A pesar de la mejora relativa de indicadores económicos y sociales en las últimas décadas, las desigualdades persisten y se agravan a pasos gigantes en este contexto.
POR KARINA BATTHYÁNY*
Texto de presentación del libro Los desafíos de las Ciencias Sociales en la coyuntura latinoamericana (CLACSO – TNI, 2023) en el que la autora plantea la urgencia de superar las inequidades y desigualdades de nuestra región a partir de una tarea colectiva y de esbozar un nuevo contrato social que permita la construcción de un mundo más justo. En este camino, las Ciencias Sociales deberán adquirir un papel protagónico, ya que sus herramientas resultarán fundamentales para orientar la toma de decisiones de los gobiernos, para repensar políticas públicas estructurales y para esbozar una propuesta colectiva en América Latina y el Caribe.
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Si una imagen puede sintetizar el momento actual de América Latina y del mundo, es la de la encrucijada: una encrucijada compleja, debido a que se produce por una conjunción de fenómenos económicos, ambientales, políticos, ideológicos, culturales, sociales y sanitarios. Esta complejidad trasciende los graves problemas de la pobreza, la falta de empleo o la concentración de la riqueza, e involucra otras dimensiones, como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, la corrupción, la violencia, la inseguridad, la postergación de los derechos de los pueblos indígenas, la ausencia de institucionalidad estatal, la movilización social, la calidad de la democracia, las derivas autoritarias de algunos gobiernos, la falta de oportunidades y la debilidad institucional del Estado.
Durante las últimas dos décadas, se produjeron en nuestra región muchas transformaciones, en dimensiones diferentes y, en muchos casos, contrapuestas: a la par de programas antielitistas y perspectivas inclusivas, también se mantuvo o incluso se profundizó, por ejemplo, la dependencia económica de la explotación de los recursos naturales. Asimismo, el Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación, pero el sistema impositivo casi no se modificó y se sostuvieron numerosas formas de precariedad laboral y social.
En el contexto político actual se observa, por un lado, surgimientos y retornos de gobiernos de derecha y ultraderecha, neoconservadores y neoliberales, con políticas sociales regresivas, excluyentes y retrocesos a nivel de derechos y condiciones de vida dignas, así como vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y los derechos políticos y civiles. Por el otro, se ve también una permanencia y, en algunos casos, una revitalización de gobiernos progresistas o populares a nivel nacional y local, lo que abre una esperanza para la transformación social en la región.
Asimismo, a pesar de la mejora relativa de indicadores económicos y sociales en las últimas décadas, las desigualdades persisten y se agravan a pasos gigantes en este contexto.
La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Sus altos niveles representan un claro obstáculo para ejercicio de los derechos de las personas y para la ampliación de la ciudadanía y la democracia.
En nuestra región, la dificultad de muchas personas para acceder a oportunidades de progreso no solo es consecuencia de la desigualdad de sus ingresos, también está ligada al lugar de nacimiento, a la identidad de género, grupo étnico, raza, religión, orientación sexual, y al acceso a los sistemas de salud, educativos, a los bienes culturales, simbólicos y recreativos, entre otros; dimensiones en las que la desigualdad sigue siendo muy amplia en nuestros países.
Más de la mitad de los habitantes de América Latina aún vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Por su parte, la clase media que está en riesgo de caer en la misma situación y cuya mayoría trabaja en empleos informales sin protección social, representa el cuarenta por ciento de la población. La lucha contra esta y otras dimensiones de la desigualdad no ha sido efectiva, y hoy más que nunca continúa siendo un desafío central.
La CEPAL señala en su informe 2022 que, después de la expansión del 6,5 por ciento registrada en 2021, para 2022 se proyecta que el PIB de América Latina y el Caribe aumente a una tasa del 2,7 por ciento en promedio, volviendo a la senda de bajo crecimiento que exhibía antes del inicio de la pandemia, lo que redundará en un aumento de la pobreza. Antes de la pandemia, había previsto un crecimiento del 1,3 por ciento. Ahora, en cambio, perfila una recesión del 5,3 por ciento que será la peor de toda su historia (CEPAL, 2022). Un dato central proporcionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que el 53 por ciento del empleo en América Latina es informal (Maurizio, 2021). Se trata de 130 millones de trabajadores que viven al día y para quienes la cuarentena no era una opción, porque dejar de salir a trabajar implicaba dejar de comer. La inestabilidad laboral se tradujo en bajos ingresos y falta de mecanismos de protección esenciales en una crisis como la que enfrentamos.
Por su parte, el empleo formal tampoco tiene mejores expectativas, ya que los servicios empresariales, sociales, comerciales y de transporte, que representan un 64 por ciento de este sector, fueron de los más afectados por las medidas de confinamiento durante la pandemia. En términos generales, la CEPAL espera que la desaceleración del crecimiento antes mencionada produzca una disminución del ritmo de crecimiento del número de ocupados en la región, que pasaría de un 6,7 por ciento en 2021 a un 3,2 por ciento en 2022. Por su parte, la tasa de desocupación promedio regional se incrementaría levemente, pasando del 9,3 por ciento en 2021 al 9,4 por ciento en 2022. Al mismo tiempo, se proyecta que la tasa de participación regional sería de un 62,6 por ciento, cifra que representa un incremento respecto del nivel registrado en 2021, pero que sigue siendo inferior a los valores precrisis (CEPAL, 2022).
Mientras el discurso dominante en los últimos años se ha centrado en la crisis económica y sus efectos, las miradas deberían dirigirse a las fisuras de un orden cultural y político que, agravado por una situación económica negativa, está dando claras señales de agotamiento y exige una revisión de sus postulados. Esta es una tarea que tendría que comprometer de manera singular a quienes trabajamos e investigamos en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.
Estas fisuras están afectando nuestro ámbito de libertad y nuestra condición de ciudadanía, vulnerando lo que creíamos conquistas irreversibles en el marco de democracias en las que comprobamos, además, cómo conviven viejas desigualdades con nuevas exclusiones, estigmatizaciones y segregaciones. La pandemia no ha hecho más que acentuar esta situación.
En ese sentido, pese a que América Latina cuenta con los regímenes e instituciones de la democracia representativa y con ciclos electorales regulares, los análisis llaman la atención sobre las limitaciones y déficits en la calidad de las instituciones políticas. Entre otros, un elemento que requiere particular atención es la concentración extrema de la riqueza, que se relaciona, en muchos casos, con la concentración del poder y que deriva en sistemas democráticos capturados por quienes detentan ese poder. Como resultado, constatamos la existencia de políticas públicas planificadas y ejecutadas por los sectores dominantes, políticas que refuerzan las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades y degradan las condiciones de vida de las mayorías.
Entonces, una de las dinámicas que genera la producción y reproducción de las desigualdades es justamente esta captura de las políticas públicas por parte de los grupos dominantes. Dicha captura, es decir, el uso de dispositivos e instituciones de lo común para mantener los privilegios y posiciones dominantes de unos pocos, se expresa también en los discursos sociales y públicos que se legitiman y consagran para naturalizar este tipo de políticas. Estos discursos invisibilizan realidades (por ejemplo, las condiciones de vida de los pueblos subalternizados, la precarización de la vida de las mayorías o la distribución de los cuidados y los tiempos), ocluyen discusiones (como las de la estructura fiscal, la distribución de la renta o los endeudamientos externos) y buscan responsabilizar a ciertos grupos del malestar y la degradación de la vida de las mayorías (como se hace en muchos países con los migrantes, con quienes son beneficiarios de programas sociales o con quienes exigen derechos postergados).
Estos mecanismos de captura se complejizan también con los dispositivos de control del conocimiento o “velo técnico”. Con esta denominación nos referimos a los mecanismos que buscan excluir a la mayoría de la sociedad de las decisiones que producen las condiciones en las cuales estas mayorías despliegan sus vidas y que permiten que los grupos con más recursos determinen las políticas públicas –como las fiscales– y lleguen a moldearlas en función de sus propios objetivos y en contra del interés colectivo. Esto se logra muchas veces revistiendo de carácter técnico (o tecnocrático) y objetivo definiciones que tienen un sentido político insoslayable. Así, se ocultan debates, sentidos y efectos de las políticas adoptadas y se busca naturalizar decisiones que en realidad expresan relaciones sociales y configuraciones culturales, que son presentadas como las únicas posibles, con el concurso de intelectuales, técnicos y funcionarios que controlan la información y el conocimiento para que no se hagan públicos. Vivimos en un momento en el que, junto a las demandas de reconocimiento de identidades culturales, asistimos a fenómenos que ponen en cuestión el horizonte de sociedades basadas en la convivencia pacífica de las diferencias.
Varios riesgos amenazan la construcción de democracias pluriculturales: el aumento de la intolerancia, las dinámicas de segregación en las ciudades, la pérdida de libertades democráticas en nombre de la seguridad, la criminalización de las migraciones, el desconocimiento de diversidades y autonomías o los conflictos que en los últimos años se están generando entre libertades como la religiosa y de expresión.
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*Directora Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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