Luego de cobrarse su primera gran víctima en Venezuela y ahora que Brasil, México y Colombia entran más nítidamente en la mirilla del Pentágono, conviene preguntarse si estamos ante un cambio de doctrina imperial y lo que ello implica en términos de metodologías de injerencia, más allá de la estricta dimensión militar
9 de octubre de 2025, Washington, DC, EE. UU.: El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca. Crédito: Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / ContactoPhoto
William Serafino*
diario-red.com/18/06/2026
Bajo la égida del “narcoterrorismo”, la administración Trump ha configurado una estrategia basada en la fuerza militar y la intimidación política para controlar geopolíticamente a América Latina, considerada un área de influencia exclusiva norteamericana dentro de la rancia cosmovisión imperial que ha resucitado con la “Doctrina Donroe”.
Luego de cobrarse su primera gran víctima en el amanecer del 2026, la Venezuela gobernada hasta el 3 de enero por Nicolás Maduro, y ahora que Brasil, México y Colombia entran más nítidamente en la mirilla del Pentágono, conviene preguntarse si estamos ante un cambio de doctrina imperial y lo que ello implica en términos de metodologías de injerencia, más allá de la estricta dimensión militar que hoy centra la atención.
Expansión y adaptación más que novedad
En primer lugar, el “narcoterrorismo” y su instrumentalización geopolítica por parte de EE.UU. en Latinoamérica no puede considerarse un fenómeno de data reciente. Durante los gobiernos de Ronald Reagan en la década de los 80, ya el narcotráfico había alcanzado un estatus de “amenaza a la seguridad nacional” del imperio norteamericano.
Si bien la guerra contra las drogas de EE.UU. tiene su principal antecedente en el periodo de Richard Nixon, la era Reagan, marcada por el escándalo Irán-Contra y las relaciones carnales de la CIA con el narco documentadas con valentía por Gary Webb, fue sin lugar a dudas un punto de inflexión en el tratamiento hipócrita de Washington con respecto al tema.
Con la denominada “Directiva de Decisión de Seguridad Nacional 221” de 1986 emitida por el gobierno republicano de entonces, por primera vez en la historia y de forma oficial, el tráfico de drogas y la contrainsurgencia se unificaron y pasaron a convertirse en un único objetivo de política exterior estadounidense.
La secuencia de eventos que signaron la época es ampliamente conocida, pero conviene recordarla. La Casa Blanca emplea el narcoterrorismo para intimidar a Cuba, despliega una guerra mercenaria contra Nicaragua (financiada con la venta planificada de drogas en EE.UU.) y amplía su presencia militar y de inteligencia en Perú y Colombia, participando en la mortífera contrainsurgencia guerrillera.
El “narcoterrorismo” y su instrumentalización geopolítica por parte de EE.UU. en Latinoamérica no puede considerarse un fenómeno de data reciente. Durante los gobiernos de Ronald Reagan en la década de los 80, ya el narcotráfico había alcanzado un estatus de “amenaza a la seguridad nacional” del imperio norteamericano
El brevísimo repaso nos sitúa hoy en una especie de remake de aquellos años de violencia imperial respaldada por la narrativa fabricada del “narcoterrorismo”. En el presente resuenan las mismas lógicas, los mismos impulsos intervencionistas y, sobre todo, una peligrosa gramática militarista y punitivista cuya puesta en práctica se cobró decenas de miles de vidas durante la infame década perdida latinoamericana.
Pero afirmar que estamos ante una repetición exacta a nivel doctrinal y operativo sería inexacto. Más bien, lo que existe es un proceso alquímico donde, al tiempo que se conserva la selectividad ideológica del exitoso modelo Reagan (donde siempre el “narcoterrorismo” es de izquierda), se incorporan como novedades al menú de presiones e intimidaciones factores estructurales propios de la globalización, como la integración financiera y la exposición internacional de las economías locales, en la que Washington todavía ostenta un papel rector gracias al reinado, hoy tambaleante, del dólar.
La adaptación del paradigma intervencionista basado en el “narcoterrorismo” también parte de una premisa de mayor elasticidad que su versión de los 80, en respuesta a los desafíos del presente. La expansión del comunismo ya no es una apelación creíble, como tampoco lo es etiquetar a México, Colombia y Brasil, inscritos en un heterogéneo campo de expresiones de izquierdas, como gobiernos frontalmente antiestadounidenses. Tampoco el argumento de que las coaliciones progresistas tomaron el poder por vías antidemocráticas resulta efectivo.
Frente al déficit de justificaciones para intervenir y a la naturaleza cambiante de la región, el formato se adapta: en los países no alineados, fabrica supuestas complicidades entre cárteles de la droga y los gobiernos con el objetivo de encontrar un atajo al cambio de régimen; en los que ya lo están, instrumentaliza el “narcoterrorismo” para expandir la presencia militar, contener el descontento (caso Bolivia) y apropiarse de recursos estratégicos.
Lo que existe hoy es un proceso alquímico donde, al tiempo que se conserva la selectividad ideológica del exitoso modelo Reagan (donde siempre el “narcoterrorismo” es de izquierda), se incorporan como novedades al menú de presiones e intimidaciones factores estructurales propios de la globalización, como la integración financiera y la exposición internacional de las economías locales
Esta flexibilidad se origina en el cambio de enfoque oficializado con la Orden Ejecutiva 14157 firmada por Trump a pocos días de asumir su segundo mandato en 2025, donde elevó el “narcoterrorismo” a máxima amenaza a la seguridad nacional. Con dicho documento, los cárteles de narcotráfico se convierten en hermanos gemelos de Al Qaeda o el Estado Islámico, “capaces de infiltrarse en gobiernos extranjeros, colaborar con fuerzas externas hostiles, operar mediante estructuras de mando adaptables y ejercer un control cuasi gubernamental”, de acuerdo con el análisis de Edmarverson A. Santos.
Un fabricado enemigo líquido y omnipresente encaja perfectamente con un dispositivo de acción geopolítico configurado para diluir soberanías.
Los ataques más destructivos son los menos visibles
Luego de que a finales del mes de mayo EE.UU. designara a las agrupaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como “Terroristas Globales Especialmente Designados”, muchos vieron con carácter de inminencia una acción militar estadounidense, comparándola con la experimentada por la República Bolivariana en enero. El escenario sigue siendo latente, pues ya se ha construido el pretexto.
No obstante, la trayectoria entre ambos casos no pareciera ir en línea recta. Aunque los delirios de la administración Trump siempre pueden sorprendernos, Lula no está siendo señalado de dirigir una organización criminal como Maduro en su momento. Y tampoco sobre el líder brasileño pesa un fuerte escrutinio sobre la legitimidad de su mandato, la herida que tanto dañó la imagen del exsindicalista caraqueño a partir de 2024.
Volvamos entonces al formato elástico y adaptativo de la nueva versión del “narcoterrorismo” del siglo XXI. Desde esa perspectiva, el esfuerzo injerencista estadounidense contra Brasilia se enmarca en una lógica más política y económica que expresamente militar, con efectos desestabilizadores potencialmente equivalentes a los alcanzados si sobre Lula se replicaran las acusaciones de violación a los derechos humanos, déficit democrático o apoyo a grupos criminales.
Al producirse las designaciones del Departamento de Estado al CV y PCC, muy pocos observadores vieron las consecuencias oblicuas de la medida. El medio Valor afirmó que “la medida estadounidense ha elevado el nivel de alerta en bancos y empresas fintech, que deberán revisar sus políticas de cumplimiento y podrían afrontar mayores costes”.
La referencia directa es a Pix, el exitoso sistema de pagos electrónicos brasileño que Washington ha amenazado con socavar, por considerar que le ha restado cuota de mercado a empresas como Visa y Mastercard.
Más allá de Pix, Valor comentó que, desde los sectores empresariales, se espera que las designaciones se manifiesten en restricciones de inversión e incluso fuga de capitales, ya que los bancos brasileños ahora estarán bajo un mayor escrutinio de entidades reguladoras norteamericanas, viéndose expuestos a congelación de cuentas y a enfrentar investigaciones judiciales.
Analizando otros potenciales efectos, el ministro de Hacienda, Darío Durigan, indicó que el movimiento estadounidense es perjudicial para el riesgo país y la atracción de inversiones, además de que eleva los costos del sistema financiero nacional, pues ahora tendrá que invertir en amoldar estructuras normativas y de supervisión ante un mayor seguimiento de EE.UU.
Por su parte, Mónica de Bolle, del Peterson Institute for International Economics, ve un peligro creciente en que las designaciones pongan en riesgo el sistema financiero brasileño: “El procesamiento de pagos, y por ende el de PIX, se encuentra dentro del alcance de la ley [antiterrorista]. Dado que PIX es propiedad del Banco Central de Brasil, que también lo opera y regula, la designación como organización terrorista extranjera y la amenaza de apoyo material se ciernen ahora sobre todo el sistema financiero brasileño”, sentenció la especialista.
Ya en el pasado mes de mayo, el bufete Covington & Burling LLP advertía que los bancos estadounidenses podrían retirar su exposición de corresponsalías en países con presencia de “organizaciones narcoterroristas”, producto de la Orden Ejecutiva de Trump, situación que llevaría a dificultades para particulares y empresas y para las economías en general, cuya salud depende de una relación estable con EE.UU.
La incertidumbre y la tensión económico-financiera generada tras la medida estadounidense ubica informalmente a Brasil en la categoría de país sancionado, lo que evidencia la forma en que el “narcoterrorismo” también opera como un instrumento de guerra económica y política por vías indirectas, empaquetando el cambio de régimen con la amenaza militar y el chantaje diplomático en un mismo envoltorio de paranoia securitaria.
En relación con esto, no debe olvidarse aquella apología a la letalidad de las sanciones financieras proveniente del subsecretario del Tesoro durante el primer gobierno Obama, David Cohen: “Para los bancos y las empresas de todo el mundo, no tener acceso al sistema financiero estadounidense ni a la economía estadounidense supone una herida grave, si no mortal. Esto nos otorga una enorme influencia y una gran oportunidad para proyectar el poder de Estados Unidos a través de nuestras medidas financieras”.
La desestabilización provocada en el ámbito financiero muy posiblemente contribuya a enmarcar interesadamente a Lula como un “activo tóxico” para la economía brasileña durante la campaña electoral, mientras la extrema derecha del país, cuyo lobby hizo posible las designaciones del CV y PPC, promete que un gobierno alineado con Trump eliminará las “amenazas existenciales” que representan estos grupos, garantizando así un clima favorable de crecimiento económico e inversiones.
Washington entiende que en octubre la sociedad brasileña votará con el bolsillo, y se han puesto a trabajar para adjudicarle a Lula los efectos negativos de una guerra económica todavía silenciosa, pero abiertamente plagada de chantajes.
____________
*Politólogo y Magíster en Historia. Investigador y analista especializado en geopolítica. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, mención Investigación (2019).
_________
Fuente:
