Uribe sabe lo que quiere el bolsillo de los empresarios y lo que menos les interesa es una universidad deliberante y unos profesionales críticos. Sabe, además, que requerirá de la fuerza para someter al movimiento estudiantil. Desde hace unos meses viene diciéndolo y ha comenzado a hacerlo. En Bogotá, dirigió personalmente la tropa que entró a los predios de la Nacional —imitando a Fujimori en la toma de la Embajada de Japón y pasándose por la faja a la Alcaldía—; sindicó a los estudiantes que retenían al rector de secuestradores y ofreció recompensas por los autores. A última hora, y frente al tamaño y el apoyo de las manifestaciones estudiantiles, el Ministro de Hacienda aceptó un aumento tramposo del presupuesto para la universidad pública, que no resuelve el problema del déficit y más bien atenta contra la autonomía, puesto que el demagógico incremento lo manejará la Ministra de Educación. La maniobra del Gobierno para detener las movilizaciones no tendrá éxito. La cosa es más profunda. Sólo el 0,4 del PIB está dedicado a universidad pública, mientras el de guerra, según el presupuesto aprobado para el año entrante, será del 14,2. Según cálculos del profesor Libardo Sarmiento, consultor de Unicef, un soldado profesional le cuesta al país $60 millones anuales, mientras un estudiante de la universidad pública le cuesta ocho millones.

El país fue testigo durante la semana de dos formidables manifestaciones de repudio al Uribato, la estudiantil y la indígena, que muestran a las claras que la gente está saliendo del silencio impuesto por el terror y del cual es una cifra tenebrosa la que ha hecho conocer la Fiscalía: 25.185 desaparecidos desde el año 89, sin contar los muertos por masacres, falsos positivos y demás horrores a los que casi estábamos acostumbrados.