Los campesinos que plantaron cara al Gobierno de Colombia
Público.es
Extender su caso más allá de los límites geográficos de Colombia ha frenado la escalada de asesinatos y las graves violaciones de derechos humanos. La denuncia pública ha logrado que muchos ojos se posen en el grupo de campesinos que respondió con un ‘no' a las FARC, a los paramilitares y al Ejército colombiano hace 15 años.
Cerca de 1.200 trabajadores del campo de la zona de Urabá, al noreste del país, se declararon neutrales en el conflicto que enfrenta el país latinoamericano desde hace medio siglo. La comunidad de paz de San José de Apartadó -como resolvieron llamarse- harta del asedio que sufría por ubicarse en una zona de fuego cruzado y geográficamente clave para el tránsito de drogas y armamento decidió no ceder ante los chantajes de uno y otro lado. Adoptaron la estrategia de resistencia pacífica y acordaron normas de convivencia y requisitos para formar parte de este espacio humanitario al margen de las acciones armadas.
En marzo de 1997, cientos de campesinos desplazados se negaron a abandonar la región y decidieron volver a sus tierras. Firmaron una declaración en la que se comprometieron a no permitir la presencia de actores armados en el asentamiento y asumieron el rol de "alternativa civil no violenta al conflicto". El precio de aquella decisión lo siguen pagando hoy en día.
"No se cómo se llegará a un acuerdo de paz con el país inundado de paramilitares", titubea Javier Giraldo, sacerdote jesuita miembro de la comunidad de paz, en relación a las conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC]. "La violencia sigue siendo una realidad cotidiana en el país", añade.
Sobre el proceso de paz que se abre con las negociaciones en La Habana, teme que se termine cerrando con la impunidad total de militares y paramilitares, e incide en el "cruce de expectativas" por el que atraviesa Colombia.
Giraldo trabaja desde hace 25 años coordinando el banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, donde, en este tiempo, ha registrado más de 180.000 víctimas del conflicto armado en todo el país. "La mayor parte pertenece a la sociedad civil, a movimientos de base, indígenas, campesinos y fuerzas políticas alternativas pero no combatientes", señala
Un ejemplo del hostigamiento que padece la ciudadanía se encuentra en San José de Apartadó, donde la cifra de asesinatos desde 1997, año en que se constituyó la pequeña comunidad de paz, asciende a 240.
"Éramos 1.200 cuando empezó todo", lamenta Giraldo en su visita por Madrid antes de emprender rumbo a la Corte Penal Internacional para aportar nuevas pruebas y lograr que el tribunal internacional decida abrir este caso.
Hasta La Haya lleva los listados actualizados de víctimas, las cartas cruzadas con el Gobierno colombiano y los 26 derechos de petición ejercidos por el religioso. Ante estas peticiones, en las que Giraldo relata con precisión al Ejecutivo de Juan Manuel Santos cada ataque que sufre la comunidad, solo ha recibido indiferencia. "Siempre me responden con un párrafo donde Presidencia me remite a otras instituciones que nunca han contestado nada concreto, sino que dan evasivas o niegan la situación", lamenta en conversaciones con este medio en el Ateneo madrileño donde ofreció una charla la semana pasada.
Las denuncias que Giraldo ha puesto en conocimiento del Gobierno no han producido sanciones ni investigaciones penales, pero sí han desplegado otros efectos . "En varias ocasiones, testigos que se presentaron ante la fiscalía o el juzgado fueron asesinados o amenazados", asegura el sacerdote.
El último ataque que sufrió la comunidad de paz tuvo lugar hace escasas semanas. En un simulacro en el que, según asegura Giraldo, no estaba la guerrilla, "dispararon contra las casas dejando un muerto". "Esos días hubo una presencia masiva de paramilitares, lo que obligó a desplazarse hacia las veredas". Ese es el mecanismo que los miembros de la comunidad utilizan para sobrevivir: marcharse a las zonas contiguas - a las veredas- y esperar que los paramilitares abandonen y puedan regresar al asentamiento sin correr peligro. Se trata de los movimientos internos que hacen estos campesinos pertenecientes a un país que cuenta con más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto.
La piedra en el zapato de empresas y Gobierno
La premisa que el colectivo de campesinos escucha con más frecuencia a los militares y paramilitares que recorren la región es la del "exterminio" por considerarles "la piedra en el zapato de los planes del Gobierno y las empresas". "Si no fuera por el apoyo internacional, ya nos habrían eliminado", subraya Giraldo.
Las ayudas que San José de Apartadó recibe desde fuera de Colombia tienen que ver, entre otras, con el asesoramiento jurídico, necesario para que los campesinos puedan conservar sus tierras. La Ley de víctimas y restitución de tierras del Ejecutivo de Santos permite que las fincas devueltas a los campesinos puedan ser negociadas entre éstos y empresas. De este modo, las posibles alianzas dejan al campesino en una posición de debilidad frente a las compañías que quieran comprarlas. Además, "no se han legalizado las tierras, se venden sin pasar por las agencias del Estado, dándose títulos testimoniales", indica Giraldo.
Las medidas reparadoras del Gobierno colombiano no convencen a una comunidad que lleva cincos lustros de asedio. En los primeros meses de su creación, San José sufrió cerca de 80 asesinatos. Los paramilitares manejaban listados de sospechosos que mataban en el mismo lugar donde los localizaban. "Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos", relata Giraldo.
La esencia colectiva de la comunidad de paz constituye sus cimientos ante los múltiples asesinatos. De esta forma, cuando alguien es asesinado "el grupo asume su labor". Organizar la resistencia ha sido una de las claves de la supervivencia. Cuando comenzaron a comercializar los cultivos, entre 2001 y 2004, llegó el cerco de hambre. "Cuatro conductores que nos llevaban alimentos fueron asesinados para que nadie quisiera hacer esa tarea".Después masacraron los cuatro comercios del pueblo y cerraron todos los negocios de la carretera. Pero también salieron adelante. Comenzaron a comprar semillas en Medellín, a más de 300 kilómetros, y cultivar arroz, maíz, frijol y caña de azúcar.
Orden de búsqueda y captura contra Giraldo
La comunidad de paz sigue buscando fuera de su país la justicia y la reparación que dentro le niegan, algo que Giraldo ha comprobado en persona. A lo largo de su vehemente trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el sacerdote ha afrontado más de un proceso judicial.En 2009, se declaró objetor de conciencia para no colaborar en una investigación contra él por haber denunciado las supuestas torturas de unos militares contra varios campesinos. El Ejército le denunció por calumnias y el fiscal que llevó el caso le aseguró que estaba sometido a grandes presiones "desde arriba" para condenarlo.
"El fiscal dejó sobreseído el caso pero, por presiones, lo reabrió y dictó una orden de búsqueda y captura contra mí", relata el religioso. El coronel que fue a buscarle le confesó que no podía acatar la orden de llevarle detenido. "Llamamos al fiscal para que nos explicara qué podíamos hacer, y lo resolvió diciendo que hiciera un escrito ratificando mi objeción". Así procedió Giraldo que, a partir de entonces, fue declarado reo ausente, le asignaron abogado de oficio y a los dos años se archivó su expediente. "Curiosamente, me exoneraron la misma semana en que cambió el fiscal general del Estado, el mismo que presionó al otro fiscal para que reabriera mi caso".
Con todo, Javier Giraldo no se rinde y ahora espera abrir alguna puerta en la justicia internacional. Los delitos contra San José de Apartadó fueron denunciados en 2006 ante la Corte Penal Internacional por la propia comunidad de paz bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad.
"Fuimos a la Corte Penal a recabar justicia y, aunque aún no han tomado ninguna decisión importante, seguiremos insistiendo", anuncia.
PATRICIA CAMPELO
"Éramos 1.200 cuando empezó todo", lamenta Giraldo en su visita por Madrid antes de emprender rumbo a la Corte Penal Internacional para aportar nuevas pruebas y lograr que el tribunal internacional decida abrir este caso.
Hasta La Haya lleva los listados actualizados de víctimas, las cartas cruzadas con el Gobierno colombiano y los 26 derechos de petición ejercidos por el religioso. Ante estas peticiones, en las que Giraldo relata con precisión al Ejecutivo de Juan Manuel Santos cada ataque que sufre la comunidad, solo ha recibido indiferencia. "Siempre me responden con un párrafo donde Presidencia me remite a otras instituciones que nunca han contestado nada concreto, sino que dan evasivas o niegan la situación", lamenta en conversaciones con este medio en el Ateneo madrileño donde ofreció una charla la semana pasada.
Las denuncias que Giraldo ha puesto en conocimiento del Gobierno no han producido sanciones ni investigaciones penales, pero sí han desplegado otros efectos . "En varias ocasiones, testigos que se presentaron ante la fiscalía o el juzgado fueron asesinados o amenazados", asegura el sacerdote.
El último ataque que sufrió la comunidad de paz tuvo lugar hace escasas semanas. En un simulacro en el que, según asegura Giraldo, no estaba la guerrilla, "dispararon contra las casas dejando un muerto". "Esos días hubo una presencia masiva de paramilitares, lo que obligó a desplazarse hacia las veredas". Ese es el mecanismo que los miembros de la comunidad utilizan para sobrevivir: marcharse a las zonas contiguas - a las veredas- y esperar que los paramilitares abandonen y puedan regresar al asentamiento sin correr peligro. Se trata de los movimientos internos que hacen estos campesinos pertenecientes a un país que cuenta con más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto.
La piedra en el zapato de empresas y Gobierno
La premisa que el colectivo de campesinos escucha con más frecuencia a los militares y paramilitares que recorren la región es la del "exterminio" por considerarles "la piedra en el zapato de los planes del Gobierno y las empresas". "Si no fuera por el apoyo internacional, ya nos habrían eliminado", subraya Giraldo.
Las ayudas que San José de Apartadó recibe desde fuera de Colombia tienen que ver, entre otras, con el asesoramiento jurídico, necesario para que los campesinos puedan conservar sus tierras. La Ley de víctimas y restitución de tierras del Ejecutivo de Santos permite que las fincas devueltas a los campesinos puedan ser negociadas entre éstos y empresas. De este modo, las posibles alianzas dejan al campesino en una posición de debilidad frente a las compañías que quieran comprarlas. Además, "no se han legalizado las tierras, se venden sin pasar por las agencias del Estado, dándose títulos testimoniales", indica Giraldo.
Las medidas reparadoras del Gobierno colombiano no convencen a una comunidad que lleva cincos lustros de asedio. En los primeros meses de su creación, San José sufrió cerca de 80 asesinatos. Los paramilitares manejaban listados de sospechosos que mataban en el mismo lugar donde los localizaban. "Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos", relata Giraldo.
La esencia colectiva de la comunidad de paz constituye sus cimientos ante los múltiples asesinatos. De esta forma, cuando alguien es asesinado "el grupo asume su labor". Organizar la resistencia ha sido una de las claves de la supervivencia. Cuando comenzaron a comercializar los cultivos, entre 2001 y 2004, llegó el cerco de hambre. "Cuatro conductores que nos llevaban alimentos fueron asesinados para que nadie quisiera hacer esa tarea".Después masacraron los cuatro comercios del pueblo y cerraron todos los negocios de la carretera. Pero también salieron adelante. Comenzaron a comprar semillas en Medellín, a más de 300 kilómetros, y cultivar arroz, maíz, frijol y caña de azúcar.
Orden de búsqueda y captura contra Giraldo
La comunidad de paz sigue buscando fuera de su país la justicia y la reparación que dentro le niegan, algo que Giraldo ha comprobado en persona. A lo largo de su vehemente trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el sacerdote ha afrontado más de un proceso judicial.En 2009, se declaró objetor de conciencia para no colaborar en una investigación contra él por haber denunciado las supuestas torturas de unos militares contra varios campesinos. El Ejército le denunció por calumnias y el fiscal que llevó el caso le aseguró que estaba sometido a grandes presiones "desde arriba" para condenarlo.
"El fiscal dejó sobreseído el caso pero, por presiones, lo reabrió y dictó una orden de búsqueda y captura contra mí", relata el religioso. El coronel que fue a buscarle le confesó que no podía acatar la orden de llevarle detenido. "Llamamos al fiscal para que nos explicara qué podíamos hacer, y lo resolvió diciendo que hiciera un escrito ratificando mi objeción". Así procedió Giraldo que, a partir de entonces, fue declarado reo ausente, le asignaron abogado de oficio y a los dos años se archivó su expediente. "Curiosamente, me exoneraron la misma semana en que cambió el fiscal general del Estado, el mismo que presionó al otro fiscal para que reabriera mi caso".
Con todo, Javier Giraldo no se rinde y ahora espera abrir alguna puerta en la justicia internacional. Los delitos contra San José de Apartadó fueron denunciados en 2006 ante la Corte Penal Internacional por la propia comunidad de paz bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad.
"Fuimos a la Corte Penal a recabar justicia y, aunque aún no han tomado ninguna decisión importante, seguiremos insistiendo", anuncia.
PATRICIA CAMPELO
http://www.publico.es/internacional/446369/los-campesinos-que-plantaron-cara-al-gobierno-de-colombia
Entrevista al defensor de derechos humanos y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Javier Giraldo: “La inversión extranjera necesita paz”Lola Matamala
Rebelión
Javier Giraldo es jesuita colombiano, y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. De su trayectoria como activista de derechos humanos, cabe destacar su participación en la Comisión de Justicia y Paz y en reuniones de paz con el ELN y las FARC. Además, este religioso colombiano, lleva hace 25 a ños formando parte del CINEP/PPP en Colombia (Centro de Investigaci ón y Educación Popular/ Programa por la Paz). En el banco de datos que coordina, se han registrado, desde 1989, má s de 180.000 v íctimas del conflicto social y armado que vive su país.
El padre Giraldo estuvo en Madrid impartiendo conferencias sobre derechos humanos y justicia climática, una de ellas en el Senado. Aprovechamos para hablar con él sobre el nuevo proceso de paz que está viviendo Colombia.
¿Cómo está viviendo la sociedad colombiana este nuevo proceso de paz?
Con muchas expectativas y muchos temores. Sobre todo aquellos sectores sociales que han sido más victimizados por este conflicto, tienen grandes esperanzas en que el proceso logre su objetivo. En los últimos treinta años ha habido muchos amagos de proceso de paz, y todos han fracasado.
¿Qué balance hace del primer encuentro en Oslo entre la guerrilla y el gobierno colombiano , y del modelo de proceso de paz con reformas sociales?
La ciudadan ía m ás comprometida, los movimientos sociales y las mismas v íctimas hacen una lectura esperanzada, porque por primera vez se plantean, de manera tan clara, las ra íces del conflicto. El discurso de las FARC fue radical, planteaba los problemas muy descarnadamente. Es preocupante la discrepancia tan profunda que parece haber entre los puntos de partida de las FARC y del gobierno, pero nos alegra que esas discrepancias se puedan exponer y dialogar.
¿ Una de esos disensos es el provocado por la cuesti ón de las tierras ?
Si. De hecho, cuando anunci ó la apertura de las negociaciones , el gobierno se refiri ó a este como el problema clave de la negociaci ón con las FARC, pues hace referencia a su origen como movimiento de resistencia contra la usurpaci ón y el despojo de la tierra a los campesinos. Hay que recordar que procesos anteriores se han truncado por esta cuesti ón de l a reforma agraria. Ahora, con la Ley de Tierras, la tendencia del gobierno y de los empresarios es reemplazar la barbarie por el mercado.
En Oslo Iván Márquez criticó duramente la Ley de Tierras, concretamente la titularidad de la tierras que están siendo devueltas.
Iván Márquez hizo un discurso muy duro sobre esta ley, sobre todo, en lo concerniente a la titularidad. Cuando la Corte Suprema devuelve la titularidad de las tierras a los dueños, los empresarios les ofrecen prefieren alianzas comerciales o se ofrecen como compradores de las mismas. De esta manera, logran quedarse como propietarios los empresarios. Los campesinos, se quedan solos ante esas presiones. Lo que consigue la Ley de Tierras es legalizar esta situación. De ahí que Iván Márquez planteara que la titulación individual no es la solución al problema agrario porque trata de cambiar la barbarie del desplazamiento por el mercado. Abrir esa pera al mercado. Este objetivo lo comenzó Álvaro Uribe cuando en su mandato demostró el desconocimiento de las propiedades colectivas como los resguardos indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras. Actuó sin conocer lo que estaba previsto en la Reforma Agraria del año 96 como la posibilidad de crear un sistema de propiedad colectiva como las zonas de reserva campesina. Es más, las pocas que había, las criminalizó y les acusó de pertenecer a la guerrilla y encarceló a varios de sus líderes, y Santos es continuador de la política de Uribe.
Según el portavoz del gobierno en esta mesa de diálogo, Humberto de la Calle, el modelo económico no es objeto de negociación .
Si, pero hay puntos en la agenda que ambas partes acordaron que implican discutir y gestionar el modelo econ ómico. Por ejemplo, en uno de ellos se habla del acceso a la tierra con un criterio de territorialidad, es decir, con el concepto de territorio como integridad en donde se contempla la existencia de los r í os y de los bosques. De esta manera el metro cuadrado no es una mercanc ía rentable sin tener en cuenta la tierra y el ecosis tema que lo rodea, y eso implica revisar el modelo vigente de econom ía agraria.
La participaci ón política de las FARC despu és de su hipotética desmovilización militar es una cuestión crucial ¿có mo se hace el tránsito desde una lucha armada hacia una lucha pol ítica institucional?
La participaci ón política de las FARC y el cese del conflicto enfr enta problemas muy graves. Implica, necesariamente, la desaparici ón del paramilitarismo , y eso es muy complicado porque en Colombia no hay genuina voluntad de hacerlo. El paramilitarismo tiene un poder econ ómico y militar enorme en el paí s. Domina regiones enteras, goza de privilegios e impunidades, en parte gracias a la Ley de Justicia y Paz impulsada por el ex-presidente Uribe. El fantasma del genocidio de la Uni ón Patriótica a manos de los paramilitares sigue pesando mucho. El paramilitarismo, se ha desarrollado muchísimo en estas décadas y tiene un poder económico y militar enorme en el país. Domina regiones enteras y tiene unos privilegios de impunidad muy grande gracias, en parte, a la Ley de Justicia y Paz creada por Uribe. Además, el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica sigue pesando mucho. Todo el mundo lo reconoce teóricamnete . Es más, cuando Pastrana ganó las elecciones y para posicionarse como presidente vino a España, le entrevistaron para preguntarle esto mismo ,y él respondió que ojalá que eso fuera posible, pero ese camino, ya se cerró porque ya se ensayó en la época de Betancourt con la Unión Patriótica y que hacerle esa propuesta a las FARC, era como proponerle que se suicidara.
Pero las FARC no descartan formar partido político
Parece que si, pero ellos saben que necesitan muchas garantías y que no las garantías que tienen no con en el gobierno y el contexto actual es difícil.
Durante este proceso de paz hay algunas cuestiones que que han generado cierta inseguridad en la sociedad colombiana. Uno de ellas es que el presidente Santos no ha respondido con un alto al fuego contra la guerrilla, ¿ a qué cree que se debe esta decisión?
Creo que es una concesión a los militares y a sectores muy reaccionarios de la sociedad. Lo hace para tranquilizar a la fuerza pública. Durante el proceso del Caguán, estos mismos fueron los que criticaron el despeje militar por parte del presidente Pastrana. Pero esta situación mina la credibilidad. Es una lógica muy extraña. De hecho, Álvaro Leyva, amigo y compañero de Juan Manuel Santos, además de ser otro de los negociadores y mediadores en otros procesos, dice que no entiende la posición de Santos y que es sabido que ya estaba en conversaciones con Alfonso Cano cuando le mandó matar.
Otro de los temas es que las FARC reconozcan las víctimas y que liberen a los secuestrados.
En primer lugar hay que recordar que la Ley de Tierras que impulsó Santos no reconoce a las víctimas de Estado y de los puntos que dieron lugar a esta agenda para el proceso, solo hay una línea que habla de cómo resarcir a las víctimas. La guerrilla ya dijo en Oslo que sus víctimas habían sido en actos de combate A su vez, el gobierno comentó que no ha cometido crímenes de guerra. Ambas partes dejan claro que no han infringido el Derecho Internacional Humanitario, pero desde el banco de datos del CINNEP puedo decir que las víctimas que han muerto en enfrentamiento armado son el 20 por ciento frente a las muertes relacionadas con todo el conflicto que son el 80.
El tema de los secuestros gira en torno a una gran campaña mediática. De hecho, hubo un grupo de parlamentarios que se reunió con Santos para presionar a la guerrilla pero el propio presidente les aseguró que los secuestrados no son de las FARC.
¿ Qué espera de los diálogos que han comenzado en La Habana?
Hay un punto central que es la demanda de participación de los movimientos sociales y populares en el proceso. Las FARC están de acuerdo, pero el gobierno sólo quiere que la sociedad civil presente sus propuestas on line e incluirlas en una base de datos. Hay quien opina que esta cuestión podría terminar abortando las negociacione .
Los puntos se cierran con la implementación y la verificación de los acuerdos, ¿qué significado tiene para cada uno de los actores?
Ahí se están hablando dos lenguajes: el lenguaje del acuerdo es el del compromiso, y cuando el gobierno firma esto, está pensando en la implicación internacional desde sus intereses inversionistas. Pero los movimientos sociales, están pensando mucho más en una presión sobre el gobierno para que los acuerdos de la transformación del modelo económico y puedan ser verificados internacionalmente para garantizar que no se violen los derechos humanos.
¿A este proceso de paz en Colombia le puede ayudar el espejo de los procesos que ya se vivieron en Centroamérica, concretamente en Guatemala y en El Salvador?
Ambos procesos se firmaron fuera del país y esa paz fue producto de las reuniones entre las élites, dejando a la sociedad fuera de las negociaciones. En estos países, aunque la guerrilla se desmovilizó, los criḿenes continúan, pero por parte de bandas criminales despolitizadas: el problema continúa, no hubo una agenda social dentro del país. La ONU realizó una misión verificadora en El Salvador y no funcionó porque sus presidentes no cumplieron lo acordado al finalizar el proceso de paz . Un compañero del Instituto de Derechos Humanos de ese país me dió la respuestas: esas negociaciones se hicieron desde arriba y para fuera, en vez de hacerlas desde abajo y para dentro: eso no debe ocurrir en Colombia.
De ahí la necesidad de la participación de los movimientos sociales y populares colombianos en este proceso de paz
El conflicto armado en Colombia está muy enraizado en el conflicto social y afecta a las grandes mayorías del país. Las estadísticas lo muestran claramente: más del 80% son víctimas civiles . Debido a este hecho, hay movimientos que recogen mucho de cada una de ellas , por ejemplo la Minga Indígena, los campesinos a través de la Mesa Unitaria Agraria, las comunidades negras, el Congreso de los Pueblos, etc.
Pero usted ¿ cómo conformaría ese espacio de diálogo ?
La sociedad civil tiene que participar en directo, en audiencias, como lo que ya se hizo en el proceso del Caguán . Por descontado que tendría que estar la guerrila y el gobierno. En este proceso que se acaba de iniciar, hay muchos movimientos convergentes que se están preparando para participar con sus propuestas. Sería una gran frustración si se cierra ese espacio de participación.
Los puntos se cierran con la implementación y la verificación de los acuerdos. ¿ Qué significado tiene para el gobierno colombiano?
Este punto tiene un doble sentido: el lenguaje del acuerdo es el del compromiso, y cuando el gobierno firma este punto, está pensando en la implicación internacional desde sus intereses inversionistas. En cambio, los movimientos sociales están pensando mucho más en una presión sobre el gobierno para que los acuerdos de la transformación del modelo económico y todo lo que encierra esta agenda social, pueda ser verificado internacionalmente para garantizar que no se violen los derechos humanos.
Hemos hablado del futuro de las FARC, pero ¿cómo le puede perjudicar a Juan Manuel Santos que el proceso fracase?
Sea cual fuera el resultado del proceso, va a ser provechoso para su reelección como presidente. Si fracasa actuará como Pastrana, iniciará en los grandes medios de comunicación una campaña de desprestigio contra las FARC argumentando que no han cedido en sus posiciones.
Hace unos días, el ELN ya presentó a sus delegados para el inicio de los diálogos con el gobierno, ¿cree que van a negociar sobre los mismos puntos?
No creo que sean los mismos porque van a ser en tiempos diferentes. Lo que si creo que es ambos procesos se van a integrar.
El próximo 27 de noviembre se ratifica en Europa el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ¿cree que esta firma ha acelerado el proceso de paz en su país?
Si, claro. La inversi ón extranjera necesita paz. Aunque el presidente Santos haya propuesto un proceso con reformas sociales, en su discurso prima el pragmatismo. Estos tratados de libre comercio apoyan lo que Santos ha llamado Locomotora Minera (por la cantidad de transnacionales que están extrayendo oro, carbón, etc, en el país) y que vienen desarrollándose desde el gobierno anterior, hacen que Colombia sea un país medio- alto en inversiones. Tratados como este pueden traer grandes inversiones a Colombia, pero muestran muy poco inter é s en la cuestión social, olvidando a cuantos est án fuera del modelo económico, como los millones de campesinos desplazados por el despojo de tierras.
¿Considera necesario que la Unión Europea estuviera de acompañante o garante?
Aunque ya están contemplados dos países garantes, Noruega, y Cuba y Venezuela y Chile como acompañantes, existe la posibilidad de ampliar la participación de más países y sería muy positivo. Es muy importante por varios aspectos y es que estos países que han tenido tanta participación en Colombia, deberían escuchar lo que vive el país para que tomaran en cuenta los efectos de sus políticas.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159839&titular=javier-giraldo:-%93la-inversi%F3n-extranjera-necesita-paz%94-
