MÁS BALA Y MENOS ESTADO: LA CONTRADICCIÓN DE LA SEGURIDAD QUE PROPONE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Por: Emelina del Castillo *

revistaraya.com/ 07/06/2026

Cada campaña electoral trae su propio repertorio de miedo, y en esta la seguridad se ha convertido en una de las principales emociones en disputa. Abelardo de la Espriella ha construido buena parte de su promesa política sobre ese miedo: más bala, más cárcel y menos Estado.

La pregunta no es si Colombia necesita seguridad. Claro que la necesita. La pregunta es qué tipo de seguridad se está ofreciendo: una seguridad con inteligencia, justicia social, presencia territorial y control democrático, o una política de castigo que promete orden mientras desmonta las instituciones que deberían prevenir la violencia de manera estructural.

Uno de los errores más graves del debate actual es hablar de "la seguridad" como si fuera una sola cosa. La inseguridad no se expresa igual en todo el país.

No es lo mismo la violencia urbana en Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín, asociada muchas veces a bandas locales, extorsión, hurto, microtráfico y control de barrios, que la violencia armada en Cauca, Catatumbo, Arauca, Chocó o el sur del país.

No es lo mismo enfrentar una estructura de narcotráfico transnacional que responder a la extorsión digital. No es lo mismo un corredor fronterizo que una ciudad puerto. No es lo mismo el control social en una vereda que la disputa criminal en una zona urbana.

Cuando todo se mete en la misma bolsa, la respuesta suele ser igual de torpe: más operativos, más soldados, más capturas y más anuncios. Pero una política seria debe partir de preguntas básicas: quién manda en el territorio, de qué negocio vive, a quién controla y qué pasa con la comunidad después de la operación militar.

Esa diferencia territorial importa aún más si se toma en serio la advertencia de Daniela Gómez Rivas, experta en seguridad y exviceministra de Defensa.

Daniela ha insistido en una lectura incómoda: no hay muchas razones para esperar una reducción significativa de las acciones armadas en los próximos años. Sus argumentos apuntan a que varias estructuras no están cerrando un ciclo de guerra, sino abriendo uno nuevo.

Esa advertencia rompe una ilusión electoral peligrosa: creer que basta con elegir a alguien que prometa "acabar" el conflicto para que el conflicto efectivamente termine. En Colombia, muchos grupos armados no parecen moverse desde el agotamiento, sino desde un tablero que todavía les ofrece incentivos económicos, militares y territoriales.

Además, el Estado colombiano tiene un problema viejo: cada entidad planea por su lado. Defensa mira el mapa de la guerra; salud, educación o agricultura miran sus propias metas. El territorio queda partido en pedazos administrativos.

El resultado es absurdo: el Ejército puede recuperar control militar en una zona, pero si después no llegan la escuela, el puesto de salud, la vía, el juez, el proyecto productivo ni la entidad que sostenga la vida civil, el Estado entra con uniforme, pero no permanece con derechos. El propio gobierno Petro ha intentado corregir ese patrón en territorios como Cauca y Catatumbo, donde ha combinado intervención militar con pactos territoriales, inversión social y despliegue institucional. En Cauca, la Misión Cauca fue presentada como una estrategia para recuperar seguridad y, al mismo tiempo, impulsar cambios estructurales de paz, productividad e innovación; y en Catatumbo, tras la crisis humanitaria, el Gobierno anunció un Pacto Social con 124 proyectos por $6,27 billones. Pero esos casos también muestran el tamaño del desafío: la integración entre seguridad, justicia, inversión social y presencia territorial todavía es lenta, desigual y difícil de sostener en medio de la confrontación armada.

Colombia enfrenta una violencia que cambió, mientras algunos insisten en responderle con el libreto de la guerra de siempre. Ya no se trata solo de Ejército contra guerrilla. Hoy la violencia mezcla crimen organizado, disidencias, ELN, economías ilegales, corrupción local, extorsión, tecnología, lavado de activos, control social y disputas por corredores estratégicos.

En este tipo de guerras híbridas o nuevas guerras, autorizar bombardeos no basta. Si no se sigue la plata, si no se cortan las rentas ilegales y si no llega Estado civil, la estructura cae hoy y mañana aparece otra.

Hay una narrativa engañosa usada por la campaña de extrema derecha: presentar la recomposición de los grupos armados como una consecuencia exclusiva del gobierno Petro, borrando los procesos de expansión y reacomodo armado que ya venían avanzando desde años anteriores.

Esto no significa negar los errores de la Paz Total. La política ha tenido límites, contradicciones y fallas de implementación. Pero una cosa es exigirle resultados al gobierno actual y otra muy distinta es vender la idea de que los grupos armados "renacieron" en 2022.

PARES ha señalado que el nuevo ciclo de violencia armada no empezó con la Paz Total. Según su monitoreo, los municipios con presencia de al menos un grupo armado pasaron de 195 en 2019 a 410 en 2022. Es decir, para cuando Gustavo Petro llegó al poder, el país ya estaba dentro de una fase acelerada de expansión criminal.

La recomposición armada no se incubó en el vacío. Se produjo durante el gobierno de Iván Duque, que llegó al poder montado sobre una promesa política explícita: hacer trizas el Acuerdo de Paz. Aunque el gobierno no lo presentara así en el lenguaje oficial, en la práctica obstaculizó o ralentizó componentes clave de su implementación territorial. No se trataba solo de cumplir actos simbólicos de paz, sino de llevar reforma rural, sustitución de economías ilícitas, garantías de seguridad, reincorporación y protección de liderazgos a los territorios dejados por las FARC. Para 2022, el Instituto Kroc registraba que solo el 30 % de las disposiciones del Acuerdo estaban completas, mientras el 37 % seguía en avance mínimo y el 15 % no había iniciado. Esa brecha tuvo efectos concretos: los antiguos corredores de las FARC no fueron ocupados por un Estado capaz de garantizar tierra, justicia, vías, salud, educación, sustitución y protección comunitaria, sino por una presencia intermitente que dejó espacio para el reacomodo de disidencias, ELN, estructuras narcoparamilitares y economías ilegales.

Entonces sí: caben muchas críticas sobre la Paz Total y es preciso hacerlas para que no se repitan los mismos errores. Pero no se puede aceptar que quienes defendieron o acompañaron el Gobierno de Iván Duque ahora se presenten como si no tuvieran ninguna responsabilidad histórica y como si la solución fuera regresar a la misma mezcla de guerra, abandono territorial y Estado ausente.

Ahí está la contradicción: Abelardo de la Espriella promete más seguridad mientras propone reducir drásticamente el Estado.

Ha planteado pasar de 19 a 10 ministerios y ha hablado de eliminar cientos de miles de cargos y contratos. La promesa puede sonar atractiva porque conecta con un malestar acumulado frente a problemas históricos del Estado colombiano: corrupción, clientelismo, contratos sin justificación clara y uso burocrático de algunas entidades. Ese malestar es legítimo, pero la propuesta es más populista que realista: una cosa es depurar el Estado y otra muy distinta es debilitar las instituciones que sostienen la vida cotidiana en los territorios, en un país atravesado por guerras híbridas, economías ilegales, crisis humanitarias, pobreza rural, reclutamiento, extorsión, trata de personas y violencia contra liderazgos sociales.

Si se reduce el Estado sin explicar con precisión qué funciones se mantienen, cómo se financian y quién llega a los territorios, no solo se recorta "gasto burocrático", se recorta presencia estatal.

Y en Colombia los vacíos no quedan vacíos: los ocupan los grupos armados, las bandas, las redes de narcotráfico, los poderes locales corruptos y las economías ilegales.

La fórmula de "más bala" no es nueva. Colombia la probó durante décadas. Las guerrillas fueron debilitadas, replegadas y golpeadas militarmente en distintos momentos, pero el Estado nunca logró cerrar el conflicto por la vía de una victoria total. Incluso con las FARC —la guerrilla más grande del país—, el cierre del ciclo armado no llegó por una victoria militar total del Estado, sino por una negociación política que terminó en el Acuerdo Final de 2016.

Eso no significa renunciar al uso legítimo de la fuerza. Significa entender sus límites. La Fuerza Pública puede contener y golpear estructuras, pero no reemplaza la escuela, la justicia ni la presencia civil del Estado.

Otro eje de esa propuesta son las megacárceles. Construir más cárceles puede sonar contundente, pero resulta profundamente limitado si no se enfrentan las condiciones estructurales que empujan a muchas personas hacia economías ilegales, bandas o redes criminales: pobreza, exclusión educativa, falta de oportunidades y territorios donde el Estado llega tarde o no llega. Además, es carísimo; no solo hay que construirlas, también dotarlas, vigilarlas, alimentarlas, mantenerlas y sostenerlas durante años. Una nueva cárcel anunciada en Barrancabermeja fue estimada por el Ministerio de Justicia en $214.000 millones, y el CECOT salvadoreño costó al menos US$115 millones en construcción y equipamiento. Entonces, ¿tiene sentido gastar fortunas en encerrar más gente mientras se recortan las instituciones que podrían evitar que jóvenes terminen captados por economías ilegales o redes criminales?

Por eso la promesa de más cárcel, más bombardeos, fumigación de cultivos de uso ilícito y menos Estado social no es una novedad; todo lo contrario, es una formulilla vieja con empaque electoral. Puede producir golpes militares y resultados de corto plazo, pero no seguridad duradera si no va acompañada de instituciones que protejan, permanezcan y transformen las condiciones que reproducen la violencia.

El país debería aprovechar y profundizar el enfoque de seguridad humana que ya fue introducido en la política pública reciente. Ese giro representa un avance porque cambia la pregunta: ya no se trata solo de cuántos enemigos captura o neutraliza el Estado, sino de qué condiciones garantiza para que la gente pueda vivir sin miedo.

Pero ese enfoque debe aterrizarse. Si seguridad humana termina significando todo, corre el riesgo de no significar nada. Tiene que servir para decidir dónde llega primero el Estado, cómo se protege a la población civil, cómo se coordinan defensa, justicia, salud, educación y desarrollo rural, y cómo se evita que una operación militar deje a la comunidad otra vez sola.

También debe dialogar con la seguridad ciudadana. La violencia que afecta la vida diaria de millones de personas no siempre viene de una estructura armada nacional: muchas veces aparece como hurto, extorsión, amenazas desde cárceles, control de barrios, disputas entre bandas, violencia contra comerciantes, miedo en el transporte público o reclutamiento de jóvenes por redes criminales urbanas. Ignorar esa angustia cotidiana sería un error.

Colombia no necesita nostalgia autoritaria. Necesita un Estado capaz de prevenir, proteger, permanecer en el territorio, responder a la inseguridad cotidiana y defender la vida sin destruir la democracia.

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* Trabaja en la intersección entre derechos humanos, política pública, enfoque de género y construcción de paz. Maestrante en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz.