Estamos frente a la intensificación de eventos climáticos extremos . En 2023 los niveles de dióxido de carbono superaron las 421 partes por millón (ppm) en la atmósfera frente a las 317 ppm de 1960 (Abigail Orus, Statista, 23/1/24).
John Saxe-Fernández
Foto de Agustín Marcarian, Reuters
Con la intensificación del deterioro climático en curso, junto con la amenaza de imposición del desfigurante modelo neoliberal, se acentúa la importancia y la necesidad de instrumentos estatales para instaurar mecanismos de regulación de la catástrofe que ya padecen millones de seres humanos frente a eventos extremos que amenazan la vida en el planeta.
La emergencia climática ya está aquí: si el verano de 2023 en el hemisferio norte fue, a decir de Renán Vega, un infierno abrasador, registrándose en julio la temperatura promedio más elevada en la historia humana (R, Vega, Infierno en el paraíso capitalista, rebelión.org 27/9/23), según la agencia metereológica europea Copernicus, en 2024 el calor podría ser mayor con más megaincendios catastróficos.
Los incendios forestales generaron 2.170 megatoneladas de carbono en 2023, más de una quinta parte de las cuales se debieron a incendios en Canadá (Grand Continent, 5/2/24).
En Sudamérica se empezaron a registrar furiosas olas de calor que junto con la sequía, la falta de humedad y los vientos –fenómenos que se vuelven extremos por el cambio climático–, unidos al fenómeno de El Niño, han planteado una situación catastrófica acentuada en Chile .En Santiago, la capital con 36.7 grados Celsius, se llegó a la tercera temperatura más alta registrada en 112 años. Y en Colombia, donde el gobierno declaró situación de desastre natural en varios municipios también se alcanzaron temperaturas por encima del promedio: 40.4 °C. En la Patagonia, Argentina, se registraron altas temperaturas, con 43.9 °C (Monica Monsalve, El País 1/2/24)
Estamos frente a la intensificación de eventos climáticos extremos . En 2023 los niveles de dióxido de carbono superaron las 421 partes por millón (ppm) en la atmósfera frente a las 317 ppm de 1960 (Abigail Orus, Statista, 23/1/24). En Chile se dio la ola más mortífera de incendios forestales que engulleron barrios enteros en Valparaíso, villas formales e informales por igual. En Viña del Mar las llamas sorprendieron a los visitantes del Jardin Botánico que tenía 107 años, consumiéndolo casi en su totalidad, junto con toda su historia de investigación, de mantener plantas endémicas e históricas, como los casi extintos árboles Sophora toromiro de Rapa Nui (algunos sobrevivieron), así como árboles Ginkgo biloba del Jardín de la Paz, formado por plantas que sobrevivieron a la bomba atómica de Hiroshima. Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, dijo que estas plantas habían tenido fuerza para brotar después de Hiroshima y ya que el incendio les pasó por encima, tendrán doble fuerza si superan esta etapa, y su significado será doblemente fuerte ( The New York Times, 5/1/2024).
Hasta ahora se habla de 122 fallecidos, muchos desaparecidos, 40 mil damnificados, una verdadera catástrofe para el pueblo chileno .
Téngase presente que con los gobiernos neoliberales y sus políticas de reducir el papel del Estado en la economía, sus programas sociales, de salud, educación y cultura, así como su importante papel en la regulación de entes financieros, corporativos y contaminadores, dejan a sus poblaciones en creciente vulnerabilidad.
El gobierno de Gustavo Petro aun sin contar con los recursos adecuados logró controlar más de 500 incendios forestales entre el primero y 23 de enero y encima tiene que enfrentar una campaña de judicialización – lawfare– para instigar un golpe de Estado en su contra, según denuncia el propio mandatario: Hay una ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República, señaló en su cuenta de X (2/2/24).
No se puede soslayar el acoso estadunidense contra los gobiernos progresistas, como sucedió también en el caso de México .
No es casual que se busque el debilitamiento del Estado para retomar el control sobre recursos estratégicos y de jurisdicción sobre sus territorios así como la reprimarización de sus economías.
El caso de Ecuador es patético. ¿Cómo explicar el desate de la violencia en calles y cárceles si no es por el desmantelamiento del Estado? En entrevista de DW al especialista Fredy Rivera Vélez, académico ecuatoriano de Flacso, explica que el haber pasado de 6 mil muertes por cada 100 mil habitantes en 2017 a 411 mil en 2023 desde la llegada de Lenin Moreno, entre otros se clausuraron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que se perdió la capacidad estatal de monitoreo y control de las cárceles; en el afán de fragilizar al Estado se desmontaron el sistema de inteligencia, el control de las aduanas, el manejo financiero, todo lo cual se tradujo en una penetración del narcotráfico en todas esas esferas (DW 26/1/24). Recordemos como la política de debilitamiento del Estado promovida por EU y sus entes financieros a la Milei en Argentina fue letal para que Ecuador pudiera enfrentar la pandemia ya que el sistema de salud y la ayuda a los vulnerables colapsó.
Facebook: John Saxe Fernández
___________
Fuente:
