En distintos puntos de Estados Unidos, la respuesta a las redadas combina acción directa, defensa legal y organización comunitaria
13 de febrero de 2026, Nueva York, EE.UU.: Huelga estudiantil nacional. Una multitud protestó contra el ICE con pancartas y banderas. Crédito: Milo Hess / Zuma Press / ContactoPhoto
Charo Solís
diario-red.com/10/04/26
Frente al aumento de la persecución migratoria en Estados Unidos, en ciudades como Chicago y Minneapolis, empezó a emerger una red de protección que desborda los canales institucionales tradicionales. Este movimiento busca mitigar el impacto de los operativos, y cuestiona directamente la violencia de las redadas: las muertes, las detenciones arbitrarias, la separación de familias y el carácter autoritario, muchas veces paraestatal, con el que actúa el ICE. Lo que se pone en juego es la posibilidad de quedarse, de sostener la vida cotidiana y de no enfrentar en soledad las redadas. La comunidad responde con organización territorial.
Mientras el ICE refuerza su despliegue con tecnología y lógica militar, las comunidades van construyendo formas de organización capaces de interferir esos operativos en distintos niveles.
La Villita
El 8 de noviembre de 2025, en La Villita, el aviso llegó en forma de silbido. Los agentes del ICE ya estaban en el barrio. Vehículos sin identificación, rostros cubiertos. Habían entrado sin aviso, apostando a la sorpresa. Pero esta vez no la tuvieron. Los silbatos activaron al barrio. Vecinos y vecinas salieron, las calles se llenaron. Cientos rodearon a los agentes y exigieron órdenes judiciales. El operativo dejó en evidencia su propia lógica: de las 3.000 personas que el ICE buscaba detener, solo el 3% tenía antecedentes penales. La organización vecinal fue el único escudo real para las familias trabajadoras.
Esa misma lógica se replica en otras formas de organización que sostienen la vida cotidiana frente a las redadas. Comercios del barrio empezaron a negarse a venderles alimentos o combustible a los agentes identificados (Regla de Prohibida la Venta), mientras que hoteles locales evitan alquilar habitaciones que puedan ser utilizadas como celdas temporales (Boicot Hotelero). A eso se suma el monitoreo ciudadano, grupos de jóvenes en bicicleta recorren los barrios filmando cada movimiento oficial. La información circula en tiempo real y permite que cualquier familia en riesgo pueda resguardarse antes de que la redada avance.
Mientras el ICE refuerza su despliegue con tecnología y lógica militar, las comunidades van construyendo formas de organización capaces de interferir esos operativos en distintos niveles
Esta red escala luego al plano institucional, transformando los espacios públicos en zonas seguras. Docentes, sindicatos de la educación y redes religiosas han blindado escuelas e iglesias bajo protocolos estrictos: ningún agente ingresa sin orden judicial. En Minnesota, esta estructura permitió la distribución de 12.000 cajas de alimentos en seis semanas para las familias refugiadas.
A ese entramado se suma también un frente tecnológico, donde la organización comunitaria se articula con herramientas digitales. Para enfrentar la arquitectura de ImmigrationOS, activistas y programadores colaboran en las llamadas "ciudades santuario" para mapear las zonas donde el ICE despliega su vigilancia. Utilizando aplicaciones de código abierto, los vecinos informan la ubicación exacta de drones y cámaras de reconocimiento facial vinculadas a Palantir. Esta ‘guerrilla digital’ permite anticipar los movimientos del ICE y reducir su capacidad de sorpresa en el territorio. Cuando el algoritmo marca un objetivo, la red de alerta temprana ya ha movilizado a los equipos de respuesta rápida y a los observadores legales mucho antes de que el primer camión del ICE llegue a la esquina.
Del barrio a los tribunales: cómo se organiza la defensa legal
En el Congreso y en los tribunales se disputa otro frente: el de los límites legales al accionar del ICE. Organizaciones de derechos civiles y redes migrantes vienen sosteniendo esa pelea desde hace años, combinando litigio, formación y presión política.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por ejemplo, impulsa demandas contra los arrestos sin orden judicial, apoyándose en la Cuarta Enmienda para cuestionar prácticas extendidas del ICE. En el último año presentó más de cien demandas vinculadas a derechos migratorios y, en paralelo, multiplicó los talleres de “Conoce tus derechos”, donde miles de personas aprenden cómo actuar frente a una redada.
En esa misma línea, el National Immigration Law Center (NILC) viene denunciando la impunidad con la que opera la agencia, a la que define como una “policía secreta operando a plena vista”. Además de documentar operativos en escuelas, juzgados y lugares de trabajo, la organización impulsa una ofensiva para que el Congreso ejerza una supervisión real sobre la conducta del ICE. Sus campañas apuntan a frenar prácticas como el uso de vehículos sin identificación, blindar el acceso a servicios básicos en espacios protegidos y limitar detenciones sin supervisión judicial. Para el NILC, permitir que agentes federales actúen sin rendir cuentas en la vía pública no solo vulnera derechos individuales, erosiona el propio sistema legal.
Para enfrentar la arquitectura de ImmigrationOS, activistas y programadores colaboran en las llamadas "ciudades santuario" para mapear las zonas donde el ICE despliega su vigilancia
Por su parte, United We Dream articula esa disputa en clave política y generacional. Ante lo que denuncian como un “terror absoluto contra las familias trabajadoras”, la organización empuja el debate más allá de la reforma y plantea directamente el desmantelamiento del ICE. La campaña por la Ley Melt ICE busca cerrar centros de detención y terminar con el monitoreo electrónico con fines de lucro. Con una red que moviliza a millones de personas cada mes, también logró que el Senado bloqueara un aumento presupuestario tras semanas de presión y movilización.
Mientras el Congreso discute nuevos fondos para la agencia, estas organizaciones impulsan otra dirección: redirigir esos recursos hacia servicios comunitarios, salud y vivienda. La disputa se juega en varios planos al mismo tiempo: en los tribunales, en el Congreso y en la organización cotidiana que sostiene esas demandas.
Muchas formas de decir no al ICE
Ese entramado también encontró expresión reciente en las calles. Bajo la consigna “No Kings”, movilizaciones se replicaron en grandes ciudades y también en las localidades más pequeñas. En Manhattan, las pancartas contra el ICE, contra Trump y contra la guerra en Irán convivieron con consignas contra las redadas. En Washington, columnas avanzaron hacia la Explanada Nacional coreando “Sin justicia no habrá paz” y “Fuera el ICE de nuestras calles”.
Grupos de jóvenes en bicicleta recorren los barrios filmando cada movimiento oficial. La información circula en tiempo real y permite que cualquier familia en riesgo pueda resguardarse antes de que la redada avance
Las formas de acción se amplifican entre territorios, en un repertorio que se transforma con cada experiencia. No hay derrotas eternas, ni victorias para siempre. En ese movimiento, las comunidades ensayan, ajustan y sostienen maneras concretas de enfrentar las redadas y disputar el territorio.
Se despliega un conjunto de estrategias. Alertas barriales que interrumpen operativos, redes de cuidado que sostienen la vida cotidiana, acciones legales que disputan la validez de las detenciones, campañas políticas que presionan por cambios estructurales y herramientas tecnológicas que permiten anticipar movimientos. Algunas intervienen en el momento mismo de la redada; otras inciden sobre las condiciones que la hacen posible. En esa articulación, la organización territorial, el conocimiento legal, la capacidad de movilización y el uso de tecnología amplían los márgenes de acción frente al ICE.
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