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TV EMANCIPACIÓN

martes, 30 de agosto de 2016

EL ACUERDO PARA TERMINAR LA GUERRA. TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL ACUERDO DE LA HABANA. RESUMEN


POR LA IMPORTANCIA Y la síntesis DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO, EMANCIPACIÓN OBRERA REPRODUCE DOCUMENTO REALIZADO POR SEMANA A MANERA DE RESUMEN, DENOMINADO TODO LO QUE HAY QUE SABER DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA

REFORMA RURAL INTEGRAL

Hacia un nuevo campo colombiano

En pocas palabras Colombia tomará en pocos días una decisión histórica. Aprobará o desaprobará mediante el voto popular el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontrará en el tarjetón tendrá solo dos opciones de respuesta: Sí o No. Por eso, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendrán que ponderar su decisión tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, críticas y beneficios.
El gobierno y las Farc reconocen en este punto que el problema agrario ha gravitado en el conflicto armado durante el último siglo y ha incidido en la persistencia de la violencia. Por ello coinciden en que resolverlo es esencial para construir una paz es- table y duradera.
En el acuerdo se hace una propuesta integral de desarrollo rural, con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político. Por esta razón no se limita a dar acceso a la tierra aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconoce la necesaria intervención en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología, etcétera.
Ninguno de los aspectos acordados pone en cuestión ni a la agroindustria, ni a la gran propiedad, ni mucho menos a la propiedad privada.
Por el contrario, establecen la necesidad de aclarar títulos y propiedades sobre el suelo para lograr un verdadero desarrollo económico.
No obstante, sí hace especial én- fasis en la necesidad de democratizar el acceso y uso de la tierra, pues hay suficiente evidencia de que la desigualdad en el campo es un obstáculo para el desarrollo y modernización del país. También resalta la economía campesina, al reconocer que ha sido duramente golpeada por el conflicto y que es esencial para la producción de alimentos y la superación de la pobreza rural.
LOS ACUERDOS NO PONEN EN CUESTIÓN NIALA AGROINDUSTRIA NIALA PROPIEDAD PRIVADA. POR EL CONTRARIO, BUSCAN ACLARAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA COMO BASE DE UN VERDADERO DESARROLLO ECONÓMICO RURAL.

LAS CLAVES DEL ACUERDO

1. DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LA TIERRA.

El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y créditos especiales, a través de los siguientes instrumentos:
Fondo de tierras. El eje de este punto son 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca. Estas tierras son inembargables e inalienables por siete años (ver recuadro).
Formalización de los títulos. Más del 60 por ciento de los predios rurales en Colombia tienen propiedad informal o carecen de títulos. El acuerdo busca que esa situación, que ha dado pie al despojo y a múltiples conflictos, se supere. La meta es formalizar 7 millones de hectáreas. Así mismo mantener el programa de restitución de tierras y crear una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad.
Catastro rural. Aunque este ha sido un plan del gobierno desde hace años, no se había logrado en parte justamente por el conflicto. El catastro ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran impacto en las finanzas de los municipios, ya que a través dee ste se establece el impuesto predial. Actualmente, el recaudo de este gravamen en el sector rural es ínfimo. En los acuerdos se habla de que el predial debe ser progresivo y equitativo, es decir, que quien más tiene más paga. Esto contribuye a combatir el latifundio improductivo. El acuerdo se pone como meta siete años para que esté terminado el catastro rural.
7 MILLONES DE HECTÁREAS EN TÍTULOS DE PROPIEDAD FORMALIZADOS ES LA META ESTABLECIDA EN LOS ACUERDOS

Delimitar la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental. El conflicto armado fue una de las causas de que se corriera la frontera agraria con la depredación del bosque que ello implica. El acuerdo busca cerrar esa frontera y que se defina un uso más racional de la tierra, a través de figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina que ya se encuentran o las que se cr een. Estas zonas existen desde hace más de dos décadas y están contempladas por la ley.

2. PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

Se crearán 16 programas de desarrollo rural en subregiones fuertemente golpeadas por el conflicto.
Abarcan las zonas rurales de más de cien municipios con altos índices de pobreza, con menos presencia institucional y con economías ilícitas por superar. Son programas intensivos de reconstrucción material y social, con énfasis en la reconciliación y con alta participación de las comunidades en su diseño y ejecución.

3. PLANES DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIÓN LABORAL

Así como los programas anteriores están focalizados en zonas especialmente golpeadas, habrá planes sectoriales de impacto nacional para superar la pobreza y el atraso en infraestructura, salud, educación, asistencia técnica y para mejorar la calidad del empleo en el campo.

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA

En el sector rural existe el hambre y es donde mayor impacto tienen la pobreza y la indigencia. También se hará énfasis en la economía familiar para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que habitan el sector rural.
LA ECONOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA ES FUNDAMENTAL PARA ERRADICAR LA POBREZA Y DESIGUALDAD RURAL.

LOS DESAFÍOS

1. EL DINERO Y LOS TIEMPOS

El desafío de sacar a las familias campesinas de la pobreza es monumental y todo dependerá de dónde se comience y cuáles metas se tracen de corto, mediano y largo plazo.

2. SE NECESITA A LOS PRIVADOS

El Estado no tiene los recursos para un desarrollo rural integral dado el atraso de décadas. Por lo tanto requiere inversión privada y extranjera, lo cual genera resistencias en algunos sectores y comunidades. Se trata más de tener reglas claras que de demonizar su participación. A propósito, ya está diseñado un paquete de incentivos tributarios para que las empresas inviertan en las regiones por recuperar en el posconflicto.

3. EL ACUERDO NO MENCIONA ACTIVIDADES RURALES DIFERENTES A LAS AGROPECUARIAS

Actividades rurales diferentes como la minería, el turismo, el petróleo, etcétera, muy a pesar de que la Misión Rural y el informe del PNUD sobre la Colombia rural demuestran que hay actividades diversas en este sector. Es decir que queda pendiente un ordenamiento territorial del país que sirva de marco a este acuerdo agrario.

¿De dónde saldrán las hectáreas para el Fondo de Tierras?

Este tema es tan complejo que va a ser necesario que el Estado tenga que comprar tierras si quiere entregarlas a los campesinos.
COLOMBIA es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo en la tenencia de la tierra. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentración de la propiedad rural un obstáculo para el desarrollo y modernización del país, y un factor asociado a la duración del conflicto.
Para democratizar la tierra el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectáreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios o bien con créditos a campesinos pobres. Esas tierras tendrán varias fuentes.
La primera serán los baldíos de la Nación. En Colombia quedan pocos baldíos sin ocupar, sin embargo, el Estado deberá recuperar muchas de sus tierras usurpadas por privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso. Adicionalmente el gobierno no sabe cuántos baldíos hay.
Una segunda fuente serán las tierras sometidas a la extinción de dominio de actividades ilegales. Esta figura ya existe pero ha sido aplicada de manera muy precaria hasta ahora, ha habido corrupción en estos procesos y la cantidad de recursos jurídicos que se interponen han hecho muy difícil su recuperación. El reto es acelerar y darle transparencia a estos mecanismos.
Una tercera fuente serán la expropiación con indemnización por razones de interés público y la extinción del dominio por vía administrativa por razones de improductividad. Este punto ha generado malos entendidos porque algunos creen que se trata de acabar con el latifundio, lo que no está pactado aunque sí hace parte de los propósitos de las Farc. Ambos recursos existen desde hace muchas décadas en Colombia, pero tampoco han sido fáciles de aplicar, especialmente porque es difícil probar cuando hay improductividad.
Un cuarto recurso será la redefinición de reservas forestales, pues en el país muchas de ellas en la práctica ya no lo son, debido a que hay personas asentadas y produciendo. Esto más que dotar de tierras al fondo serviría para legalizar títulos hoy en el limbo.
Una última fuente serán las donaciones, pues no se descarta que algunos quieran aportar así al posconflicto. Pero este es un interrogante sin respuesta y en todo caso no sería muy significativo.
Dado que el gobierno se compromete a entregar 3 millones de hectáreas y que estos instrumentos para la creación del fondo, aunque loables, están rodeados de incertidumbre históricamente las instituciones no han podido aplicarlos con celeridad, se prevé que el Estado tenga que comprar tierras. Se cree, incluso, que uno de los rubros más altos del acuerdo será este y hay dudas sobre su financiación.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

2.Apertura democrática para construir la paz

El acuerdo reconoce que para construir y consolidar la paz en los próximos años se necesita ampliar la democracia para permitir a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. Se trata de fortalecer el pluralismo a través de una apertura basada en tres pilares fundamentales: la participación ciudadana, las garantías para la competencia electoral y el debate público, y una mayor representatividad de quienes hasta ahora han estado excluidos del ejercicio político.
El trasfondo de esta apertura democrática es proscribir para siempre la violencia de la política y sentar las bases para una reconciliación en esta materia. En ese sentido construir un clima propicio para que opciones diferentes, de izquierda o de derecha, nacionales o locales, sectoriales o amplias ingresen a la vida pública con todas las garantías.
El acuerdo busca también fortalecer los movimientos sociales y partidos políticos, así como a las nuevas fuerzas que surjan en el tránsito de los miembros de la guerrilla a la vida civil.
Se fomentarán la inclusión y el respeto al opositor político y se creará una legislación que permita mayor acceso de estos movimientos y partidos a recursos económicos y espacios de participación como los medios de comunicación.
EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN Y LA REFORMA ELECTORAL SON LOS DOS DESAFÍOS DEL ACUERDO YA QUE AMBOSHAN SIDO UNA VIEJA PROMESA INCUMPLIDA

LAS CLAVES DEL ACUERDO

1. DERECHOS Y GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Estatuto de la Oposición. Para garantizar que los partidos políticos y movimientos sociales opositores participen en los espacios democráticos, y para proteger la integridad y la vida de sus integrantes, los negociadores acordaron crear el Estatuto de la Oposición. Para ello se instauró una comisión con presencia de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y con voceros designados por las Farc, para que defina los lineamientos que deberá tener el Estatuto de Oposición que se presentará al Congreso.
Sistema Integral de Seguridad. Se crea este sistema para proteger a quienes están en el ejercicio de la política, dependiente directamente de la Presidencia de la República. Contará con mecanismos de alertas tempranas para detectar de manera rápida los posibles casos de estigmatización y persecución política, y con un programa de protección especializada de los miembros del nuevo movimiento político que surja de las Farc, así como líderes que se encuentren en alto riesgo de sufrir algún atentado por sus actividades.
16 SERÁN LAS CURULES EN LA CÁMARA QUE TENDRÁN LAS REGIONES MÁS GOLPEADAS POR LA GUERRA, POR DOS PERIODOS

2. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Garantías para los movimientos sociales. Este aparte se enfoca en las garantías que el Estado colombiano otorgará a los movimientos y organizaciones sociales. Se acordó que se presentará ante el Congreso un proyecto de ley en el que se reglamente el derecho de réplica de estos grupos cuando sean difamados por las distintas instancias gubernamentales, se establezcan mecanismos de asistencia técnica y legal para el fortalecimiento de los movimientos sociales, y se incentiven mecanismos de financiación para proyectos de estas organizaciones. Además, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de los movimientos sociales a los medios de comunicación comunitarios, regionales y nacionales.
Se acaba la estigmatización. El acuerdo contempla el diseño de campañas que prevengan la estigmatización contra estas organizaciones e incentiven la reconciliación, el pluralismo y la tolerancia. Todas estas acciones estarán coordinadas por el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia conformado por representantes del gobierno, del Ministerio Público, de los partidos y movimientos políticos, de las Iglesias, de las minorías étnicas, entre otros.
El acuerdo hace especial énfasis en garantizar el derecho a la movilización y a la protesta y en la manera como la fuerza pública resguarda y contiene estas manifestaciones, así como en el fortalecimiento de las estrategias de planeación participativa, control y veeduría ciudadana que las organizaciones sociales pueden establecer a las instituciones políticas.
PARA SENTAR LAS BASES DE UNA RECONCILIACIÓN DURADERA, EL ESTADO COLOMBIANO DEBERÁ FOMENTAR EL PLURALISMO POLÍTICO, FORTALECER LAS GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y LUCHAR CONTRA LA PERSECUCIÓN DE LÍDERES DE MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

3. MEDIDAS PARA PROMOVER EL PLURALISMO

El tercer eje de este acuerdo busca promocionar el pluralismo político y aumentar el acceso de los distintos partidos a los órganos de representación locales regionales y nacionales, con los siguientes instrumentos, entre otros:
Mantener las personerías jurídicas. Se pactó el compromiso de promover una reforma para que el umbral en las elecciones del Congreso deje de ser requisito para que los movimientos conserven su personería jurídica, y realizar una campaña de cedulación masiva en zonas marginadas del país.
Promover una reforma del régimen y la organización electoral, a través de una misión electoral especial, y conformar un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y de tribunales especiales seccionales en las circunscripciones con mayor riesgo de fraude. Esa reforma se ha tratado de hacer durante más de una década y no ha sido posible.
Nuevas curules para las regiones. Se creará una circunscripción transitoria especial de paz con 16 cupos en la Cámara de Representantes por dos periodos electorales destinados para las regiones más golpeadas por el conflicto. Podrán competir por ellas solo movimientos que no participan en la circunscripción ordinaria (ver recuadro).

LOS DESAFÍOS

1. EN COLOMBIA HA SIDO DIFÍCIL REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL

a pesar de que es uno de los puntos más débiles de la democracia nacional. Así mismo durante dos décadas ha sido imposible sacar adelante el Estatuto de la Oposición. Ambas reformas están en manos de los partidos políticos y el acuerdo de paz es una oportunidad para que estos logren consensos en esta materia. Sin embargo, no será fácil ya que la implementación de los acuerdos de La Habana se hará en plena campaña electoral, y en medio de una gran polarización.

2. LA ESTIGMATIZACIÓN

es una herencia cultural y política de la guerra, aunque las medidas que se señalan en el acuerdo son importantes como un principio para superarla. Sin embargo, este será un trabajo de largo plazo que requiere un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, y también de las Farc, cuya herencia política está ligada al estilo vertical propio de la guerra.

3. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.

Si bien en este punto del acuerdo los negociadores reconocen la importancia de promover la participación en la vida política de las mujeres y rechazan cualquier forma de discriminación contra ellas, no queda claro cómo se hará efectiva esta participación.

4. SIGUEN OTRAS EXPRESIONES ARMADAS ILEGALES.

En muchas zonas golpeadas por el conflicto se mantendrán vigentes otros grupos armados. Mientras no se complete el proceso de paz con otras guerrillas o de sometimiento de grupos criminales todos los objetivos en materia de apertura democrática serán de difícil implementación en las regiones.

Las circunscripciones para la Paz

Líderes campesinos y de las víctimas del conflicto podrían ser beneficiarios de las curules especiales que tendrá la Cámara de Representantes.
Para promover la participación democrática, fortalecer la débil presencia institucional y garantizar la integración política de las zonas afectadas por el conflicto, los negociadores acordaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) para elegir igual número de representantes a la Cámara por dos periodos electorales.
Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para inscribir y elegir a los candidatos, que deben habitar la región, y tendrán una financiación especial. Algunas de estas reglas contemplan que quienes se inscriban, deben vivir en la región, o ser desplazados en proceso de retorno. Se busca también garantizar que sean especialmente representativas del sector rural. En la práctica esto significa que los campesinos y las víctimas de base podrían tener presencia importante en el Congreso por primera vez.
Las regiones elegidas son aquellas donde hay mayor presencia de las Farc y eso sin duda genera la sensación de que son otras curules para ellas. Sin embargo, estos cupos están sometidos a la competencia electoral, y en la mayoría de las regiones no solo hay movimientos afines a la izquierda sino grupos independientes y de otras corrientes. Adicionalmente se espera que con el acuerdo para finalizar la guerra surjan nuevas agrupaciones y liderazgos.
El espíritu de las circunscripciones es promover la participación de líderes políticos y sociales, que tradicionalmente han estado ausentes de la contienda política por motivos de persecución o porque consideran que el sistema político está capturado por grandes varones electorales. En este punto no se señala ninguna restricción para que participen excombatientes de la guerrilla.
También es necesario activar los mecanismos de verificación y de vigilancia electoral propuestos en los acuerdos para que estas curules no sean presa de las redes tradicionales de corrupción o de otros grupos armados. Por eso el reto durante su implementación debería ser que cumplan realmente la función principal de profundizar la representatividad y la democracia en zonas con poca presencia institucional y afectadas por el conflicto armado.
CESE AL FUEGO Y REINCORPORACIÓN

3. Fin del conflicto

El acuerdo final logrado en La Habana busca la terminación del conflicto armado. Pero esto no significa solo silenciar los fusiles de las Farc. Se trata de sentar las bases para una convivencia civilizada, para un ejercicio de la política sin armas y para un clima de seguridad y tranquilidad que permitan el debate democrático abierto y pluralista en cada rincón del país, especialmente en regiones donde por más de medio siglo ha reinado la violencia o el constreñimiento de los derechos y libertades.
Parte esencial para sentar las bases de esa paz estable y duradera es la manera como se dé el tránsito de la guerrilla a la vida civil. Esto es un proceso largo y complejo, que implica retos institucionales enormes, y que se debe dar de manera simultánea e integral.
Se puede decir que este proceso de paz tiene dos grandes momentos: los primeros seis meses, en los que se hará el cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, y las Farc dejarán las armas; y los años posteriores, que pueden ser una década o quizás más, en los que se espera haya una reincorporación de los guerrilleros de las Farc a la sociedad tanto en lo económico como en lo político y lo social.
Ambos momentos necesitan amplias garantías, mucha transparencia de las partes, e involucran esfuerzos del Estado muy importantes.
Para que el cierre de la guerra tenga éxito, y se cauterice la vena abierta del reciclaje de la violencia, tanto la guerrilla como el Estado tienen retos enormes. Porque este acuerdo requiere de la voluntad y la buena fe de cada combatiente, y de la eficacia y coordinación del Estado en su integridad: involucra a las Fuerzas Militares y de Policía; a los alcaldes y gobernadores, al Congreso, a la Fiscalía, por mencionar apenas unos de ellos.
Este punto del fin del conflicto es posiblemente el más largo de todo el texto definitivo, el que más anexos y protocolos contiene. Está minuciosamente diseñado y en tal medida es muy exigente en su cumplimiento pues varios procedimientos y momentos se entrelazan y son interdependientes.
Uno de los elementos más novedosos e interesantes de este acuerdo es que contará con monitoreo y verificación tanto nacional como internacional en todos sus aspectos. En últimas, este punto del fin del conflicto es la garantía de que la guerra realmente termine. Y cada colombiano podrá estar pendiente de que se cumpla íntegramente en sus contenidos, que se resumen en los siguientes puntos.
EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC SE COMPROMETEN A CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA QUE PROSCRIBA LA UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

LOS PUNTOS CLAVES

1. CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO

El día de la firma protocolaria del acuerdo final, que será antes del plebiscito, se considera el Día D para poner en marcha el fin del conflicto. Para entonces ya debe estar en terreno el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. En este mecanismo participan por lo menos 500 observadores internacionales, casi todos militares de América Latina asignados como misión política del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir que le rinden cuenta directamente al secretario general de esa organización y a la Asamblea. Este componente internacional coordina todo el mecanismo de monitoreo, y tiene la misión de ser el verificador único de la dejación de armas. Conforman las otras partes del mecanismo 263 guerrilleros de las Farc y 263 miembros del gobierno, la mayoría también militares, entre los que hay varios generales de la mayor antigüedad y experiencia. Todos actuarán desarmados. Este mecanismo tripartito tendrá una oficina central en Bogotá y ocho regionales y mantendrá canales abiertos de información y comunicación con las comunidades.
Este cese tiene como objetivo facilitar la ubicación de los combatientes de las Farc en 22 zonas veredales que no exceden los 120 kilómetros cuadrados cada una, y otros seis puntos campamentarios. Están pensadas apenas por 180 días, el tiempo en el que se cumplirá el cronograma de dejación de armas.
Existen 24 protocolos escritos que determinan aspectos puntuales del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Uno de ellos establece las reglas del cese, que contienen todo lo que las Farc y las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer a partir del Día D. Está claro que todas las actividades ilegales quedan prohibidas, así como cualquier constreñimiento a la libertad.
Otro de los protocolos determina cómo funcionarán estas zonas veredales. Está claro que la vida de las comunidades no cambiará en absoluto. Las autoridades civiles se mantendrán vigentes allí. Y dentro de las zonas, las Farc no podrán usar armas ni uniformes. No obstante, dentro de cada zona habrá uno o varios campamentos donde estarán los guerrilleros. En esos campamentos ellos sí tendrán sus armas, mientras las dejan; no podrán entrar civiles.
La solución de problemas y controversias que surjan durante el periodo del cese de hostilidades serán tramitadas por el mecanismo en el menor tiempo posible y de abajo hacia arriba, de lo local a lo regional, o lo nacional si es necesario.
10 CURULES DURANTE DOS PERIODOS TENDRÁ EN EL CONGRESO EL PARTIDO QUE FUNDEN LAS FARC. PERO NO SE ASIGNARÁN A DEDO PUES TENDRÁN QUE BUSCARLAS EN ELECCIONES. SI NO LAS CONSIGUEN SE LES GARANTIZARÁN DE TODOS MODOS
Las zonas veredales tendrán una franja de seguridad de un kilómetro donde no puede haber ni Fuerzas Armadas ni guerrilla. Más allá de esa franja habrá presencia normal de militares y Policía.
LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA REQUIEREN DE LA REINCORPORACIÓN EFECTIVA DE LAS FARC-EP A LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS

2. DEJACIÓN DE ARMAS POR PARTE DE LAS FARC

El proceso de dejación de armas será paulatino, rigurosamente vigilado y transparente. Las Farc deben entregar listados de sus armas y combatientes, con identificación exacta, que la ONU podrá confrontar con otras fuentes. El desarme tomará seis meses según un cronograma acordado así:
Al Día siguiente del día D, es decir, de la firma protocolaria del acuerdo de paz, se empiezan a despejar corredores para que los guerrilleros de las Farc caminen hacia las zonas de concentración.
El Día D más cinco días, las Farc le deben entregar a la ONU la información sobre todas las armas que tienen en su poder.
El Día D más 10 días, las Farc entregarán las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etcétera) e inicia el desplazamiento.
El Día D más 60 días, debe estar destruido este armamento inestable. Ese día también deben estar almacenados en con- tenedores, bajo control de la ONU, todas las armas de apoyo (morteros, metralletas, granadas y municiones) y el armamento de las milicias.
El Día D más 90 días, tres meses después de la firma el 30 por ciento de los combatientes de las Farc dejarán todo su armamento en los contenedores bajo vigilancia de la ONU.
El Día D más 120 días, cuatro meses después de la firma otro 30 por ciento dejará sus armas en los contenedores.
El Día D más 150 días, cinco meses después de la firma el restante 40 por ciento de los combatientes de las Farc dejan sus armas.
El Día D más 180 días, a los seis meses la ONU extrae los contenedores de las zonas, que en esa fecha dejarán de existir. Estas armas serán inutilizadas y luego se hará con ellas o con sus materiales tres monumentos alusivos a la paz, uno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, otro en Cuba en gratitud por su apoyo a las negociaciones, y otro en Colombia en un lugar aún por definir.
Mientras dure todo este proceso, 60 miembros de las Farc podrán moverse por todo el país, previa coordinación con el mecanismo de monitoreo, para realizar labores propias de la implementación de los acuerdos o la pedagogía del proceso. Mientras no culmine el procedimiento de dejación de armas las Farc no podrán hacer política.
También podrán moverse a nivel regional diez guerrilleros de cada zona veredal bajo las mismas reglas. A su vez a estas zonas llegarán los presos que recobren la libertad, ya sea bajo la figura del indulto o cuando se otorgue la amnistía.
Una vez se apruebe el plebiscito, el gobierno presentará una ley de amnistía que beneficiará a quienes dejen las armas si han incurrido en delitos conexos con la rebelión. Quienes deban responder por crímenes de lesa humanidad o de guerra tendrán que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como está expresado en el punto cinco de víctimas.

3. REINCORPORACIÓN DE LAS FARC A LA VIDA CIVIL

El paso fundamental que dan las Farc al dejar las armas es convertirse en un partido político, y como personas en ciudadanos íntegros. Luego de medio siglo de guerra, ese proceso necesita de una transición, que se calcula puede ser de una década, para que se consolide en lo político y en lo personal. Durante ese lapso, el Estado deberá garantizar una serie de condiciones para que el paso de la ilegalidad a la legalidad se consolide y sea irreversible. Eso es la reincorporación en todas sus dimensiones, como sigue.
REINCORPORACIÓN POLÍTICA Esta es la esencia del acuerdo de paz, y su mayor ganancia. Es pasar de que las Farc defiendan sus ideas a punta de fusil a que lo hagan a punta de argumentos. Es el fin último de este proceso y por eso se acordaron medidas transitorias y excepcionales como las siguientes:
El partido que las Farc creen tendrá personería jurídica y actuará como cualquier otro partido, pero hasta julio de 2026 queda eximido de obligaciones como tener un determinado número de afiliados, presentarse a certámenes electorales y obtener un umbral mínimo de votos. Tendrá además las garantías propias de la actividad política como espacios en medios de comunicación y un esquema especial de seguridad.
Ese partido será financiado por el Estado por diez años con una suma equivalente al 10 por ciento del total del presupuesto que el gobierno asigna a los movimientos y partidos.
En las campañas de 2018 y 2022 los candidatos a la Presidencia y al Senado que inscriban las Farc tendrán financiación estatal.
El partido que las Farc creen deberá competir por curules en el Senado y la Cámara de Representantes como los demás. Pero por dos periodos constitucionales el Estado garantizará que obtenga cinco cupos en cada una de estas corporaciones, obtenga o no los votos necesarios.
La agrupación política que surja de las Farc puede nombrar tres voceros para el Senado y tres para la Cámara para que actúen con voz, pero sin voto, mientras se discuten las leyes que desarrollan los acuerdos de paz.
El nuevo partido tendrá un cupo en el Consejo Nacional Electoral pero sin voto.
180 DÍAS LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL LAS FARC HABRÁN DEJADO TODAS SUS ARMAS EN PODER DE LA ONU
REINCORPORACIÓN ECONÓMICA El eje de la reincorporación económica de las Farc será una institución privada llamada Economías Solidarias de Común, Ecomún, pues su modelo promoverá sobre todo los proyectos asociativos. Los excombatientes se afiliarán de manera voluntaria a esta entidad.
Cada excombatiente de las Farc recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo. Si es colectivo el gobierno girará los recursos a Ecomún, luego de que el proyecto sea aprobado.
Durante máximo dos años los excombatientes recibirán una asignación del 90 por ciento de un salario mínimo como un apoyo para su sobrevivencia mientras construyen un proyecto de vida propio. Si estudia y sigue la ruta de reintegración, que en Colombia está establecido por experiencia que puede durar hasta ocho años, la persona recibirá otros incentivos, especialmente si estudia. Así mismo estarán afiliados a la seguridad social del Estado.
Se creará un centro de pensamiento que contará con financiación estatal y que también podrá obtener, igual que Ecomún, recursos de cooperación internacional o fruto de contrataciones.
Se creará una nueva institución llamada Consejo Nacional de Reincorporación, en la que participarán el gobierno y las Farc para hacer seguimiento al tránsito hacia la vida civil.
Se le dará un trato diferencial a los niños que hacen parte de las Farc. Se les tratará como víctimas del conflicto y se buscará especialmente su reagrupación familiar.

4. GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

Con las Farc ya sin armas se deben crear las condiciones para que nunca más se repita el conflicto, sacar las armas definitivamente de la vida política y garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. El eje principal de este acuerdo es la promoción de un pacto político nacional que conlleve a la reconciliación y la convivencia pacífica. Es decir, que involucra no solo al Estado sino a toda la sociedad. Estos son algunos de los instrumentos que el acuerdo diseñó para la convivencia.
Una comisión nacional de garantías del más alto nivel para construir una política pública coherente y eficaz para el combate del crimen organizado y la protección de líderes y ciudadanos que son blanco de la violencia, provenga de donde provenga.
Se crean varios instrumentos para desmantelar las organizaciones criminales. En primer lugar, una unidad especial de investigación adscrita a la Fiscalía General. En segundo lugar un cuerpo elite de la Policía para combatir a estas organizaciones. En tercer lugar, un observatorio que haga un seguimiento permanente a la evolución de este fenómeno. Y en cuarto lugar se busca que el Estado tenga herramientas jurídicas para ofrecerles a estos grupos un sometimiento a la justicia, más no una negociación política como la que se ha hecho con las Farc.
Otro gran eje es la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que sirva para proteger a todos los movimientos y partidos. En particular se creará un programa especial para la protección de los exintegrantes de las Farc que contiene varios instrumentos, entre ellos un cuerpo de escoltas mixto del que harán parte policías y exguerrilleros y que estará adscrito a la Unidad de Protección Nacional.
Se crearán programas de convivencia y de protección especial para los territorios, comunidades y organizaciones más vulnerables o en riesgo.

LOS DESAFÍOS

1 El mayor desafío proviene de una compleja realidad nacional en la cual se tendrá que implementar este punto del acuerdo. En los territorios hay presencia de bandas criminales y el ELN, lo cual hará difícil todo, desde el cese del fuego hasta garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc.
2 La reintegración llega en un momento débil para las finanzas públicas y aunque su costo no es el más oneroso de los acuerdos, sí se requiere cumplir muy rápidamente las expectativas de quienes dejan las armas, pues eso evitará un reciclaje de la violencia.
3 El ingreso de las Farc a la vida política, en interacción con otros aspectos del acuerdo de paz, especialmente con los temas de justicia y reparación a las víctimas, tiene que hacerse de manera armónica para no generar un desbalance que sea percibido como una injusticia con quienes han sufrido la violencia o quienes han luchado por espacios en la democracia pacíficamente con menos garantías, como las minorías políticas o grupos étnicos.
LAS FARC DEBEN ENTREGAR LISTADOS DE SUS ARMAS Y SUS COMBATIENTES, CON IDENTIFICACIÓN EXACTA, QUE LA ONU PODRÁ CONFRONTAR CON OTRAS FUENTES

¿Por qué curules y plata para las Farc?

Del éxito de la reintegración depende en buena medida la sostenibilidad del acuerdo de paz.
El acuerdo de reincorporación política les da a los miembros de la guerrilla una verdadera oportunidad para entrar al juego democrático con garantías. Aunque para muchos sectores estas garantías son gabelas o conquistas inmerecidas, en realidad, el acuerdo procura darle seriedad a las posibilidades de las Farc en la competencia electoral en un sistema que tiene múltiples falencias y desequilibrios. Así mismo darles incentivos para permanecer en la civilidad. No hay que olvidar que el surgimiento de las Farc está asociado a un pacto de paz hecho hace medio siglo que excluyó a sectores políticos como los comunistas, que encabezaba el fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.
La financiación estatal al partido y candidatos de las Farc tiene sentido porque aunque es un misterio cuánta plata tienen las Farc y dónde la tienen invertida, permite blindarse contra la llegada de recursos ilegales a sus campañas. También les garantiza equidad por una década pues es muy improbable que en el corto plazo reciban aportes de empresarios, como los demás partidos.
La representación en el Congreso con diez curules garantizadas (cinco en Senado y cinco en Cámara) por dos periodos, tiene un factor de reparación dado que la última vez que las Farc intentaron hacer política legal fue durante el proceso de paz de Belisario Betancur, cuando crearon la Unión Patriótica, movimiento que fue exterminado. El otro factor importante es que después de 50 años de estar en las montañas, los guerrilleros de las Farc necesitan aprender a hacer política y foguearse en la arena pública. Por eso ellos deben competir por ellas y solo si no las consiguen el gobierno se las asigna a quienes obtuvieron más votos.

DROGAS ILÍCITAS

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Desde hace cuatro décadas el narcotráfico se convirtió en uno de los motores del conflicto armado en Colombia. Todos los grupos ilegales han recurrido a él para financiarse, y es una actividad que ha permeado la economía, la política y la vida social y cultural. El país ha intentado resolverlo de muchas maneras, pero especialmente por la vía policial y judicial. Solo ahora los países, con Colombia a la cabeza, comienzan a discutir en el mundo nuevos enfoques para enfren- tar este problema global.
La producción de drogas ilícitas es una actividad que involucra a muchas personas y segmentos de la sociedad. Colombia las sufre todas, desde los cultivos de uso ilícito, hasta su producción, comercialización y consumo. Gran parte de estas actividades tienen lugar en regiones con fuerte presencia de las Farc afectadas por el conflicto. Los negociadores reconocen que los cultivos ilícitos no son una causa de la guerra, pero también que esta actividad ilícita y la violencia social y política se retroalimentan. Por eso el acuerdo de paz reconoce que el fin del conflicto armado entre esa guerrilla y el gobierno es una oportunidad para buscarle una solución al problema.
El acuerdo apuesta por un viraje en el tratamiento de este fenómeno, pues su columna vertebral es la sustitución de los cultivos de uso ilícito, con planes de desarrollo participativos e integrales. Busca cambiar el tratamiento a los consumidores, para priorizar la prevención del consumo y la salud pública.
También se busca desarticular toda la cadena de valor del narcotráfico al combatir más efectivamente a las organizaciones criminales dedicadas a él, incluidas las actividades como el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción.
Propende por mantener un enfoque en derechos humanos que preste especial atención a los campesinos que cultivan y a los adictos. Adicionalmente, reconoce los usos ancestrales de las plantas donde se extraen las drogas ilícitas y no niega que estos cultivos puedan ser utilizados para fines médicos y científicos.
Si bien el acuerdo reitera la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo, enfatiza que las políticas que aplique el gobierno deben regirse por los principios de igualdad soberana y no intervención.
EL FIN DEL CONFLICTO DEBE REPRESENTAR UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNA SOLUCIÓN CONJUNTA E INTEGRAL AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
Además concluye que el éxito de estas políticas depende de su perspectiva territorial y la participación activa de la ciudadanía.

LOS PUNTOS CLAVES

1. PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

Con el fin de encontrar una solución sostenible y definitiva a este tipo de cultivos, y de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar, se acordó que el gobierno nacional cree y ponga en marcha el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a cargo de la Presidencia de la República. Este programa busca que las comunidades tengan un papel activo en definir las soluciones. La decisión de los cultivadores de abandonar los cultivos y el compromiso de la sustitución voluntaria son los principios fundamentales para generar confianza y encontrar las alternativas productivas que permitan fortalecer la economía de las familias.
Las comunidades, los municipios y el gobierno deberán apoyar los planes de desarrollo alternativo, además de instalar la infraestructura básica que permita a los campesinos, recogedores y cultivadores superar la pobreza y tener condiciones de vida dignas. Esto implica que mientras que los campesinos se comprometen a sustituir los cultivos, a no resembrar y a no estar vinculados a la comercialización, el gobierno deberá, además de invertir para desarrollar estas zonas, dar asistencia alimentaria hasta por un año, crear huertas caseras, entregar animales menores y promover proyectos de ciclo corto para generar ingresos rápidos. También se plantean estos beneficios para los raspachines.
En cuanto a las comunidades o cultivadores con los que no se llegue a acuerdos para erradicar los cultivos, o quienes reincidan, el Estado procederá a la erradicación, preferiblemente manual, pero no se cierra la puerta a que se haga con fumigaciones.
96 MIL HECTÁREAS DE CULTIVOS DE COCA EXISTEN EN LA ACTUALIDAD, SEGÚN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD

El acuerdo se basa en la idea de que la política frente al consumo también tiene que ser una prioridad y una política para el Estado. Por eso, además de atacar la siembra, los negociadores de La Habana proponen crear un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que trate a los consumidores como un problema de salud pública, se respeten sus derechos humanos y todo con un enfoque diferencial de género. Además un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, que se encargue de rehabilitar y resocializar a los adictos.

3. SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS

Frente a la producción y comercialización de narcóticos, los acuerdos plantean una política más efectiva y severa contra el crimen organizado, las organizaciones criminales, el lavado de activos y la corrupción.
Aquí se contempla cualificar el personal dedicado a investigar y judicializar los delitos relacionados con el narcotráfico, así como fortalecer y ampliar la cooperación regional e internacional para identificar los sistemas y rutas de comercialización de las organizaciones criminales.
Además, el gobierno se compromete a conformar una comisión de expertos nacionales e internacionales para diseñar un Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas que reforme o fortalezca la normatividad referida a esta materia y a la extinción de dominio. También a que Colombia liderará la construcción de nuevos consensos internacionales frente a este problema.
EL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIATIENE UNA LARGA HISTORIA QUE ANTECEDE Y TIENE CAUSAS AJENAS A LA APARICIÓN DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO DE GRAN ESCALA

LOS DESAFÍOS

1 El gobierno se compromete a tramitar ajustes normativos para que los pequeños cultivadores no sean sometidos a acciones penales o a la extinción de dominio. Ellos tienen dos años, a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, para expresarles a las autoridades su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos ilícitos. Este enfoque tiene el objetivo de concentrar la acción judicial en las organizaciones de narcotráfico. Establecer la diferencia entre unos y otros requerirá del instrumentos judiciales muy precisos.
2 Si bien Colombia ha gastado miles de millones de pesos en luchar contra el narcotráfico, la meta de superar la eliminación de cultivos ilícitos, que hoy llegan a 100.000 hectáreas, puede ser muy costosa. Pocos cultivos o actividades rurales pueden generarles a los campesinos ingresos como los que da la coca en el corto plazo.
3 El precio del dólar, la globalización y la presencia de otros grupos armados en el país, como las bandas criminales, le plantean muchos desafíos a este acuerdo.

El dilema de las fumigaciones

En el acuerdo hay un cambio de enfoque y se prioriza la sustitución voluntaria de cultivos. La fumigación es el último recurso.
COLOMBIA lleva más de 30 años fumigando los cultivos de coca como estrategia principal para combatirlos. Ha sido una herramienta efectiva pero controvertida por su impacto ambiental y social. El acuerdo de La Habana prioriza por primera vez otra estrategia: la sustitución y la erradicación voluntaria y concertada. No obstante, el Estado se reserva el derecho de fumigar en caso de que sea necesario. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un informe de junio de este año, el área dedicada a cultivos de hoja de coca pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, justo el año en el que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato por razones de salud pública. Sin embargo, este aumento desmedido llevó, en mayo de este año, a reanudar las fumigaciones con glifosato, pero desde el terreno.
Existe una controversia abierta sobre el impacto real de la fumigación aérea en la reducción de cultivos, pues durante los años que estos bajaron más también se estaba erradicando manualmente. El propio gobierno admite que sin sustitución y sin desarrollo rural todo esfuerzo de erradicación, aérea o manual, resulta inocuo.
Expertos explican que los cultivos han crecido no solo por el alto precio del dólar, sino por las conversaciones de paz, ya que la perspectiva de que programas gubernamentales ofrezcan sustituir los cultivos ilícitos ha funcionado como incentivo para tener más hectáreas.
En todo caso, el país ha entendido en estas tres décadas que el cultivador es el eslabón más débil de la cadena y que el combate al narcotráfico se debería centrar más en los eslabones donde hay mayor valor agregado como el comercio transnacional y el lavado de activos.
Ahora, hay evidencia de que gran parte de la producción de drogas ilícitas se está quedando en el país, en el llamado microtráfico, y que el consumo interno está disparado. Como se ve, este no será para nada un tema fácil de resolver sobre todo cuando no depende solo de Colombia sino de la comunidad internacional.

VÍCTIMAS Y JUSTICIAS

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uno de los dilemas más difíciles que debe afrontar una sociedad al transitar de la guerra a la paz es cómo juzgar las atrocidades cometidas por los actores que están sentados en la mesa dispuestos a dejar la violencia. Esto es particularmente difícil en conflictos largos, donde hay diversas responsabilidades y se han degradado los métodos bélicos. Sobre todo en el mundo moderno, pues desde hace casi dos décadas existen instrumentos de justicia global para evitar que los crímenes que ofenden a la humanidad, aun los cometidos en contextos de guerra, queden en la impunidad.
Sin embargo, la comunidad de naciones ha entendido que la paz es un ideal y que, en aras de lograrla, es posible construir instrumentos de justicia que permitan avanzar hacia ella. Si las sociedades solo tuvieran como respuesta ante la guerra el castigo a quienes participaron en ella, el mundo sería un campo de batalla perpetuo. Por eso existe la justicia transicional, que busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia se apuntala en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En ese marco, este acuerdo contiene elementos nuevos que se probarán por primera vez y combina diferentes instrumentos. Su columna vertebral es la verdad. Y mezcla elementos de la justicia restaurativa y retributiva. Finalmente se pretende que víctimas y victimarios se acerquen en un nuevo contexto de restablecimiento de relaciones.
El sistema integral busca sobre todo el reconocimiento de las víctimas, y de las responsabilidades por parte de quienes han cometido crímenes atroces. También busca garantizar la seguridad jurídica a quienes participen en él. Es, en últimas, un instrumento que pretende cerrar el ciclo de violencia del país sin impunidad.
Reconocer y reparar a las víctimas contribuirá a la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana

LAS CLAVES DEL ACUERDO

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Este es un órgano independiente, temporal y extrajudicial que debe contribuir a esclarecer lo que ocurrió en el conflicto y dar una explicación sobre ello. Sus reportes y audiencias por lo tanto, no podrán ser prueba judicial para nadie que comparezca ante él. Debe promover el reconocimiento a las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad de quienes estuvieron directa o indirectamente en la guerra.
La comisión estará conformada por 11 personas de las más altas calidades y de orígenes plurales, elegidas por el mismo mecanismo que seleccionará a los magistrados que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de la que se habla más adelante. También tendrá un presidente elegido por el mecanismo.
El mandato de la comisión es por tres años y debe tener despliegue en las regiones donde el conflicto ha sido más fuerte. Así mismo, tendrá enfoque de género y étnico. Sus audiencias deben ser públicas y estar orientadas a que la sociedad se reconcilie. Al final debe producir un informe para el conocimiento público.

2. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

Es un organismo de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que debe coordinar todas las acciones necesarias para la búsqueda de personas. En caso de que esas personas hayan fallecido, la unidad debe localizar y hacer entrega digna de los restos o de toda la información posible sobre qué ocurrió con ellas. La unidad no puede sustituir ni impedir las acciones judiciales que haya en estos casos. El director será escogido por el mecanismo pactado para la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
24 MAGISTRADOS TENDRÁ LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. CUATRO DE ELLOS PODRÁN SER EXTRANJEROS. SERÁN SELECCIONADOS POR UN MECANISMO INDEPENDIENTE EN EL QUE PARTICIPAN EL PAPA, LA ONU Y LA CORTE SUPREMA

3. Jurisdicción Especial
 para la Paz

Esta jurisdicción especial está creada para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo con las normas colombianas, y con los estándares internacionales, todos los crímenes cometidos en el contexto del conflicto y de esta manera satisfacer los derechos de las víctimas.
Los jueces. La jurisdicción está encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros que juzgarán los delitos más graves y representativos. Los magistrados deben cumplir los más altos requisitos de probidad e independencia y serán elegidos por un organismo conformado por el papa, el secretario general de la ONU, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema de Universidades del Estado.
Quiénes serán juzgados. En primer lugar, a la jurisdicción podrán ir los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno, una vez hayan dejado las armas. Segundo, los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado. Guerrilleros y militares serán tratados de manera equilibrada pero diferencial. En tercer lugar también pueden comparecer las personas que sin formar parte de los grupos armados hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios, y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos.
La verdad exhaustiva. Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o de guerra tendrán que reconocer toda la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz. Quienes lo hagan de manera exhaustiva tendrán una ruta que conduce a sanciones con restricción de la libertad de cinco a ocho años. Quienes no lo hagan, tendrán una ruta que conduce a un proceso de investigación y acusación, que puede resultar en exoneración o en condena con penas de hasta 20 años. Estos delitos objeto de este tribunal son, entre otros, el genocidio, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. El tribunal recibirá los procesos que ya se adelantan en la Fiscalía y demás órganos de justicia y control.
La amnistía. Existirá una sala de amnistía e indultos para los guerrilleros y otra de definiciones jurídicas para los militares y civiles cuando se trate de delitos no considerados internacionales o que son conexos con el delito político. Si se aprueba el acuerdo en el plebiscito, de inmediato el gobierno radicará un proyecto de ley de amnistía cuyo contenido fue pactado en La Habana, y que corresponde con los lineamientos que establecen los protocolos de Ginebra. Esta ley convertiría algunos delitos hoy considerados ordinarios, como el constreñimiento, la falsedad en documento público, algunos homicidios en combate, en conexos con la rebelión y, por tanto, objeto de amnistía. También las actividades ligadas al narcotráfico cuando se demuestre que se encaminaron a financiar al grupo armado y no al enriquecimiento personal.
Sanciones, restricción y cárcel. Las sanciones para quienes reconozcan toda la verdad serán de mínimo cinco años y máximo ocho años, y contemplan la restricción efectiva de la libertad de residencia y movimiento, condiciones que serán determinadas por el tribunal. El desminado, la reconstrucción de pueblos, de sustitución de cultivos ilícitos son algunas de estas contribuciones a la reparación. Por el contrario, quienes reconozcan la verdad de manera tardía pueden recibir penas efectivas de prisión de hasta ocho años. Y quienes definitivamente no reconozcan nada y sean condenados pueden ir a prisión hasta por 20 años. De acuerdo con el trato diferencial pactado, los militares podrán pagar sus sanciones en guarniciones militares y no cárceles ordinarias como ocurre ahora.
Derechos políticos. Ninguno de los condenados por el tribunal tendrán restricciones para participar en política.
Tribunal de cierre. Contra las decisiones del tribunal no se podrá interponer ningún recurso. Adicionalmente, en algunos casos este podrá revisar sentencias ya existentes.
8 años de restricción de la libertad es la sanción máxima que impondrá el tribunal a quienes contribuyan con la verdad exhaustiva. Quienes lo hagan de manera tardía o sean vencidos en juicio recibirán penas privativas de la libertad

4. Reparación integral

El país ya tiene desde hace más de una década programas de reparación a las víctimas del conflicto, pero el acuerdo profundiza el desarrollo de estos con medidas tanto simbólicas como materiales. Es decir, que van desde actos públicos de reconocimiento de las responsabilidades, hasta acciones concretas como el desminado, la reconstrucción de pueblos y la entrega de cuerpos.
La reparación colectiva se fortalecerá y se enlazará con los programas de desarrollo rural, de restitución y retorno de desplazados. Adicionalmente se fortalecerá la dimensión psicosocial.
Las Farc se comprometieron a contribuir con la reparación material de las víctimas.

5. Garantías de No Repetición

Todo el acuerdo de paz de La Habana está encaminado a garantizar que no haya repetición del conflicto armado, y por eso se ocupa de problemas estructurales como la tierra, la política, el problema de las drogas, la justicia y la reincorporación. En cada uno de ellos hay medidas encaminadas a generar condiciones para construir una cultura de paz, de reconciliación, de respeto a los derechos humanos y la no violencia. El punto tres profundiza en esta materia.
No se pueden amnistiar e indultar los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra

LOS DESAFÍOS

¿Cómo priorizar? Resarcir el sufrimiento de las víctimas de 50 años de conflicto no es fácil, por ello todos los organismos del sistema integral de justicia tendrán que priorizar y adoptar caminos de selectividad cuyos criterios son difíciles de establecer. La Comisión de la Verdad tendrá que concentrarse en unos periodos y desechar otros; el tribunal tendrá que concentrarse en lo más grave y representativo, y en quienes tienen mayor responsabilidad.

1. La dialéctica entre derechos de las víctimas y reconciliación.

En el mundo entero hay controversia respecto a qué tanta verdad y justicia se requiere para cerrar un conflicto. La creación de un clima de reconciliación es esencial para que los instrumentos de la justicia transicional cumplan su cometido.

2. La probidad de sus protagonistas

Gran parte de la credibilidad que tengan la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz dependerá de las personas que lo compongan. Si bien el mecanismo diseñado para esta elección es suficientemente plural, deberán ser muy asertivos en su elección.

3. La pedagogía sobre la justicia transicional.

Tendrá que ser permanente ya que por su novedad no es de fácil asimilación para un país con heridas abiertas y en el que política y justicia se entremezclan constantemente de manera riesgosa.

¿Hay impunidad?

La justicia transicional no puede ser vista como la justicia penal ordinaria. Está pensada para superar la guerra y satisfacer a las víctimas.
Colombia tiene uno de los mayores índices de impunidad en el mundo. Esto es particularmente preocupante respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, muchos de los cuales han terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fin de la guerra ofrece una oportunidad para superar esta impunidad. Sin embargo, en ninguna parte del mundo se ha visto que se use el derecho penal ordinario para transitar de la guerra a la paz. La experiencia en otros países ha sido la creación de comisiones de la verdad, que dejan la sensación de que hubo impunidad o simplemente amnistías que en el mundo contemporáneo son insostenibles.
Esta es la primera vez, luego de la firma del Estatuto de Roma, que un país se dota de un sistema integral como el aprobado en La Habana, especialmente porque nunca antes un gobierno y un grupo insurgente habían creado de común acuerdo un tribunal para que los juzgue a ellos mismos.
El sistema de justicia cumple lo que manda la Corte Penal Internacional: que haya investigación, que se juzgue y que se sancione. Respecto a la sanción, el Estatuto de Roma dice que debe ser proporcional a los crímenes cometidos, pero en ningún momento habla de que deba haber cárcel o prisión. No obstante, la restricción de la libertad debe ser seria. Es por ello que los negociadores tanto del gobierno como de la guerrilla consideran que lo pactado se ajusta a los estándares internacionales. Pero, además, consideran que por primera vez realmente se podrá superar la impunidad y que se satisfarán los derechos de las víctimas.

VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

6. Implementación, verificación y refrendación

Si el pueblo refrenda favorablemente el acuerdo para el fin del conflicto, empieza el proceso de implementación tal y como está contemplado en el texto concertado en La Habana. En realidad, la fase de la negociación, que duró cuatro años y acaba de terminar, estaba destinada a ponerle fin al conflicto. Sin embargo, lo que sigue en adelante no es solo llevar a la práctica de manera técnica y verificable el acuerdo, sino construir una cultura de paz en los territorios. Esta tarea durará muchas décadas e involucrará a las nuevas generaciones.
No obstante, el acuerdo es la primera piedra para esa construcción de paz o su hoja de ruta. Llevarlo a la práctica es un desafío monumental para el Estado y la sociedad y de su éxito dependerá que la paz sea realmente sostenible en el tiempo, y que llegue a cada rincón del país. Los primeros años son cruciales y pondrán a prueba la capacidad de transformación que tienen el pueblo colombiano y sus líderes. También las posibilidades de reconciliación.
El acuerdo traza una ruta de implementación y verificación conjunta entre el gobierno y la guerrilla, basada en la buena fe y en mecanismos que brindan transparencia. Durará diez años y tiene un enfoque muy territorial, por lo tanto debe tener alto impacto en las regiones que sufrieron la guerra y mucha participación de esas comunidades.
Los diez años contemplados para implementar el acuerdo serán un tiempo excepcional de transición y de cambios sociales, culturales e institucionales. Dado que el acuerdo involucra no solo al gobierno actual sino a todas las entidades del Estado, es vital el compromiso de los líderes del país. Es decir que, más allá de la refrendación inmediata de los acuerdos en el plebiscito, se requiere durante la próxima década una pedagogía profunda y un consenso básico alrededor del acuerdo. Tal como se ha dicho en La Habana, esta es sencillamente una oportunidad.
Llevar a la práctica el acuerdo no solo implica cumplir los compromisos adquiridos en La Habana, sino construir una cultura de paz en los territorios, una ardua tarea que durará muchas décadas e involucrará a las nuevas generaciones.

1. Seguimiento a la implementación

Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias. Esta nacerá al día siguiente de la firma del acuerdo, conformada por tres representantes del gobierno y tres de las Farc. En principio funcionará hasta 2019, pero podrá prorrogar su existencia hasta por diez años.
La comisión deberá crear un plan marco por diez años, que será convertido en documento Conpes y que deberá ser incluido en los planes de desarrollo tanto nacionales como regionales.
El acuerdo de paz prioriza las leyes y normas que deben ser presentadas de manera inmediata en el Congreso o expedidas por el gobierno en los primeros 12 meses.
Se incluyó un capítulo étnico que garantiza que la implementación tome en cuenta de manera positiva a estos pueblos.

2. Verificación

Se acordó que habrá un mecanismo internacional de verificación como parte de la comisión de implementación. Conformarán este mecanismo los cuatro países que acompañaron las conversaciones de La Habana: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. También habrá dos personalidades internacionales que harán pronunciamientos periódicos sobre la implementación.
Se le solicitará a la ONU que una vez concluya la misión de verificación del cese del fuego y la dejación de armas establezca otra misión política que observe el proceso de reincorporación de las Farc.
Se solicitará acompañamiento de varias entidades internacionales expertas en cada una de las materias del acuerdo entre las que hay gobiernos y ONG.

3. Refrendación y blindaje

La implementación del proceso de paz necesita dos bendiciones para ser una realidad. La primera es la política. Esta se reflejará en las urnas el próximo 2 de octubre cuando los colombianos acudan a votar el plebiscito. La segunda es la jurídica. Se le ha denominado el “blindaje” pues es una forma de asegurar que el pacto se hizo para cumplirlo.
El plebiscito y el blindaje son dos figuras interdependientes que no pueden existir la una sin la otra. El primero, además de garantizar el respaldo ciudadano al acuerdo, pone en vigencia el Acto Legislativo para la Paz. Esta reforma constitucional abre el camino para que los acuerdos logrados en Cuba ingresen al ordenamiento jurídico colombiano. Así funciona:

PLESBICITO PARA LA PAZ

La fórmula elegida para refrendar los acuerdos de La Habana está consagrada en la Constitución de 1991, pero no se había usado hasta ahora. Este mecanismo de participación permitirá a los colombianos acudir a las urnas para respaldar o rechazar el proceso de paz. Solo habrá dos opciones para responder a una única pregunta: Sí o No. Y sobre estas dos posibilidades los partidarios de ambas posiciones adelantarán sus campañas en el próximo mes. Estos son los puntos fundamentales que regularán este proceso:  
Umbral. Para que el plebiscito sea válido, el Sí o el No tienen que sacar una cantidad de votos mayor al 13 por ciento del censo electoral (un poco más de 4.500.000 personas). A esta fórmula se le ha llamado el umbral aprobatorio, es decir, que cualquiera de las opciones que alcance esa cifra ya produce resultados vinculantes.
Efectos. Si ninguna de las dos opciones (Sí o No) llega a tener esos 4.500.000 votos, el plebiscito deja de tener efectos jurídicos, el presidente podrá continuar el proceso, pero no se entiende que exista una refrendación popular. El problema práctico sería que no podría utilizar las herramientas del Acto Legislativo para la Paz como las facultades extraordinarias, el fast track, entre otros.
Gana el Sí. En el caso de que la votación del Sí supere el umbral y sea mayoritaria, los acuerdos de La Habana quedan refrendados. y se activa el Acto Legislativo para la Paz aprobado por el Congreso.
Gana el No. Si el rechazo a los acuerdos supera el umbral y es mayoritario, se “inhibirá la implementación del Acuerdo Final”, según el fallo de la Corte Constitucional. Este punto es complejo pues esa sentencia solo le impide al presidente implementar el acuerdo derrotado en las urnas, pero técnicamente no le prohíbe adelantar el proceso de otra manera. Esto ha abierto el debate de si se puede renegociar lo ya acordado. El gobierno ha dicho que esa opción es inviable.
Funcionarios en campaña. El fallo del plebiscito avala la participación de los funcionarios que deseen apoyar tanto la postura del Sí, como la del No. La corte los autoriza a debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito.
12 meses es el lapso que el Estado colombiano espera tomar para convertir en leyes y normas los acuerdos

EL BLINDAJE JURÍDICO.

Los candados que se le pusieron al Acuerdo Final quedaron consagrados en el Acto Legislativo para la Paz. En esta reforma constitucional se plantean una serie de mecanismos que aseguran que sin importar los cambios políticos que puedan darse en el futuro, por ejemplo el cambio de presidente, todo lo que se pactó en La Habana, una vez aprobado el plebiscito, sea obligatorio en los años venideros. Estos son los principales:
El bloque de constitucionalidad. Aunque la figura es novedosa para el público general, es muy conocida en el mundo del derecho. Se refiere a un conjunto de normas y principios que por su carácter protector de los derechos humanos y por estar consagrados en un acuerdo internacional se entienden incorporados a la Carta Política de 1991. Así, el Acto Legislativo señala que una vez el acuerdo final haya sido firmado y entre en vigor ingresará “en estricto sentido al bloque de constitucionalidad, para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación” que se desarrollen a partir de lo pactado.
El acuerdo especial. Esta figura del derecho internacional está consagrada en el artículo 3 común a los protocolos de Ginebra. Estos acuerdos especiales que permitan humanizar la guerra o terminarla. 
Así, en el texto final se estableció que “el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial (…) y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna”.  Este es un blindaje internacional al proceso que permite que ese documento tenga un carácter similar al de un tratado internacional.  
La ley aprobatoria. La reforma constitucional autoriza al presidente para adelantar esta figura con relación al acuerdo especial. Esto quiere decir que Juan Manuel Santos deberá presentar al Congreso por medio de una ley ordinaria con el contenido de este para que se “incorpore al derecho interno”. Ese sería el procedimiento por medio del cual se asegura que lo pactado quede en el bloque de constitucionalidad, previa revisión de la Corte.
El ‘fast track’. Durante seis meses regirán unos procedimientos especiales para aprobar las leyes necesarias en el Congreso de manera más expedita. La iniciativa será exclusiva del gobierno, el trámite será preferencial y tendrá absoluta prelación, solo tendrá la mitad de los debates, no se puede hacer ninguna modificación sin el aval del gobierno, entre otros.
Las facultades presidenciales. Durante 180 días Juan Manuel Santos tendrá la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley que tengan como objetivo desarrollar el acuerdo final.
El acompañamiento internacional en la implementación y verificación, contribuirá fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos

La Corte Constitucional: el actor clave

El blindaje de los acuerdos enfrentará su mayor desafío en el Palacio de Justicia. A la Corte Constitucional ha llegado una demanda al Acto Legislativo para la Paz. En manos de los nueve magistrados estará determinar si los elementos que el Congreso aprobó para facilitar el proceso se ajustan a la normatividad del país. Por otro lado, el rol de este organismo en lo que viene será igual de importante. El alto tribunal tendrá control automático, único y posterior a la entrada en vigencia de todas las leyes y reformas constitucionales que se adelanten para cumplir los acuerdos. También tendrá que revisar la ley aprobatoria del Acuerdo Especial y todos los decretos que expida el presidente bajo las facultades extraordinarias.
http://especiales.semana.com/acuerdo-para-la-paz/index.html

 
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