una guerra contra la sociedad
La estrategia del establecimiento es confrontar civiles contra civiles para que entre estos se produzca violencia, así como promover fuerzas paramilitares para que ejecuten crímenes contra los manifestantes, tal como ocurrió en Pereira con el cobarde atentado contra Lucas Villa.
Juan Carlos Amador
Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
El Estado de excepción es una figura del derecho constitucional, acuñada originalmente por el jurista alemán Carl Schmitt, entendida como la situación extrema del Estado, la cual exige que el soberano ejerza su facultad de determinar al enemigo público a través de medidas de fuerza extraordinarias con el fin de proteger el bien público. Basados en esta premisa, varios regímenes políticos en el mundo contienen en sus constituciones políticas recientes contenidos específicos que aluden a las situaciones que ameritan declarar el Estado de excepción, entre ellas: situación de guerra externa; situaciones de guerra interna o conmoción interior; graves alteraciones del orden público, daño o peligro a la seguridad nacional; y situaciones de calamidad pública relacionadas con emergencias originadas por catástrofes naturales, sociales y/o sanitarias. En el caso de Colombia, el artículo 213 de la Constitución señala que en casos que perturben gravemente el orden público, la estabilidad institucional, la seguridad o la convivencia, el Gobierno podrá declarar la conmoción interior, situación que le permitirá intensificar las medidas de fuerza contra quienes sean considerados amenaza de la sociedad, entre otros aspectos.
No obstante, la historia política demuestra que la teoría de Schmitt no siempre se sintonizó con proyectos democráticos, centrados en los derechos humanos, la paz y la justicia social. Particularmente, los regímenes fascistas en Europa fundamentaron parte de sus principios y prácticas autoritarias en torno al binomio amigo – enemigo, en el cual el enemigo era el otro (extranjero, extraño, distinto, divergente), un individuo que amerita su deshumanización si es necesario. Asimismo, estos enemigos, quienes generalmente son los causantes del conflicto y el caos social, al ser quienes amenazan la supervivencia general y profundizan las contradicciones, deben ser declarados objetivos de guerra. Esto hizo que, en el caso particular del régimen nazi, la guerra se haya convertido en un modelo de deshumanización industrializado, masificado y burocratizado, tal como lo denuncian Reyes Mate y Hannah Arendt. Justamente, en el análisis sobre los juicios de Jerusalén, Arendt observó, por medio del relato de Eichmann, un funcionario al servicio del régimen nazi en los campos de concentración, cómo la muerte de millones de judíos fue para estas personas una actividad mecanizada e instrumental sin cuestionamiento ético alguno. Este panorama, en el que asesinar es una actividad normalizada, fue denominado por Arendt banalidad del mal.
Las anteriores consideraciones invitan a reflexionar sobre la arremetida de violencia de Estado ejercida por el Gobierno de Colombia, por intermedio de las fuerzas del orden, contra una sociedad asfixiada por la pobreza, la injusticia y la represión, la cual en este momento se encuentra en las calles exigiendo un cambio de modelo político y económico que garantice sus derechos en unas condiciones de vida dignas para enfrentar el futuro. Desde el pasado 28 de abril, día en el que se declaró un gran paro nacional que continúa hasta hoy, varios sectores, entre ellos sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos, colectivos artísticos, universidades, desempleados y ciudadanos del común han realizado importantes movilizaciones, plantones, velatones y actos artísticos en rechazo a las políticas de muerte llevadas a cabo por el Gobierno de Iván Duque y la clase política parásita e indolente que lo acompaña. Estas políticas, representadas no solo en la fallida reforma tributaria que busca suplir un hueco fiscal que, desde 2019, privilegió a los dueños del gran capital a costa del empobrecimiento de las clases vulnerables, incluyen asuntos críticos como el saboteo al Acuerdo de Paz de 2016, los asesinatos indiscriminados contra campesinos que buscan sustituir de manera voluntaria cultivos de uso ilícito, el silencio cómplice frente a los homicidios de líderes sociales y firmantes de la Paz, el bombardeo de niños y niñas quienes fueron reclutados por grupos ilegales, el crecimiento de la pobreza monetaria y el desempleo, así como el despilfarro de recursos en nimiedades presidenciales.
En las diversas movilizaciones que se han desarrollado durante estos diez días de paro se ha producido más o menos el mismo modus operandi por parte de las fuerzas del orden. En primer lugar, luego de permitir marchas ciudadanas en el día, sin mayores enfrentamientos contra los manifestantes, en las horas de la noche tanto la Policía como el Ejército ejecutan acciones criminales contra manifestantes, transeúntes y personas inermes que se encuentran en las calles y hasta en sus propios domicilios. De acuerdo con la ONG Temblores, estas acciones han traído consigo 234 personas afectadas por violencia física, 37 víctimas de violencia homicida, 934 detenciones arbitrarias, 26 ciudadanos agredidos en sus ojos y 11 víctimas de violencia sexual. Estos datos contrastan con situaciones de represión vividas recientemente en otros países por parte de la policía, como Estados Unidos y Chile. Mientras que, en Estados Unidos, con una población de 331 millones de habitantes, fueron asesinadas 25 personas en 60 días, y mientras que, en Chile, con 19 millones de habitantes, fueron asesinadas 36 personas en 150 días, en Colombia 37 personas han sido objeto de violencia homicida por parte de la fuerza pública en 10 días.
En segundo lugar, tanto informes académicos como registros de organizaciones de derechos humanos y medios alternativos han evidenciado que la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las manifestaciones provoca enfrentamientos y violencia entre las partes. A modo de ilustración, en ciudades como Tunja y Cartagena, en donde no ha estado presente de manera predominante el Esmad, las manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica con algunas situaciones excepcionales. Y, en tercer lugar, videos y fotografías de manifestantes y medios alternativos han demostrado la estrategia macabra de infiltrar personal de la fuerza pública en las movilizaciones. Como se ha observado, muchos de estos infiltrados, quienes por lo general van armados entre los civiles, son los encargados de ejercer el caos, dañar bienes públicos y privados, y hasta disparar a los marchantes cuando son descubiertos. Justamente, el 6 de mayo pasado muchos ciudadanos dejaron al descubierto al oeste de Cali, en la zona conocida como El Ancla, a un grupo de policías de civil que salieron de un camión de esta entidad y, quienes, al ser sorprendidos, dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes y transeúntes.
Como se puede evidenciar, los hechos descritos, los cuales lamentablemente han cegado la vida de varios ciudadanos, la mayoría jóvenes, y han dejado gravemente heridos a otros, además de mujeres abusadas sexualmente y cerca de 400 desaparecidos, corrobora que la respuesta del Gobierno Duque a estos contundentes reclamos de la sociedad es la violencia de Estado, específicamente el terrorismo de Estado, el cual busca ser legitimado desde la lucha justa contra los vándalos y los terroristas. Esta retórica, la cual no es nueva, se profundiza en esta oportunidad como un discurso que busca trasladar la figura de la guerrilla de las Farc como el enemigo interno a la imagen del joven violento que pretende destruir los bienes públicos y privados, enfrentar la institucionalidad, saquear establecimientos comerciales y atentar contra la vida de los integrantes de la fuerza pública. Esta estrategia se complementa con la función de los medios de comunicación al servicio del Gobierno y el gran capital, los cuales enfatizan en el escándalo del desabastecimiento de alimentos, el daño casi irreparable a las entidades bancarias y las pérdidas millonarias de los gremios, representados en las voces de los directores de Fenalco, la Sac y Asobancaria.
Si bien es verdad que hay daños materiales y pérdidas económicas que se deben condenar, el problema es que la estrategia del establecimiento es hacer énfasis en estos hechos y convertirlos en verdades incuestionables para señalar al enemigo (joven) por medio de prejuicios y estigmas, a la vez que minimizar aquellas evidencias en las que la fuerza pública ha ejercido acciones criminales contra la sociedad civil. Generalmente, estos mecanismos de minimización del daño al congénere por parte del Estado se acompañan de afirmaciones que operan como discursos de verdad, relacionadas con “situaciones excepcionales”, “uso desmedido de la fuerza” y “manzanas podridas”. Sin embargo, como se ha demostrado, no se trata de excepciones o casos que se producen de manera casual, sino de acciones sistemáticas y deliberadas de violencia policial y militar, ordenadas por altos mandos, que en varios casos se han configurado en crímenes de Estado. Volviendo a la teoría de Schmitt, aunque aún no se ha declarado la conmoción interior, la tarea fundamental del partido de Gobierno, a la cabeza de Uribe, es construir el imaginario del enemigo, así como justificar la guerra contra este. Esto teniendo en cuenta que los imaginarios de “los terroristas de las Farc”, el “Castrochavismo” y la “Ideología de género”, como enemigos del pueblo, se agotaron y ya no le dan réditos al uribismo, por lo que este requiere desesperadamente señalar a un nuevo demonio. Esto hizo que Uribe afirmara hace unos días que la situación actual corresponde a “una revolución molecular disipada”.
Esta nueva narrativa está relacionada con la presencia del chileno Alexis López en Colombia, quien ha dictado charlas a altos mandos del Ejército y futuros oficiales en la Universidad Militar. Las teorías del nuevo coaching del Gobierno y las fuerzas del orden en Colombia, las cuales son una grosera tergiversación de varios filósofos de finales del siglo XX, como Félix Guattari, Gilles Deleuze y Jacques Derrida, señalan que, detrás de las protestas, hay una intención de desestabilizar al Gobierno a través de manifestaciones simultáneas y dispersas, sin una cabeza aparente. Se trata, según el neonazi chileno, de una revolución sin líder que actúa de manera horizontal, situación que hace difícil controlar su interés de derrocar a la democracia y sus instituciones. Por esta razón, la singular doctrina que guía en este momento las acciones de la Policía y la cúpula militar, a la cabeza del General Zapateiro, el mismo que alentó al Esmad a continuar con sus acciones sanguinarias por medio de un “¡Ajúa!”, presume que este movimiento corresponde a una guerra de guerrillas con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje que debe ser enfrentada con toda la determinación.
En conclusión, esta aberrante doctrina busca enmarcar todas las acciones de protesta y movilización social, en este caso relacionadas con el paro nacional, como una estrategia que pretende tomarse el poder, entendida como “un estado de guerra civil horizontal, molecular, disipado”. Este escenario, según el partido de Gobierno, habilita a la Policía y al Ejército para decidir quién puede vivir y quién debe morir, al mejor estilo de los regímenes necropolíticos coloniales del siglo XVII, tal como lo plantea Mbembe (2011). Se trata de una justificación de carácter fascista que busca estigmatizar a ciertos individuos, en este caso jóvenes, como sujetos sacrificables que ya no son irremplazables e insustituibles, sino que se constituyen en desechos humanos, esto es, cuerpos vivientes que pueden ser intervenidos, fragmentados y deshumanizados con el fin de convertirlos en textos de terror para infundir el miedo y alcanzar prolijas formas de control social, tal como ocurrió con el asesinato de Santiago Murillo en Ibagué.
Esta situación se alimenta con la violencia que, como respuesta, en la mayoría de las ocasiones es ejercida por los manifestantes. Por esta razón, la protesta que seguramente continuará hasta que no se produzca un diálogo que incluya a todos los sectores y ofrezca reformas sociales concretas, no puede caer en la trampa de la confrontación y el ejercicio de la violencia hacia la fuerza pública. Si la dinámica de confrontación violenta se mantiene, existe un riesgo muy alto no solo de incrementar el número de personas asesinadas, heridas y ultrajadas, sino también de mantener el caos para que se suspendan las elecciones del 2022 sobre la base de la supuesta desestabilización institucional. Asimismo, esta situación de crisis, en la que las fuerzas militares, por lo que se observa, poco obedecen al ejecutivo, puede llevar a que estas coopten el poder nacional de manera implícita o de facto sobre el supuesto de la guerra molecular disipada. En suma, lo que está en juego en este momento es el futuro de la vida, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Dadas estas circunstancias, es necesario que las protestas y las movilizaciones se continúen realizando de manera pacífica y sin hacerle el juego a la confrontación. Por otro lado, es fundamental que los diversos sectores sociales comprometidos con el proceso efectúen trabajos de sensibilización, reflexión y deliberación para sumar apoyo ciudadano, pues justamente la estrategia del establecimiento es confrontar civiles contra civiles para que entre estos se produzca violencia, así como promover fuerzas paramilitares para que ejecuten crímenes contra los manifestantes, tal como ocurrió en Pereira con el cobarde atentado contra Lucas Villa. Asimismo, se requiere fortalecer y apoyar la labor de los medios alternativos, populares y comunitarios, los cuales son claves para informar de manera argumentada a la ciudadanía, como respuesta a la desinformación que emiten los medios propagandísticos del Gobierno y el gran capital. Por último, es necesario que prevalezca la protección de la vida y el cuidado por el otro en este proceso de movilización como camino hacia la paz, pues tal como lo señaló Martin Luther King: “La no violencia no es pasividad estéril, sino una poderosa fuerza moral que se hace para la transformación social”.
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Fuente:
Edición 728 – Semana del 8 al 14 de mayo de 2021
