En Colombia existe hoy una crisis generalizada y estructural de la educación superior, que es evidente en al menos cuatro aspectos que están relacionados entre sí
Praxis - Trochando sin fronteras
1. Introducción
El fundamento de la educación en la sociedad actual se encuentra cercenado y determinado por las relaciones capitalistas de producción. Las burguesías nacionales y mundiales han promovido desde hace siglos sistemas educativos funcionales al orden imperante, y al diseñar políticas e instituciones educativas que responden a sus propósitos, han ignorado las necesidades de las mayorías trabajadoras. Esta tendencia se ha agravado en las últimas cuatro décadas, donde la educación como parte de los Bienes de Consumo Colectivo (BCC) se ha convertido en un espacio propicio para ampliar el mercado, y por medio de la privatización, su acceso se limitó a una relación de compraventa, en detrimento de su valor esencial para la vida y dignidad humana.
Hoy, la crisis económica ha rebrotado de manera generalizada y estructural, golpeando al modelo educativo en su conjunto, y de manera particular a la educación superior en el país. Tal situación, profundiza el hecho de que la educación que reciben los hijos de la burguesía tiene por objetivo el liderar y administrar el Estado y las empresas, mientras que la que reciben los hijos de la clase trabajadora, está determinada por las capacidades que requiere el capital para explotar la mano de obra. En tal sentido, es imposible pensar la educación fuera de las relaciones sociales de producción.
2. Apuntes de diagnóstico
En Colombia existe hoy una crisis generalizada y estructural de la educación superior, que es evidente en al menos cuatro aspectos que están relacionados entre sí:
I) un bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico relacionado con la desestructuración del aparato productivo nacional, la desindustrialización y la dependencia de la economía colombiana en el orden capitalista;
II) el desempleo e informalidad para los profesionales que conlleva a la migración de mano de obra cualificada;
III) una ampliación de la brecha de acceso que reproduce las desigualdades y la pobreza a la que están sometidas las mayorías;
IV) la desfinanciación, privatización y pérdida de autonomía, situación que ha sido la base de amplias movilizaciones que han caracterizado al movimiento estudiantil en los últimos años.
I) Bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico relacionado con la desestructuración del aparato produc-tivo nacional, la desindustrialización y la dependencia de la economía colombiana en el orden capitalista.
En ediciones anteriores de la Revista Proletaria, en las que se ha abordado el problema de la producción, industria y empleo, se ha enfatizado en la reversión de la estructura productiva, manifiesta en la pérdida de dinamismo y peso del motor de desarrollo capitalista: la industria. De igual forma, se ha hecho mención al retroceso productivo del país hacia esferas primarias.
El presente artículo pretende abordar este problema de cara al actual periodo de gobierno, por lo que iniciará exponiendo a modo de diagnóstico el fracaso del modelo de la educación superior en Colombia, posteriormente planteará el contexto del debate actual, haciendo alusión a las propuestas del gobierno Petro y los matices del debate al interior del movimiento educativo; y finalmente, expondrá elementos de propuesta frente al problema, teniendo en cuenta los dos apartados antecedentes.
La tendencia de la producción a orientarse hacia la industria minero-energética, la construcción, la agricultura, y servicios, ha conllevado a que el modelo de educación superior se vuelque cada vez más a la cualificación de mano de obra barata mediada por una formación técnica y tecnológica, con prácticamente una nula cualificación para el desarrollo de ciencia y tecnología.
Esto se refleja en la poca inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, que no llega ni al 1% del PIB. A 2021, la inversión en Investigación y Desarrollo, más conocida como I+D, fue cercana a los 3,3 billones de pesos, de los cuales 1,9 fueron invertidos por las empresas del sector privado y 1,3 por las Instituciones de Educación Superior, que a la fecha son un total de 316 de las cuales 250 son privadas y 66 públicas.
II) el desempleo e informalidad para los profesionales que conlleva a la migración de mano de obra cualificada;
El desempleo real en la actualidad es cercano al 70%, al juntar el desempleo que para febrero de 2023 fue de 11, 4%, y la informalidad laboral, que en el trimestre de diciembre
– febrero de 2023 fue del 58%. Aquel desempleo estructural y el ejército de reserva de mano de obra agudiza la posibilidad de explotación laboral, pocas condiciones dignas de los trabajadores y trabajadoras, y crea una batalla por los pocos empleos que existen, implicando también efectos ideológicos, al pensar que el obtener empleo, aún en precarias condiciones, es un logro dado por el empleador.
Tal escenario no permite la absorción de mano de obra cualificada existente, hoy del total de los egresados de las IES, el 25% no se encuentran adscritos al sistema laboral formal. Lo anterior lleva a que por un lado muchos bachilleres no deseen ingresar a la educación universitaria y prefieran una educación para el trabajo rápida, que aporta menos elementos para comprender la sociedad pero que ofrece mayor inmediatez de empleo e ingreso, y por otro, que los egresados más preparados busquen migrar fuera del país buscando mejorar sus ingresos. La emigración de los profesionales más preparados se suma al hecho de que el mayor porcentaje de quienes abandonan el país sean jóvenes entre los 18 y 29 años, es decir, población que se encuentra en plena capacidad laboral.
III) una ampliación de la brecha de acceso que reproduce las desigualdades y la pobreza a la que están sometidas las mayorías;
Siguiendo los datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, cada año se gradúan 450.000 bachilleres en Colombia, de los cuales sólo 39,7% accede a formación superior. De ese total que ingresan, el 80% de los estudiantes de estrato 5 y 6 acceden a formación profesional universitaria y un 20% a técnica y tecnológica, mientras que para los estudiantes de estrato 1 y 2, los porcentajes son del 55% y el 45% correspondientemente. Ahora bien, de ese total de estudiantes que ingresan, la deserción que es del 46%, está particularmente afincada en estratos 1, 2 y 3 dónde la cifra sube hasta un 70%, debido a condiciones desiguales que deben asumir los estudiantes y las familias obreras durante su proceso de formación. Finalmente, del total de graduados de los estratos 1, 2 y 3, solo el 43% lo son de IES públicas y la mayor parte de ellos corresponden a los egresados del SENA, mostrando así el fortalecimiento que ha tenido el carácter técnico y tecnológico hacia los profesionales.
En cuanto a los niveles de ingreso económico, nos encontramos entonces con que el quintil de mayor ingreso (Q6) asiste en más del doble a la educación superior en comparación con el quintil de menor ingreso del país (Q1). Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), para 2018 tan solo el 32,5 % de la población de 17 a 21 años ubicada en los dos primeros quintiles de ingreso se encontraba asistiendo a educación, mientras que para aquellos ubicados en el último quintil esta cifra llega al 68,2 %, evidenciando que a mayor ingreso mayor será la posibilidad de acceder al sistema educativo.
Las brechas de acceso también se observan en la diferencia de oferta pública en las regiones, en particular para el centro oriente de Colombia, hoy existen departamentos que siguen careciendo de una IES pública, caso de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. El departamento del Casanare hasta hace muy poco se sumaba a esta lista, pero hoy cuenta con la UniTrópico que pasó a ser de carácter público en 2020, de otro lado, la sede de la Universidad Nacional en Arauca, es bastante limitada en tanto el 100% de la actividad académica de los admitidos no se desarrolla allí y tienen luego que migrar a las sedes centrales.
IV) la desfinanciación, privatización y pérdida de autonomía, situación que ha sido la base de amplias movilizaciones que han caracterizado al movimiento estudiantil en los últimos años.
Otro de los aspectos es que los recursos del presupuesto nacional que son destinados para educación superior son insuficientes y están determinados por la lógica privatizadora que impera con el resto de BCC. Existen en el país dos mecanismos centrales de financiación, uno centrado en la oferta, referido a los aportes que hace el Estado para el cumplimiento de funciones misionales de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, y otro, basado en la demanda, que subsidia de manera particular el acceso y permanencia de estudiantes vía subsidios públicos, forma bajo la cual se financia el proceso educativo de un número de estudiantes en particular, ya sea vía beca o crédito condonable, lo que en parte ha fortalecido el presupuesto de las IES privadas.
La financiación a la oferta se realiza en relación a las transferencias establecidas por la Ley 30 de 1992 o Ley General de Educación, particularmente los artículos 86 y 87 donde se especifica el incremento del presupuesto y la cantidad necesaria para el funcionamiento en relación al objetivo misional. Sin embargo, desde 1993 la cobertura ha aumentado en un 250%, pero el presupuesto solo ha crecido en un 150%, esto en tanto el incremento de la financiación se ha dado en relación a la inflación y no en relación al crecimiento de las universidades. En consecuencia, el déficit acumulado durante los últimos 30 años en las universidades públicas es de 18,3 billones de pesos al 2018, a lo que hoy ya puede superar los 20 billones.
Otra forma de financiar la educación superior ha sido por medio de la generación de fondos concursables, en donde se obligan a las IES a cumplir con ciertos lineamientos en relación a la producción de conocimiento, a fin de conseguir recursos que les han sido negados. Al respecto cabe mencionar que no todas las IES cuentan con la capacidad para presentarse a estos fondos, particularmente las que tienen un carácter regional, pero además,dicha financiación comúnmente está anclada a los intereses del sector privado, lo que implica evidentemente una pérdida de la autonomía universitaria.
En conclusión, en Colombia se ha consolidado un sistema de educación superior de carácter elitista, que no solo impide el desarrollo de fuerzas productivas para el apalancamiento de la estructura productiva nacional, de forma que a lo menos hiciera posible un proceso productivista y desarrollista de orden burgués, sino que, además, cierra el paso a que las mayorías que financian este sistema, que son familias de la clase trabajadora , puedan ingresar a las IES públicas. Como si fuera poco, cuando los jóvenes de clase popular ingresan a las universidades, tienen una alta posibilidad de deserción y posteriormente de encontrarse en situación de desempleo. Tal escenario es muestra de la crisis ya enunciada y de la necesidad de transformar estructuralmente el proyecto educativo en el país.
3. Gobierno Petro frente a la política de educación superior, una mirada reducida de la crisis
Durante la campaña a la presidencia el programa de gobierno proyectó una política de educación superior bajo el lema: Educación superior universal, gratuita y de calidad a toda la juventud. Los elementos más importantes se ubicaron en el componente de Jóvenes con derechos liderando las transformaciones para la vida, privilegiando los siguientes planteamientos:
●Los grados 10 y 11, se convertirán en la puerta de entrada y de tránsito real a la universidad, al SENA, las Normales, los centros técnicos y tecnológicos.
●Educación superior pública, gratuita y de calidad: toda la juventud tendrá progresivamente acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles. Creación de un sistema nacional de educación superior a través del cual se fortalecerá la red de universidades públicas, el SENA y los colegios de educación media-ampliando cobertura, acceso, permanencia, calidad y pertinencia- la investigación y la extensión social articulados entre sí y con el sistema de Ciencia y Tecnología.
●Elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo en particular para la educación superior, ampliar y mejorar la infraestructura, la conectividad, fortalecer las condiciones de formación, actualización y trabajo del personal docente, la matrícula gratuita, el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil y de protección social de las familias soporte de los estudiantes a través de políticas intersectoriales, así como la ampliación, diversificación y creación de nuevas universidades, sedes y programas en todo el territorio nacional con participación y pertinencia regional y sociocultural.
●Transformación de la lógica bancaria del ICETEX y creación de un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios. El ICETEX se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior.
Pasada la contienda electoral, Petro anunció como Ministro de Educación a Alejandro Gaviria, exministro de salud de Santos, exrector de la Universidad de los Andes, y un defensor de las políticas neoliberales en el país. Gaviria en varias alocuciones planteó la necesidad de reformar la Ley 30 de forma integral, sin embargo, su retórica se fue diluyendo y minimizando bajo el propósito de generar un mayor acceso a nuevos estudiantes en este cuatrienio. Esta meta sigue siendo el estandarte central y se impulsa a través de cinco ejes: la consolidación de la política de gratuidad, la regionalización de la oferta de las universidades públicas, un plan de infraestructura educativa universitaria, una reforma de aseguramiento a la calidad y una al ICETEX; que estará acompañada por la presentación de la Reforma a la Ley 30 de 1992. (Min educación, 2023)
Los avances del gobierno se han centrado en dos vías. La primera, planteada en una reforma integral a la ley 30. Esta iniciativa avanzó en el marco del proyecto de Ley 84 de 2022 presentado en la Cámara de Representantes en julio 2022, reduciendo el debate a los artículos 86 y 87, que son precisamente los que determinan el esquema de financiación de las universidades. Dicho proceso de formulación se realizó entre el Ministerio de Educación, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y varios congresistas, dejando nuevamente de lado a los estudiantes y profesores, que de manera contundente han impulsado hace varias décadas una reforma integral en las calles. Debido a las inconformidades expresadas por el movimiento social del sector educativo se crea en noviembre de 2022 una mesa denominada “comisión de reforma a la ley 30 de 1992” espacio que reunió a algunas organizaciones de docentes, estudiantes y trabajadores, a varios congresistas, rectores y al Ministerio de Educación. Sin embargo, varias organizaciones, fueron críticas y exigieron la ampliación del debate hacia una reforma integral a la ley 30, reivindicación que hoy sigue pendiente.
Sin embargo, durante el último mes y en el marco de nuevas tensiones del gobierno, Petro ha hecho un llamamiento para avanzar en una Reforma Integral a la ley 30 con un carácter más abarcativo, la cual presentará el próximo 20 de julio.
En correspondencia, el Ministerio de Educación ha llamado a un gran espacio o convención de estudiantes y a diversos mesas regionales antes de esa fecha, escenarios en los cuales espera recoger insumos y perspectivas de lo que debería ser aquella Reforma Integral. Si se llegara a dar dicho espacio, es importante que el movimiento estudiantil pueda profundizar la propuesta del gobierno, abarcando elementos estructu-rantes que superen el debate puntual de los artículos 86 y 87 y que propendan por una Nueva Ley Orgánica de Educación en el marco de un Nuevo Proyecto Educativo Nacional, tal como se expondrá más adelante.
La otra vía se encuentra en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, donde el principal interés en educación superior se expresa en la ampliación de cobertura de 500.000 nuevos cupos, proponiendo también la gratuidad progresiva, la priorización de la educación en zonas rurales para el cierre de brechas regionales, principalmente en los territorios vulnerables y los territorios PDET, pasando de una tasa de tránsito inmediato a educación superior del 23,9% al 26% en zonas rurales. De igual manera, se propone el aumento presupuestal, y varios elementos que plantean políticas de acceso y permanencia con perspectiva de género. En el plan plurianual de inversiones se incluyeron proyectos de infraestructura Universitaria en el Catatumbo, Arauca (Tame), Bogotá (Policampus y ampliación infraestructura Universidad Pedagógica y Universidad Nacional), Soacha, Casanare, Cauca (Guapi, la Vega y sede UAIIN[ Universidad Autónoma Indígena Intercultural]), una seccional del pacífico y proyectos en suroriente de pasto, sedes Tumaco, Barbacoas y Unión de la Universidad de Nariño, educación superior en el campo (sin mayor detalle) y sur del Tolima, el fortalecimiento de la planta física en la Universidad de Antioquia, proyectos en el Sur de Bolívar, sede de la Universidad de la Amazonia (Caquetá y Puerto Asís), proyecto Sede
Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) Subre-gión Medio Baudó y San Juan, proyecto en la sede chiquinquirá de la UPTC, sede de los Llanos (Granada), ciudadela uni-versitaria en el Bajo putumayo, proyectos sede Málaga (UIS), Universidad de la Mojana (Sucre), Sede Univalle en Tulua y Universidad del distrito de Agua Blanca. Algunas planteadas como sedes universitarias nuevas, y otras como fortalecimiento de sedes existentes.
Se busca en el PND mantener un sistema de educación para el trabajo y desarrollo humano, basados en calidad y pertinencia, con la intención de modificar el sistema nacional de cualificación (SNC) y ajustar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior para mejorar la gestión en términos de otorgamiento de los registros calificados, la acreditación en alta calidad y el proceso de convalidación de títulos, esto para relacionar los perfiles profesionales con la oferta laboral, los cuales hay que mirar con lupa, en tanto son aspectos que históricamente han vulnerado la autonomía universitaria y que no tienen en cuenta el poco desarrollo productivo y de generación de empleo estable a nivel nacional. También se describe la creación de un ecosistema de educación superior pública que tenga vínculos con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la reforma al ICETEX que busca acabar con su perspectiva bancaria, dando algunos alivios, pero manteniendo muchas líneas y esencia de la entidad para el endeudamiento, dos elementos fundamentales y que dependiendo del grado de implementación que logren, pueden allanar un camino que solvente algunos elementos de la crisis ya expuestos.
Así como se reconocen algunos de los avances proyectados, es necesario subrayar propuestas que preocupan, tales como la figura de pasantes de estudiantes universitarios y normalistas para apoyar formación de preescolar, básica y secundaria en territorios, ya que esto quitaría el rol importante del fortalecimiento del magisterio colombiano y de condiciones laborales dignas para el desarrollo de la docencia; la propuesta de generar mecanismos que permitan la verificación y toma de decisiones en materia de imposición de medidas preventivas y/o de vigilancia especial a todas las IES del país, la cual de mantenerse la ley de inspección y vigilancia dada en la ley 30, es básicamente continuar con una intromisión del Estado sin dar solución a problemas como la corrupción y el clientelismo, y por el contrario quizá, agudizar la crisis.
Preocupa el interés de este gobierno de centrar la política educativa en el acceso, y bajo mecanismos de subsidio a la demanda, y no como inicialmente se planteó para fortalecer directamente el sistema público. De tal forma, los 500 mil cupos, según el presidente del SUE, serán cubiertos de la siguiente manera: 125 mil por las Universidad públicas, 125 mil las Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, y los otros 250 mil por IES privadas, de nuevo entonces se fortalecerá un sistema mixto con desviación de recursos a entidades privadas.
Como se observa, los elementos consignados en el PND respecto a educación superior, se enfocan en aumento de cobertura, en fortalecer el sistema de educación terciaria, en profundizar la relación oferta laboral y educación, pero bajo esquemas todavía lejanos a la organización y propuesta popular; en la aprobación del PND se incluyó un nuevo artículo en donde se plantea la Reforma Integral a la Ley 30, situación que ha generado gran expectativa frente a la urgencia de transformar el proyecto educativo, así como una profundización de las reformas, demandas expresadas en recientes movilizaciones como la del 28 de abril.
En conclusión, durante este último mes el gobierno ha dado pistas y generado expectativas frente a la posible Reforma Integral de la Ley 30, pero los tiempos y escenarios de carácter participativo para el movimiento estudiantil son limitados y apretados, si se espera tener el proyecto a la fecha prometida. Cabe mencionar que el PND ha puesto en el centro de su política la ampliación en 500 mil nuevos cupos, al mejor estilo de los anteriores gobiernos. Esta situación es similar a otras reformas-Petro, que se vienen simplificando y reduciendo debido a las presiones del capital, tendiendo a cambios mínimos y populistas. En tal sentido, es necesario ampliar la construcción y organización democrática con los sectores populares que han luchado durante décadas por educación pública, gratuita, de calidad y con condiciones laborales dignas, a quienes es necesario que el gobierno incorpore en la discusión.
4. Hacia un Nuevo Proyecto Educativo Nacional para una nueva sociedad
Entendiendo que existe en el país una crisis estructural y un proyecto educativo que fracasó, es necesario que los sectores populares podamos caminar en la construcción política que profundice y amplíe en el actual momento el debate respecto a la educación, por ello hemos de avanzar por un Nuevo Proyecto Educativo Nacional que permita superar la actual crisis de la educación en Colombia. Una nueva educación popular enfocada a cualificar el ejercicio político de las mayorías y que aporte a la transformación de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Para ello es importante entender que la educación superior se relaciona con la sociedad de múltiples formas, con la formación de profesionales que se enfrentarán a la vida laboral, con el desarrollo de ciencia, tecnología y cultura, en donde todas las áreas del conocimiento puedan aportar en mejorar las condiciones sociales de la sociedad y los territorios; y principalmente, por medio de la investigación y creación, para generar una proyección social que acerque la educación a toda la sociedad.
Para lo anterior se proponen los siguientes ejes que permitan avanzar en aquel nuevo proyecto educativo: I) Fortalecimiento de la relación entre el sistema educativo, productivo y de ciencia, tecnología y cultura. II) Reforma Integral a ley 30 de 1992. III) Nueva política Nacional de educación superior anclada a una Economía de Fondos Públicos.
I. Se debe propender por viabilizar apuestas que se encaminen en la transformación del modelo de producción, por el desarrollo de una economía soberana y de las fuerzas productivas. Es importante que exista en el país trabajo socialmente sostenible, productivo y soberano que permitan el desarrollo de los territorios y la sociedad. En esta meta, es fundamental cambiar la dependencia económica y el poco desarrollo de ciencia, tecnología y cultura. Las IES públicas deben ser el centro del desarrollo científico, cumpliendo desde la investigación y creación esta función social que acerque la educación superior con el desarrollo productivo del país, que no solo favorezca la generación de empleo digno sino nuevas formas de relacionamiento comunitario y humanista. Este papel de la educación tiene que ir de la mano con la imperiosa necesidad de la generación de nuevas relaciones socioculturales y de sujetos íntegros y críticos que puedan aportar a las soluciones y necesidades de los territorios.
Para lo anterior es importante la garantía de fondos públicos para el desarrollo productivo del país y del campo de la ciencia, tecnología y la cultura, recursos que serán principalmente de manejo público y comunitario.
II. Una reforma integral a la ley 30 debe trastocar todos aquellos elementos que han generado la crisis actual de la educación superior, y al ser éstas múltiples, se debe construir una nueva ley que: conciba la educación como un derecho fundamental y bien común; contenga un nuevo enfoque hacia el relacionamiento con la sociedad; garantice la transición, el acceso y la permanencia a educación de toda la juventud a lo largo y ancho del país; fortalezca al sector público como garante del derecho a la educación; comprenda un gran sistema de bienestar educativo como componente integral de la formación académica; se apoye en la autonomía y democracia participativa y popular, con plena financiación por parte del Estado; y finalmente garantice el desarrollo de ciencia, tecnología y cultura.
En la perspectiva de construir sujetos íntegros, se debe garantizar y propender por la organización social y política dentro de las instituciones, así como una formación que permita el libre desarrollo del pensamiento crítico transformador, se busque la eliminación del patriarcado, el racismo, el fascismo y otras formas de dominación, exclusión, marginación, humillación y abuso social, no solo dentro de los actores de las Instituciones de cara a la formación de nuevas y nuevos sujetos y profesionales, sino también hacia la sociedad.
El nuevo proyecto y sistema educativo deben ser orientados por la clase trabajadora y los sectores populares, desde la formulación de los currículos, las líneas de investigación y los programas y proyectos de proyección social, que permitan enlazar la educación al horizonte estratégico hacia una nueva sociedad.
III. Se requiere de la reorientación del sistema nacional de educación, en particular de la educación superior, eslabonada en forma directa con la producción, por medio de un Sistema de Investigación y Desarrollo de la ciencia y la tecnología, de carácter público nacional, pieza esencial en la generación de nuevo y propio conocimiento para la soberanía y la emancipación. En tal sentido, es necesario no solo exigir la reforma integral a la ley 30 de 1992, sino una Nueva Ley Orgánica de Educación, que dé luces sobre cambios estructurales a un problema estructural.
El basamento de esa Nueva Ley Orgánica de Educación debe ser la interrelación adecuada entre el sistema de formación superior, las empresas públicas de investigación y aplicación científica y tecnológica, y los espacios de aprendizaje en el trabajo. El criterio es que el saber acumulado como ciencia y técnica se enlace estratégicamente con la aplicación diaria en el trabajo, o saber hacer. En tal sentido, será posible que los procesos formativos estén encaminados a que los trabajadores participen en forma directa de la gestión en las empresas, fondos y grupos, facilitando la planificación y vinculación entre los objetivos de generar mayores excedentes, con su recolocación productiva en otras áreas que garanticen el mejoramiento sistemático del bienestar del Obrero Colectivo, evitando con ellos la privatización de los esfuerzos realizados por el país. A su vez, se establecerán las formas y mecanismos para que los trabajadores puedan avanzar en su cualificación y participen en forma activa y decisoria en el Sistema de Investigación y Ciencia, lo que implica el acercamiento de la universidad a las unidades productivas.
Para todo ello es fundamental consolidar y organizar a los sectores populares alrededor del debate de la educación, para lo cual es central un gran encuentro o convención educativa nacional, que haga posible recoger y consensuar propuestas de los encuentros nacionales de estudiantes, los encuentros regionales de educación, procesos locales, juveniles, de docentes, trabajadores, investigadores y organizaciones sociales, y a todos aquellos que construyen un Nuevo Proyecto Educativo Nacional desde y para las mayorías.
5. Fuentes de información
• Plan Nacional de desarrollo 2023-2026
• Plan Plurianual de inversiones 2023-2026
• Ministerio de Educación Nacional
•https://larazon.co/cordoba/para-crear-500-mil-nuevos-cupos-debe-existir-una-union-entre-universidades-publicas-y-privadas-jairo-torres/
• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ empleo-y-desempleo
• https://www.cna.gov.co/1779/articles-401007_documento.pdf
• https://www.valoraanalitik.com/2022/06/02/desercion-educacion-universitaria-colombia-del-46/
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Revista Proletaria número 9.
Julio 2023
Julio 2023
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Fuente:
https://trochandosinfronteras.info/reforma-educativa/
https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_55e38154ca3c4087a60a7cf046838da2.pdf
