SÍ, TOCA DECIRLO: EN COLOMBIA HUBO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

EL ESPECTADOR / EL PAÍS /

En su nota editorial del pasado 28 de junio, el diario conservador El Espectador de Bogotá que posa de “independiente” aunque abiertamente defiende los intereses del grupo oligopólico Valorem de la potentada familia Santodomingo, debió reconocer ante las categóricas evidencias, que durante el delictivo gobierno del cuestionado e impresentable expresidente Álvaro Uribe Vélez se cometieron de manera sistemática crímenes de lesa humanidad, como los denominados eufemísticamente “falsos positivos”.

También otro medio corporativo como El País de España, enemigo acérrimo de los gobiernos progresistas de América Latina y defensor de los codiciosos intereses de las transnacionales europeas en esta región, publicó un informe sobre los “falsos positivos”.

Ambas notas las reproducimos a continuación.

La justicia transicional sigue conmoviendo con su capacidad de crear espacios para crudos reconocimientos de responsabilidad. Las 49 ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de la última audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ( el pasado 27 de junio) demuestran el horror del conflicto, la gravedad de los relatos que han sido censurados a lo largo de los años y, sí, la importancia de que haya magistrados dedicados a esclarecer la verdad, contarle al país qué ocurrió y ofrecerles un atisbo de reparación a las víctimas. Caen los discursos políticos ante la contundencia de lo dicho por los militares: las fuerzas del Estado colombiano fueron llevadas a matar personas a sangre fría y luego presentarlas como bajas en combate, con el objetivo de convencer al país de que estábamos ganando la guerra.

Se trata de un momento doloroso. Escuchar a los militares reconocer los horrores que cometieron rompe con la idea de la Fuerza Pública como protectora de los colombianos. Necesitamos ser claros para poder pasar la página: lo que ocurrió en el país, con particular frecuencia durante la presidencia de Álvaro Uribe, fue una traición a la Constitución y a la dignidad humana. El coronel retirado Efraín Enrique Prada, quien tenía para entonces a cargo la brigada de Dabeiba, le hace eco a ese sentimiento: “Es muy duro estar frente a las personas a las que les causamos tanto dolor, a las que les quitamos a sus hijos que ya no pueden ver a sus padres ni que estos puedan compartir una Navidad, un Día de la Madre o los cumpleaños. Fueron víctimas ingenuas porque los engañamos. No me cansaré el resto de mi vida de pedirles perdón”.

Hará falta, en efecto, una vida entera y quizá más para pedir perdón, pues los métodos fueron terribles. Todo el proceso implicaba engaños y manipulaciones. Buscaban “habitantes de calle o drogadictos, personas vulnerables y de bajos recursos que creíamos que nadie iba a reclamar”, para luego presentarlos como grandes criminales. “Nos daban informes con los nombres sobre qué personas ilegales delinquen en el sector. Ahí se debía colocar con precisión quiénes fueron los muertos en combate y cuál fue el material de guerra incautado. En el municipio de Dabeiba se le solicitaba a la Personería corroborarlo y a la Fiscalía se le informaba que había existido un combate para que ellos no subieran hacia el sitio en donde ocurrieron los hechos. Se entrenaba a las personas con una historia ficticia para que en la justicia penal militar no hubiese contradicciones. Se cumplía con todos los indicadores de las muertes en combate, pero en realidad al hacer toda la documentación se ocultaba el asesinato”, explicó Prada.

Entre todas las consecuencias de este relato, una debería ser la de romper los discursos negacionistas de lo ocurrido. Sí, en Colombia hubo ejecuciones extrajudiciales. Sí, además, fueron fomentadas por una estrategia de seguridad implacable que premiaba las bajas en combate por encima de otros mecanismos, así los documentos oficiales busquen ocultar esa realidad. Sí, muchas personas murieron y fueron desaparecidas para ser presentadas como criminales. Entre más pronto reconozcamos esta realidad, más rápido podemos empezar a sanar y, quizá más importante, más fácil podremos garantizar que algo así nunca vuelva a ocurrir.

El Espectador, Bogotá.

POR NICHOLAS DALE /

Pasan los años y esa combinación de palabras que inicialmente, a ojos extraños, parece incongruente, no desaparece de la conversación pública: los falsos positivos son una piedra angular en el relato del conflicto armado colombiano. Los asesinatos de civiles por militares que luego los hacían pasar por bajas en combate son una de las evidencias más macabras de la crudeza de una guerra fratricida que resquebrajó el alma colectiva de la nación. Fueron, también, el catalizador de una oposición civil a la guerra que fue imposible de ignorar en su momento, por sus protagonistas –las madres de Soacha– y su mensaje deliberadamente lejano de ideologías -aunque posteriormente su causa se ha politizado, en gran medida por la estigmatización a la que fueron sujetas-. En última instancia, la revelación de esa deleznable práctica fue el momento definitivo en el cual el relato de una guerra entre militares buenos y guerrilleros malos se desmoronó y el conflicto de medio siglo que aquejó a Colombia -algunos consideran que la guerra sigue, y tienen buenos argumentos- pasó a ser definido por sus claroscuros. Continuar explorando e investigando estos hechos es absolutamente necesario para la construcción de una memoria completa, imparcial y, eventualmente, realmente sanadora.

Por eso lo ocurrido este martes 27 de junio en Dabeiba, Antioquia, es tan significativo. A las ocho de la mañana comenzó una audiencia inédita de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que ocho militares de diferentes rangos reconocieron públicamente y ante familiares de las víctimas su responsabilidad como máximos responsables de 49 casos de falsos positivos que ocurrieron en ese municipio, ubicado a unos 175 kilómetros al norte de Medellín.

Como cada vez que escuchamos detalles de estas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la fuerza pública, los hechos narrados son muy difíciles de procesar. Este lugar, además, es emblemático porque utilizaron el cementerio municipal para hacer muy complicado el rastreo de los cuerpos de las víctimas; y en muchos caos lo hicieron imposible después de que, tal como admitieron los militares, les dispararan en la cara a las víctimas para dejar sus rostros irreconocibles y quemaran sus cédulas para eliminar cualquier rastro documental.

Los 49 fueron personas asesinadas, presentadas como bajas en combate y desaparecidas. Eran campesinos de la zona estigmatizados como miembros o colaboradores de las FARC, desempleados de Medellín o Turbo engañados con promesas de trabajo en la zona o habitantes de calle atraídos con drogas y alimentos. Es una historia que los colombianos hemos escuchado muchas veces, tantas que tal vez ya no asombra, pero no hace falta más que detenerse un momento sobre la secuencia premeditada y sangrienta para volver a estremecerse.

La audiencia también fue especial por otras dos razones. Por un lado, porque fue transmitida en vivo por Señal Colombia y 68 frecuencias de Radio Nacional, la primera vez que un acto de la JEP es emitido por radio y televisión; un dato no menor en un país que vive un turbulento posconflicto. Por otro lado, la presencia de los ministros de Justicia y de Defensa, Néstor Osuna e Iván Velásquez, además del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, manda un mensaje contundente del compromiso del Gobierno actual con la justicia transicional –en contraste con el entorpecimiento activo que hizo el Gobierno anterior a la JEP, en particular, y a la paz, en general-.

Sin embargo, este compromiso declarado por parte del Estado encuentra un contrapeso oscuro que nos recuerda que la guerra ha sabido sobrevivir la firma de aquel papel en Cartagena a finales de 2016: mientras avanzan las investigaciones de la JEP, hay quienes desean silenciarlas. En el caso de Dabeiba 12 personas involucradas han recibido amenazas, incluidos dos magistrados de la JEP y el sargento retirado William Andrés Capera, uno de los militares que han aceptado su responsabilidad. Esto demuestra que los destinos de los 6.402 falsos positivos que contabilizó la Comisión de la Verdad son todavía un terreno de conflicto y que esas dos palabras seguirán siendo protagonistas mientras la paz permanezca ausente en Colombia.

El País, España.