“No es un proyecto para hacer vivienda gratuita, sino para cambiar la política de vivienda”.
Jorge Enrique Robledo
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El proyecto entraña un cambio de fondo en la política de contratación estatal. Ninguno de los últimos gobiernos ha logrado cumplir las metas propuestas. La política de vivienda de este gobierno ha fracasado. Lo nuevo, se les elimina el riesgo a banqueros y a constructores. La producción de vivienda, en manos de los monopolios. Se va a contratar por el derecho privado, es decir, a dedo.
Pienso que es importante, senadores y colombianos, que antes de votar este proyecto se entienda mejor de qué se trata y qué se está votando. El proyecto tiene muchos más alcances que los que se están planteando y quiero hacer una intervención que apunte a esclarecer algunas cosas que no se han explicado.
Diría que la parte menor del proyecto es la relacionada con las viviendas que podrán ser gratuitas. Aquí lo que hay es un cambio de fondo en la política de contratación del Estado en lo que tiene que ver con las viviendas subsidiadas por Fonvivienda, cambio de fondo con implicaciones de distinto tipo, dentro de ellas, la parte de unas viviendas que podrán ser gratis o podrán no serlo, porque se trata de una ley diseñada, como todas, para tener vocación de permanencia y el día de mañana este u otro gobierno pueden decidir construir viviendas que no sean gratuitas.
La política de vivienda en Colombia ha padecido un problema histórico. Les reitero que soy arquitecto y este es un tema que he estudiado desde hace rato. ¿Cuál ha sido el problema que ha entrabado la política de subsidios de vivienda? Es que por norma ningún gobierno ha podido cumplir con las metas propuestas, porque aun cuando los subsidios se asignan, no se logran movilizar, como llaman los especialistas el hecho de que se conviertan en una vivienda. ¿Por qué no se logran movilizar? Puede suceder que teniendo yo la cuota inicial, y supongamos que la tengo –si la tengo, no soy tan pobre–, el Estado me asigna el subsidio, pero no hay constructor que se le mida al tipo de vivienda que requiero y que se ajusta a mi capacidad de pago. O puede suceder que aparezca el constructor una vez el usuario tenga la cuota inicial y el subsidio, pero no haya banquero que le preste, porque se considere que es un riesgo intolerable. En resumen, este negocio se ha entrabado en Colombia porque, o no aparecen constructores suficientes, o no aparecen compradores suficientes, o no aparecen banqueros suficientes para prestarles la plata a los beneficiarios.
Estas políticas, senadores, además de atender a infinidad de colombianos que si no es con subsidios no podrían comprar una vivienda, y son muchos, tienden a promover el desenvolvimiento de la economía. La construcción de vivienda es un gasto que genera movimiento económico. Resulta entonces complicado que el Estado asigne unos recursos que no logren movilizarse. En los estudios que he hecho, por lo menos desde Belisario Betancur hacia acá, lo normal, cuando las cosas salen bien, es que los gobiernos logran movilizar el 50 ó 60 por ciento de los subsidios asignados y lo demás se queda en el papel. Es la contradicción que se tiene. Y esto ya le está pasando a este gobierno. Si uno mira el nivel de cumplimiento de las 250 mil viviendas con subsidio estatal que debería construir la actual administración, observa un rezago del 50 por ciento a estos meses recientes. Debía llevar un poco más de 100 mil y apenas va en un poco más de 50 mil. Digámoslo en plata blanca, la política de vivienda de este gobierno consignada en el Plan Nacional de Desarrollo está condenada a fracasar. Lo que se hace con las 100 mil viviendas anunciadas como gratuitas es buscar un mecanismo que apunte a resolver el problema.
Queda la duda, y la planteo desde ya, de si las 100 mil viviendas van a ser de las que llaman gratuitas, y además se van hacer otras 150 mil con subsidios o, por el contrario, sí se va a recortar el número de subsidios en beneficio de estos subsidios de montos mayores. Se dice que no, pero hay algunos que abrigamos dudas. Simplemente me voy a remitir al futuro, pero en las cuentas de hoy, señor ministro del Interior, no alcanza la plata.
Es lo que intenta desatar este proyecto, y les repito, si ustedes lo leen bien, no es un proyecto para hacer viviendas gratuitas, sino para cambiar la política de vivienda. Y podrá conducir, si es el caso, a que algunas de las viviendas resulten ser gratuitas o por lo menos cumpliendo ciertos requisitos que el gobierno les ponga.
Aquí se está adoptando el modelo brasileño, como lo reconoce expresamente la exposición de motivos. En el modelo brasileño, la clave es que las viviendas se entregan sin cuota inicial, y después, antes de titularla al ciudadano, se le podrán cobrar o exigir ciertos requisitos, y si este no los cumple, no se le entrega la vivienda; ese es el espíritu de la norma. Muy importante que esto se sepa y que los colombianos se enteren de qué se está tratando.
La nueva política se aplica entonces a todos los planes de vivienda que sean con subsidios del Estado, subsidios totales, las que llaman viviendas gratuitas, o subsidios parciales, sujetos a otras condiciones.
La clave: se les elimina el riesgo a banqueros y constructores
¿Qué es lo que está sucediendo y que los colombianos deben entender? Que se les está eliminando el riesgo tanto de los banqueros como a los constructores en la producción de vivienda subsidiada, y todo el riesgo se le transfiere al Estado. Es la clave del asunto. ¿Por qué? Porque hoy el riesgo para el constructor no es tanto pegar unos ladrillos, cosa que saben hacer ellos, sino edificar vivienda de interés social y no tener compradores, o porque no aparecen, o porque hay comprador pero sin plata y el banco no le presta. En ambos casos, el constructor se encarta.
Hay otro riesgo que aquí desaparece, porque también está siendo asumido por el Estado. Es el de los banqueros que antes tenían que prestarle plata a una persona relativamente pobre pero que no iba a poder cumplir con los pagos a lo largo de 10 ó 15 años, aun cuando tuviera subsidio y cuota inicial. Ese riesgo se le termina transfiriendo al Estado.
Es el hecho nuevo que hay aquí, a mi juicio con un aspecto discutible. Es un riesgo que se transfiere al Estado porque en Colombia la vivienda es muy costosa, por las tasas de interés tan altas y por las tierras tan costosas. Y en vez de enfrentar el Estado ese problema de cómo ofrecer tierras baratas y menores tasas de interés, lo que hace con toda tranquilidad, es proclamar, asumo todo el riesgo y que el negocio opere y por supuesto que se lleve adelante la política que normalmente se hace con estos planes de vivienda subsidiados por el Estado.
Corre una preocupación entre los constructores colombianos, porque como va a haber una especie de concurso para ver quién construye, el gobierno va a decir: ¿quién me brinda las mejores condiciones? Y a ese le va a entregar la producción de vivienda. La preocupación entre los constructores es que se concentre la producción de la vivienda en manos de las empresas más poderosas, es decir, de los monopolios de la construcción, vinculados por lo común a los negocios del capital financiero. Puede terminar sucediendo que un solo constructor vinculado a la banca termine quedándose con una parte inmensa de los recursos públicos pensados para promover la construcción de vivienda.
No es un debate de menor cuantía, porque uno de los aspectos claves de las viviendas con subsidio en todos los países del mundo, además de promover un techo a quienes no lo pueden adquirir de otra manera, es estimular el desenvolvimiento de la economía, punto nada claro en el proyecto de ley y que queda sujeto a la reglamentación que el gobierno expida el día de mañana.
La otra duda que planteo, y la dejo como una duda pues no lo vamos a saber sino dentro de dos años, es si estas 100 mil viviendas de la propaganda van a ser parte de las 250 mil subsidiadas de Fonvivienda, es decir, si van a ser 100 mil más 150 mil con subsidios menores, o si estos subsidios mayores van a eliminar o disminuir el número de viviendas con subsidio menor y al final va a haber en juego la misma plata. Es un debate interesante en términos macroeconómicos. ¿Va a haber más plata para más colombianos subsidiados o la misma plata para menos colombianos subsidiados? Es un debate que debe interesarnos a todos. Y advierto: no me opongo a que a un colombiano en condiciones de pobreza extrema le dé el gobierno una vivienda gratis. No es la discusión que estoy planteando.
Rigen las normas del derecho privado
Lo que más me preocupa en el proyecto es que advierte en todos los tonos que este negocio de los patrimonios autónomos, donde va a estar la plata de los subsidios, de los municipios y del Findeter, se va a regir por las normas del derecho privado. Aquí quiero montar un debate en serio y a fondo. ¿Por qué la sociedad, la nuestra, la norteamericana, la alemana y la de todas partes, se inventó que los recursos públicos no se gastan como los de la empresa privada, sino mediante una contratación pública? ¿Por qué existe la norma? Porque es el Estado, y no la empresa privada, el que pone los recursos y porque estamos en la República de Colombia y no en el Principado de Anapoima, para emplear una figura que uso con cierta frecuencia. Y sin embargo, lo que uno encuentra en general desde hace días con las políticas neoliberales, pero en particular en este gobierno, es que todo el gasto público se está definiendo con las normas de la contratación privada. Y esto, en un país que es una ladronera.
Las normas de la contratación pública se inventaron precisamente para ver si no se roban la plata. Y entonces aquí nos cae encima el desastre del invierno y se destinan como 5 billones de pesos; primera cláusula: se gastará la plata siguiendo las normas del derecho privado. Otra ley importante de este gobierno, las alianzas público-privadas, que le va a decir a los privados cómo pueden definir el gasto de los recursos públicos. Y viene este otro asunto de las 100 mil viviendas, también sujeto a las normas del derecho privado.
Repito, lo de las 100 mil viviendas es la parte menor del proyecto. La mayor es el cambio de la concepción, porque de pronto el próximo gobierno no hace 100 mil viviendas gratis y ni siquiera una, si no quiere. Es una decisión política, porque la ley no lo obliga, lo permite. Y tendrá que ser por las normas del derecho privado. No puedo estar de acuerdo con lo que está sucediendo cada vez más en Colombia. Se están montando unas roscas descomunales, que pueden terminar siendo las roscas de las trasnacionales. Estos proyectos también puede terminar construyéndolos el capital extranjero, no lo sabemos todavía. El que presente la mejor condición será el que termine quedándose con la parte del león.
Termino entonces llamando a los colombianos y a los congresistas a que mediten qué es lo que se está haciendo. Que estas viviendas sean o no gratis resulta el tema si se quiere menor, porque al final las viviendas se entregarán sin cuota inicial, el gobierno asumirá todo el riesgo y luego a unos colombianos se las van a entregar mediante leasing o mediante contratos especiales de arriendo. Después de entregada la vivienda, pagará lo que antes era la cuota inicial. Es finalmente la puerta que se está abriendo aquí, y si los beneficiarios no pagan, el Estado le podrá quitar la casa. El punto estaba en la exposición de motivos del primer proyecto. Allí decía con claridad que las viviendas gratis tendrían que cumplir el requisito que le fijarán ciertos planes especiales del gobierno. No pude saber si quedó incluido en la norma. No tengo la absoluta certeza, porque dice que se les podrán exigir ciertas condiciones.
Pero centro mi discusión en dos preocupaciones: quiénes van a terminar haciendo los planes de vivienda y, bien importante, si van a contribuir a una distribución más democrática de la riqueza en lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Lo que va a pasar ya lo veremos, doctor Vargas Lleras. Voy a estar pendiente en la Comisión Quinta para revisar cómo va con el cumplimiento de las cifras. Ya hemos visto que a este gobierno no le va tan bien en cifras, como pudimos apreciarlo en el debate del martes pasado en el tema de la restitución de tierras. Tendremos la paciencia suficiente, pero rechazo sin el menor atenuante la idea de que se siga imponiendo en Colombia la norma de que el Estado contrate como lo hacen los particulares. Los particulares, denle la vuelta que le den, contratan a dedo, y a dedo en estas circunstancias entre los más poderosos. Es parte del debate que tenemos que hacer en este país: cómo es que se van a contratar las platas del Estado y a quiénes van a beneficiar los recursos.
