¿SEREMOS UNA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA SIN MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN?

Julián de Zubiría Samper

Acaba de ser publicado el Plan de Desarrollo. De un total de 320 páginas, tan solo cuatro están dedicadas a la educación. Todo indica que no será una prioridad en este gobierno. Pese a eso, son diversas las oportunidades que se abren para los jóvenes. Sin embargo, se habla poco de la necesaria transformación pedagógica que se requiere con urgencia en el país.

Lo más destacado del nuevo Plan de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida”, tiene que ver con la educación superior. El Gobierno busca garantizar 500.000 nuevos cupos para los jóvenes que carecen de empleo y estudio. Para 2021, los estimativos de la OCDE nos ubicaron como el segundo país con mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), son cerca de 3,1 millones de personas, alrededor del 26 % de los jóvenes entre 14 y 28 años.

La meta de 500.000 nuevos cupos es clara, pero muy difícil de cumplir. Requiere de un gran esfuerzo del Gobierno, las universidades públicas y privadas y los institutos de educación superior. Además de recursos, se requieren profesores, decanos, rectores, currículos, construcciones, terrenos, planificación y múltiples estudios de factibilidad y contextualización regional. Para lograrlo, sería indispensable la participación del sector privado porque la meta es cercana a duplicar los cupos actuales de las universidades públicas.

A pesar de lo anterior, hay que reconocer que el Gobierno está haciendo esfuerzos económicos muy importantes para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes y está marchando en la dirección correcta. En ese paquete de medidas se deben destacar la política de gratuidad en las entidades públicas y la decisión sobre la reducción de las tasas de interés de los créditos del ICETEX. En los nuevos créditos el estudiante solo pagará el IPC y en los antiguos el IPC + 2%. Esta es una medida trascendental porque conducirá a que el ICETEX deje de ser un banco y se convierta en una entidad que favorece el derecho a la educación. Esa decisión evidencia una política realista en la que todos ponen: estudiantes, Estado y universidades públicas y privadas.

Un segundo aspecto por destacar del PND tiene que ver con los recursos. La educación superior en Colombia se financia según lo establecido en la Ley 30 de 1992. Lo que dijo la ley en 1992 es que los recursos aumentarían al mismo ritmo que el IPC. El grave problema es que el número de estudiantes en las universidades públicas se ha incrementado por cuatro al pasar de 159.000 en 1993 a 650.000 para 2022. Así mismo, aumentaron en mayor proporción los estudiantes en los niveles más costosos del sistema (maestrías y doctorados) y los docentes ascendieron en el escalafón. De esta manera las universidades públicas han acumulado un déficit creciente, que fue el que envió a las calles a rectores, profesores y estudiantes de universidades públicas en 2018 y que culminó con un acuerdo político con el gobierno anterior. Duque resolvió temporalmente el problema, pero no ofreció ninguna solución estructural. El actual gobierno hereda esta dificultad y por eso tendrá que pedirle al Congreso que reestructure los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Ningún otro gobierno ha tomado esa decisión, pero sin resolver este problema estructural no será posible incrementar los cupos actuales. Para 2023, el nuevo gobierno ya incrementó los recursos para las universidades e institutos públicos en IPC + 5%.

De todas maneras, sin transformar la educación básica de poco servirá ampliar los cupos en las universidades. Es como si un constructor quisiera embellecer, fortalecer y ampliar los pisos altos de un edificio y la azotea sin mejorar los cimientos. El problema más grave es que todos sabemos que la educación es la llave maestra para la movilidad social y el cierre de brechas. Dicho de otra manera, mientras no mejoremos la calidad de la educación básica, los hijos de quienes tienen menos recursos permanecerán en la pobreza y una buena parte de quienes ingresen a la educación superior estarán condenados a la deserción. ¡No olvidemos que casi la mitad de los estudiantes de educación superior abandonan sus estudios!

Lo peor es que el PND prácticamente deja a un lado el grave problema de la calidad de la educación básica. No hay un cambio de discurso, metas o lenguaje frente a los gobiernos anteriores. Tal vez la idea más novedosa es la “Movilización social por la educación en los territorios”, una estrategia para que 40.000 jóvenes de licenciaturas y normales apoyen solidariamente a los estudiantes de la básica. También es muy positivo que se piense en revisar los lineamientos curriculares. Sin embargo, no hay una apuesta por la transformación pedagógica que requiere el sistema y el PND se refiere tan solo tangencialmente a los grandes temas de la calidad: la formación de maestros, la educación integral, las comunidades educativas, el trabajo en equipo, los lineamientos curriculares, la formación in situ o el relanzamiento de los proyectos educativos institucionales. Es muy necesario elevar la parte del Sistema General de Participaciones destinada a educación. El más reciente informe de la Procuraduría evidenció que solamente el 13 % de las sedes verificadas cumplen con las condiciones necesarias para que los niños y las niñas tengan acceso permanente a servicios como agua potable, energía eléctrica, recolección de basuras o conexión a internet. La clase política históricamente le ha fallado a la educación en Colombia.

Sin embargo, es un grave error creer que el aumento en las inversiones conduce a una mejoría en la calidad. Estados Unidos y Reino Unido son buenos contraejemplos. Cualquier estudioso del tema sabe que en ningún lugar del mundo se evidencia que la calidad educativa dependa esencialmente de los montos invertidos. Sin una profunda transformación pedagógica es imposible pensar en mejorar la calidad. El problema es que de eso se habla poco en el PND.

Otra crítica al PND es que se compromete poco con la educación inicial. El Plan solo dice que aumentará la cobertura hasta 2,7 millones de estudiantes. Pero lo que hay que tener presente es que la educación es un derecho y que primero debemos garantizarlo para los menores de cinco años, antes incluso que para los adultos jóvenes. La educación inicial incide muy significativamente en la calidad de vida del menor y en el desarrollo de la sociedad. Por este motivo tendría que ser una prioridad para cualquier Estado responsable. Por paradójico que parezca, la educación inicial en Colombia no tiene fuentes definidas y permanentes de financiación. La explicación es sencilla: los menores de cinco años no salen a marchar a las calles y no votan. Por eso en Colombia el Estado ha violado sistemáticamente el derecho a la educación de los menores establecido en la ley desde 1994. Eso no es culpa de Petro, sino de la clase política que ha gobernado en nuestro país.

Aun así, si tenemos en cuenta que el presidente Gustavo Petro nombró cabeza del ICBF a alguien sin el más mínimo conocimiento, como Consuelo Baracaldo, la educación de la niñez no parece ser una de sus prioridades. Con la llegada de Astrid Cáceres, la nueva directora, también se puede concluir que, pese a los mensajes iniciales, en el camino se pueden enderezar las cargas. No olvidemos que el PND es, principalmente, el plan de navegación de un gobierno. Al fin y al cabo, la política pública tiene que nutrirse de múltiples fuentes. Ojalá en el Congreso se fortalezca la preocupación por la transformación pedagógica en la educación básica y se creen las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la educación inicial. Otros cuatro años de mala calidad en la educación inicial y básica no los aguantaría ninguna sociedad que quiera salir adelante en el siglo XXI. No podemos olvidar que sin educación de calidad nunca seremos una potencia mundial de la vida.

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* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).