| La elección, cada cuatro años, del fiscal general es uno de los pulsos políticos más intensos y complejos. Se trata, al fin y al cabo, de uno de los cargos más poderosos del Estado. En un país con fenómenos criminales tan graves como los de Colombia, y con la demostrada capacidad del narcotráfico para contaminar todas las esferas de la vida nacional, el fiscal es uno de los funcionarios más importantes y que despierta más atención de la opinión pública. En el caso del sucesor de Mario Iguarán, quien termina su periodo a finales de este mes, el proceso reúne aún más expectativas. El nuevo fiscal deberá rematar procesos que están en curso en escándalos como la parapolítica, la 'Yidispolítica', los seguimientos ilegales del DAS a magistrados y líderes de oposición, y los 'falsos positivos'. Por eso existía tanta curiosidad sobre la terna que el presidente Uribe enviaría a la Corte Suprema de Justicia, y por eso hay tanta ansiedad sobre la decisión que este alto tribunal ha anunciado para el 23 de julio. Como se esperaba, la principal característica de los tres nominados es su marcado uribismo. Todos han tenido o tienen estrechos vínculos con el presidente Álvaro Uribe o con miembros de su gabinete. De igual manera, ninguno de ellos cuenta con una especialidad en Derecho Penal, requisito que para algunos analistas es indispensable para ocupar el cargo. La mujer de la terna -Virginia Uribe- fue la abogada personal de Uribe cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia y en la actualidad es asesora del Ministerio de Transporte. También es de la cuerda del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Camilo Ospina ha sido asesor jurídico de la Presidencia, ministro de Defensa y embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo al que renunció para poder aspirar a la Fiscalía General. Juan Ángel Palacio Hincapié, por su parte, es señalado por antiguos colegas del Consejo de Estado como un "jurista uribista", militancia que le habría costado en dos oportunidades la presidencia de esa alta corporación. Palacio fue uno de los abogados consultados por el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, su amigo personal, para que asesorara a los 82 representantes a la Cámara que votaron favorablemente el referendo reeleccionista, a quienes la Corte Suprema les abrió investigación y hoy se encuentran temerosos de que ese tribunal los vincule mediante indagatoria. Curiosamente, Ospina a quien influyentes sectores de la opinión relacionan estrechamente con el Gobierno, es percibido en la Rama Judicial como el menos uribista de los tres aspirantes. Magistrados consultados por CAMBIO sostienen que en caso de que se trate de "una terna de uno", como sostienen varios analistas, ese privilegio recae no en Ospina sino en Palacio Hincapié, porque tiene los mejores contactos en la Corte Suprema de Justicia. 'El palo' Juan Ángel Palacio Hincapié tiene a su favor una amplia experiencia en la Rama Judicial y una muy bien cultivada red de contactos en los altos tribunales. En la Corte Suprema tiene suficiente fuerza como para poder afirmar que en la elección parte con por lo menos siete votos: Luis Javier Osorio y Camilo Tarquino, de la Sala Laboral; Javier Zapata, Sigifredo Espinosa y María del Rosario de Lemos, en la Sala Penal; y Jaime Arrubla y Pedro Munar, en la Sala Civil, son votos que los entendidos estiman fijos a su favor, por razones que van desde las regionales, hasta de amistad e incluso de distanciamiento con los otros candidatos. Palacio cuenta, además, con el apoyo incondicional de ex magistrados de la Corte Suprema que aún mantienen influencia en ese alto tribunal. Es el caso de Jorge Iván Palacio, actual magistrado de la Corte Constitucional y ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, quien puede comprometer por lo menos dos votos. Un número similar, o mayor aún, correría por cuenta del ex presidente de la Corte, Jorge Aníbal Gómez Gallego. Y si ello fuera poco, su amistad con el magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez Gómez, también haría que la balanza de la Sala Penal se inclinara a su favor, dada la influencia de Velásquez en esa Sala. La permanencia de Palacio en la Rama Judicial durante más de dos décadas y su paso por el Consejo de Estado le otorgan el reconocimiento jurídico que será necesario para su elección. Políticamente, aunque se rumora que su inclusión en la terna obedeció a su cercanía con el ministro Valencia Cossio, antioqueños enterados de la minucia política regional lo dan como muy cercano a Luis Alfredo Ramos, ex presidente del Senado y actual gobernador de Antioquia. El menos uribista A Camilo Ospina le conviene que algunos voceros de la rama judicial lo consideren menos uribista que Palacio. También juega a su favor su cercanía con el ex presidente César Gaviria, dado el respaldo que el Partido Liberal le ha otorgado institucionalmente a la Corte Suprema en el enfrentamiento que sostiene con el Ejecutivo. Hasta el momento contaría con un voto fijo en la Corte Suprema: el del magistrado Gustavo Gnecco, de la Sala Laboral, egresado de la Universidad del Rosario, como Ospina. El alejamiento de la Rama Judicial puede ser tanto un lastre como una ayuda para Ospina, porque en su paso por el Ministerio de Defensa demostró capacidad gerencial para manejar entidades grandes, de modo que administrativamente estaría preparado para enfrentar ese tipo de retos en la Fiscalía General, una entidad con más de 20.000 empleados y con un presupuesto que es el 50 por ciento de todo lo que el Estado gasta en administración de Justicia. Juega igualmente a su favor el hecho de ser percibido por la mayoría de los magistrados de la Corte como un funcionario serio, sin mayores compromisos políticos, lo que eventualmente le daría más capacidad de maniobra para integrar su equipo con personas de la propia Rama Judicial, específicamente magistrados auxiliares de la Sala Penal. La candidatura de Virginia Uribe, por su parte, según fuentes consultadas por CAMBIO, parece ser la menos sólida en la Corte y su posibilidad de resultar elegida parece remota. De manera que, por ahora, Colombia no parece que vaya a tener una fiscal general. En contra de su aspiración confluyen tanto su bajo perfil como su casi nula experiencia en cargos públicos de alta gerencia, lo que resta grandes posibilidades a la hora de su elección por parte del alto tribunal. Los retos Pero más allá de la filiación política o del grado de independencia que tendrá el próximo fiscal frente al Gobierno, lo que está por verse es qué hará el sucesor de Iguarán con la compleja agenda que le espera. Los problemas empiezan desde asuntos meramente jurídicos, como el de la llamada 'Yidispolítica', los 'falsos positivos', los seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte y las cuentas del referendo reeleccionista, pasa por asuntos puramente administrativos, como el del presupuesto y el concurso de fiscales, y termina en temas que combinan los dos anteriores, como la modernización de la institución y la recuperación de su credibilidad, afectada por frecuentes escándalos de corrupción. Pero, además, el nuevo fiscal general tendrá que hacer un esfuerzo enorme para no dejarse alinear con una de las dos partes que hoy mantienen un severo enfrentamiento en el país: la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia. Deberá, entonces, probar que no será un "fiscal de bolsillo" del Ejecutivo, que lo postula, ni tampoco un funcionario plegado a la voluntad de la Corte Suprema, que lo elige. En principio, la actuación en los retos que impone la administración de Justicia marcará el éxito o el fracaso de la gestión del nuevo fiscal. Y estos no se limitan a los procesos en marcha, sino se extienden a la necesidad de consolidar el sistema acusatorio y tramitar los abultados expedientes del proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, para nadie es un secreto que también habrá consideraciones políticas que se agregan a las del campo judicial. Si el presidente Uribe es reelegido, por ejemplo, el tema de la independencia se volverá importante, pues tendrá que convivir con un mandatario que fue su jefe. Si no, igual la opinión pública seguirá con lupa sus decisiones en casos que afectan a altos funcionarios del Gobierno. |
TERNA PARA FISCAL A LA MEDIDA DEL DESPOTISMO URIBISTA
Por lo pronto, la crucial decisión de la Corte se espera con curiosidad. En medio de uno de los peores enfrentamientos con el poder ejecutivo, y en concreto con el presidente Uribe, no parece que tenga una alternativa diferente a seleccionar un fiscal que gozará de enormes simpatías en el Palacio de Nariño.
