Las verdades del conflicto en Tolima
verdadabierta.com
INFORME ESPECIAL
¿QUIÉN LOS TRAJO?
Las raíces del paramilitarismo en Tolima son profundas. Desde comienzos de los años cincuenta el Ejército formó un grupo de apoyo para enfrentar a las guerrillas liberales de la época, comandado por ‘Mariachi’. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, este fue el primer grupo paramilitar en Colombia. El grupo mutó, y al tiempo que de las guerrillas liberales surgían las Farc en Marquetalia, a comienzos de los años 60, el Ejército usaba a los miembros del grupo ‘para’ como guías para combatir a los guerrilleros. ‘Mariachi’ cayó en esas confrontaciones, y su lugarteniente, ‘Canario’ asumió el grupo.
A finales de los ochenta empezó a prosperar en la zona el narcotráfico, y este grupo armado rápidamente empezó a servir sus intereses. Tomaron entonces el nombre de Rojo Atá, y después de Autodefensas del Tolima, que prestaban servicios de sicariato, vigilancia de tierras o seguridad privada a narcotraficantes de la zona.
El largo recorrido del paramilitarismo en Tolima
A medida que los conflictos de tierra se agudizaron y que las Farc ampliaban su capacidad extorsiva, estas autodefensas se fortalecieron. También florecieron con los cultivos de amapola en la parte montañosa y fría de la cordillera central, especialmente hacia el sur del departamento. El influjo del dinero del narco hizo que el grupo original se dividiera y comenzaran los conflictos entre distintos bandos por el control del negocio. Además las Farc también comenzaron a combatir estos ejércitos privados del narcotráfico en Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas. En la cordillera norte de Tolima, el repliegue de la guerrilla – tanto ELN como FARC – permitió un mayor auge de los cultivos.
“Los hermanos Ochoa y narcotraficantes del Valle iniciaron compras en varios municipios y se calcula que éstas se localizan en dos tercios de los municipios en la cordillera Central y en el Valle del Magdalena, principalmente”, relató el Observatorio de Derecho Humanos de la Presidencia de la República en su diagnóstico del conflicto en el Tolima 2003–2007.
En paralelo con estas compras, luego de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz que sepultó Armero en 1985 y el crecimiento de las guerrillas en la zona, Víctor Carranza y narcotraficantes de Antioquia comenzaron a comprar tierras en forma masiva. “La estrategia era adquirir tierras desvalorizadas por la inseguridad creada por la guerrilla, y mediante la introducción de estructuras armadas que se encargaban de neutralizar la acción de la insurgencia, hacer que los predios se valorizaran”, explica el Observatorio.
Según los testimonios de ex paramilitares entregados a la Fiscalía, las autodefensas de esta región se organizaron mejor y lanzaron su ofensiva para controlar territorios entre 1997 y 2002, cuando entraron a hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como respuesta a la necesidad de enfrentar la creciente ofensiva de las Farc.
Un ex concejal que declaró bajo reserva en la audiencia del proceso de parapolítica contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, afirmó que las primeras autodefensas llegaron al norte del Tolima en 1997, desde Puerto Boyacá, a cargo de alias ‘Calimán’ y ‘Fabio’. Explicó que se fortalecieron con la llegada de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio antioqueño (ACMM), a cargo de Ramón Isaza, y del Bloque Centauros de los Llanos Orientales, comandado por Miguel Arroyave. Este último llegó a través de la Cordillera Oriental y se instaló en Tolima. De esta manera se creó el Bloque Tolima de las AUC.
El citado reporte del Observatorio coincide. Arroyave pagó a los paramilitares ya asentados en la zona cerca de cuatro millones de dólares para controlar el Bloque Tolima de las AUC. Luego esta organización fue confiada a Diego José Martínez Goyeneche, alias 'Daniel', un teniente retirado del Ejército, quien el día de la desmovilización de este bloque, en octubre de 2005, se presentó como su comandante. Cuando ‘Daniel’ empezó a hablar en Justicia y Paz acerca de los vínculos de los políticos y miembros del Ejército con su grupo armado, fue envenenado en junio de 2009.
Según la Fiscalía, la expansión de las ACMM antioqueño obligó a Ramón Isaza a descentralizar el poder. Creó entonces cinco frentes, cada uno con 50 hombres a cargo de un comandante. El que se asentó en Tolima fue el frente ‘Ómar Isaza’, comandado políticamente por Wálter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, y militarmente por Luis Fernando Herrera Gil, alias ‘Memo Chiquito’. “Alias ‘El Gurre’ y el empresario Javier Sandoval, alias ‘El Patrón’ o ‘Morrongo’, se asociaron para crear el frente Ómar Isaza en las veredas de Mariquita y Fresno”, afirmó el ex concejal en el proceso de Gómez Gallo.
Aparte de la lucha contrainsurgente, el interés de los paramilitares en el Tolima fue el dominio del río Magdalena y de los ejes viales que conectan el centro con el norte y el sur del país, con puntos claves de vigilancia del transporte hacia el sur y el norte del departamento. El cobro de gramaje sobre la coca que provenía de Putumayo, Caquetá y Huila, el cobro de vacunas a los arroceros y el robo de gasolina, fueron las principales fuentes de financiación.
Al tiempo, comenzaron a penetrar la política local. Según el testigo, ‘El Patrón’ (o ‘Morrongo’) “era amigo de Gómez Gallo y fue el financiero de su campaña. Cada presidente de las Juntas de Acción Comunal de las veredas recibió un aporte económico de Javier Sandoval para que apoyaran la campaña de Gómez Gallo (…) Alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’ me dijo que si no votaba por Gómez Gallo, me mataban”.
(La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel y a pagar 11 mil salarios mínimos de multa al ex senador Luis Humberto Gómez Gallo en mayo de 2011. VerdadAbierta.com no pudo establecer si en este momento existen investigaciones penales en contra de Javier Sandoval)
CÓMPLICES Y FINANCIADORES
Los aliados
Políticos, empresarios, militares y policías les ayudaron a los paramilitares del Tolima a montar su cruel dominio.
Según el testimonio de varios ex paramilitares en el proceso de Justicia y Paz, el Bloque Tolima se alió con varios políticos de departamento para apoderarse de las administraciones locales y de los recursos de la contratación pública. De hecho, con esos testimonios como base, y otras pruebas, la justicia condenó a varios líderes tradicionales de la región por sus vínculos con las autodefensas, entre ellos, al ex senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, los ex representantes Javier Ramiro Devia y Gonzalo Angarita y varios alcaldes.
Un testigo principal contra los políticos fue Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, principal jefe del Bloque Tolima, que se desmovilizó en 2005. El ex ‘para’
colaboró con la Justicia hasta junio de 2009, cuando fue asesinado en la cárcel Modelo de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado en la celda, de rodillas con la cabeza sobre el inodoro. Las autoridades hablaron inicialmente de un problema cardiaco, pero el dictamen de Medicina Legal concluyó que se trató de un envenenamiento.
Investigadores de la Fiscalía señalaron que el crimen de ‘Daniel’ podría estar relacionado con las revelaciones que estaba haciendo.
En una versión libre de 2007, alias ‘Diego’ explicó cómo financió la campaña de varios candidatos en las elecciones de 2003 con el objetivo de apoderarse de la contratación de los municipios. Señaló a Armando Gamboa, ex alcalde de San Luis, quien fue asesinado en 2005.
Otros desmovilizados, como Ricaurte Soria Ortiz, alias ‘Orlando Carlos’, ex jefe financiero y militar del Bloque Tolima, han entregado detalles de cómo los paramilitares se tomaron las administraciones locales del departamento. En una versión libre, Soria aseguró que al menos 12 alcaldías aportaban voluntariamente o bajo presión, dinero y recursos logísticos al bloque.
Según el testimonio de Soria, las alcaldías de El Guamo, San Luis, Valle San Juan, Saldaña, Purificación, Prado, Natagaima, Coyaima, Ataco, Chaparral, Ríoblanco y Ortega, estaban al servicio de los paramilitares y entregaban dineros a las Auc, bien en montos fijos mensuales o un porcentaje de la contratación local.
Militares y policías
Los ex jefes del Bloque Tolima también han señalado a miembros de la Policía y militares como cómplices de sus delitos. Según los desmovilizados, varios oficiales les entregaban información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y los ayudaron a ingresar a zonas de control guerrillero.
Alias ‘Diego’, mencionó en su versión libre de 2007 que el Bloque Tolima contó con la colaboración de los coroneles Ciro Chitiva y Danilo González, este último asesinado en 2004, quienes fueron comandantes de Policía en el Tolima. También aseguró que el capitán Camilo Rodríguez, comandante de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibagué, el oficial Eduardo Calderón, del CTI y al Capitán Andrés Perdomo, de la Fuerza Aérea les dieron apoyo. VerdadAbierta.com no pudo establecer si estos miembros de la fuerza pública están siendo investigados para verificar los señalamientos del ex jefe paramilitar.
Según, el ex jefe financiero, alias ‘Orlando Carlos’, algunos militares y policías les brindaban apoyo logístico o abandonaban las zonas que posteriormente las Auc atacaron. Incluso, afirmó ‘Orlando Carlos, en una oportunidad en que él resultó herido en un combate fue evacuado en un helicóptero del Ejército. Y agregó que en muchas oportunidades, tras adelantar combates con la guerrilla, los paramilitares heridos eran llevados a los hospitales de la región sin que la Policía los detuviera.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha podido documentar que, al igual que en otras zonas del país, los ‘paras’ usaron una estrategia de reclutamiento de militares retirados, para aprovechar sus contactos con miembros activos de la fuerza pública y su conocimiento del terreno. Si algún policía o militar no cedía a la presión, los paramilitares apilaban cuerpos frente a las comisarías para “manchar las hojas de vida”, según contó ‘Orlando Carlos’.
La financiación
Según los testigos que han hablado ante los fiscales de Justicia y Paz, una fuente de ingresos del Bloque Tolima era el hurto de combustible extraído directamente del tubo de Ecopetrol. Otras fueron, la extorsión y la colaboración voluntaria que daban algunos hacendados. El bloque recibía en promedio 150 millones de pesos mensuales, que eran destinados al pago del salario de sus integrantes. Las armas y las municiones las suministraba el comando de Carlos Castaño.
La condena proferida por la Corte Suprema contra Luis Humberto Gómez Gallo, documentó que otro de los financiadores fue el narcotrárico y que su principal aportante fue Eduardo Restrepo Victoria, alias 'El Socio', extraditado a Estados Unidos, en diciembre de 2007. "Existe un número de testimonios que relatan las relaciones que existieron entre el Bloque y alias, 'El Socio', de quien algunos afirmaban, era el dueño del Bloque Tolima... En este proceso se estableció que Eduardo Restrepo Victoria sugragaba en gran parte los salarios de los miembro de esa organización irregular", señaló la sentencia.
Aunque se han condenado a varios alcaldes del departamento por poner la contratación de sus municipios a órdenes de las autodefensas, no existe ninguna condena sobre empresarios de la región.
Sin embargo, varios ex ‘paras’ han señalado a reconocidos contratistas como Javier Sandoval Buitrago, conocido como ‘Morrongo’. En entrevista concedida al diario tolimense ‘El Nuevo Día’ el 14 de noviembre de 2009, y posteriormente en su versión libre ante Justicia y Paz, Pedro Pablo Hernández, alias ‘Pedro Pum Pum’, habló de la forma como el bloque Tolima tomó control del norte del departamento, teniendo como eje de operaciones al municipio de Fresno, y de cómo se financió con recursos entregados por Sandoval Buitrago.
Según el testimonio, la gestión del empresario fue clave para crear el Bloque Tolima. ‘Pedro Pum Pum’ dijo que Sandoval no sólo fue uno de los grandes patrocinadores de las autodefensas, sino que convenció a Walter Ochoa Guisao, alias ‘Gurre’, comandante del frente ‘Omar Isaza’ de las Autodefensas del Magdalena Medio, para que este grupo armado ilegal llegara a Fresno a cambio de que le hiciera favores personales, como intimidar a propietarios de tierras.
“Cuando nosotros estuvimos allá, él solamente tenía una finca y las otras las fue comprando; está la finca de El Espejo, pero para nadie es un secreto que a esa señora se intimidó, lo mismo la finca Varsovia, en ese caso yo mismo me encargué de darle el destierro al administrador de esa finca, nos fuimos a vivir con los ‘pelaos’”, dijo el desmovilizado.
Sandoval se hizo famoso en la región, al pasar de ser un humilde conductor que se ganaba la vida haciendo acarreos a un importante contratista de diferentes instituciones estatales y militares, como la Policía, el Inpec, el ICBF y varias universidades, como proveedor de suministros.
Otros desmovilizados mencionaron a este empresario ‘Morrongo’ en sus versiones de Justicia y Paz. Alexander López Acosta, alias ‘X’ y Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias ‘Elkin’, dijeron que Sandoval les brindaba protección en Fresno y señalaba a las personas que podían ser objeto de extorsión.
“Sandoval era amigo de nosotros, íbamos a las fincas (…) él era la persona que nos ayudaba a cuadrar cuando llegaba un oficial de la policía nuevo, la gente del CTI, acordábamos una cita allá, hacíamos un asadito de carne, como era el rico del pueblo pues tenía las influencias y les decía que les iba a presentar unos amigos, que éramos nosotros”, dijo Elkin en una versión libre. Sin embargo, este mismo desmovilizado, en un testimonio entregado posteriormente a la Fiscalía de Justicia y Paz, aseguró que las contribuciones hechas por ‘Morrongo’ a los ‘paras’ fueron impuestas y no voluntarias.
Ante las declaraciones de los ex ‘paras’, la Fiscalía abrió una investigación en contra del empresario, pero en 2010, el organismo investigador precluyó el proceso por falta de pruebas.
Sandoval siempre ha negado los vínculos con los ‘paras’ y aunque ha admitido que les entregó dinero, ha señalado que fue producto de la extorsión. En mayo de 2012, el empresario se registró como víctima en el proceso de Justicia y Paz, acusando a los ex miembros del Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de exigirle dinero por ser propietario de la finca Aviluz, ubicada en la vereda El Espejo, en Fresno.
VerdadAbierta.com no pudo establecer si en este momento existen nuevas investigaciones penales en contra de Sandoval.
LA LUCHA POR LA TIERRA
Cómo desplazaron a los tolimenses
Uno de los casos de desplazamiento masivo más dramáticos ocurrió en el municipio de Líbano entre el 16 y el 21 de agosto de 2003. Según los testimonios de las víctimas, desde las 6 de la mañana del 16 de agosto se inició un enfrentamiento entre paramilitares y las FARC en el corregimiento de Santa Teresa, con el propósito de definir el control de la zona. El enfrentamiento se prolongó por más de 36 horas, En total, 124 familias – 426 personas – abandonaron el lugar para salvar sus vidas.
Según el relato una de las personas desplazadas, “se escuchaban ráfagas de ametralladora y los sonidos de las balas pasaban sobre nosotros. También se escuchaban muchas explosiones que no nos dejaban levantarnos del piso”. Esa misma noche los desplazados se trasladaron hasta el casco urbano de Líbano.
El desplazamiento masivo se produjo luego de que algunas personas y autoridades locales habían informado a las autoridades departamentales y mandos de la fuerza pública la grave situación de seguridad que se venía presentando. El propio alcalde de Líbano de entonces, Orlando Flórez Forero, señaló que “era una situación anunciada. Hace 15 días tuvimos un consejo de seguridad con los siete alcaldes de la provincia de Los Nevados, y todos manifestaron la presencia de AUC, FARC y Elenos”.
El efecto inmediato de este desplazamiento fue el abandono de las tierras. Luego del hecho, las autoridades establecieron que 37 por ciento de los desplazados no dejaron ninguna propiedad; el 32 por ciento estaba en un predio en arrendamiento, el 19 por ciento eran propietarios de tierra y el 3 por ciento ostentan propiedad colectiva. En estas tierras se cultivaba café.
De estos predios, el 6,85 por ciento son inferiores a una hectárea de tierra, el 10,96 por ciento están entre 1,5 y 10 hectáreas y el 7,53 por ciento está entre las 10 y 20 hectáreas. El total de hectáreas abandonadas fueron 186.
Según un estudio titulado ‘Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de Tierras en Colombia’ de Acción Social, el municipio de Líbano se ubica como el décimo del Tolima con mayor número de desplazados relacionados con predios abandonados, y el segundo en porcentaje de zonas afectadas por el abandono con relación al área del municipio.
En Líbano – indica del documento – fueron abandonados 310 predios por parte de 295 personas desplazadas. Estos predios suman un área de 3.189 hectáreas que equivale al 11 por ciento por ciento del área total del municipio.
La situación podría ser aún más dramática si se tiene en cuenta que la estadística solo abarca los casos de abandono de tierras, sin incluir los innumerables episodios en que los alzados en armas obligaron a los campesinos a vender su tierra a un tercero a bajo costo.
Estos hechos también coinciden con las estadísticas de desplazamiento del Registro Único de Población Desplazada, en donde los municipios con mayor porcentaje de desplazamiento respecto a su población inicial son:
- Ríoblanco (11%), 19.365 habitantes
- Planadas (8%), 13.034 habitantes
- Chaparral (8%), 13.565 habitantes
- Ibagué (7%), 11291 habitantes
- Líbano (6%), 9.665 habitantes
- Ataco (6%), 10756 habitantes
Municipios con mayor afectación por abandono forzado de predios en el Tolima
LOS RESISTENTES
La solidaridad de un desplazado y un líder por el retorno
La solidaridad de un desplazado
Los paramilitares sacaron corriendo a Germán Bedoya del Tolima, pero desde Bogotá ha seguido ayudando a otros desplazados.
El 16 de septiembre de 2001 un grupo de paramilitares llegó al corregimiento de Las Frías, en el municipio del Falan al norte del Tolima y asesinó a 13 campesinos, señalándolos de guerrilleros. En realidad eran hombres que habían participado en el movimiento campesino que, desde mediados de los años noventa, le había exigido al gobierno soluciones para la crisis cafetera en su región. Germán Bedoya quien era para entonces presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, Asopema, fue a recoger a sus colegas muertos, cuando le avisaron que a él también lo buscaban para matarlo. Tuvo que irse de inmediato.
Desde hacía seis años, Bedoya, con apenas 26 de edad, ya era un reconocido líder campesino en el norte del Tolima. En poco tiempo había pasado de ser un humilde agricultor que colaboraba con la siembra de café en la finca de su familia, en el Líbano, a encabezar una manifestación de 15 mil campesinos en el parque central de Ibagué. “El gobierno nos dijo que había que cambiar la variedad de café que sembrábamos –le contó hace unos días Bedoya a VerdadAbierta.com –. Nos hicieron endeudar en ese proceso y en ese momento llegó la broca y nos quebró. Nos iban a quitar las fincas por las deudas, por eso salimos a protestar”.
Los campesinos crearon Asopema, una organización que buscaba hacerle cumplir al gobierno los compromisos adquiridos con ellos desde 1995. Pronto, sin embargo, los empezaron a señalar de ser guerrilleros. Pocos meses después de que el paramilitarismo fundara su Bloque Tolima en 2001, el paramilitarismo creó el Bloque Tolima que se inauguró amenazando a los líderes de la protesta de los cafeteros. Después vino el asesinato y desplazamiento forzado de Bedoya y de muchos otros, según dijo Cristina Pardo, activista de Derechos Humanos, cercana al ex líder de Asopema.
Bedoya comenzó a trabajar para el Coordinador Nacional Agrario, CNA, una ONG que reúne a 13 asociaciones de campesinos de distintos lugares del país. Su tarea era conseguirles nuevos hogares a las familias que estaban huyendo de su Tolima por el terror. “Él me recibió en Bogotá, nos consiguió ayudas para subsistir y luego nos ubicó un trabajito en otra zona del país para que comenzáramos nuestra vida de nuevo”, cuenta Tenaura Hernández, una de las víctimas del desplazamiento en el norte del Tolima.
Con el CNA, Bedoya logró tener el acompañamiento de varias ONG de Derechos Humanos internacionales, para ayudar a los campesinos desplazados, según cuenta Stephanie Andrade Porras, catedrática de la Universidad del Tolima, que ha investigado el trabajo de Asopema. “Germán es un referente de supervivencia”, dice la investigadora. “No pudo volver al Tolima, porque el miedo destruyó los espacios locales para la organización campesina”
Bedoya continúa en el CNA y desde hace un par de años trabaja en el Chocó con comunidades afro que han sido desplazadas de sus tierras.
Un líder por el retorno
Andrés Roncancio, desplazado por la guerrilla, vende bolsas en las calles de Ibagué, y a la vez, lidera a desterrados que luchan por conseguir una nueva vivienda.
Andrés Roncancio llegó como desplazado a Ibagué en mayo de 2000. Era la segunda vez que que tenía que huir para salvar su vida. Primero salió con su familia de la vereda Bilbao, en el municipio de Planadas. Comenzaban los años noventa y el Ejército, que combatía a las Farc, les pedía agua y comida. La guerrilla no tardó en atacar el pueblito. Mataron al papá de Andrés y él perdió parte de su brazo derecho. Todos los sobrevivientes, incluido Roncancio, salieron huyendo a Puerto Saldaña, en Ríoblanco al sur del Tolima. Pero cuando ya se había establecido en este nuevo hogar, tuvo que volver a dejar su casa, junto con otras 200 familias, ante otra arremetida de las Farc.
Llegaron sin nada a Ibagué y se tomaron un lote en las afueras de la capital. Bajo el liderazgo de Rocancio y de otros, crearon la Asociación de Desplazados con Sede en Ibagué (Asoc) y comenzaron su peregrinación ante las autoridades para que les garantizaran un seguro regreso a sus regiones.
Al principio, Asoc recibía a los desplazados y les daba asesoría sobre las ayudas que estaba entregando el Estado, según cuenta José Vidal Castro, un campesino que también huyó de Planadas por amenazas de la guerrilla. “Andrés nos ayudó a mucha gente, durante los primeros días en Ibagué. Uno llegaba con una mano atrás y otra adelante”, explicó Vidal.
Además de los desplazados del sur del Tolima, fueron llegando a Ibagué centenares de desplazados del Caquetá que se sumaron a la asociación. “En 2002 alcanzamos a tener 300 familias. Nos tomamos un lote en las afueras de Ibagué por 18 meses, porque no teníamos donde vivir”, cuenta Andrés.
Desde finales de 2005, se convirtió en el presidente de Asoc y comenzó a liderar la lucha por el regreso de los campesinos a sus tierras o por algún tipo de subsidio para tener una vivienda en Ibagué. Durante el último año se ha convertido en la voz de varios desplazados que han presentado solicitudes de restitución de tierras en el sur del Tolima, según cuenta Lucy Espitia, funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno. “Es un hombre humilde que vive de vender bolsas y condimentos, pero es un líder reconocido por decenas de desplazados”, explicó Espitia.
Roncancio insiste en que, a pesar de que aún no hay tranquilidad en Puerto Saldaña, él seguirá trabajando para que él y sus antiguos vecinos, puedan regresar a sus hogares y dejen de ser unos desplazados permanentes.
LAS CIFRAS
Geografía del terror en Tolima
LOS HEREDEROS
Rastrojos, azules, verdes, pijao y conquistadores…
“Es necesario señalar que en el departamento del Tolima el Gobierno departamental y las autoridades locales no reconocen la aparición de nuevas estructuras armadas ilegales derivadas del proceso de desmovilización de las AUC, ni la presencia de Bandas Criminales (Bacrim)”. La anterior consideración la hace la Defensoría del Pueblo en el ‘Informe especial de riesgo electoral 2011’. Sin embargo, tanto esta como otras entidades desvirtúan esa versión oficial.
Según el informe de la Defensoría, el Sistema de Alertas Tempranas ha monitoreado en el norte de Tolima la presencia de individuos armados que se identifican como integrantes de ‘Los Rastrojos’. Estas personas intentan controlar el microtráfico de droga, los préstamos gota a gota, los servicios de seguridad privada y, recientemente, la minería ilegal en Fresno, Mariquita, Falan y Ataco.
El diagnóstico de la Defensoría no es nuevo. Según explica la Corporación Nuevo Arco Iris en un informe reciente, desde 2006 hasta la fecha las denominadas bandas emergentes, bandas criminales o neoparamilitares, han fortalecido su presencia y control territorial en más de la mitad del país. Y si bien en un principio había dificultades para reconocerlas, hoy pueden identificarse cuatro grupos principales: el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC), ‘Los Urabeños, ‘los Paisas y ‘Los Rastrojos’.
‘Los Rastrojos’ no están solos en Tolima. En un informe de febrero 2007, la misión de la OEA en Colombia se refirió a “situaciones de rearme verificadas” en varios departamentos del país: “después de la desmovilización del bloque Tolima, surgió una estructura que se hace llamar ‘Bloque Pijao’ compuesta por desmovilizados y paramilitares no desmovilizados. Operan en grupos pequeños de no más de 10 personas, realizan extorsiones, portan armas cortas, y se les sindica de llevar a cabo algunos secuestros y homicidios. En el municipio de Ibagué, la fuerza pública ha detenido y judicializado a varios integrantes de esta organización”. La existencia de este bloque fue confirmada, en un informe de mayo de ese mismo año, por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Las autoridades consideran que el ‘Bloque Pijao’ fue desmantelado. En octubre de 2009 fueron condenados ocho integrantes de esa banda, cuatro de ellos a 33 años de prisión, por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas.
El Observatorio de Derechos Humanos habla de otro grupo, autodenominado ‘Conquistadores del Tolima’, que actuó desde agosto de 2006 en Chaparral, Ataco, Guamo y Espinal. Al parecer, este grupo “tuvo refuerzos provenientes de Urabá y de la costa norte. Sin embargo, ha disminuido su accionar a raíz de algunas capturas, aunque todavía es señalado por las autoridades como una banda del crimen organizado que tiene presencia en Ortega, Saldaña y Coyaima, con secuestros y extorsiones”.
Por otra parte, fuentes de inteligencia militar – mencionadas en el informe del Observatorio – mencionan que en junio de 2006 se reunieron en una finca en San Luis dos ex combatientes del extinto bloque Tolima: alias ‘Político’ y alias ‘Arturo’. El propósito habría sido que el grupo de ‘Las Águilas Negras’ ocupara el territorio dejado por el frente Ómar Isaza.
A estos grupos se suman referencias adicionales de bandas armadas, aparentemente de menor importancia, que estarían retomando o retomaron sin éxito las actividades de los paramilitares desmovilizados.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, señala en un informe de 2007 que en este departamento llegaron a operar dos grupos emergentes más, que al parecer ya fueron desarticulados. Según el informe, un reporte del Ejército Nacional coincide con Codhes al afirmar que existía un grupo de 80 combatientes, autodenominado ‘Hombres de azul’. En el seguimiento que hace la Policía Nacional de este grupos no aparece su desarticulación, pero tampoco se volvieron a conocer acciones a su nombre.
El otro es un presunto grupo llamado ‘Futuro Verde’, que al parecer operaba en el sur del Tolima. Esta información es mencionada en un comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana de julio de 2006: “En el Cañón del Combeima la zozobra aumentó la semana pasada con la circulación de un panfleto firmado por un presunto grupo paramilitar que se hace llamar Nueva Fuerza de Autodefensa Futuro Verde”. Tampoco se volvió a saber de acciones de este grupo.
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