El 23 de febrero de 1963 el Estado respondió con balas a una huelga obrera en Santa Bárbara
Revolución Obrera
febrero 23, 2026
El 23 de febrero de 1963, en Santa Bárbara, Antioquia, el Estado colombiano decidió responder con balas a una huelga legal. Ese día fueron asesinadas doce personas, treinta y nueve quedaron gravemente heridas y decenas fueron detenidas. Entre las víctimas estaba María Edilma Zapata, una niña de apenas diez años. No fue un accidente ni un exceso aislado, fue una masacre de clase.
Para comprender lo ocurrido es necesario situarlo en su contexto. En la década de 1960, Colombia atravesaba una profunda crisis económica caracterizada por desempleo, inflación, caída de los salarios y persecución sindical. El país estaba bajo el régimen del Frente Nacional (un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder). Mientras el discurso oficial hablaba de democracia y estabilidad, el Estado gobernaba en función de los intereses de terratenientes, empresarios y banqueros. En el plano internacional, los pueblos se levantaban en procesos revolucionarios en Cuba, China y Vietnam; en Colombia, en cambio, el gobierno respondía con represión y con el respaldo del imperialismo norteamericano a través de la llamada Alianza para el Progreso.
En Santa Bárbara operaba la empresa Cementos El Cairo, una fábrica que despedía obreros con frecuencia para impedir la sindicalización y que mantenía incluso un puesto de policía armado dentro de sus instalaciones. A pesar de ello, los trabajadores resistieron y en 1947 fundaron su sindicato, Sintracairo. En 1962 presentaron un pliego de peticiones que incluía demandas básicas: salarios dignos, salud, vacaciones, auxilio escolar y condiciones humanas de trabajo.
En ese momento, un trabajador cementero recibía entre $11,50 y $17,65 diarios, un ingreso precario frente a un incremento inflacionario del 33 % producto de la devaluación del peso. El sindicato exigía un aumento de $2,45 diarios para el primer año y de $2,20 para los ocho meses restantes antes de la finalización de la convención colectiva. La patronal ofrecía incrementos menores, $1,80 diarios para quienes ganaban $11,50 y $1,70 para quienes devengaban más. Los trabajadores rechazaron ese «aumento» por considerarlo insuficiente frente al costo de vida y a las ganancias empresariales, que superaban los cinco millones anuales.
Ante la intransigencia de la empresa, el 23 de enero de 1963 la asamblea obrera decretó la huelga con el 96 % de los votos a favor. Los trabajadores dejaron claro que el pliego buscaba recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y que no estaban dispuestos a renunciar a sus derechos mientras la empresa acumulaba ganancia.
La huelga, como herramienta histórica de la clase obrera, ha sido sistemáticamente criminalizada por los capitalistas porque constituye un arma eficaz para defender y conquistar derechos laborales. En esta confrontación, los obreros contaban con su organización y con la solidaridad de su clase; los empresarios, por su parte, contaban con el respaldo del Estado. Y así ocurrió. El entonces presidente Guillermo León Valencia, el ministro de Gobierno Eduardo Uribe Botero —accionista de la empresa—, el ministro de Trabajo Belisario Betancur y el gobernador de Antioquia Fernando Gómez Martínez ordenaron que el cemento y el clinker fueran transportados pese a la huelga. La instrucción era clara: debía cumplirse «costara lo que costara» y por ello, los convoyes fueron custodiados por el Ejército Nacional.
Tras un mes de paro, el sábado 23 de febrero, familias enteras se sentaron y se acostaron en la carretera para impedir el paso de las volquetas, defendiendo así el sentido mismo de la huelga. A las 4:45 p. m., el Ejército lanzó gases, capturó dirigentes sindicales y abrió fuego con fusiles y ametralladoras. Dispararon contra obreros, campesinos, mujeres y niños; persiguieron a la población por cafetales, casas y hospitales; allanaron viviendas, dejaron el pueblo a oscuras y sembraron el terror. El Estado mostró su carácter represivo al actuar como defensor directo de los intereses de la empresa.
Sin embargo, la respuesta popular no fue la rendición. Los obreros no regresaron al trabajo; por el contrario, se mantuvieron firmes, respaldados por la activa solidaridad campesina y el apoyo del sindicato de Cementos Argos, que decidió trasladar todos sus fondos como préstamo a largo plazo para sostener la huelga de El Cairo. El 26 de febrero se desencadenó un movimiento nacional de protesta que incluyó el paro de 50 empresas en Bogotá, 26 en Bucaramanga y varias más en Medellín.
La prensa intentó justificar la represión alegando que los militares habían actuado en legítima defensa ante una supuesta emboscada de los huelguistas. No obstante, la presión de la huelga política en solidaridad con los obreros de El Cairo y la indignación creciente en todo el país obligaron finalmente a la patronal a conceder las peticiones.
A 63 años de aquellos hechos, la masacre de Santa Bárbara deja enseñanzas profundas. La primera es que el Estado no actúa como árbitro neutral: cuando se afectan las ganancias de los capitalistas, responde con violencia. La segunda es que la unidad y la solidaridad de clase constituyen armas decisivas para la defensa de los derechos obreros. La tercera es que no se puede confiar en el reformismo ni en las direcciones que concilian con los poderosos. En este conflicto, los dirigentes afiliados a la Federación de Trabajadores de Antioquia cometieron el error de negociar por separado en otras cementeras en conflicto y permitir la extracción de materia prima de la mina de El Cairo para abastecer a otras empresas, debilitando así la presión sobre la patronal y, la cuarta enseñanza es que la clase trabajadora necesita organización, conciencia y dirección propia.
La sangre derramada en Santa Bárbara no fue en vano, demostró que aun frente a la represión más brutal, la firmeza, la unidad y la acción colectiva pueden torcer la voluntad de quienes concentran el poder económico y político.
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