifiesto el CNDAV, para el cual el costo del mínimo vital gratuito no rebasaría los 400 mil o 700 mil millones, cifra menor en un 73 y un 53 por ciento (1,5 billones) que la contemplada por las entidades respectivas del Gobierno.
Otra situación problemática la marca el sistema actual de subsidios cruzados, en el que el usuario debe pagar la factura resultante de aplicar el subsidio, independientemente de si desea consumir 2, 6 ó 10 metros cúbicos, lo que resulta imposible para muchos hogares de bajos ingresos. Esta razón explica que cerca de 400 mil suscriptores se desconecten al año.
A lo anterior se agrega que el sistema actual está desfinanciado con 800 mil millones de pesos en 2007. Según los propulsores de la iniciativa, el costo de la propuesta no implica un déficit adicional ni sacrifica recursos necesarios para la expansión de coberturas. En cambio, se plantea financiar el mínimo vital con nuevos recursos para el sector, como los rendimientos financieros generados por la liquidez del negocio, algún porcentaje de la libre destinación municipal y soportes alternos como regalías de la Nación.
Además se aduce a favor del cobro elevado de las tarifas a la población menos favorecida que ello es así para que haya un uso racional del agua, a sabiendas de que en Colombia los mayores consumos del líquido los realizan las actividades agropecuarias en un 64 por ciento; y le siguen el sector industrial con un 12 y el residencial con un 11. El Comité propone al respecto: “Establecer nuevas escalas de tarifas, pensando en el consumo suntuario, sin olvidarse de la importancia y la eficacia de medidas educativas para racionalizar el consumo”.
Otras iniciativas han naufragado, favoreciendo la historia a las multinacionales del agua. En Brasil claudicó la iniciativa: ganó el negocio sobre la vida. De todos los colombianos y las colombianas depende que el agua sea un mínimo vital gratuito, más allá de las determinaciones y los juegos políticos del Congreso. Una primera idea de exigibilidad circundó las calles bogotanas el pasado 18 de febrero, cuando numerosos manifestantes marcharon para exigir una respuesta favorable.
Que el agua sea un derecho humano, dado que sin ella no es posible la humanidad misma, puede ser la consigna. Dicen que somos más del 70 por ciento de agua en nuestra materia corporal biológica. ¿Cuántos seremos en masa para defenderla?
Por Julián Carreño
