A Glencore le tomaría 656 años reparar los daños causados por sus actividades mineras sobre el bosque seco tropical del norte de Colombia.
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La huella ambiental que Glencore ha dejado en el norte de Colombia es notoria. Enormes extensiones de bosques tropicales de los departamentos de Cesar y La Guajira, donde se ubican las minas de carbón a cielo abierto operadas por la compañía suiza, acumulan ya cuatro décadas de deforestación y daños al suelo que posiblemente nunca sean reparados.
Investigación: Joanna Zapata, Marcela Zuluaga y Omar Vera
Audiovisuales: Iván Castaño
Imágenes de dron: Plinio Barraza
Octubre 2 de 2023
A Glencore le tomaría 656 años reparar los daños causados por sus actividades mineras sobre el bosque seco tropical del norte de Colombia.
La huella ambiental que Glencore ha dejado en el norte de Colombia es notoria. Enormes extensiones de bosques tropicales de los departamentos de Cesar y La Guajira, donde se ubican las minas de carbón a cielo abierto operadas por la compañía suiza, acumulan ya cuatro décadas de deforestación y daños al suelo que posiblemente nunca sean reparados.
Glencore informó en mayo a sus accionistas que el total de sus instalaciones en el mundo ocupa 2,1 millones de hectáreas (ha), de las cuales reconoce haber afectado ambientalmente 103.000 ha y dice haber rehabilitado 36.000 ha hasta la fecha. Además, señala que en 2022 invirtió USD 2.708 millones para recuperar tierras impactadas por sus negocios de combustibles fósiles, que sirvieron para recuperar apenas 1.863 ha en distintas partes del planeta, pero reconoce que se deben intensificar los esfuerzos entre los 3 a 5 años próximos para que los resultados de sus programas de reforestación sean significativos.
Sin embargo, en Colombia la situación no parece traer tanto optimismo. Las tres minas de carbón que la multinacional suiza posee ocupan 87.667 ha, sin contar sus puertos y ferrocarriles, y sus operaciones han afectado profundamente al bosque seco tropical y las comunidades vecinas. Mientras tanto, los planes de reforestación que informan sus compañías subsidiarias, Cerrejón y Prodeco, tienen resultados poco alentadores y un futuro incierto, pues no es claro si Glencore tiene planes para reparar la totalidad de los daños causados a estos ecosistemas una vez devuelva sus concesiones al Estado ni el plazo que le tomaría reparar estos daños ambientales.
Esto último es especialmente preocupante porque el gigante minero ha cesado sus operaciones extractivas en el departamento de Cesar y asegura que a más tardar en 2035 dejará de explotar la mina de El Cerrejón, pero sus compromisos ambientales con el Estado colombiano tienen un plazo muy corto respecto a los tiempos necesarios para la recuperación del bosque seco tropical afectado, que pueden abarcar generaciones. De acuerdo con una revisión detallada de la información pública presentada por Glencore, sus promocionados proyectos ambientales apenas han reforestado 3.898,58 ha a un ritmo aproximado de 133,5 ha por año, con lo que la rehabilitación del área afectada por sus minas en el norte de Colombia tardaría unos 656,6 años si se sigue este ritmo, un plazo imposible de cumplir para cualquier organización creada por seres humanos.

Tumbar los bosques para depredar el suelo
2022 fue el año de mayor demanda mundial de carbón en la historia: más de 8.300 millones de toneladas fueron quemadas en las plantas termoeléctricas de buena parte del planeta para generar 10.440 teravatios hora, aproximadamente 36% de la demanda energética global, según la Agencia Internacional de Energía. Buena parte de ese combustible fue extraído de países pobres que, como Colombia, permiten a grandes compañías sacarlo del subsuelo a un bajo costo de operación pero a un alto costo ambiental. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el año pasado 26,5 millones de toneladas de carbón térmico fueron exportadas desde el país sudamericano para suplir esta demanda. De esta cantidad, 22,9 millones de toneladas fueron comercializadas por la multinacional suiza Glencore, la mayor minera del mundo, luego de haber sido extraídas de los departamentos de La Guajira y Cesar, según informó a este medio la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
No obstante, la explotación minera a cielo abierto que realizan las multinacionales en el norte de Colombia para sacar todo este carbón solo puede realizarse a costa de los bosques y el suelo fértil en las zonas en que funcionan los pozos de extracción de las minas, dejando graves problemas ambientales a las comunidades vecinas. Durante más de cuatro décadas Glencore, otros gigantes mineros y las compañías que les antecedieron han deforestado masivamente estos ecosistemas para quitar las capas de tierra debajo de las cuales se encuentra el carbón. Esto ha implicado la eliminación de extensas áreas en las que las plantas y árboles crecían de manera natural, causando daños irreparables al debilitar el suelo y aumentando con ello la erosión y la desertificación.
Al respecto, Efrén David Gómez Arévalo, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que:
“La vegetación, al ser eliminada directamente, produce afectaciones a la ecología de la zona: bosques, pastizales. Son eliminadas las fuentes hídricas. Dentro de la naturaleza todo está relacionado, así que también se degradan los ecosistemas fluviales, los vertimientos de agua, con posibilidad de desabastecimiento de poblaciones, afectación a la fauna y disminución en la biodiversidad”.
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Miles de hectáreas de bosque seco tropical se han perdido por cuenta de las actividades mineras de Glencore y las compañías con las que tiene negocios en el norte de Colombia.
Una historia de talas para sacar el carbón
Glencore llegó a Colombia en 1995, cuando compró el grupo Prodeco y lo convirtió en una de sus subsidiarias. Con ello, la multinacional suiza tomó el control de las minas de La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el departamento del Cesar y operadas por Prodeco hasta ahora, a pesar de que esta compañía anunció el cierre de dichas instalaciones en septiembre de 2021. Asimismo, en ese momento se quedó con una parte significativa de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica situada en el departamento de La Guajira y operada actualmente por Carbones del Cerrejón Limited. Esta última compañía es ahora también subsidiaria de Glencore, luego de que la multinacional suiza se quedó con el 100% de sus acciones gracias a una compra multimillonaria de los dos tercios que poseían la australiana BHP Billiton y la británica Anglo American PLC, el 11 de enero de 2022.
Según el Departamento Nacional de Planeación, el proceso para que se pudiera exportar carbón desde la mina de El Cerrejón inició en 1976 y desde La Jagua y Calenturitas en 1985. En los tres casos, hasta allí llegaron las compañías mineras en cuanto se firmaron los contratos de concesión con el Estado colombiano y procedieron a abrir lo que serían después los pozos de extracción a cielo abierto. Para ello se talaron grandes cantidades de árboles tanto con herramientas de mano como con maquinaria pesada, luego se usaron buldóceres y retroexcavadoras para remover la tierra y las capas de suelo hacia las rocas subterráneas que posteriormente serían perforadas para implantar explosivos y detonarlos, permitiendo así la operación en los tajos de carbón. Desde entonces, este proceso no ha parado.
En 1984 se exportó el primer embarque de carbón térmico desde El Cerrejón y la promesa de un futuro brillante para Colombia de la mano de las regalías que se reforzaba con la creciente demanda mundial de este combustible llevó a la ampliación de los tajos. Para mediados de la década de 1990, el pozo minero ya había devorado una buena parte de La Guajira y había puesto a El Cerrejón en la cabeza de la lista de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La Jagua, ubicada un poco más al sur y junto a la serranía del Perijá, llegó a ser la cuarta.
Hoy, cuando varias de las grandes economías del mundo han construido sus propias megaminas para suplir su demanda interna de carbón, relegando a la más grande de Colombia al décimo puesto en la lista, El Cerrejón tiene una profundidad estimada de 240 metros y abarca un área de explotación de 69.000 hectáreas. En otras palabras, es más extensa que ciudades como Fráncfort, Ciudad del Cabo, Quebec, Brasilia, Beirut o Medellín, y si trasladásemos la Torre Eiffel de París hasta el fondo del pozo de explotación más profundo sobresaldría menos de un tercio (97,5 m) del emblemático edificio.

En todo este proceso, además de la pérdida de territorios de las comunidades que tradicionalmente habían habitado en esta zona de Colombia, se talaron miles de árboles nativos como el guayacán, el carreto, la ceiba majagua y el quebracho, además de especies con algún grado de amenaza reconocido por las autoridades ambientales colombianas como la ceiba tolúa, el móncoro y el algarrobo. Los ecosistemas locales de bosque seco tropical probablemente nunca se recuperarán de estos actos.
Con licencia para talar
Jakeline Romero Epiayú, una líder indígena de La Guajira, recuerda que:
“Como miembros de comunidades […] hemos vivido durante los últimos 30 años sabiendo y conociendo todo lo que ha implicado que una empresa minera se encuentre en el territorio […] No hay manera de ocultar los impactos a la vida, a la cultura, a la economía, a la espiritualidad, al medio ambiente del pueblo wayúu que está en esta zona minera”.
En 2014 Cerrejón consiguió un permiso de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), que es la autoridad ambiental en esa zona de Colombia, para empezar la tala de bosque nativo cerca del territorio ancestral de Jakeline. Glencore taló un área de 155,2 hectáreas (1,5 km2), lo que equivale a la superficie de 217 campos de fútbol.
Luego, en 2016, la empresa minera recibió la autorización para represar, canalizar y desviar el arroyo Bruno en un tramo de 3,6 km. Este permiso fue otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, con el objetivo de acceder a más de 40 millones de toneladas de carbón que, según se calcula, están bajo el lecho del afluente. Además, cuatro años más adelante, en 2020, la ANLA tuvo que imponer a Glencore una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de unos mínimos en términos de manejo ambiental por estas talas y, luego de revisar lo que había hecho la compañía para reponer la vegetación que había eliminado, concluyó que “el área proyectada para la rehabilitación durante el año 2020 corresponde a un total de 25 hectáreas, de las cuales, con corte al 24 de febrero de 2020, [la empresa Cerrejón] manifiesta haber rehabilitado 4”.

Los trabajos de restauración incluían rellenar y estabilizar los terrenos, aplicar una capa de suelo y sembrar algunos árboles. Sin embargo, la ANLA encontró que en los lugares en los que se desarrollaron estas actividades la capa fértil que la compañía instaló apenas tenía una profundidad promedio de 30 cm, lo que contrasta con los testimonios de las personas que en su momento se encargaron de la remoción de lo que naturalmente había en esta zona de La Guajira para abrirle paso a la mina.
José Brito es un hombre de 64 años, alto, de voz grave y oriundo de Fonseca (La Guajira) que trabajó desde 1983 y durante más de treinta años para El Cerrejón. Según recuerda, la gente allí vivía de la agricultura y la pesca, y con la llegada de la mina una de las primeras cosas que se le ordenó hacer a trabajadores que, como él, fueron contratados para manejar maquinaria pesada en esa primera etapa fue retirar la vegetación y el suelo fértil para que pudiera empezar la carrera por el carbón:
“Está la capa vegetal, que es donde se siembra; después de que se quita esa capa vegetal viene la capa mineral, que es donde está la sílice cristalina; y después para este caso viene el carbón […] Nos tocó sacar una capa vegetal que tenía alrededor de dos metros y pico, entonces, quiere decir que era un área muy productiva”.
Todo parece indicar que la “capa vegetal” a la que José se refiere no es otra cosa que el suelo fértil que había en la época. Cuatro décadas después Glencore está reemplazando unos 2,5 m de este recurso por una capa de apenas 30 cm, traída de otras zonas, para sembrar algunos árboles cuyas especies no se dan a conocer y cumplir con unas metas poco ambiciosas que la compañía se ha impuesto a sí misma dentro de los pocos compromisos que ha suscrito en materia ambiental con Colombia.
Asimismo, Jélix Torres, otro extrabajador de esa primera etapa de El Cerrejón que hoy se resigna a vivir con graves enfermedades por cuenta de sus labores allí, recuerda con gran tristeza que:
“En La Guajira se produce cualquier producto. Tenemos variedades de clima, variedades de vegetación, variedades de aves, variedades de todo. Es un departamento muy bonito y la parte que nosotros destruimos para hacer la mina era una de las partes más bonitas de La Guajira porque era al pie de la cordillera […] Todo eso nos tocó destruirlo […] La minería es dañina en todos los sentidos porque contamina el medio ambiente, es dañina porque lo destruye y yo hice parte de eso porque yo fui una de las personas que más deforestó el área donde se creó la mina”.
Cerrejón no respondió un derecho de petición presentado por El Turbión ni ninguno de los correos electrónicos que se enviaron a la compañía, por lo que fue necesario partir de los datos publicados en su página web para esta investigación.
De acuerdo con los informes de sostenibilidad de El Cerrejón, para 2021 se sembraron 266.000 plantas nativas y durante 2022 se restauraron 700 hectáreas de bosque seco tropical de la mano de tres asociaciones comunitarias. En el mismo sentido, el “Reporte climático 2022” presentado por la junta directiva de Glencore a sus accionistas asegura que:
“En Colombia, Cerrejón plantó más de 585.000 árboles nativos de bosque tropical seco en La Guajira durante 2022. La siembra se llevó a cabo en aproximadamente 700 hectáreas que forman parte de las actividades de rehabilitación de tierras donde anteriormente se realizaban actividades mineras”.
Sin embargo, cuarenta años después de iniciada la actividad minera, esto resulta insignificante ante las más de 69.000 hectáreas sobre las que se extienden las instalaciones y pozos de extracción de El Cerrejón. Según los informes de sostenibilidad publicados por la compañía, entre 2005 y 2022 sus planes de reforestación alcanzaron solo 2.764,5 ha, es decir, se dieron a un ritmo de 153,58 ha por año, con lo cual restaurar el área ocupada por la mina tardaría 449 años si no se acelera el paso.
Advertencias desatendidas
En el vecino departamento de Cesar las cosas no han sido mejores. En los años noventa, a la vez que las minas de La Jagua y Calenturitas iban tomando sus descomunales proporciones, los peces chicos de las empresas que explotaban carbón serían engullidos por grupos que, como Prodeco, serían a su vez adquiridos por grandes multinacionales sin que esto resolviera los daños causados durante años de extracción.
Jesualdo Vega, un habitante de la comunidad de El Hatillo que se ubica junto a la mina de Calenturitas y que lleva décadas luchando por un reasentamiento digno para la gente que vive allí desde antes de la llegada de las multinacionales, recuerda cómo era esta zona:
“Se podía sembrar. El tipo se iba para la casa y estaba tranquilo porque en esa época también existía el trueque: ud. le daba a los compañeros, cambiaba alguna cosa. Entonces, ya hoy en día todo eso se transformó, todo eso cambió”.
El 6 de noviembre de 1991, un informe de impactos ambientales presentado por el ingeniero Orlando Oliveros Urieta, en ese entonces subdirector técnico de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), la autoridad ambiental en esa zona de Colombia, advertía que:
“La remoción de capa vegetal afectará la calidad del paisaje, y en especial, los cursos de agua al incorporarse material suspendido por efecto de la erosión […] Las labores de descapote implican limpieza de la capa vegetal del suelo, formada generalmente por árboles, arbustos [y] vegetación suculenta, la cual, al ser removida, desestabiliza el suelo disgregando las partículas, facilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de sedimentos”.
Seguir leyendo aquí: Glencore: devorando bosque tropical en Colombia
Este trabajo hace parte de la serie “Exponiendo el ‘lavado verde’ de Glencore”, una investigación desarrollada por El Turbión en Colombia y Danwatch en Dinamarca sobre los impactos ambientales, laborales y de derechos humanos de las operaciones de minería de carbón de la compañía suiza.
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Editado por María Piedad Ossaba
Fuente: El Turbión, 4 de octubre de 2023
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