| Violencia contra el sindicalismo en Colombia: una larga y triste historia |  |  |  |
| Razón Pública CONFLICTO, DROGAS Y PAZ |
| Lunes, 31 de Enero de 2011 |
Luis Eduardo Celis*
El exterminio de sindicalistas que se ha dado a lo largo de treinta años se explica en parte por su participación directa en la pugna por el poder local, lo que en otras latitudes habría sido perfectamente normal.
Treinta años de asesinatos
El movimiento sindical y los sindicalistas de Colombia han sufrido un verdadero genocidio en los últimos 30 años. Cifras confiables aportadas por las centrales sindicales y las organizaciones más especializadas que hacen monitoreo del tema -como la Escuela Nacional Sindical y el Centro de Recursos para el análisis de Conflictos, CERAC- constatan la tragedia que significa unos 3.000 homicidios.
Ello ha ocurrido en medio de un largo ciclo de violencia, que no ha terminado: en 2010 fueron asesinados 48 sindicalistas, la cifra más alta en el mundo, lo cual sitúa a Colombia como el país más peligroso para ejercer la actividad sindical.
Podemos identificar tres grandes momentos en esta historia de violencia:
- Comienzos de los 80 hasta la promulgación de la Constitución de 1991.
- Del 1991 hasta la primera posesión del presidente Álvaro Uribe.
- De 2002 hasta hoy.
Este texto caracteriza el contexto histórico dentro del cual se ha producido semejante catástrofe y arriesga algunas hipótesis para esclarecerlo y superarlo al iniciarse un gobierno que pretende recuperar la plena vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de la acción sindical con garantías.
Este compromiso oficial implica que violencia y criminalidad queden en el pasado, que sus responsables sean judicializados, que las víctimas obtengan reparación y que el movimiento sindical sea honrado por la sociedad colombiana.
Régimen cerrado y ascenso de la acción sindical: 1980-1991
A comienzo de los años 80, en medio de una marcada inconformidad con las políticas económicas y sociales y del autoritarismo y violación de los derechos humanos bajo el gobierno de Turbay Ayala, sectores del movimiento sindical se dieron a la tarea de reivindicar una ampliación de la democracia y se articularon estratégicamente con organizaciones de izquierda, que planteaban tesis políticas con las que se identificaban.
De manera particular habría que mencionar la conducción casi hegemónica que aplicaba el Partido Comunista sobre la Confederación Sindical del Trabajadores de Colombia (CSTC), en la cual se formó y de la cual fue dirigente el actual vicepresidente Angelino Garzón.
Otras agrupaciones de izquierda militaban en lo que se denominaba el sindicalismo no confederado, y era muy importante su presencia política en las organizaciones sindicales de mayor importancia: magisterio, trabajadores del Estado y sector energético.
Con el inicio de la administración del presidente Belisario Betancur y los intentos de reformas para modernizar el Estado, ampliar la democracia, garantizar los derechos ciudadanos e integrar regiones a la vida nacional, se abrió una nueva arena política, que permite explicar la criminalidad y la violencia contra el movimiento sindical en esa década.
La hipótesis que presento para el debate, es que la violencia y criminalidad contra los sindicalistas en los 80 surgió debido a su participación política, pero ademáspor la disputa de hegemonías locales que se abrieron gracias a la más importante reforma política de la década: la elección popular de alcaldes. En medio de tal dinámica política, se encontraría la explicación de esa violencia.
La década de los 80 estuvo marcada por la irrupción de fuerzas sociales y políticas que propugnaban por la modernización del país. Las más importantes fueron el Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica (UP), esta última piloteada por el Partido Comunista en asocio con unas FARC en "tregua". (Las comillas obedecen a la constatación de que las FARC aprovecharon la oportunidad para ampliar su presencia, formar a sus mandos y equiparse para la ejecución de su Plan Estratégico).
Frente al intento de ampliar la democracia, se desató un movimiento de negación de esas reformas, en medio de disputas por los poderes locales surgidos en las nuevas dinámicas generadas por la elección popular de alcaldes. Estas disputas tomaron formas violentas y afectaron a los sindicalistas que participaban de manera activa en la UP y en otras agrupaciones políticas, y que pugnaban abiertamente por el poder local.
Merecen mención especial los procesos regionales donde la violencia contra el sindicalismo fue particularmente intensa, como en Urabá y el Magdalena Medio. Este fenómeno se explica en parte por la articulación entre disputas por el poder local y una lógica de lucha contra las guerrillas que asociaba la acción sindical con la "combinación de todas las formas de lucha". Es obvio que nada justifica el crimen y la violencia sufridos por personas que ejercían la acción sindical y política, y que las afinidades y articulaciones con organizaciones guerrilleras debían ser judicializadas cuando se incurriera en delitos.
La violencia contra sindicalistas en la década de los 80 buscó frenar la participación de terceras fuerzas en la disputa por el poder local. A aquellos sectores sindicales que eran vistos como aliados de la guerrilla, se les enfrentó como enemigos de guerra, con prácticas ilegales donde participaron activamente agentes del Estado en alianzas con mafiosos y élites políticas locales.
Constitución de 1991 y profesión peligro
Con la Constituyente del 91 -que cumple 20 años el 4 de febrero- se dio un proceso de reordenamientos e intentos de ampliación de la democracia y reconocimiento de derechos, que paradójicamente agudizan las disputas por el poder local. Esto tensionó aun más a los actores que habían recurrido a la violencia y que habían puesto a los sindicalistas en el blanco de su acción.
Considerando el nuevo ciclo de violencia que se gesta con los opositores a la Constitución del 91 (élites regionales, mafias y guerrillas), la acción sindical en muchas regiones se convierte en una "profesión peligro". Los factores ya enunciados de la década anterior se mantienen en mayores grados, de modo que la violencia se intensifica y sectores como los trabajadores de la salud comienzan a ser vistos como enemigos por guerrillas y paramilitares.
La decisión de las FARC de escalar en el nivel de tensión del conflicto armado, de expandirse y de consolidarse en nuevas zonas, disputando rentas y controlando territorios, condujo a que el trabajo sindical se diera necesariamente en "zonas de guerra". A lo anterior se sumó la acción del ELN en el norte y noroccidente del país, y la articulación del paramilitarismo con las AUC desde 1997, con su obsesiva predilección por las prácticas de terror.
En medio de esta dinámica violenta, la acción sindical no pudo realizarse sin asumir la lógica de amigo/enemigo: los sindicalistas debían plegarse a los grupos armados, consentir en sus demandas, articularse a la capturas de rentas y transigir con sus mandatos, o se convertían en contradictores a los cuales había que eliminar. Así, fue la década con un mayor número de sindicalistas asesinados.
Esta criminalidad no pudo darse sin la complicidad o permisividad por parte de empresarios, políticos locales y agentes del Estado.
Uribe y el desmonte parcial del paramilitarismo
A pesar de que Álvaro Uribe postuló la tesis de "Ni un sindicalista más asesinado", en sus ocho años de gobierno asesinaron a más de 500. Esta situación fue duramente criticada por instancias internacionales y fue el principal argumento de los demócratas en Estados Unidos para no dar su aprobación al TLC.
Los sindicalistas siguen siendo asesinados por ejercer su labor; sus enemigos son las organizaciones armadas ilegales, pero los paramilitares son de lejos los que más víctimas han producido, lo que no descarta que guerrillas y agentes del Estado hayan participado también en la acción criminal.
En este largo ciclo de barbarie contra el movimiento sindical (el más golpeado del mundo), el homicidio no ha sido la única modalidad. También se deben mencionar la desaparición forzada, torturas, amenazas, desplazamiento forzado o detenciones arbitrarias, de las que han sido víctimas las personas que han perseverado en el legítimo derecho de la organización sindical y la tramitación colectiva de sus exigencias.
Total de violaciones contra sindicalistas1986-2007
| Tipo de violación | Número de casos | Porcentaje % |
| Allanamientos ilegales | 37 | 0.4 |
| Amenazas | 3478 | 40.4 |
| Atentados | 211 4 | 2.4 |
| Desapariciones Forzadas | 185 | 2.1 |
| Desplazamientos Forzados | 1300 | 15.1 |
| Detenciones Arbitrarias | 428 | 4.9 |
| Hostigamientos | 190 | 2.2 |
| Homicidios | 2534 | 29.4 |
| Secuestros | 159 | 1.8 |
| Torturas | 79 | 0.9 |
| Total | 8601 | 100 |
Fuente Banco de datos de DDHH - ENS
Impunidad y esperanza
Una realidad indiscutible ha sido la abrumadora impunidad durante los últimos 30 años, con grave afectación sobre un movimiento sindical de por sí muy precario en su organización y capacidad de incidencia social y política. Lo anterior es evidencia mayor de que contamos con un Estado de Derecho ausente en muchos territorios, unas instituciones estatales inoperantes y un entorno social que no garantiza el libre ejercicio de la ciudadanía.
La violencia contra el movimiento sindical ha sido objeto de condenas y de presión internacional para que sea sancionada y superada, y sus victimas resarcidas en sus derechos, incluidas las organizaciones que se vieron afectadas.
En medio de tan grave situación, el nuevo gobierno del Presidente Santos se ha comprometido a garantizar la acción sindical, el esclarecimiento de la acción criminal con sanción a sus responsables y ha expresado su voluntad de cero tolerancia frente a las violaciones de derechos humanos y al asesinato sistemático de sindicalistas.
* Integrante de la Corporación Nuevo Arco Iris.
lcelis@nuevoarcoiris.org.co
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