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GUERRAS Y EROSIÓN DEMOCRÁTOCA SO PRETEXTO DE SEGURIDAD NACIONAL PONEN EN CRISIS LA LIBERTAD ARTÍSTICA

Las guerras y la erosión de la democracia pusieron en crisis la libertad de expresión artística en 2025
El informe anual de la organización Freemuse señala que los ataques a la libertad de expresión artística se están instalando como señas de identidad de las políticas culturales en todo el mundo, bajo pretextos como la seguridad nacional en un contexto de guerra

David F. Sabadell

Jose Durán Rodríguez, @jduranr.bsky.social
elsaltodiario.com/20 abr 2026 13:25

La censura y la persecución de la expresión artística se han convertido en los últimos tiempos en elementos estructurales, no ocasionales ni puntuales, de las políticas de muchos países. Es la conclusión que extrae el informe The State of Artistic Freedom 2026, elaborado por la organización internacional Freemuse y presentado el sábado 18 de abril, que apunta a las guerras y al declive democrático como dos situaciones contemporáneas críticas que están facilitando los ataques a la libertad de creación y expresión.

Alfons Karabuda, vicepresidente de Freemuse, asegura que lo que han observado durante la elaboración de esta nueva edición del estudio es que, cada vez con mayor frecuencia, los ataques a la libertad artística ya no se limitan, en su mayoría, a casos aislados contra individuos u organizaciones, sino que “se están integrando en procesos políticos más amplios que afectan los cimientos de las sociedades democráticas”. Karabuda, quien espera que el informe sirva como una llamada de atención, precisa que “las leyes, las decisiones sobre financiación, la presión institucional y la intimidación pública” están reduciendo el espacio para la expresión artística en todos los ecosistemas culturales.

Según Sara Whyatt, autora principal del informe y directora de investigaciones en Freemuse, las violaciones documentadas en este trabajo corren el riesgo de volverse más difíciles de rastrear, dado que “los gobiernos de todo el mundo recurren cada vez más al nacionalismo, la religión y la retórica de seguridad para justificar la represión de artistas y activistas”. Whyatt señala que los instrumentos con los que se lleva a cabo esa represión son muy variados, desde leyes contra la protesta y vigilancia hasta la retirada de fondos y la reestructuración de instituciones culturales. Su efecto acumulativo, indica la autora, es la progresiva reducción del espacio para la libre expresión, algo que “es tan cierto en Estados democráticos como en autocracias declaradas”.

Entre noviembre de 2024 y finales de 2025, Freemuse registró 28 asesinatos de artistas en todo el mundo. Más de la mitad de ellos (15) eran músicos

Entre noviembre de 2024 y finales de 2025, Freemuse registró 28 asesinatos de artistas en todo el mundo. Más de la mitad de ellos (15) eran músicos, de los cuales todos menos dos fueron víctimas de bandas criminales en América, concretamente en México, Perú y Colombia. Los otros dos eran raperos atrapados en el conflicto de la República Democrática del Congo. Las guerras también causaron nueve muertes: cinco en Gaza, donde varios artistas murieron bajo bombardeos y se suman a las decenas de miles de fallecidos desde octubre de 2023, y cuatro en Irán, donde varios artistas murieron en ataques aéreos israelíes durante la llamada “Guerra de los Doce Días”. Desde Freemuse advierten que la cifra real de artistas asesinados podría ser considerablemente mayor, ya que determinar el número total de víctimas en medio de la incertidumbre de la guerra es extremadamente difícil, y es probable que la información que han recopilado sea solo parcial.

La guerra y el ocaso de la democracia

La nueva edición del informe pinta un panorama en el que se cruzan dos crisis simultáneas que han deteriorado gravemente la libertad de expresión artística: la guerra, que devasta los ecosistemas culturales y expone a artistas y trabajadores culturales a la violencia y la impunidad; y lo que desde Freemuse califican como “declive democrático”, que dota a los gobiernos de las herramientas legales e institucionales para reprimir las voces disidentes.

En ningún lugar, explica Whyatt, se manifiesta esto con tanta crudeza como en Gaza, donde los artistas “han continuado creando y resistiendo en medio del genocidio, el asedio, el desplazamiento masivo y la destrucción”. Exhiben obras hechas con cuadernos y bolsitas de té recicladas que aportan algo de color, escriben poesía que documenta el desplazamiento forzado e incluso transforman el sonido de los drones en música. En febrero de este año, la UNESCO publicó una evaluación preliminar de los daños que revela que más de 157 espacios culturales han sido dañados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

El arte visual de Mahmoud Alhaj ilustra la huella de la violencia de Israel en Palestina

Las violaciones por parte de Israel de las libertades de los artistas palestinos no se limitaron a la Franja de Gaza. Las detenciones de artistas palestinos en la Cisjordania ocupada y las redadas en instituciones palestinas en la Jerusalén Este ocupada evidencian, según Freemuse, una estrategia que ataca las voces e instituciones culturales palestinas para infundir miedo, silenciar la expresión y forzar la eliminación de la identidad cultural. En marzo de 2025, el cineasta palestino Hamdan Ballal fue golpeado por colonos israelíes en la zona de Masafer Yatta, en Cisjordania, en presencia de soldados israelíes, tan solo unos días después de haber ganado el Óscar por el documental No other land, que él mismo dirigió. La película documenta el activismo pacífico de la comunidad palestina en esta zona ocupada contra la violencia de los soldados israelíes y los colonos ilegales. Yuval Abraham, codirector israelí del documental, afirmó que Ballal fue golpeado por colonos israelíes y posteriormente sacado de una ambulancia por soldados. La indignación internacional en solidaridad con Ballal, cuyo ataque fue percibido como un acto de venganza por su película que denuncia la violencia de los colonos en Cisjordania, condujo a su liberación tres días después de su detención. En julio de 2025, Awdah Hathaleen, asistente palestino durante el rodaje de No other land, fue asesinado a tiros por un colono israelí en la aldea de Umm al-Khair, en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.

En marzo, la policía israelí allanó la Librería Educativa —un referente en Jerusalén Este para la venta de libros en árabe, hebreo e inglés— por “vender libros que incitaban al terrorismo”. Detuvieron a su copropietario, Imad Muna, de 61 años, y confiscaron 50 libros cuyas portadas mostraban la palabra “Palestina” o imágenes de la bandera palestina. Muna fue liberado 24 horas después y los libros fueron devueltos, tras la protesta de escritores, intelectuales y lectores de todo el mundo.

Ni hablar de Palestina

Si la edición previa del informe Freemuse alertó de que la censura sobre Gaza fue una de las principales amenazas a la libertad de expresión artística en 2024, especialmente en Alemania, en el nuevo estudio señalan que esa tendencia se ha acentuado y se centran en Reino Unido, donde “las instituciones culturales, si bien no se enfrentan a prohibiciones directas, han recurrido a la autocensura con el pretexto de evaluaciones de riesgos, políticas de neutralidad y razones de seguridad para cancelar o retirar obras relacionadas con Palestina”. El estudio menciona los casos de los músicos Bob Vylan y Kneecap, que han sufrido cancelaciones y acusaciones de terrorismo.

La Bienal de Venecia se ha convertido en un ejemplo de la creciente censura del arte relacionado con Palestina. La revocación de la invitación al artista libanés-australiano Khaled Sabsabi para representar a Australia en la Bienal de 2026 se produjo tras la presión del Senado australiano; una decisión que solo se revirtió después de la protesta de la comunidad artística y una ola de dimisiones de personal. A finales de diciembre, en Sudáfrica, el ministro de Cultura canceló el pabellón que la artista Gabrielle Goliath tenía previsto para la Bienal, tras oponerse a su homenaje a las mujeres y los niños palestinos asesinados en Gaza, calificando la obra de “sumamente divisiva”. Goliath ha iniciado acciones legales, argumentando que la cancelación fue inconstitucional.

Balas contra el arte

En Ucrania, en el cuarto año de guerra contra la invasión rusa, la UNESCO ha registrado más de 500 espacios culturales dañados o destruidos. Las fuerzas rusas no solo destruyeron instituciones culturales, sino que en algunos casos construyeron sus propios museos y centros culturales para presentar la versión de la historia y la guerra aprobada por el gobierno ruso. Un ejemplo de ello fue inaugurado en diciembre en Mariúpol, ciudad ucraniana ocupada por las fuerzas rusas desde 2022. Su nombre oficial es Pole Bitvy (Campo de Batalla). En sus exposiciones, glorifica la actual invasión a gran escala.

Además, Freemuse señala que los artistas rusos que critican la guerra se enfrentan a la detención, el enjuiciamiento y el exilio. En septiembre, cinco miembros exiliadas de Pussy Riot fueron condenadas en rebeldía a penas de prisión de hasta 13 años por difundir “información falsa” sobre el ejército ruso durante sus protestas y actuaciones contra la guerra. En diciembre, un tribunal de Moscú dictaminó que Pussy Riot debía ser considerada una organización extremista, por lo que cualquier vinculación con el colectivo puede llevar a la persecución.

La guerra entre Irán e Israel de junio de 2025 intensificó la represión contra los artistas bajo el pretexto de la seguridad nacional. Artistas pertenecientes a minorías y disidentes, en particular kurdos, bahá'ís y raperos, fueron arrestados, obligados a confesar y acusados ​​de “colaboración con el enemigo”. Al finalizar el año, la situación empeoró drásticamente: las protestas contra el régimen fueron reprimidas con violencia letal, y miles de personas murieron a manos de la Guardia Revolucionaria en enero de 2026, entre ellas artistas.

Según Freemuse, el panorama cultural de Irán en 2025 estuvo definido por la confluencia de dos fuerzas decisivas: la continuación de la revolución en la construcción del movimiento Mujer, Vida, Libertad, con una resistencia expresada a través de la politización de los cuerpos, las voces y la creatividad de las mujeres, y la Guerra de los Doce Días, que reinstauró la lógica de la seguridad nacional en el centro de la política y la represión.

Las mujeres cantantes, el incumplimiento del código de vestimenta obligatorio, la filmación sin licencia, la poesía, el rap, el trabajo documental e incluso la decisión de permanecer en Irán a pesar de la persecución se consideran actos políticos. “El Estado busca el control mediante herramientas legales, de seguridad y narrativas, mientras que la comunidad artística responde con desobediencia creativa”, se lee en el informe, que señala que la guerra de junio acentuó estas dinámicas. Los artistas pertenecientes a minorías y los disidentes se enfrentan a graves acusaciones como “propaganda contra el Estado”, “colaboración con enemigos” o incluso “rebelión”, lo que borra los límites entre la actividad cultural y los delitos contra la seguridad. Las acusaciones de rebelión contra activistas culturales, que conllevan la pena de muerte, se han utilizado como excusa para ir más allá de la mera censura.

En Sudán se ha informado del asesinato de más de 50 artistas desde que estalló la guerra en abril de 2023, y museos, teatros y bibliotecas públicas han resultado dañados o destruidos. Incluso quienes han huido no están a salvo de sus perseguidores, y se enfrentan a diversas formas de represión transnacional, incluyendo amenazas e intimidación dirigidas contra ellos y, en algunos casos, contra sus familias en sus países de origen.

Una ofensiva legal contra la creación

El nuevo informe de Freemuse documenta cómo leyes supuestamente diseñadas para proteger el orden público, la moral o la seguridad nacional se están utilizando en todo el mundo como instrumentos de control contra los artistas. Esta guerra jurídica —la instrumentalización de los marcos legales para silenciar la disidencia creativa— suele basarse en conceptos vagos como “contenido obsceno”, “letras degradantes” o “incitación al delito”. La ambigüedad, denuncian desde la organización, permite a las autoridades aplicar la legislación de forma selectiva y arbitraria contra aquellos a quienes desean silenciar. “La ley puede convertirse no en una protección para los artistas, sino en un arma utilizada contra ellos. Esta falta de claridad se hace especialmente patente en el uso de la legislación antiterrorista contra los artistas en países como Turquía, Myanmar, Irán y el Reino Unido”, precisa el estudio.

Tras el impacto inicial de las medidas de Trump, el sector cultural estadounidense ha comenzado a resistir mediante litigios, movilizaciones, la formación de coaliciones e incluso el rechazo total de la financiación federal

En cuanto a la libertad de expresión artística en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, en Freemuse consideran que una serie de decretos ejecutivos y medidas políticas firmadas por el presidente “han tenido un efecto profundamente inquietante en las instituciones culturales estadounidenses”. Los avances sociales en materia de diversidad e inclusión se están revirtiendo por decreto, mientras que las principales agencias culturales nacionales se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro, con su personal reducido y sus operaciones de concesión de subvenciones sumidas en el caos bajo la presión de cumplir con los requisitos de la Administración. Tras el impacto inicial, señalan en Freemuse, el sector cultural estadounidense ha comenzado a resistir mediante litigios, movilizaciones, la formación de coaliciones e incluso el rechazo total de la financiación federal.

En 2025, artistas y trabajadores culturales de América Latina siguieron sufriendo restricciones a su derecho a crear, expresarse y moverse libremente. Los intentos por controlar las narrativas, ejercer autoridad sobre el territorio y el espacio público, e imponer marcos morales o políticos dominantes continuaron determinando quién puede hablar, qué se puede decir y bajo qué condiciones. Esto refleja una “preocupante continuidad”, valoran en Freemuse, en la que las violaciones se repiten año tras año, normalizando “la censura, el acoso y los ataques contra quienes expresan opiniones disidentes o disruptivas”. Para la organización, resulta “particularmente alarmante” la violencia persistente contra los artistas de la música popular, “quienes siguen enfrentándose a amenazas y asesinatos en un contexto de impunidad estructural e insuficiente protección estatal”.

El estudio indica que la libertad artística en América Latina sigue marcada por “patrones de restricción persistentes y superpuestos”, entre los que figuran “agendas conservadoras y moralizantes que legitiman la censura desde posiciones de poder, contextos marcados por la violencia criminal y el control territorial que exponen a los artistas a la intimidación y al riesgo de muerte, con escasa protección estatal”.

Las convulsiones políticas de 2025 el Sur de Asia, desde la ansiedad postelectoral en India hasta el levantamiento de la Generación Z en Nepal, la guerra entre India y Pakistán y las crecientes crisis económicas y ambientales de Sri Lanka, han creado un clima de profunda incertidumbre en toda la región. Unas turbulencias que también han afectado al trabajo artístico. Con 34 casos de violaciones a la libertad artística documentados por Freemuse, sumados a numerosos casos no documentados de autocensura y varias disputas legales en curso entre artistas, profesionales creativos y organismos gubernamentales, 2025 fue “un año decisivo para el ecosistema creativo y cultural del sur de Asia, un año en el que la libertad artística y los derechos culturales se han visto cada vez más amenazados, revelando la fragilidad de estas libertades ante la creciente presión política, social y económica”.

Según Freemuse, la erosión de la libertad artística en el sur de Asia se ve agravada por la reducción de los espacios físicos e institucionales donde los artistas crean, colaboran y presentan su trabajo. “Las restricciones a la financiación extranjera, las regulaciones de seguridad nacional y los controles burocráticos han ejercido una presión considerable sobre la infraestructura cultural”, se lee en el informe, que apunta que muchas instituciones han sufrido recortes presupuestarios severos, retrasos en la aprobación de subvenciones o la cancelación directa de programas culturales a largo plazo. “Estas restricciones financieras suelen funcionar como mecanismos indirectos de censura, limitando la capacidad de las entidades culturales para sostener proyectos críticos, experimentales o con compromiso político”, valoran en Freemuse, donde también entienden que existe un número creciente de actores y organizaciones culturales en el sur de Asia cuyas actividades son restringidas y monitoreadas por sus gobiernos mediante la aplicación de leyes que regulan la participación de agentes extranjeros o contribuciones extranjeras.

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