Nadie ha dicho que los cambios sean fáciles y tranquilos, o que la élite esté resignada. La posibilidad de un golpe contra el presidente puede ser cada vez más fuerte si no se le rodea con decisión. He ahí la contribución de quienes trabajamos por un país mejor.
Fernando Valencia Rivera
Asesor Corporación Viva la Ciudadanía
Nos han inculcado el temor al cambio y preparado para permanecer en el malestar. Miedo y resignación han sido la fórmula perfecta para mantenernos apegados a la defensa de unas supuestas certezas, que finalmente representan el bienestar de unos pocos. Nos cuesta asumir lo nuevo, nos da vértigo la incertidumbre, aun sabiendo que en muchos casos la permanencia no dependerá de nuestra voluntad.
No en vano se experimenta algún desacomodo cuando el país se sacude al ritmo de una agenda tan disruptiva como la propuesta por el gobierno del Pacto Histórico, con medidas de confrontación al modelo económico y político, con acciones de verdad y justicia que tocan las fibras más sensibles del poder tradicional y con planteamientos de relacionamiento internacional que desafían la lógica colonialista.
En poco más de un año tenemos un proyecto de reforma laboral que no le apunta a la flexibilización contractual (sofisma de precarización), sino a la garantía de derechos para los trabajadores; otros dos sobre aseguramiento social (salud y pensiones), que no se dirigen a profundizar su tratamiento como negocio sino como derechos; y varias propuestas enfocadas en recuperar lo público, en fortalecer el papel del Estado en la regulación de la economía, en dotarlo de herramientas para garantizar la buena prestación de los servicios públicos y producir riqueza colectiva.
También se ha iniciado la transformación del modelo productivo, con medidas tendientes a superar el extractivismo y producir desarrollo industrial, transitar hacia energías limpias, incorporar el sector rural a la economía y reconocer a la población campesina. No solo se ha logrado aprobar el Tratado de Escazú, el campesinado como sujeto de derechos y la jurisdicción agraria, sino también medidas en el PND para darle importancia estratégica en el ordenamiento territorial al ambiente y a la producción de alimentos. El gobierno viene planteando reformas a la política minero-energética, el fortalecimiento de Ecopetrol y la creación de una empresa pública de minerales; pero tal vez nada le asusta tanto a los dueños del poder como los propósitos de recuperar la soberanía estatal en este sector y de convertir a la petrolera en una potente generadora que impacte las condiciones del mercado y la tarifa final al consumidor.
En el contexto internacional promueve alianzas entre los países subdesarrollados para cambiar oferta ambiental por deuda y ha posicionado una nueva agenda antinarcóticos, donde la centralidad deja de estar en la persecución a los consumidores y cultivadores, y pasa a la persecución de las mafias, la inclusión económica y la atención en salud pública.
Por otro lado, a medida que avanza el tiempo se revela la forma como se ha constituido un régimen de favorecimientos e impunidad, de componendas corruptas para favorecer los intereses de los más poderosos. La JEP se aproxima a los máximos responsables de los crímenes de Estado, y la CEV devela la compleja urdimbre de la barbarie desatada contra humildes personas en defensa de la propiedad privada y el poder político.
También hemos venido entendiendo cómo se confabulan las empresas del sector energético en la CREG para dominar el mercado y la tarifa, para maximizar sus ganancias trasladando los riesgos y costos a los consumidores; cómo se beneficia del Fondo Nacional del Café, del trabajo campesino, una élite que se reparte beneficios y prebendas en la Federación de Cafeteros; cómo las EPS pagan de manera anticipada a sus propias empresas y a las de sus jefes políticos, mientras arruinan a los hospitales públicos y dejan morir a sus pacientes; cómo los fondos de pensiones especulan y se enriquecen con los cuantiosos recursos recaudados, mientras que sus afiliados buscan trasladarse a Colpensiones espantados por la precariedad de lo que llegan a obtener; y cómo las cajas de compensación familiar han acumulado una cuantiosa fortuna privada por cuenta de invertir menos en el bienestar de sus afiliados.
Tener un gobierno que no se debe a los tradicionales jefes ha servido para develar algunas prácticas corruptas o por lo menos cuestionables, como la de los partidos políticos que han querido hundir las reformas sociales mediante argucias de ausentismo e impedimentos; recusaciones, comisiones y aplazamientos, pero que al final tendrán que llegar a dar su voto uno a uno, asumiendo lo que son: defensores de los intereses privados de las EPS, las multinacionales y los bancos.
También ha servido para develar el perverso mecanismo de estrangulamiento constituido por la fiscalía, la procuraduría y los demás organismos de control; un terrorífico torniquete que sirve para aprisionar hasta la muerte o para lavar las manchas impunemente, de manera selectiva, dependiendo del sujeto y los acuerdos logrados. Esto no es evidente solo en el caso Odebrecht y la historia de corrupción, sino también en el de los falsos positivos y toda esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos; aunque tal vez el caso estrella sería el del expresidente Uribe: ¿quién más podría gozar de toda una fiscalía trabajando en su favor, dispuesta a desafiar a la propia corte suprema reclamando una preclusión contraria a toda evidencia de responsabilidad? Claro que cada día hay más por ver, y ahora resulta que esta importante institución también encubre a supuestos criminales y obstaculiza las investigaciones en un grave caso que compromete la vida del hoy presidente, como ha trascendido en el caso de la banda La Cordillera.
Nadie ha dicho que estos cambios sean fáciles y tranquilos, o que la élite esté resignada con que se nombre una nueva fiscal general que goce de independencia; que los empresarios asistan pasivamente al fortalecimiento del poder público y las empresas estatales, o que los partidos políticos y funcionarios expongan los privilegios obtenidos por años de un servicio fletado. La posibilidad de un golpe contra el presidente puede ser cada vez más fuerte si no se le rodea con decisión. He ahí la contribución de quienes trabajamos por un país mejor.
Edición 845 – Semana del 7 al 13 de octubre de 2023
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