CHANTAJE GEOPOLÍTICO EN LAS RUINAS DEL TERREMOTO

Geraldina Colotti

https://pagineesteri.it/03/07/2026

Páginas Extranjeras (imagen fija de YouTube) – Continúan las excavaciones bajo los escombros en Venezuela, pero las esperanzas de reducir el número de desaparecidos —alrededor de 50.000 según estimaciones de la ONU— se desvanecen por horas. El número de muertos confirmados asciende a 2.295, pero se espera que aumente a medida que continúen las excavaciones entre los escombros dejados por el doble terremoto del 24 de junio, mientras que las fuertes réplicas complican las labores de rescate. El 24 de junio —día festivo nacional que conmemora un momento clave de la independencia— a las 18:00, con 39 segundos de diferencia, se produjeron dos temblores, el primero con una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5, con epicentro en el estado de Yaracuy. Yaracuy fue la chispa, pero la bomba energética del segundo terremoto (el de magnitud 7,5) explotó bajo el lecho marino frente a La Guaira, impactando de lleno la costa y el área metropolitana de Caracas.

Un evento sísmico doble bastante raro, que los modelos geológicos (desarrollados por el INGV italiano y la Universidad de Pekín) demuestran a través de tres factores estructurales específicos: Primero, propagación unilateral hacia el este: la fractura de la falla de San Sebastián comenzó en Veroes (Yaracuy), pero no se quedó allí. Se propagó como una cremallera que se abre a muy alta velocidad (alrededor de 3–3,5 kilómetros por segundo), moviéndose precisamente en dirección este, es decir, hacia Caracas y La Guaira. Segundo, el cambio en el pico de energía (deslizamiento máximo): a medida que avanzaba la ruptura, la energía acumulada aumentaba. Los datos satelitales muestran que el deslizamiento (el deslizamiento de rocas a lo largo de la falla) fue mínimo cerca del epicentro inicial, mientras que alcanzó un máximo de 3,6–4,5 metros precisamente en el segmento de falla marino, frente a Catia La Mar (en el estado de La Guaira). El mayor impulso destructivo se desató allí. El tercer punto se refiere a la vulnerabilidad estructural y geológica: Caracas se encuentra en una cuenca sedimentaria (un valle de sedimentos blandos). Cuando las ondas sísmicas producidas por la falla alcanzan este tipo de terreno, experimentan un fenómeno llamado amplificación sísmica: las ondas disminuyen su velocidad, aumentan su amplitud y sacuden los edificios con mucha más violencia que en un terreno rocoso y compacto como Yaracuy. A esto se suma la altísima densidad de población de la capital y la fragilidad de gran parte de su infraestructura.

Es fundamental basarse en datos científicos sólidos para evitar alimentar alarmas e hipótesis fantasiosas que solo complican la dramática realidad y desvían la atención de las respuestas materiales que el país necesita. En las redes sociales, por ejemplo, ha resurgido el mito conspirativo del sistema HAARP (Programa de Investigación Ionosférica de EE. UU.), utilizado para difundir la teoría de un terremoto provocado externamente con el objetivo de subyugar definitivamente al país y apoderarse de sus extraordinarios recursos. Los científicos coinciden en que estas teorías carecen de fundamento: las ondas electromagnéticas no tienen la capacidad física de penetrar la corteza terrestre ni de desencadenar movimientos tectónicos, que dependen exclusivamente de la acumulación y liberación de energía geológica profunda. Junto a la pseudociencia tecnocientífica, están resurgiendo visiones bíblicas y lecturas paranormales (luces extrañas en el cielo, que se tornaron completamente rojas tras el terremoto), interpretando el sismo como un castigo o una señal escatológica. Se trata de reacciones irracionales, idénticas a las que surgieron entre la población tras el cataclismo de 1812, durante el gobierno de Simón Bolívar. En aquel entonces, el catastrófico terremoto que arrasó Caracas fue interpretado por los realistas como un "castigo divino" contra la Primera República.

Si bien la comparación con 1812 es la más apropiada, un evento histórico con dinámicas inquietantemente similares en términos de trayectoria y vulnerabilidad fue el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 (aunque el actual del 24 de junio fue significativamente más potente). Ese terremoto también tuvo una magnitud estimada de entre 6,6 y 6,7, generado por el mismo sistema de fallas de deslizamiento horizontal que la falla de San Sebastián. Al igual que hoy, el epicentro instrumental se ubicó en alta mar (a unos 20 km al norte de Macuto), pero la energía destructiva se propagó a lo largo de la costa y se descargó con una violencia sin precedentes en el área urbana de Caracas y el estado Vargas (actual La Guaira). Las similitudes con el desastre actual son sorprendentes. Mientras tanto, con respecto al efecto de cuenca en Caracas: en 1967, barrios de la capital construidos sobre sedimentos blandos (como Altamira y Los Palos Grandes) experimentaron una amplificación idéntica de las ondas sísmicas. Edificios modernos de más de 10 pisos se derrumbaron sobre sí mismos, tal como ha sucedido recientemente. Y luego, debido a que el mismo eje, La Guaira-capital, fue impactado: el litoral (entonces Vargas, ahora La Guaira) quedó devastado por el derrumbe de grandes hoteles y edificios residenciales, lo que ya evidenciaba la fragilidad de la franja costera apretada entre el mar y la sierra. Ese evento demostró el peligro extremo de los terremotos superficiales (a 10 km de profundidad) combinado con la mala calidad de las construcciones costeras. Y ahora demuestra la manipulación de la ultraderecha, que ve los derrumbes únicamente en las zonas de viviendas públicas construidas por Chávez.

Fue precisamente durante la devastación de 1812 que Simón Bolívar pronunció la célebre frase: «Si la naturaleza se resiste, lucharemos contra ella y la haremos obedecer ». Una advertencia que la historiografía oficial tiende a reducir a un titanismo ilustrado vacío, pero que la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez supo renovar y traer al presente, transformándola en una síntesis de determinación política y soberanía popular frente a todo fatalismo histórico y material. Esa frase se repite hoy entre líderes y comunidades populares para fortalecerse, apoyándose en la historia y sus raíces frente a una naturaleza que parece haber asediado implacablemente al país. Esto se hace, sin embargo, también con la conciencia de los límites de la explotación de la naturaleza, tal como se indica en uno de los objetivos estratégicos del Plan de la Patria. Por ello, se multiplican las historias de redención de los militantes de la Misión Nevado, dedicada al cuidado de los animales, con perros, gatos y tortugas rescatados por rescatistas.

Sin embargo, esas mismas raíces parecen haberse visto sacudidas política y emocionalmente por el ataque estadounidense del 3 de enero, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la congresista Cilia Flores, quienes esperaban una nueva audiencia en Nueva York el 22 de julio. La incursión militar extranjera y la captura del jefe de Estado han golpeado el corazón del orgullo nacional y, en particular, la doctrina de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), estructurada sobre los principios de unión cívico-militar e inviolabilidad territorial. Este desorden emocional e institucional constituye la debilidad que la propaganda de extrema derecha explota programáticamente. La oposición subversiva está explotando el trauma del 3 de enero y el actual para llevar a cabo una campaña sistemática de demolición moral contra el cuerpo militar, ampliamente retratado en las redes digitales como una fuerza parasitaria, ineficiente y saqueadora.

Este desastre natural ha desencadenado una crisis política y económica impulsada enteramente por la intervención extranjera. La vulnerabilidad del país no es solo geológica, sino que ha sido creada científicamente mediante años de sanciones y asfixia financiera. Los dos terremotos consecutivos han golpeado un organismo social ya debilitado. La verdadera ayuda humanitaria, afirma el gobierno bolivariano, significa liberarnos de las sanciones para que podamos utilizar nuestros propios recursos. Y, en este sentido, ya existen movimientos de solidaridad internacional, o están a punto de llegar, para apoyar la acción del gobierno y también para interponerse ante la injerencia y la especulación que critica los controles gubernamentales sobre formas de falsa ayuda destinadas a otros fines. En Venezuela, se es plenamente consciente del riesgo de una neocolonización "humanitaria" masiva, al estilo de Haití. «Estamos aquí», explican las brigadas internacionales, «para corresponder a la solidaridad que el proceso bolivariano ha demostrado hacia tantos pueblos afectados por desastres en los últimos años»: desde México hasta Haití, desde Nepal hasta Pakistán, como lo plasmó en verso el poeta Tareck William Saab, ex fiscal general. Esta solidaridad, al igual que la de Cuba (ya presente sobre el terreno), también se ha manifestado hacia gobiernos opuestos a Venezuela.

Y ahora, 31 gobiernos han enviado ayuda o equipos de rescate. El único que no se ha movido, alegando que debe priorizar a sus propios ciudadanos, es el presidente hondureño Nasry Asfura, una figura de derecha muy favorecida por Trump. La delegación italiana solo permaneció en el país cinco días, pero la presidenta electa Delcy Rodríguez otorgó a la misión la medalla "Héroe de Venezuela", al igual que a los rescatistas suizos y su equipo de filmación. "El dolor en nuestros corazones se transforma en gratitud hacia todos los equipos de los 31 países que vinieron aquí para apoyar al pueblo venezolano", dijo la presidenta electa en su discurso. "Cada equipo de rescate que llegó aquí nos ha traído esperanza. Hoy se van, pero permanecerán para siempre en nuestros corazones".

Sin embargo, este enfoque integral ha suscitado críticas por parte de la izquierda antiimperialista, preocupada por la (aunque limitada) influencia de Estados Unidos, más acostumbrado a enviar soldados que rescatadores, y también por la disposición del régimen israelí (con el que se han roto relaciones durante 17 años). Esta intervención fue especialmente alentada por la comunidad judía local, compuesta por aproximadamente 5.000 personas, particularmente numerosas en el acomodado barrio de San Bernardino, una de las zonas de la capital más afectadas por el terremoto.

Desde una perspectiva institucional, Venezuela vive en un estado de soberanía limitada desde el 3 de enero, inmersa en una lucha constante con Estados Unidos. Desde entonces, la administración Trump ha congelado los ingresos por exportaciones de petróleo en una cuenta de Citibank en Nueva York, transformando la economía nacional en un mecanismo de desembolso controlado por Washington. En este contexto, el "plan de tres fases" propuesto por Trump y Marco Rubio, concebido como una solución estratégica para ganar tiempo y recuperar fuerza frente al gobierno chavista, se ha topado con un cataclismo de esta magnitud, pero sigue vigente. La prioridad estratégica de Estados Unidos no es la ayuda humanitaria, sino la apropiación de los ingresos energéticos de Venezuela. Este objetivo se hace explícito con el despliegue naval masivo en el Mar Caribe, que constituye uno de los mayores bloqueos militares en la historia moderna del continente.

«El objetivo es paralizar la capacidad del régimen para generar ingresos independientes», declaró cínicamente el secretario de Estado, Marco Rubio, a la cadena CBS, calificando la operación de «cuarentena militar» a las exportaciones de petróleo. Rubio dejó claro que la presión se mantendrá al máximo hasta que la industria petrolera estatal esté completamente abierta a la inversión extranjera, revelando así la verdadera intención de otorgar a las empresas estadounidenses un monopolio de facto sobre los recursos de la República Bolivariana.

Una situación que pone de manifiesto la brecha entre las necesidades materiales del capital transnacional y la agenda ideológica de la ultraderecha local. El magnate Trump ve ahora la posibilidad de replicar en Venezuela el "modelo de resort" diseñado para Gaza, y prefiere expandir aún más las ambiciones de la golpista Machado, quien desearía regresar al país para liderar el caos que busca desatar.

La tragedia del 24 de junio se convirtió de inmediato en un campo de batalla para el conflicto logístico y la guerra psicológica. La derecha subversiva intentó sacar provecho de la necesidad de organizar la ayuda bajo un estricto control estatal. En tiempos de gran emergencia, la planificación pública a través de canales institucionales (como los Ministerios y los Cuadrantes de Paz) es la única herramienta capaz de garantizar la distribución equitativa y sistemática de las necesidades básicas a toda la población, impidiendo que la ayuda humanitaria se fragmente, se privatice o sea utilizada por redes de oposición privadas como instrumento de negociación territorial.

 

Mientras la batalla por la reconstrucción continúa sobre el terreno, se ha abierto un segundo frente en Nueva York, esta vez judicial. El martes pasado, la organización internacional Centro para Guernica 37 presentó una demanda civil contra Nicolás Maduro ante el Tribunal Federal de Brooklyn. La demanda fue interpuesta por tres madres, un padre y una mujer que "perdieron familiares durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo entre 2017 y 2020".

El caso hace referencia explícita a la Operación Liberación y Protección Popular (OLP), posteriormente denominada Fuerzas de Acción Especial (FAES), la unidad de élite utilizada por el gobierno para imponer el control social en los barrios obreros de Caracas, ocupados en gran medida por grandes mafias financiadas por la ultraderecha. La acusación se basa en gran medida en informes controvertidos de agencias de la ONU, frecuentemente cuestionados por Caracas por utilizar fuentes sesgadas y no verificadas. Políticamente, este caso apunta directamente a la cúpula institucional para socavar la legitimidad internacional del Estado bolivariano, intentando eludir el principio fundamental de inmunidad diplomática para los jefes de Estado en ejercicio. Esta operación busca replicar precedentes históricos de presión judicial extraterritorial para atacar la cadena de mando y debilitar la posición negociadora del gobierno venezolano en un momento de máxima vulnerabilidad interna.

El doble terremoto del 24 de junio no solo sacudió la tierra, sino que activó instantáneamente los laboratorios de la guerra cognitiva, ese campo de batalla geopolítico moderno donde el objetivo principal no es la destrucción física de la infraestructura, sino la manipulación sistemática de las percepciones, el colapso psicológico de la población y la demolición de la legitimidad institucional. En las horas inmediatamente posteriores a los temblores, mientras las instituciones estatales y los voluntarios, tanto militares como civiles, se movilizaban sobre el terreno para rescatar a los supervivientes y prestar primeros auxilios entre los escombros, se desató una ofensiva mediática coordinada y profundamente asimétrica en las principales redes sociales.

Este mecanismo de desestabilización psicológica, ampliamente teorizado en manuales occidentales sobre presión política, se ha desarrollado siguiendo líneas muy específicas mediante el uso de plataformas digitales. En primer lugar, los algoritmos y los perfiles automatizados han inundado el flujo de información con imágenes descontextualizadas y datos inflados arbitrariamente, con la intención deliberada de propagar un estado de pánico colectivo y hacer que el Estado parezca impotente e incapaz de gestionar la crisis.

Sin embargo, al mismo tiempo, los laboratorios de comunicación más populares, comenzando por la Universidad Internacional de la Comunicación, dirigida por la rectora Tania Díaz, han proliferado los análisis y enfoques, junto con algunos criterios básicos para desenmascarar las trampas digitales. Esto sugiere que, en los últimos años, la arquitectura de la desinformación ha dado un salto cualitativo: ha pasado de las antiguas campañas "inorgánicas" (compuestas únicamente por bots que repetían el mismo hashtag) a operaciones "híbridas" o "semiorgánicas". Esto es lo que geopolíticamente se denomina guerra cognitiva, o el intento científico de manipular las emociones, los conceptos y la psique colectiva a través de las redes digitales.

Para comprender cómo funciona este mercado de manipulación de la opinión pública, debemos identificar a los tres actores principales: bots, influencers y mecanismos de defensa. ¿Cómo funcionan los bots de propaganda pagados? Los bots modernos ya no son simples perfiles sin foto que envían spam con el mismo texto. Hoy en día, los centros de desinformación y las agencias de medios privadas utilizan sistemas complejos basados ​​en inteligencia artificial y redes coordinadas. Existen fábricas de cuentas (cuentas títeres): redes de perfiles falsos gestionados de forma automática o semiautomática. Cuentan con biografías creíbles, fotos generadas por IA e historiales de publicación aparentemente comunes (deportes, cocina, memes) para eludir los controles de las plataformas. El objetivo de los bots no es convencerte directamente, sino engañar a los algoritmos de X, TikTok o Instagram. Cuando se lanza un tema, miles de bots generan interacciones artificiales inmediatas (me gusta, compartidos, comentarios). El algoritmo interpreta este pico como "interés genuino" e impulsa el contenido a las tendencias globales, mostrándolo a millones de usuarios reales. Esto alimenta el odio neurodigital.

Ciertos tipos de contenido se utilizan para polarizar el debate. Crean artificialmente un clima de conflicto radical, atacando perfiles disidentes o ensalzando figuras reaccionarias, para dar la impresión de que una determinada postura extremista es compartida por la mayoría de la población. Los influencers se han convertido en vectores ideales para la propaganda porque disfrutan de algo que los bots nunca poseen: una relación parasocial. Sus seguidores confían en ellos como si fueran amigos. Este capital de confianza es monetizado y explotado por los centros de poder de dos maneras: el canal consciente (mercenarios digitales). Algunos influencers aceptan contratos millonarios de agencias de relaciones públicas, partidos políticos o lobistas transnacionales para impulsar ciertas narrativas. Los pagos a menudo se realizan fuera de la plataforma para eludir las leyes electorales y los registros de publicidad en redes sociales. El influencer no dice "este contenido está patrocinado", sino que inserta el mensaje político o geopolítico en su rutina habitual (por ejemplo, un bloguero de viajes que ensalza la "seguridad" y el "modelo económico empresarial" de un régimen autoritario o que ataca sistemáticamente a un bloque popular en transición, haciéndolo parecer una opinión espontánea).

Luego está el canal inconsciente (Vectores Útiles). Este es el mecanismo más perverso de la guerra cognitiva. Muchos creadores de contenido son manipulados sin saberlo. Los algoritmos recompensan la indignación y la ira. Para mantener su relevancia y visibilidad, los influencers tienden a republicar contenido polarizador (memes, videos descontextualizados, alarmismo) generado originalmente por fábricas de bots. Agencias comerciales o centros de investigación falsos envían a los influencers material "exclusivo", datos económicos manipulados o noticias sensacionalistas. El influencer, halagado por tener acceso a la fuente o ansioso por una primicia, difunde desinformación, creyendo que está proporcionando información independiente.

¿Cómo se identifican las trampas? Identificar redes coordinadas requiere pensamiento crítico y atención al detalle. Es importante detectar anomalías en la frecuencia y el volumen: si un perfil publica cien mensajes al día, a cualquier hora de la noche, o si miles de cuentas comentan una publicación con las mismas palabras o variaciones mínimas en cuestión de segundos, se trata de una red de amplificación coordinada. Los perfiles deben analizarse: las cuentas de bots suelen ser de reciente creación (por ejemplo, todas en el mismo mes), tienen muy pocos seguidores pero siguen a miles de personas, y sus cronologías son monotemáticas: no hay vida personal, solo propaganda o ataques constantes.

Es importante observar un cambio repentino de enfoque: un influencer que siempre se ha centrado en el fitness, el bienestar o el estilo de vida, de repente empieza a repetir eslóganes políticos específicos, a abogar por sanciones económicas o a criminalizar movimientos sociales, utilizando gráficos o lemas idénticos a los de una campaña política concreta. En resumen: frente al tecnofascismo y la manipulación algorítmica, la defensa no puede ser meramente individual, sino que debe volverse colectiva. Por lo tanto, es necesario desarrollar una conciencia crítica digital: comprender que el espacio digital no es neutral, sino un campo de batalla gobernado por multinacionales e intereses geopolíticos. No reacciones impulsivamente: el objetivo del bot es provocarte para generar interacciones y dar visibilidad a su contenido. Y rompe la cadena de viralidad: no compartas contenido tóxico o manifiestamente falso, ni siquiera para criticarlo o ridiculizarlo. En las redes sociales modernas, un comentario indignado o una "cita" polémica aún otorga relevancia algorítmica a la publicación original.

La mejor respuesta es bloquear y denunciar . Ante todo, es fundamental verificar las fuentes: contrarrestar la narrativa virtual con la realidad de los hechos históricos, los datos económicos reales y las investigaciones de campo. Frente a un ciberataque o una campaña de linchamiento neurodigital, la única barrera eficaz —afirman los comunicadores comunitarios— es la movilización ciudadana. Organizar una respuesta social a nivel local y en línea difundiendo la verdad y desmintiendo las falsedades no con ira, sino con la solidez del análisis de clase y la organización comunitaria.