La violencia en Colombia además de afectar a la población civil de los municipios abandonados por el Estado, siempre puntea las listas de vulneración de DD.HH. en contra de comunidades y líderes y lideresas sociales
México, Brasil, Honduras y Colombia concentran el 90% de las agresiones contra periodistas desde 2012
Agresiones contra periodistas. Fotografía Getty Images.
Este martes 22 de febrero, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó un nuevo informe en el que señalan la grave situación de seguridad de los y las periodistas en América Latina. Dentro de los datos más alarmantes del documento se señala que los países con mayor riesgo para ejercer esa profesión, en los últimos 10 años, son México, Brasil, Honduras y Colombia.
«Estos cuatro países concentran por sí solos el 90% de los casos de periodistas asesinados en América Latina entre 2012 y 2021, según los datos recabados por Reporteros Sin Fronteras (RSF). En los dos primeros meses de 2022 se han registrado otras siete muertes».Reporteros Sin Fronteras.
“Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, es el nombre del informe que además cuenta con el apoyo de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), y que «tiene como objetivo determinar con precisión el funcionamiento, la eficacia y el impacto de las medidas de protección adoptadas para amparar a los periodistas que se saben amenazados y que solicitan ayuda».
RSF, a partir de la realización de 75 entrevistas, lanza también 80 recomendaciones en las que se busca preservar la vida y trabajo de las y los periodistas, ayudando a «resolver las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los programas de protección».
«Los periodistas de América Latina tienen que dejar de ser un blanco. Es urgente detener esta espiral de violencia, cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región (…) La vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse. RSF propone soluciones concretas para mejorar la eficacia de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia y México y se ofrece a auspiciar y acompañar los cambios necesarios, de forma duradera”Emmanuel Colombié, director de la Oficina de América Latina de RSF.
Ya son cinco los asesinatos contra periodistas en México en 2021
Nuevamente reporteros y reporteras mexicanos se ven obligados a salir a las calles a protestas por la ola de violencia que enfrenta el país. Bajo el lema «no se mata la verdad matando periodistas», los y las manifestantes han exigido justicia en el asesinato de Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Heber López.
De acuerdo a la organización Artículo 19, 40% de los asesinatos contra periodistas en México son responsabilidad de funcionarios públicos». El 53% de las agresiones son cometidas durante la cobertura de temas políticos o de corrupción», agregó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19
Maldonado, además señala que esta violencia «ha sido un inicio de año fatídico» debido a la «una espiral de violencia atípica potenciada por las disputas territoriales de grupos criminales, pero sobre todo por la inacción de la autoridad”.
Dentro del diagnóstico de RSF, se señala que las medidas de protección de las y los comunicadores mexicanos falla por los siguientes motivos.
A pesar de la existencia, desde 2017, de un Protocolo Nacional de Coordinación, sólo 12 de los 32 Estados de México tienen una Unidad Estatal de Protección que trabaja coordinada con el mecanismo federal. La mayoría de estos estados carecen de recursos financieros y humanos suficientes, mientras que otros han preferido crear mecanismos autónomos.
Demasiado aislado, este mecanismo dispone de una capacidad operativa insuficiente para hacer frente al auge de las demandas de ayuda. Para que la política general de protección sea eficaz, el resto de esferas del poder mexicano tienen que asumir imperativamente su parte de responsabilidad en la protección y trabajar más estrechamente con el mecanismo federal.
La falta de personal (45 empleados para cerca de 1.500 beneficiarios) es una traba evidente para la eficacia de las medidas de protección, que pueden tardar hasta un año antes de ser aplicadas. Esta dotación insuficiente genera sobrecargas de trabajo y retrasos en la evaluación de riesgos.
Los escoltas, como los analistas de riesgos, están poco formados sobre cuestiones relativas a igualdad de género o sobre las especificidades regionales de las zonas sobre las que actúan.
Algunos refugios temporales utilizados para la reubicación de periodistas amenazados se han transformado en domicilios permanentes.
El discurso estigmatizante de López Obrador contra la prensa alienta los ataques contra los periodistas. Al menos cinco periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en México en los primeros 40 días de 2022.
Dentro de algunas de las recomendaciones para garantizar el ejercicio periodístico también se encuentran los siguientes puntos:
- Las medidas de urgencia deben reforzarse para adaptarse mejor tanto a peligros inminentes, como a cambios en los riesgos imprevistos.
- De aquí a finales de 2022, el mecanismo ha de respetar los plazos fijados por la ley para incorporar beneficiarios y implementar íntegramente los planes de protección.
- El mecanismo tiene que mejorar su oferta de protección integral, reforzando específicamente las medidas de apoyo psicológico, jurídico, de autoprotección y seguridad digital. Debe, también, garantizar un sostén económico a los beneficiarios ubicados en refugios temporales.
- Finalmente, RSF recomienda la adopción de un enfoque verdaderamente interseccional que tenga en cuenta las diferencias de género, etnia, raza y diversidad sexual de sus beneficiarios, así como a las especificidades de sus regiones de origen. Esto obliga a una formación continua de sus equipos técnicos.
- Colombia también está en el récord de agresiones a periodistas
La violencia en Colombia además de afectar a la población civil de los municipios abandonados por el Estado, siempre puntea las listas de vulneración de DD.HH. en contra de comunidades y líderes y lideresas sociales, hoy nuevamente el país se posiciona como el cuarto país con más ataques contra sus periodistas en toda América Latina. Según la tercera edición de la revista Páginas para la Libertad de Expresión, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, fueron 768 las víctimas de obstáculos en su ejercicio comunicativo con 684 agresiones.
Dentro del diagnostico para Colombia, Reporteros Sin Fronteras señala las siguientes fallas en los mecanismos de los y las periodistas:
Las prestaciones de la UNP se reducen generalmente a medidas de seguridad física, en detrimento de una protección integral. Los empleados de empresas privadas, a menudo ex policías y militares marcados por décadas de conflicto armado, mantienen aún una lógica de confrontación contra “el enemigo interno” y no están ni formados, ni sensibilizados con la temática de los derechos humanos, el género o la diversidad étnica.
Los beneficiarios logran ser ubicados en refugios con sus familias sólo en contadas ocasiones y el apoyo psicológico suele tardar.
El tratamiento de los datos personales de los solicitantes ha sido objeto de numerosas críticas, después de que se hayan producido filtraciones y actividades de espionaje por parte de escoltas privados.
Los espacios de participación e intercambio con la sociedad civil en el seno del mecanismo se han visto reducidos y el CERREM*, el comité responsable de establecer las medidas de protección, ya no cuenta con ningún representante de la justicia, ni de los organismos encargados de las medidas de prevención.
Frente a lo anterior, RSF también recomienda:
La UNP no puede conformarse con medidas de protección física y debe adoptar una visión de protección más integral, garantizada por el Estado colombiano junto a otros organismos y dialogando con los líderes sociales y la sociedad civil. Esta política debe incluir la formación continua de los prestatarios de servicios externalizados por la UNP en materia de prevención de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad, la igualdad de género y la importancia de la libertad de expresión y de prensa para las democracias.
La UNP debe mejorar la seguridad y fiabilidad de la gestión de datos personales de sus beneficiarios y garantizar que los equipos encargados de los análisis de riesgo, así como los proveedores externos, conozcan la región de origen de los periodistas en peligro.
Es imperativo que, de aquí a finales de 2022, los solicitantes puedan participar en las decisiones que afecten a su evaluación de riesgo y a su plan de protección. Además, las organizaciones de la sociedad civil deben poder participar en la revisión y desarrollo de metodologías de análisis de riesgos, en la reingeniería de la UNP y, sobre todo, en las reuniones del CERREM.
La UNP tiene que modificar sin falta sus procesos internos para tener en cuenta mejor que ahora el género, la raza, la etnia, el origen (urbano o rural) o incluso las orientaciones políticas de sus beneficiarios, así como las especificidades de la labor periodística: necesidad de movilidad, flexibilidad de horarios, acceso privado a las fuentes de información, etc.
La UNP debe aumentar igualmente la oferta de servicios psicológicos y garantizar a los beneficiarios ubicados en refugios que puedan estar acompañados de sus familias.
Por último, es urgente que la UNP reduzca los plazos para la puesta en marcha de sus planes de protección: 30 días hábiles para la realización de análisis de riesgos y su presentación al CERREM; 15 días hábiles para la aplicación integral de los planes de protección y 12 meses máximo para las reevaluaciones de riesgo.
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