¿Quién paga el precio de la imprudencia
en el Golfo?
Lic. Alejandro Marcó del Pont
eltabanoeconomista.wordpress.com
Cuando el presidente Donald Trump ordenó los primeros ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero de 2026, pocos imaginaron que la «Operación Furia Épica» se convertiría, en apenas un mes, en un espejo implacable de las guerras modernas: costosas, desiguales y políticamente tóxicas. Lo que comenzó como una operación quirúrgica contra instalaciones nucleares y militares iraníes se ha transformado en un conflicto que ya ha costado a Estados Unidos más de 16.500 millones de dólares en solo doce días de combates intensos. Una media de 1.500 millones diarios que, según estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS) actualizadas al 13 de marzo, no tiene precedentes desde la invasión de Irak en 2003.
El Pentágono reportó al Congreso que los primeros seis días devoraron 11.300 millones de dólares en gastos operativos no presupuestados. Esa cifra incluye más de 5.600 millones solo en municiones de alto costo: misiles Tomahawk (3,5 millones de dólares cada uno), JASSM y sistemas de defensa Patriot y THAAD. Los primeros días vieron un uso masivo que obligó a una «transición de municiones» hacia armas más baratas para evitar agotar inventarios críticos. Pero el verdadero precio no está solo en esas facturas. La pregunta de quién paga realmente esta guerra revela la crudeza de su economía moral.
Los contribuyentes estadounidenses financian el grueso a través de deuda adicional. El Congreso ya anticipa un suplemento de más de 50.000 millones de dólares para reponer existencias y cubrir pérdidas: tres cazas F-15 derribados en incidentes amistosos, once drones MQ-9 Reapers y un radar THAAD, cuyo costo conjunto asciende a 1.700 millones de dólares. En este contexto se enmarca la petición formal al Congreso de unos 200.000 millones de dólares adicionales. Esta solicitud representa aproximadamente el 24% del presupuesto total de defensa de 2026, que asciende a 839.000 millones, y equivale a casi el 50% del Producto Interior Bruto anual de Irán, que en 2025 fue de 356.510 millones. A estos costos no se suma la reparación de las bases estadounidenses en el Golfo, cuyo valor asegurado ronda los 395.000 millones.
Esta montaña de deuda se añade a los 39 billones de dólares que ya acumula Estados Unidos. Se espera que la cifra alcance los 40 billones antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Los intereses anuales de esa deuda rondan ya el billón de dólares. Las generaciones futuras pagarán con recortes implícitos en Medicaid, en los cupones de comida del programa SNAP o en infraestructura. Mientras tanto, los consumidores —especialmente los del quintil inferior de ingresos, aquellos que ganan menos de 35.000 dólares al año— absorben el golpe diario a través de la inflación energética.
El cierre del Estrecho de Ormuz, declarado por Irán el 4 de marzo y aún parcialmente bloqueado, ha disparado el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril, con picos temporales de 120 dólares. La gasolina en Estados Unidos ha subido a un promedio nacional de entre 3,90 y 4,50 dólares por galón, un incremento de hasta 65 centavos que actúa como un impuesto regresivo brutal. Porque el costo económico de esta guerra no se distribuye de manera equitativa. Las cargas recaen de forma desproporcionada sobre los hombros de los hogares de menores ingresos, mientras que los más ricos se benefician de un efecto riqueza.
Estados Unidos está experimentando lo que los economistas llaman una recuperación en forma de «K». Los más ricos —la rama superior de la K— ven crecer su patrimonio gracias a los activos financieros. Los más pobres —la rama inferior— luchan por sobrevivir. El quintil más bajo de ingresos, ese 10% de los que menos ganan, destina casi el 4% de sus ingresos a la gasolina, en comparación con apenas el 1,5% del 10% más rico. Cualquier aumento en el precio del combustible afecta su economía de manera mucho más severa. A eso se suma que gastan cerca del 35% de sus ingresos en alimentos, que también se encarecen por la subida de los fertilizantes y el transporte. Y mientras tanto, las deudas se disparan: los saldos de las tarjetas de crédito alcanzaron la cifra récord de 1,27 billones de dólares en marzo de 2026, y las tasas de morosidad entre los prestatarios de alto riesgo se encuentran en sus niveles más altos desde la crisis financiera de 2008.
El consumo se contrae. El gasto con tarjetas de crédito cayó un 20% en las primeras semanas en las zonas más vulnerables. El trabajo también sufre: en sectores como el transporte, la agricultura y la manufactura, los costos logísticos más altos erosionan los márgenes y amenazan los empleos. Goldman Sachs proyecta que cada aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo reduce el Producto Interior Bruto en 0,2 puntos y eleva la inflación en 0,35 puntos. Hasta hoy, el petróleo ha subido un 65%. Para el quintil superior, el impacto es marginal: su presupuesto destinado a energía es solo del 7% al 10%, y pueden absorberlo con sus ahorros. Esta curva en K, donde los ricos ganan ingresos y los pobres caen, agrava la desigualdad que ya definía la economía post-pandemia.
El tiempo de la guerra y el destino del Estrecho de Ormuz son las variables que lo cambian todo. Ese estrecho, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, sigue en un limbo peligroso. Irán lo declaró cerrado, con ataques a buques e infraestructura que provocaron una parálisis casi total del tráfico. Pero, además, Teherán ha encontrado una fuente inesperada de ingresos: cobra 2 millones de dólares por cada buque que permite cruzar. Por sus aguas pasan un promedio de 144 buques al día. A 2 millones por buque, eso supone 288 millones de dólares diarios, 8.640 millones al mes y unos 103.000 millones al año, casi un 30% más del PIB iraní. El bloqueo, lejos de asfixiar a Irán, se ha convertido en un negocio.
Los escenarios de Goldman Sachs, Chatham House y Capital Economics son claros. Un conflicto corto, de semanas y con daños limitados, produciría un pico temporal del petróleo por encima de 100 dólares por barril y un impacto global modesto. Pero un escenario prolongado, de meses, llevaría el Brent a 130 o 150 dólares, recortaría el crecimiento mundial en medio punto porcentual y generaría estanflación. La Organización Mundial del Comercio advierte que Europa, gran importadora de energía, podría perder al menos un punto de crecimiento. Para Estados Unidos, que es exportador neto modesto gracias al petróleo de esquisto, el beneficio es relativo: los consumidores pagan más en los surtidores mientras la economía resiste mejor que sus pares. Sin embargo, la duración real del conflicto depende de si Ormuz se reabre plenamente o si persisten los «tránsitos selectivos» con peajes iraníes implícitos. Cada día extra multiplica los costos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el 26 de marzo su último informe provisional. Las cifras son escalofriantes. El crecimiento global, que sin guerra habría sido revisado al alza en 0,3 puntos porcentuales, se queda en el 2,7% para 2026. La eurozona apenas crecerá un 0,8%. Estados Unidos, que partía con una proyección del 2%, se ha quedado en el 1,7%. China mantiene el 4,4% gracias a sus reservas energéticas, pero Japón cae al 0,5%. En cuanto a la inflación, el G20 pasó del 2,8% previsto al 4,0% real. Estados Unidos saltó del 3,0% al 4,2%. La eurozona, del 1,8% al 2,6%. El mundo entero paga la factura.
El impacto en Israel ilustra cómo una guerra regional contagia incluso a los aliados más cercanos. El Banco de Israel recortó su pronóstico de crecimiento para 2026 del 5,2% al 3,8%, asumiendo que el conflicto termine a fines de abril. Si se extiende, el Ministerio de Finanzas habla de un crecimiento de apenas el 3,3%. La movilización de reservistas y las alertas de misiles han reducido la oferta laboral, afectado el turismo y contraído el consumo: las compras con tarjeta cayeron un 20% en las primeras semanas.
La inflación anual se revisó al alza hasta el 2,2% para 2026, impulsada por los costos energéticos globales, y el banco central mantuvo la tasa de interés en el 4% con posibles recortes limitados. Los daños directos fueron contenidos por el no tan eficiente sistema Iron Dome, pero los costos operativos —cientos de ataques aéreos con miles de bombas— presionan las finanzas públicas. Israel resiste mejor que los países del Golfo, donde las caídas del PIB alcanzan el 14% en Qatar y Kuwait, pero el gobernador del Banco de Israel advierte que una guerra prolongada causaría «daños severos» y podría generar una inflación alta con una contracción de doble dígito en escenarios extremos.
En el frente doméstico estadounidense, el conflicto con los bonos del Tesoro y la deuda nacional revela una tensión estructural. El rendimiento del bono a diez años subió más de 40 puntos básicos en las primeras semanas, desde el 3,96% hasta superar el 4,26%, impulsado por las expectativas inflacionarias y la necesidad de refinanciar 10 billones de dólares este mismo año. Las subastas muestran una demanda más débil de lo habitual. La Reserva Federal enfrenta un dilema clásico: ¿sube las tasas para contener la inflación energética o las mantiene para no hundir una economía que ya muestra signos de fatiga? Como en guerras pasadas —Irak y Afganistán costaron billones a largo plazo entre veteranos, intereses y deuda—, los pagos anuales de intereses ya superan el billón de dólares y desplazan prioridades nacionales. Los bonos del Tesoro, que deberían ser el refugio seguro por excelencia, reaccionan con una volatilidad inédita: los rendimientos suben porque los inversores temen más la inflación persistente que una recesión inmediata.
Las consecuencias políticas y sociales en Estados Unidos son, quizá, las más corrosivas de todas. La popularidad del gobierno ha caído en picada. Encuestas de Fox News, Pew y YouGov muestran que el 59% de los estadounidenses desaprueba el manejo general de Trump, y el 61% rechaza específicamente su gestión de la guerra con Irán. El 28 de marzo, manifestaciones masivas bajo el lema «No Kings» recorrieron más de 3.000 ciudades. Cientos de miles de personas salieron a las calles de Manhattan, Los Ángeles, Chicago y decenas de capitales estatales para denunciar lo que consideran una «guerra ilegal», la priorización del militarismo sobre las necesidades internas y los recortes en salud mientras el gasto bélico se dispara.
El sentimiento del consumidor, medido por la Universidad de Michigan, se ha derrumbado: los estadounidenses ven la economía «empeorando» cada día que pasa, y la gasolina es el símbolo visible de ese declive. El descontento une a los movimientos anti-guerra con las críticas a la desigualdad: las protestas mezclan el pacifismo con demandas de justicia social como no se veía desde la era de Vietnam.
Este malestar amenaza directamente las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en la Cámara de Representantes en ocho de cada diez elecciones de medio término. Pero esta vez, los demócratas han encontrado un mensaje que resuena: el de la «accesibilidad». Mientras Trump prometió «abundancia» en su campaña de 2024, la realidad es que la gasolina cara erosiona cualquier beneficio fiscal que pudieran haber recibido los hogares del 30% inferior. En estados clave para la elección de senadores —Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada—, el shock energético golpea con más fuerza porque son economías con largas distancias y alta dependencia del automóvil.
El escenario base, si los precios del petróleo se mantienen altos, pero no se disparan, apunta a que los republicanos perderán entre 15 y 25 escaños en la Cámara baja, suficientes para devolver la mayoría a los demócratas. En el Senado, el mapa es más ajustado, pero el riesgo de perder dos o tres escaños es real. El escenario optimista para el gobierno sería una guerra corta y una reapertura rápida del Estrecho de Ormuz antes del verano, lo que permitiría que los precios de la gasolina retrocedieran y que el descontento se disipara parcialmente. Pero el escenario pesimista —prolongación del conflicto hasta el otoño, estanflación, desempleo en ascenso y un sentimiento del consumidor en mínimos históricos— convertiría el descontento en un tsunami electoral. Trump, que construyó su identidad política sobre la promesa de hacer a Estados Unidos «grande nuevamente» y de traer «abundancia», carga ahora con unas facturas que contradicen cada palabra de su narrativa.
En última instancia, esta guerra ilustra la falacia más profunda de las intervenciones militares por elección propia: prometen seguridad y entregan desigualdad. Los costos directos —decenas de miles de millones de dólares— palidecen ante los indirectos. La inflación que castiga a los pobres. La deuda que hipoteca el futuro de los hijos y los nietos. La polarización que erosiona la cohesión social. El posible revés electoral que castigue al partido en el poder. Los think tanks como Brookings Institution y el Costs of War Project de la Universidad de Brown llevan años advirtiendo que las guerras se pagan con tres monedas: vidas, dólares y confianza pública. La «Operación Furia Épica» no es una excepción.
Mientras el Estrecho de Ormuz siga siendo un cuello de botella y los quintiles inferiores sigan apretando el cinturón, la pregunta persiste, incómoda y urgente: ¿valió la pena? La respuesta, como siempre en estas tragedias modernas, la darán los que menos pueden permitírselo. Pagarán en los surtidores, en las facturas de la compra, en las cuotas de las tarjetas de crédito y, dentro de veinte años, en unos impuestos más altos para cubrir los intereses de una guerra que nunca pidieron. Y la historia, implacable y sin concesiones, ya está tomando nota.
