Fiscal ecuatoriano que investiga bombardeo de Colombia denuncia amenazas
A pesar de las amenazas que el fiscal ha recibido contra su persona y familia, sentenció que no desistirá hasta hacer justicia respecto al bombardeo ilegal de Colombia hacia Ecuador efectuado en marzo de 2008, en el que murieron 25 personas. En tanto, el juez que sigue la causa explicó que las imputaciones a altos mandos militares colombianos no responden a razones políticas, como lo han denunciado altos funcionarios del gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.
El ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, está acusado por parte de Ecuador de haber ordenado el ataque ilegal.(Foto:Archivo)
TeleSUR El fiscal ecuatoriano Carlos Jiménez, encargado de investigar el ataque ilegal que ejecutaron militares colombianos contra el territorio de Sucumbíos de Ecuador, ocurrido el 1 de marzo de 2008, denunció que ha recibido amenazas contra su integridad y la de su familia. Pese a las intimidaciones el funcionario dijo que no desistirá hasta hacer justicia.
Durante declaraciones que ofreció al canal de televisión Ecuavisa, Jiménez denunció que ha recibido amenazas que involucran a su "integridad física" y contra su familia.
Jiménez ha acusado a varios militares colombianos y al ex ministro de Defensa de ese país Juan Manuel Santos, de haber ordenado el ataque ilegal en territorio ecuatoriano, hecho que produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, que en la actualidad están en proceso de reconstrucción.
Santos, así como el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, han sido imputados en el proceso con cargos de homicidio y se ha solicitado la prisión preventiva de ellos para investigarlos.
A pesar de los chantajes, el fiscal ecuatoriano Carlos Jiménez, sentenció que "jamás vamos a temblar o tener miedo, en absoluto".
Las imputaciones hacia los funcionarios colombianos han sido calificadas por el Gobierno de ese país como una "agresión jurídica".
Por su parte, el juez que sigue el caso, Francisco Revelo, explicó las imputaciones a altos mandos militares colombianos. "No tenemos ninguna injerencia política ni presión de nadie" y las acciones judiciales obedecen a que "estamos investigando el delito" cometido en Angostura, remarcó Revelo.
Sin embargo, desde Bogotá se insiste en que el proceso judicial responde a razones polítcas.
Al respecto, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, dijo: "Ese juez está actuando por fuera de los principios de la ley internacional. Son decisiones totalmente irracionales, erráticas, politizadas. Lo que busca es una maniobra para debilitar la moral de nuestra gente, lo que no podrá realizar".
La incursión militar ilegal del Ejército colombiano en el territorio ecuatoriano de Sucumbíos, fue ejecutada con la excusa de desmantelar un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la operación fallecieron 25 personas, entre ellas el conocido como el número dos de la guerrilla colombiana Raúl Reyes, y cuatro estudiantes mexicanos, mientras que otras resultaron heridas de gravedad.
En el ataque, que primero fue por aire y luego incluyó la incursión de tropas terrestres, también fue asesinado el ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalia.
Cuando ha pasado más de un año desde el incidente, Colombia aún lo justifica y asegura que se basa en el principio de extraterritorialidad o de la guerra preventiva, que no es más que el derecho que autoproclaman algunos países del mundo de atacar a quienes consideran "terroristas" en cualquier parte del mundo.
En agosto pasado, el propio Falconí había dicho que la guerra preventiva aplicada por Bogotá proviene de la administración del ex presidente estadounidense, George W. Bush, quien la aplicó en su llamada "guerra contra el terrorismo", en las invasiones a Afganistán y a Irak.
teleSUR - Efe - Afp / ld - MM
